Yolanda Pérez Norato

Expediente 86/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 52 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
86/2017
Año
2017
Actuaciones
52
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Carlos Ivan Cardenas Sanchez
  • Yolanda Pérez Norato
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
  • Antonio Morales Rivera
  • Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala
  • Macario Martínez Rojas
  • Secretario Instructor de Organo Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalizacion de la Procuraduria General de la República

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada, se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de ocho de junio de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 10/2008, 65/2008, 18/2011 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del citado Consejo, dictó sentencia en el amparo directo 86/2017, en la cual concedió a Yolanda Pérez Norato, la protección constitucional para los siguientes efectos: ".que el tribunal (sic) responsable: 1. Deje "insubsistente el laudo reclamado; y en su lugar, dicte "otro en el que, por una parte, reitere las cuestiones "ajenas al presente amparo; y por otra, tenga por "acreditado: A) La jornada laboral afirmada por la actora, "y consecuentemente, se pronuncie en relación a la "procedencia de la prestación demandada, consistente "en pago de horas extras. B) El despido injustificado "aducido por la actora, y consecuentemente condene a "las demandadas, al pago de indemnización "constitucional y pago de salarios caídos; asimismo, se "pronuncie en relación a la procedencia de las diversas "consistentes en pago de veinte días de salario integrado "y prima de antigüedad." (foja 69 vuelta y 70 frente). Este órgano colegiado, por auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (foja 149), tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1432/2017, de quince del mes y año en mención, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el amparo directo 86/2017 con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente laboral C.D.T. 972/2014-9; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo. Mediante oficio 975/2014-9 de catorce de julio de dos mil diecisiete, la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, informó la imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y solicitó la apertura del incidente a efecto de precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria (fojas 162 a 176); el entonces Presidente de este órgano jurisdiccional, antes Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ordenó su apertura, dio vista a las partes y turnó los autos para su resolución (foja 177). Por resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, este Tribunal declaró infundado el incidente de referencia y requirió a la junta responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 187 a 195). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento del fallo protector (fojas 153 a 155 y 205 a 213). Con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 214); haciendo manifestaciones al respecto la segunda de las mencionadas (fojas 219 a 224). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el laudo reclamado de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 154). 2. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho emitió un nuevo laudo, en el cual: I. Reiteró lo siguiente: a) Las condenas decretadas en contra de la Clínica Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, S.C., y María Guadalupe García Sánchez por los conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como salarios devengados y no pagados (foja 211). b) La absolución del reclamo por concepto de días festivos y veinte días de salario por año laborado (fojas 211 vuelta y 212 frente). c) La improcedencia de la prestación marcada con el inciso H), consistente en "La nulidad "absoluta de cualquier documento que pueda exhibir la "demanda y que implique renuncia de derechos de la "actora" (foja 211 vuelta). II. Tuvo por acreditado lo siguiente: A) La jornada laboral afirmada por la actora que comprendía de las siete treinta a las diecinueve treinta horas, cubriendo cinco días de guardias con el mismo horario, dando un total de setenta horas a la semana; por lo anterior, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, condenó a la parte demandada al pago de horas extras (foja 209 vuelta y 210 frente). B) El despido injustificado aducido por la actora, al quedar demostrado que la parte patronal inobservó el procedimiento previsto en el artículo 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo "tener el "trabajador más de tres faltas de asistencia en un "periodo de treinta días, sin permiso del patrón o sin "causa justificada"; en consecuencia, la omisión de haberlo hecho en su oportunidad, devino de una omisión cuyas consecuencias resultaron por una falta de justificación con audiencia de la parte interesada de la causal de terminación de la relación laboral, sin posibilidad de que al contestar la demanda laboral, pueda hacer valer tal motivo. Por lo anterior, condenó a las demandadas Clínica Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, S.C., y María Guadalupe García Sánchez, al pago de las prestaciones consistentes en indemnización constitucional y salarios caídos, así como prima de antigüedad (fojas 210 vuelta y 211 frente). Además, se pronunció en relación con la procedencia de la diversa prestación consistente en la indemnización a que se refieren las fracciones II y III del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, relativa al pago de veinte días de salario integrado, declarándola improcedente y, por tanto, absolvió a la parte demandada de su pago (foja 211 frente). De lo anterior se concluye, que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Ahora bien, la parte tercera interesada, al desahogar la vista que se le otorgó (fojas 219 a la 224) con el informe del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestó que la responsable incurrió en defecto y exceso en el cumplimiento a la misma, debido a que: a) Se excede al dejar subsistente la jornada de labores afirmada por la actora en el escrito de demanda, no obstante que la enjuiciada para acreditar tal extremo, cumplió con la carga procesal, aportando el original de control de asistencias, el cual no fue objetado de falso, por lo que debía otorgarle pleno valor probatorio al ser consentido por la actora. b) Con el referido medio de convicción se demostró que la actora laboró con normalidad su jornada de trabajo el día en que ocurrió el despido, es decir, el jueves dos de octubre de dos mil catorce, por lo que resulta incongruente que si el despido ocurrió a las nueve treinta horas, no se entiende porqué la actora, estando ya despedida, continuó por más de siete horas laborando; en consecuencia, es incorrecta la apreciación de la Junta responsable al determinar que la parte demandada no cumplió con la carga probatoria, tan es así que, para determinar lo relativo a las horas extras sí le otorgó valor a la referida documental. b) Resulta incongruente que por el hecho de no aplicar un procedimiento administrativo a la actora, se deba acreditar el despido injustificado. c) Asimismo, considera que no se acreditó el despido injustificado porque la actora dejó de presentarse por cuestiones personales, y no obstante que se le estuvo esperando a que regresara a ocupar su lugar de trabajo, no es posible por un capricho deban cubrirle prestaciones. Al respecto, debe indicarse que resultan inatendibles las manifestaciones de la parte tercera interesada, ya que por cuanto hace a la jornada laboral, así como si la actora fue despedida justificada o injustificadamente, no se dejó libertad de jurisdicción a la responsable, tal como se precisó en los párrafos que anteceden. Es aplicable a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 717, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON "INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS "CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA "EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE "ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la "Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la "jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al "no existir, además del recurso de inconformidad, otro "medio de defensa para garantizar la efectividad de la "sentencia protectora o corregir los posibles excesos o "defectos en su observancia, corresponde al juzgador "vigilar, a través de ese medio de impugnación, la "satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades "responsables, dejando a salvo del estudio únicamente "las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. "En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de "inconformidad debe atender a los alcances fijados por la "acción constitucional, así como al límite señalado en la "ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni "defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por "la autoridad responsable en aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si "bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo "establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el "exceso en que incurra la responsable al dictar la "resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo "obliga a estudiar si las consecuencias generadas con "motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio "en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben "tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la "concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el "cumplimiento de la autoridad responsable sobre "cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; "de ahí que los agravios formulados para impugnar "dichos argumentos resulten ineficaces". Finalmente manifiesta que debió tomar en consideración que a la actora en ningún momento se le llamó la atención o se le hizo comentario alguno por sus amistades o parejas sentimentales que haya tenido dentro o fuera del centro de trabajo, puesto que se le respetó su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tales manifestaciones resultan igualmente inatendibles, ya que se refieren a circunstancias ajenas a la materia de la concesión del amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinte de junio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; haciéndolo las terceras interesadas María Guadalupe García Sánchez, por sí y como representante legal de la persona moral denominada Clínica Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, Sociedad Civil, con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre anterior, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido, para los efectos legales procedentes, el escrito signado por María Guadalupe García Sánchez, por sí y como representante legal de la persona moral denominada Clínica Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, Sociedad Civil, terceras interesadas en el presente asunto, mediante el cual, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, realizan manifestaciones respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable en el presente asunto.

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