Yolanda Patricia Rodriguez Ponce

Expediente 664/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
664/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Patricia Rodriguez Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, previsto en los artículos 201 y 202 de la ley de Amparo, para inconformarse con la resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo sin que se interpusiera dicha inconformidad; por tanto, con fundamento en el numeral antes invocado, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector en el juicio constitucional en el que se actúa. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la ley de la materia, previa revisión por el Secretario encargado del trámite, de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), agréguense a los presentes autos los cuadernos del incidente de suspensión, y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, inciso b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo. Así también, los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II inciso a) y 21, inciso c) del acuerdo referido. Finalmente, remítanse al archivo conjuntamente con el original del presente asunto, los tomos de prueba formados. .

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, y este juzgado procede a pronunciarse al respecto. Antecedentes. En el caso, Yolanda Patricia Rodríguez Ponce, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia en contra de: a) La aprobación, publicación y promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el diecisiete de febrero de dos mil quince. b) La aprobación, publicación y promulgación de los artículos 16, último párrafo y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. c) La aplicación de dichas normas, materializada en los descuentos o deducciones realizados a los importes de la pensión percibida por la quejosa, bajo los conceptos de "RESERVA TÉCNICA" (deducción 76) y "SERVICIOS MÉDICOS" (deducción 53); así como la devolución de todas y cada una de las deducciones aplicadas por dichos conceptos. Efectos de la sentencia de amparo. En treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia constitucional en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó el mismo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa de referencia, para que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: a) Dejaran sin efecto el descuento realizado a la parte quejosa el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. b) Dejaran de aplicar en perjuicio de la quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. c) Se hiciera devolución de la cantidad que se hubiera descontado a la quejosa respecto al monto de su pensión, con motivo del ulterior acto de aplicación - treinta y uno de julio de dos mil diecinueve-, así como los descuentos efectuados desde la presentación de la demanda de amparo. Luego, mediante autos quince y veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo respectivamente al delegado autorizado de la autoridad responsable Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California y a la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia en mención. Derivado de ello, el trece de octubre de dos mil veinte, se agregó la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante la cual, entre otras cuestiones, se confirmaron los efectos del amparo y protección de la Justicia Federal en los mismos términos precisados en la sentencia recurrida. Actos relativos al cumplimiento del fallo En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficios agregados por autos de veintisiete de octubre y once de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informando respecto a las gestiones realizadas por su parte a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, y al efecto se remitió lo siguiente: 1.- Oficio CASL/3343/2020, emitido por la Coordinación de Asesoría y Servicios Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a través del cual este solicitó al Jefe del Departamento de Nominas de Pensiones y Jubilaciones de dicho instituto, emitiera "historial de pago" individualizado, desglosado y pormenorizado, donde aparecieran los montos descontados por conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (servicio médico) con los códigos de deducción 76 y 53, realizadas a la aquí quejosa Yolanda Patricia Rodríguez Ponce a partir del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 2.- Copias de los títulos de crédito 0088773 y 0012597, de la Institución bancaria BBVA Bancomer, a la orden de la aquí quejosa Yolanda Patricia Rodríguez Ponce, correspondientes a la devolución de reserva técnica y del servicio médico Asimismo, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables del instituto responsable, manifestando que la citada quejosa, no había sido posible ser notificada del citatorio para que compareciera a las oficinas del instituto responsable a fin de hacerle entrega de los citados títulos de crédito. De conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2º de la misma Ley, tienen valor probatorio pleno, sin que la parte quejosa haya objetado o desvirtuado el contenido de éstas al no haber hecho manifestación alguna en relación a la vista concedida. Conclusión En las relatadas condiciones, es posible afirmar que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida considerando que el Instituto responsable dejó de aplicar en perjuicio de la quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, y expidió los títulos de crédito relativos a los descuentos realizados a la quejosa respecto al monto de su pensión, con motivo del ulterior acto de aplicación - treinta y uno de julio de dos mil diecinueve-, así como los descuentos efectuados desde la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el arábigo 196, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal, se considera que el fallo protector dictado en el presente juicio quedó totalmente cumplido y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que a la fecha no se han entregado a la parte quejosa los títulos de crédito de referencia, en virtud de que tal circunstancia no es atribuible a las autoridades aquí responsables. En ese contexto, hágase del conocimiento a la quejosa Yolanda Patricia Rodríguez Ponce, que los cheques a su nombre, correspondientes a la devolución de reserva técnica y del servicio médico, se encuentran a su disposición para que acuda a recogerlos, en las instalaciones que ocupa el instituto responsable. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de diez de febrero del año en curso: Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, y este juzgado procede a pronunciarse al respecto. Antecedentes. En el caso, Yolanda Patricia Rodríguez Ponce, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia en contra de: a) La aprobación, publicación y promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el diecisiete de febrero de dos mil quince. b) La aprobación, publicación y promulgación de los artículos 16, último párrafo y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. c) La aplicación de dichas normas, materializada en los descuentos o deducciones realizados a los importes de la pensión percibida por la quejosa, bajo los conceptos de "RESERVA TÉCNICA" (deducción 76) y "SERVICIOS MÉDICOS" (deducción 53); así como la devolución de todas y cada una de las deducciones aplicadas por dichos conceptos. Efectos de la sentencia de amparo. En treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia constitucional en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó el mismo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa de referencia, para que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: a) Dejaran sin efecto el descuento realizado a la parte quejosa el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. b) Dejaran de aplicar en perjuicio de la quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. c) Se hiciera devolución de la cantidad que se hubiera descontado a la quejosa respecto al monto de su pensión, con motivo del ulterior acto de aplicación - treinta y uno de julio de dos mil diecinueve-, así como los descuentos efectuados desde la presentación de la demanda de amparo. Luego, mediante autos quince y veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo respectivamente al delegado autorizado de la autoridad responsable Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California y a la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia en mención. Derivado de ello, el trece de octubre de dos mil veinte, se agregó la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante la cual, entre otras cuestiones, se confirmaron los efectos del amparo y protección de la Justicia Federal en los mismos términos precisados en la sentencia recurrida. Actos relativos al cumplimiento del fallo En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficios agregados por autos de veintisiete de octubre y once de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informando respecto a las gestiones realizadas por su parte a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, y al efecto se remitió lo siguiente: 1.- Oficio CASL/3343/2020, emitido por la Coordinación de Asesoría y Servicios Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a través del cual este solicitó al Jefe del Departamento de Nominas de Pensiones y Jubilaciones de dicho instituto, emitiera "historial de pago" individualizado, desglosado y pormenorizado, donde aparecieran los montos descontados por conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (servicio médico) con los códigos de deducción 76 y 53, realizadas a la aquí quejosa Yolanda Patricia Rodríguez Ponce a partir del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 2.- Copias de los títulos de crédito 0088773 y 0012597, de la Institución bancaria BBVA Bancomer, a la orden de la aquí quejosa Yolanda Patricia Rodríguez Ponce, correspondientes a la devolución de reserva técnica y del servicio médico Asimismo, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables del instituto responsable, manifestando que la citada quejosa, no había sido posible ser notificada del citatorio para que compareciera a las oficinas del instituto responsable a fin de hacerle entrega de los citados títulos de crédito. De conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2º de la misma Ley, tienen valor probatorio pleno, sin que la parte quejosa haya objetado o desvirtuado el contenido de éstas al no haber hecho manifestación alguna en relación a la vista concedida. Conclusión En las relatadas condiciones, es posible afirmar que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida considerando que el Instituto responsable dejó de aplicar en perjuicio de la quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, y expidió los títulos de crédito relativos a los descuentos realizados a la quejosa respecto al monto de su pensión, con motivo del ulterior acto de aplicación - treinta y uno de julio de dos mil diecinueve-, así como los descuentos efectuados desde la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el arábigo 196, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal, se considera que el fallo protector dictado en el presente juicio quedó totalmente cumplido y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que a la fecha no se han entregado a la parte quejosa los títulos de crédito de referencia, en virtud de que tal circunstancia no es atribuible a las autoridades aquí responsables. En ese contexto, hágase del conocimiento a la quejosa Yolanda Patricia Rodríguez Ponce, que los cheques a su nombre, correspondientes a la devolución de reserva técnica y del servicio médico, se encuentran a su disposición para que acuda a recogerlos, en las instalaciones que ocupa el instituto responsable. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Agréguese el oficio firmado por la delegada de las autoridades señaladas como responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En ese contexto, remite las constancias consistentes en copias de los títulos de crédito ******************** y ********************, de la Institución bancaria BBVA Bancomer, a la orden de la aquí quejosa ********************, correspondientes a la devolución de reserva técnica y del servicio médico. Asimismo, manifiesta no ha sido posible notificar a la quejosa en cita, el citatorio para que comparezca a las oficinas del instituto responsable a fin de hacerle entrega de los citados títulos de crédito; ello toda vez, que en el domicilio autorizado por la misma no se ha encontrado a persona alguna con quien entender la diligencia y entregar el citatorio en comento, del cual en copia simple anexa al oficio que se atiende. Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con copia certificada de la constancia remitida por la autoridad responsable, y de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento.

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