Yolanda María Borrayo Romo
Expediente 1986/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1986/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Yolanda María Borrayo Romo
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa ********************no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, previa revisión por el Secretario de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido. En ese sentido, y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso d), del referido acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por **** contra actos del contra actos del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número de juicio de amparo 1986/2022-8, en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se desecha de plano la demanda Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Para avalar la postura que antecede, se citan los numerales aludidos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Al respecto, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y dejan intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, toda vez que tales actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Aunado a lo anterior, es dable precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. En ese tenor, la propia Segunda Sala, complementó ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador y que corresponde al plazo para que opere la caducidad. El referido criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada en la página mil seiscientos cuarenta y tres, tomo II, libro sesenta y cuatro, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de marzo de dos mil diecinueve, Décima Época, registro 2019400, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Bajo tales premisas, es dable concluir que, para determinar si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, es válido acudir a la disposición legal que prevé el plazo en el que opera la caducidad del procedimiento de que se trate, pues de su contenido se podrá obtener el periodo máximo que cada legislación tolera para que el procedimiento permanezca inmóvil. Así, es dable colegir que el juicio de amparo indirecto será procedente contra dilaciones procesales, siempre que al momento de la presentación del escrito inicial de demanda haya transcurrido el plazo establecido en la legislación aplicable para que opere la caducidad, contado a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Ahora bien, en el caso, el promovente se duele de la dilación de la autoridad responsable, dentro del expediente 315/2021 JP, del índice del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, de dictar la sentencia correspondiente no obstante que se encuentran citados para su dictado desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, pues aduce que han transcurrido casi dos meses, sin que la responsable haya dictado la resolución respectiva. En ese contexto, tomando en consideración que el artículo 56 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece que la caducidad de la instancia por inactividad procesal, opera transcurridos seis meses naturales, contados a partir de la notificación de la última determinación jurisdiccional, se estima que en la especie no se configura una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización en el procedimiento 315/2021 JP, pues como el propio promovente lo reconoce, únicamente han transcurrido casi dos meses desde que se citó para sentencia. Consecuentemente, al no advertirse la existencia una abierta dilación del procedimiento origen o su paralización total, en el presente asunto opera la regla general contenida en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que el juicio de amparo es notoriamente improcedente cuando se promueve por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio o de dictar la resolución correspondiente, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se trata, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Domicilio y autorizados. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Ángeles Reséndiz, Andrea Mariel Soto Romero y Rossío Guadalupe Cruz Vivas, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gustavo Hilay Martínez Avilez, Ana Luisa Parra Acosta y Juan Gibran Ángeles Soto, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tiene señalando correo electrónico, números telefónicos, como domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito inicial de demanda. Autorización para el acceso y visualización del expediente electrónico. Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa solicitando la autorización para el acceso y visualización del expediente electrónico del presente asunto, para tal fin proporciona los usuarios "juan_angeles", "andrea_soto", "Rossio_vivas" y "analuisa_parra"; atento a lo anterior, considerando que proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante el usuario que proporciona; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Exhortación para uso de medios electrónicos. Se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Transparencia y datos personales. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ana Cecilia Morales Ahumada, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Baja California, asistida del Secretario Israel Zepeda Merín, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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