Yolanda Meza Castellanos

Expediente 1110/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1110/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Meza Castellanos
  • Décima Sexta Junta Especial de lo Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Atento a la certificación que antecede, y dado que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de noventa días procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente.

  2. Principal

    Causa estado. Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de trece de julio de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de julio de dos mil veintiuno. Autoridad responsable rinde informe justificado. Se tiene por recibido el oficio 2000/AMPAROS/2208/2021 suscrito por el presidente especial, la presidente auxiliar y el secretario adscritos a la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado y anexan un legajo certificado para acreditar su dicho, el cual, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la citada normatividad, se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, visto el estado procesal de autos y el contenido del informe justificado y anexo certificado que allegó la autoridad responsable a este asunto, se advierte que se ha actualizado una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión por parte de la junta responsable en emitir el auto de avocamiento al conflicto laboral individual 250/2021/16-E de su índice. Sin embargo, de las constancias que se acompañaron al informe de ley se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que se acreditó que mediante auto de nueve de julio de la anualidad en curso, se emitió el auto de avocamiento a dicho asunto, y a su vez se dio trámite a dicho conflicto. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la esencia de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del citado proveído por parte de la junta responsable. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las trece horas con cincuenta y siete minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito electrónico presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Yolanda Meza Castellanos, solicitó la suspensión contra las autoridades y por los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo. SEGUNDO. Apertura del incidente. Previo cumplimiento a prevención, por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, tal como se ordenó en el cuaderno principal, se formó el presente incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran en el plazo de cuarenta y ocho horas informe previo; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. El presente amparo se admitió en relación con los actos reclamados consistentes en: 1.- La omisión de dictar el auto de avocamiento en el que se señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el expediente laboral 250/2021/16-E. Sin embargo, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para el efecto de: ".para que la autoridad responsable subsane su violación a mi derecho constitucional previsto por el artículo 17 de nuestra carta magna.." En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión únicamente en los términos solicitados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA" TERCERO. Existencia de los actos. Las autoridades presidente especial, la presidenta auxiliar y el secretario de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco manifestaron que era cierto el acto reprochado; sin embargo, éstas a su vez informaron que el nueve de julio pasado ya habían proveído la omisión reclamada en esta instancia. No obstante, debe precisarse que fueron omisas en allegar prueba documental alguna de la que se pudiese corroborar tal manifestación; por tanto, de conformidad a los numerales 142 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto atribuido. CUARTO. Procedencia de la medida cautelar. De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente al quejoso el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio principal. Ahora, si bien en el caso, el acto reclamado, se trata de un acto de naturaleza omisiva, en la medida que se está ante una decisión que implica la omisión de dictar auto de avocamiento en el que se señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el expediente laboral 250/2021/16-E), lo cierto es que es posible ya otorgar en el amparo una medida cautelar, incluso con efectos innovativos, siempre y cuando se advierta la notoria inconstitucionalidad de los actos como para adelantar, desde ya, una probable concesión de la protección constitucional que permita otorgar algún efecto como el mencionado. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA" Sin embargo, en el particular no se desprende una apariencia del buen derecho suficiente para conceder la suspensión solicitada. La comprobación de la apariencia del buen derecho puede traducirse en el examen valorado que se realice del acto reclamado para que, una vez determinada su probable inconstitucionalidad, se pondere con mayor objetividad la confrontación entre el interés individual de la parte quejosa y el social que respalda el acto de autoridad reclamado, de tal modo que, si se advierte del análisis de la apariencia del buen derecho que el acto gubernativo rebasa los límites de su competencia, es factible otorgar la suspensión. Para este examen del interés particular, el juzgador debe tomar en cuenta las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, analizando así la verosimilitud del derecho que pudiera proyectarse sobre la posibilidad real y efectiva de que sea concedida en el fondo, la protección constitucional. Análisis que, claro está, por tratarse de la medida cautelar caracterizada por lo sumario de su tramitación y resolución, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido. Siendo que en el caso, se estaría ante un análisis exhaustivo, pues implicaría que este órgano jurisdiccional acuerde favorable a las pretensiones de la parte quejosa, lo cual no puede ser materia de la medida cautelar que nos ocupa, es decir, que se dicte el auto de avocamiento y el señalamiento respectivo de la audiencia para la continuación del juicio laboral de origen. Finalmente, si aquí se invocó la figura jurídica de la apariencia del buen derecho no fue para negar la suspensión, sino para evidenciar que ésta no se vislumbra en este momento, de modo que no es posible dar un efecto restitutorio a la suspensión, por lo que no se ubica el caso en la hipótesis de la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA" En ese sentido, de conceder la suspensión a la parte quejosa, implicaría que este órgano jurisdiccional ordene la emisión del auto, cuya omisión de proveer reclamada, esto es, que se dicte el auto de avocamiento y el señalamiento de la audiencia de ley en autos del juicio laboral de origen, lo cual constituye una cuestión de fondo propio de la sentencia definitiva, que en, su caso, se dicte en el expediente principal. De modo que, en este caso, no es factible conceder una suspensión para obligar a la responsable a actuar conforme con el interés de la parte quejosa, por los motivos expuestos. A más de lo anterior conviene destacar que en el caso no existe la posibilidad jurídica de otorgar la medida solicitada; ello en razón de que, de acceder a la pretensión de la parte quejosa, en el sentido de conceder la suspensión, no se estaría en presencia de efectos provisionales, sino que constituiría una restitución plena, lo cual dejaría sin materia el juicio de amparo principal. En efecto, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión sólo puede tener efectos restitutorios provisionales; por lo que si atento a la naturaleza del acto reclamado el restablecimiento es pleno, entonces esa restitución es improcedente por la vía de la suspensión, porque el supuesto no se encuentra previsto en dicha disposición, aunado a que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, pues es en éste, al dictarse el fallo protector, en el que se restablece plenamente el derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Se itera, de concederse la medida cautelar en los términos solicitados por la parte quejosa se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que no es factible analizar en el incidente de suspensión, ya que es relativa al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, porque las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo, en el juicio de amparo, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, el acto reclamado afecta derechos de la parte quejosa e implica alguna violación de sus derechos y, esa amplitud de estudio no es necesaria, tratándose del incidente de suspensión. De ahí que se determine negar la suspensión definitiva en los términos peticionados. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ****, en términos de esta resolución. Notifíquese.

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