Yolanda Maribel Mendoza Gómez

Expediente 491/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Maribel Mendoza Gómez
  • Juez Tercero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda que originó el presente expediente, por los motivos que ahí se mencionan, por lo que se ordenó que la notificación de dicho proveído se realizara de manera electrónica. Causa estado. Consecuentemente, toda vez que de las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Asimismo, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. IV. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve (folio 1), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Figueret de Jalisco, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado Julio Cesar Ontiveros Arquieta, solicitó la suspensión contra las autoridades y por los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo. SEGUNDO. Apertura del incidente. Por auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (folios 62 a 70), tal como se ordenó en el cuaderno principal, se formó el presente incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran en el plazo de cuarenta y ocho horas sus informes previos; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. TERCERO. Ampliación de la demanda de amparo y tramite del incídete de suspensión. Por auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la moral quejosa respecto de los actos reclamados en la ampliación de demanda proveído en esa misma fecha en el cuaderno principal del que deriva el presente cuaderno incidental. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. El presente amparo se admitió en relación con los actos reclamados consistentes en: "la privación de bienes propiedad de la quejosa que consisten en el numerario depositado en la cuenta bancaria a nombre de Figueret de Jalisco, sociedad anónima de capital variable, con número de cuenta 0355474266, que se identifica con el nombre de producto "cuenta enlace global PM pago fijo", número de cliente 52745535, y que asciende a la cantidad de $1'109,111.88 (un millón ciento nueve mil ciento once pesos con ochenta y ocho centavos)" Sin embargo, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para el efecto de que: SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y POSTERIORMENTE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA ILEGAL CONFISCACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA QUEJOSA consistente en la cantidad de dinero que se encuentra depositada en la cuenta bancaria a nombre de la quejosa Figueret de Jalisco, SA de C.V., con número de cuenta 0355474266, y que asciende a por lo menos la cantidad de $1,109,111.88 un millón ciento nueve mil ciento once pesos 88/100 m.n., acto que se surte de momento a momento con efectos privativos de tracto sucesivo para la quejosa, en sus derechos fundamentales y esfera jurídica" En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión definitiva únicamente en los términos solicitados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. TERCERO. Existencia de los actos. La autoridad responsable Banco Mercantil del Norte de la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, manifestó la inexistencia de los actos reclamados, sin embargo, del informe rendido se desprende que refiere existe una relación contractual. CUARTO. Naturaleza de los actos reclamados. Negativa de la suspensión. Debe negarse la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; ello, en mérito de las siguientes consideraciones. El artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé que en los casos en que la suspensión sea procedente, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De lo anterior, encontramos un elemento muy importante, en el sentido de que, tratándose de actos consumados o ya ejecutados, sí procede otorgar la suspensión para el efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho violado, pero solamente de forma provisional. En efecto, si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea solo provisional; esto es, si se estima que la restitución al quejoso en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal. Es decir, necesariamente, la restitución que se puede hacer vía suspensión del acto reclamado solo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal. Para este examen del interés particular, el juzgador debe tomar en cuenta las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, analizando así la verosimilitud del derecho que pudiera proyectarse sobre la posibilidad real y efectiva de que sea concedida en el fondo, la protección constitucional. Análisis que, claro está, por tratarse de la medida cautelar caracterizada por lo sumario de su tramitación y resolución, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido. Ahora bien, en el caso, tenemos que el acto cuya suspensión solicita el quejoso lo constituye la confiscación y privación de bienes, de las cantidades que en su cuenta bancaria tenía el quejoso por parte del banco responsable, solicitando la suspensión de los efectos de dicha confiscación y privación de la propiedad, es decir, de la cantidad de dinero que dice la quejosa se encuentra depositada en la cuenta bancaria a su nombre. Sin embargo, en el particular no se desprende una apariencia del buen derecho suficiente para conceder la suspensión solicitada. La comprobación de la apariencia del buen derecho puede traducirse en el examen valorado que se realice del acto reclamado para que, una vez determinada su probable inconstitucionalidad, se pondere con mayor objetividad la confrontación entre el interés individual de la parte quejosa y el social que respalda el acto de autoridad reclamado, de tal modo que, si se advierte del análisis de la apariencia del buen derecho que el acto gubernativo rebasa los límites de su competencia, es factible otorgar la suspensión. Es decir, en esencia, solicita la suspensión para efectos de que le sea devuelta la cantidad que, según su dicho, se encontraban en dicha cuenta bancaria; lo que supone que, en caso de concederse la suspensión definitiva, la restitución del derecho que estima violado sería plena, pues implicaría que se le restituyera a la quejosa la cantidad que adujo tenía en su cuenta bancaria, situación que resulta ser la materia o fondo del juicio de amparo, pues es en el juicio principal donde se restablece plenamente el derecho fundamental violado, que en el caso se traduciría, que se le regrese la cantidad confiscada. Dicho de otro modo, reclama la privación del numerario depositado en la cuenta bancaria a nombre de Figueret de Jalisco, sociedad anónima de capital variable, con número de cuenta 0355474266, que se identifica con el nombre de producto "cuenta enlace global PM pago fijo", que asciende a la cantidad de $1'109,111.88 (un millón ciento nueve mil ciento once pesos con ochenta y ocho centavos), según lo precisó Julio Cesar Ontiveros Arquieta, representante de la moral quejosa, en su escrito de ampliación presentado el trece de noviembre de dos mil diecinueve. No obstante, de la lectura integra de dicho ocurso, se obtiene que: "C).- También está plenamente probado en este juicio que la Quejosa desde junio de 2019 se encuentra impedida para realizar operaciones bancarias sobre la cuenta número 00355474266 de la que es titular, lo anterior en virtud que fue bloqueada por Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y consecuentemente la imposibilidad de la quejosa para disponer de los recursos consignados en la cuenta por lo que al haber sido probado que en la cuenta se encontraba consignada la cantidad de $1'109,111.88 un millón ciento nueve mil ciento once pesos 88/100 M.N. y posteriormente la cuenta bancaria tiene un saldo de 0.00 cero pesos, es por ello que está plenamente acreditado que la responsable ordenó y ejecutó la confiscación y privación de los bienes de la Quejosa consistentes en el numerario que se encuentra consignado en la cuenta bancaria 0355474266 y que asciende por lo menos a la cantidad $1'109,111.88 un millón ciento nueve mil ciento once pesos 88/100 M.N., lo cual se desprende de la impresión de captura de pantalla que obra en actuaciones a foja 291 y que fue expedida y remitida por la responsable, donde consta que la cuenta bancaria a nombre de Figueret de Jalisco, SA de C.V., con número 0355474266, aparece con saldo de 0.00 cero pesos, siendo la institución bancaria con carácter de autoridad responsable la única con acceso a los recursos consignados en la cuenta bancaria y que de manera ilegal fue confiscada por la responsable a la Quejosa, es por ello que se solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de actos privativos que están prohibidos por la Constitución Federal y violan los Derechos Fundamentales de la Quejosa" Lo anterior, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno en su contra de acuerdo con los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por ende, se advierte que a la fecha en la que la quejosa, solicitó la ampliación de demanda, el saldo de la cuenta que defiende era de cero pesos, por tanto, al no contar en aquel momento con la cantidad que pretende le sea restituida, con la presente medida, es inconcuso que ello deviene totalmente improcedente. Pues en todo caso, debió acreditar que contaba con el saldo total de $1'109,111.88 un millón ciento nueve mil ciento once pesos 88/100 moneda nacional, a que hace referencia, sin embargo, ello no acontece, pues no allegó medio de prueba alguno que así lo demuestre. Además, de las constancias que obran en el cuaderno principal del que emana el presente incidente se desprende que la entidad financiera responsable, mediante oficio presentado el nueve de agosto de dos mil desencueve, señaló que la citada cuenta presentó "operaciones irregulares" al amparo del contrato de prestación de servicios bancarios, como se ilustra a continuación: Razón por la que de conceder la presente medida, se podrían violentar disposiciones de orden público al soslayar que a decir de dicha institución, se detectaron operaciones irregulares en dicha cuenta, lo que de ningún modo podría ser considerado en beneficio de la quejosa para el otorgamiento de la presente medida. Lo anterior, sin que el suscrito soslaye que la parte quejosa acredita la titularidad de la cuenta bancaria de referencia, con las pruebas documentales que allegó al expediente principal del cual deriva la presente incidencia, las cuales en este momento se tienen a la vista y consisten en copias certificadas que obran cotejadas en el presente expediente y son: Estado de cuenta y movimientos relativos al mes de mayo de dos mil diecinueve (folio 82 a 101); Contrato de adhesión número de registro ante la CONDUSEF 0351-003-001125/08-01471-0616 (folio 129 a 134); Copia certificada de un cheque por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y de la solicitud de dotación de cheques dirigidas al Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte (folio 262 y 263); Copia certificada de la caratula de activación de contrato de servicios bancarios y contrato de adhesión y del estado de cuenta al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (folio 320 a 327); Un legajo certificado que contiene una ficha de depósito a la cuenta bloqueada a la quejosa, un cheque por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) y un contrato de adhesión. Estado de cuenta / Enlace Negocios Avanza" a nombre de la moral quejosa Figueret de Jalisco, sociedad anónima de capital variable, con número de cuenta 0355474266, correspondiente a los periodos uno al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Impresión de captura de pantalla relativa al comunicado presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por la autoridad responsable Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, en el juicio de amparo principal. Estado de cuenta / Enlace Negocios Avanza" a nombre de la moral quejosa Figueret de Jalisco, sociedad anónima de capital variable, con número de cuenta 0355474266, correspondiente a los periodos uno al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. No obstante, resultan insuficientes para los efectos pretendidos en la solicitud de la presente medida cautelar, habida cuenta que versa sobre la ampliación de la demanda y, no respecto del bloqueo o inmovilización de la multicitada cuenta bancaria, actos que ya fue materia de diversa determinación. Finalmente, si aquí se invocó la figura jurídica de la apariencia del buen derecho no fue para negar la suspensión, sino para evidenciar que ésta no se vislumbra en este momento, de modo que no es posible dar un efecto restitutorio a la suspensión, por lo que no se ubica el caso en la hipótesis de la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, acorde con la fracción II del precepto legal citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso, cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya que ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando esa institución en sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses. De modo que en este caso, no es factible conceder una suspensión para obligar a la responsable a actuar conforme con el interés de la parte quejosa -restituir el numerario que aduce existía en la cuenta bancaria-, por los motivos expuestos. En efecto, la suspensión sólo puede tener efectos restitutorios provisionales; por lo que si atento a la naturaleza del acto reclamado el restablecimiento es pleno, entonces esa restitución es improcedente por la vía de la suspensión, aunado a que como ya se estableció implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal. Máxime si se toma en consideración la naturaleza del "bien en controversia" -numerario de la cuenta-, de acceder a la entrega o restitución en favor de la moral quejosa, implicaría una restitución plena, propia de la sentencia de fondo del asunto. En ese tenor, aun y cuando se pudieran cumplir los requisitos previstos por la Ley de Amparo para efectos de concederle la suspensión definitiva solicitada -mismos que resulta innecesario analizar-, lo cierto es que, al actualizarse la situación antes planteada, hace imposible la concesión de la medida cautelar solicitada. En las relatadas condiciones, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.C.44 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 2022733, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2928, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga nugatoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal que en su caso se le conceda, evitándole los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle. Por tanto, es evidente que el objetivo de dicha medida es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado es menester tomar en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. La naturaleza del acto reclamado; y III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución al quejoso en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que se pueda hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la ley de la materia" Así como también, la emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificada como I.11o.C.103 C (10a.), con registro 2018898, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2455, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMBARGO EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, YA QUE LA RESTITUCIÓN PROVISIONAL PERMITIDA POR EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE TENER EL ALCANCE DE PRIVAR DE SUS EFECTOS UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo citado, para que proceda otorgar la suspensión del acto reclamado, es menester que se tomen en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado; y, III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se haya ejecutado, con la condicionante de que la restitución sólo sea provisional, lo que significa que si atento a la naturaleza del acto reclamado el restablecimiento es pleno, entonces esa restitución es improcedente por la vía de la suspensión, porque el supuesto no se encuentra previsto en dicha disposición, aunado a que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, pues es en éste, al dictarse el fallo protector, en el que se restablece plenamente el derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Esta hipótesis normativa no se actualiza cuando se solicita la suspensión contra un embargo ya ejecutado, por las razones siguientes: a) Atento a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que el embargo constituye una medida cautelar, consistente en el secuestro provisional de bienes patrimoniales de la demandada, para garantizar a la actora el pago de las prestaciones reclamadas que, en su caso, se decreten en la sentencia definitiva que resuelva el juicio en el principal; b) Si se concediera la suspensión para el efecto de que se levante el embargo, ello no tendría efectos provisionales, sino que constituiría una restitución plena en la medida que técnicamente ello anularía la medida cautelar de embargo decretada en el juicio de origen y provocaría que la quejosa tenga a su libre disposición los bienes previamente embargados y haga uso de ellos, lo cual ocasionaría que dichos bienes ya no puedan embargarse y, por tanto, no se cumple con el requisito consistente en que la reparación sólo puede ser provisional; y, c) Entonces, si se levanta el embargo, ello deja sin materia el juicio de amparo principal, porque desaparecería la prerrogativa que le fue otorgada a la actora en el juicio principal de asegurar los bienes que tienden a garantizar el pago de las prestaciones que se llegare a decretar en la sentencia definitiva en el juicio natural. En ese orden, la restitución provisional permitida en esa porción normativa, no puede tener el alcance de privar de sus efectos una diversa medida cautelar, ya que la restitución será plena, lo cual no está previsto en el primer precepto citado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: UNICO. Se niega la suspensión definitiva a Figueret de Jalisco, sociedad anónima de capital variable, en términos del considerando cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice:" aviso por este medio de lista se notifica al tercero interesado del proveido de veintidós de abril del año en curso en el cual Téngase por recibido el comunicado que signa el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, emitida en los autos del expediente 382/2017, en la que el juez responsable ordenó las acciones concretas para materializar la convivencia entre el quejoso Rubén López Rodríguez, y su menor hijo R.L.V, de la que se desprende que tomó en cuenta que el domicilio proporcionado en autos, en uso de las facultades que le confiere la ley, solicitó a través de los medios a su alcance, la información correspondiente a diversas dependencias para que le informen el domicilio actual y correcto de Nohemí Vargas Flores, o el señalado en el sumario y se le pueda localizar. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido 13/08/21 11:11:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.17 DIANA ULLOA HERNANDEZde que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.

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