Yolanda Luis Martínez

Expediente 174/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
174/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Yolanda Luis Martínez
  • Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debido a lo acordado en este asunto, carece de relevancia que la copia certificada del expediente 244/2008 procedente del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro, continúe bajo el resguardo de este Juzgado, por lo que se ordena devolver a su lugar de origen. Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; que en el cuaderno del incidente de suspensión obra un documento considerado como original exhibido por la parte quejosa, se trata del billete de depósito N 950478, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100 moneda nacional), sin embargo, respecto del mismo ya se proveyó lo correspondiente a su devolución por auto de trece de marzo de dos mil veintidós, por lo que no ha lugar a tomar mayores medidas al respecto. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. En virtud que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva respecto de los actos reclamados en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que alude el numeral séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2, relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente incidente es susceptible de destrucción. En otro punto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque los actos reclamados en el juicio constitucional de donde deriva la presente incidencia no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentran comprendidos como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 174/2023, promovido por ******************** o ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio de la quejosa, como autoridades responsables al Juez Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro y otras, a quienes reclama la orden de embargo de un bien inmueble presuntamente de su propiedad, entre otros. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******************** o ********************, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La parte quejosa denunció la violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 174/2023. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades responsables ordenadoras Juez Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro. Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro. Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro. Juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro. Juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro. Juez Séptimo Familiar del Centro y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro. Juez Octavo Familiar del Centro y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro. Autoridades responsables ejecutoras Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro. Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro. Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Familiar del Centro y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro. Actuario adscrito al Juzgado Familiar del Centro y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro. Actos reclamados Todo lo actuado en el procedimento judicial instaurado en su contra para impugnar, controvertir o cuestionar el derecho de propiedad y posesión de la quejosa respecto del inmueble con número once de la manzana diez con frente a la calle Níspero del fraccionamiento "Lomas de Sierra Juárez" en el Municipio de San Andrés Huayapan, Centro, Oaxaca. Las órdenes, determinaciones y acuerdos, dictadas de forma verbal o escrita, con la finalidad de embargar, entregar en posesión o cambiar la titularidad de la propiedad del inmueble antes referido. Las consecuencias de dichos actos atribuidos a las autoridades ejecutoras adscritas a las responsables jurisdiccionales. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados. No. Denominación autoridad responsable Sentido 1 Titular del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 2 Titular del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 3 Titular del Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 4 Titular del Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 5 Titular del Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 6 Secretario de acuerdos encargado por ministerio de ley del despacho del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro Niega 7 Titular del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil, todos del distrito judicial del Centro Niega 8 Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 9 Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 10 Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 11 Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 12 Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro Niega 13 Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro Niega 14 Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil, todos del distrito judicial del Centro Niega Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtúe la negativa de las autoridades responsables; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Sin que el hecho de las constancias recabadas por este órgano jurisdiccional, a petición de la quejosa, consistentes en copia certificada del expediente 244/2008 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro; a las que se otorga el valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se observa la existencia de los actos reclamados, sino que el último acto procesal que se realizó fue la caducidad del aludido juicio decretada mediante auto de nueve de diciembre de dos mil diez. De ahí que contrario a la intención de la disidente en el aludido asunto, en el que figuraba como parte actora, debido a su falta de impulso procesal, fue decretada la caducidad de la instancia desde nueve de diciembre de dos mil diez. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** o ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra las autoridades a que se refiere el apartado IV de esta resolución. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de Edna Georgina Franco Vargas, autorizada de la quejosa Yolanda Luis Martínez o Luis Martínez Yolanda, mediante el cual, solicita a este órgano jurisdiccional que requiera las copias certificadas del expediente 244/2008, que pidió al Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro, debido a que dicho órgano jurisdiccional indicó que al no ser parte en ese asunto no era procedente aprobar la reproducción de las constancias que indicó. Ahora bien, mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la ocursante exhibiendo el acuse de recibo de la promoción presentada ante el Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro, donde solicitó las copias referidas en el párrafo anterior. Resulta necesario indicar que si bien la autoridad en cuestión negó la existencia de los actos reclamados, en su informe justificado hizo cita del aludido juicio **, por lo que a efecto de dar la debida oportunidad a la parte quejosa de desvirtuar la negativa en cuestión; con fundamento en los artículos 121 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso en su artículo segundo, requiérase a la citada autoridad, a fin de que dentro del plazo de tres días, copia certificada completa y legible de las constancias que integran el juicio que se ha mencionado. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese por lista.

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