Yolanda Gónzalez Guzmán y otros

Expediente 24/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
24/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2016

Partes del expediente

  • Yolanda Gónzalez Guzmán y otros

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de ocho de enero de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Yolanda González Guzmán y otros, se le hizo por lista de acuerdos, el catorce de enero pasado, notificación que surtió efectos el quince siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del dieciocho al veintidós de enero de dos mil dieciséis; sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícese las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de enero de dos mil dieciséis. DATOS DE LA DEMANDA. Visto el oficio 92 signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca número 11/2015, de su registro, del que se advierte se declaró fundada la excusa denunciada por el juez Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, para conocer del juicio de amparo indirecto 1417/2015, del índice de dicho juzgado, y se ordenó la remisión de dicha contienda constitucional a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, ténganse por recibidos el oficio de cuenta y sus anexos; acúsese el recibo correspondiente y hágase del conocimiento del tribunal de alzada que este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda en comento. En tales condiciones, fórmese expediente en términos del artículo 3º de la Ley de la materia y regístrese en el libro respectivo con el número 24/2016. Ahora bien, en atención a la acción constitucional promovida por Yolanda González Guzmán y otros, contra actos del oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, y otras autoridades, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: 1.- La implementación del sistema de pago electrónico, mediante la orden verbal consistente en condicionar los salarios de los quejosos mediante la celebración de un contrato de pago vía nómina a través de una tarjeta electrónica, del banco Santander México, S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Santander México, sin su consentimiento. 2.- La privación ilegal de sus salarios mediante la celebración de un contrato de pago vía nómina a través de una tarjeta electrónica. 3.- El cumplimiento de las órdenes verbales referidas. 4.- La retención de sus salarios mediante cheque, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de dos mil quince. Asimismo, los quejosos en el apartado de antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que son personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, anexando para demostrar su aserto sus respectivos comprobantes de pago correspondientes a la segunda quincena de agosto del año que antecede. DESECHAMIENTO. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo anterior se aprecia, como elementos a considerar para determinar si una autoridad, lo es para los efectos de la Ley de Amparo: Que sea una que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. Y que lo haga en forma unilateral y obligatoria. Bajo ese tenor, tomando en cuenta las particularidades del asunto a resolver, se reitera que en el juicio constitucional sólo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público y, por ende, es indispensables determinar si todos los actos del Estado son susceptibles de reclamarse en el amparo, o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que adopte aquél y, en su caso, en qué supuesto se ubica el acto reclamado. Con ese propósito es necesario destacar qué ha establecido nuestro Máximo Tribunal en relación al concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al respecto, se ha sostenido que por autoridad para efectos del juicio de amparo se entiende a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Además, se ha dicho que las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Tales consideraciones dieron origen a las tesis de los rubros y textos que se reproducen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese aspecto, en el caso no se satisface uno de los requisitos indispensables para que en el caso se esté ante la presencia de un acto de autoridad, el que consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Para justificar lo anterior, es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido las relaciones de supra a subordinación como aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado gozan de una actuación con imperio o potestad de derecho público. Una de las características que distinguen este tipo de actos es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos subjetivos públicos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. Sentado lo anterior se arriba a la conclusión que en el caso, las autoridades señaladas como ordenadoras, al pretender pagarle a las trabajadoras, hoy quejosas, su salario por medio de una cuenta bancaria, actúan con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones del Estado con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B. Así, se asevera que la relación de supra a subordinación no se cumple porque el pretender cambiar la forma de pago del salario por medio de una tarjeta bancaria no se traduce en el despliegue de una facultad administrativa pública y de ejercicio irrenunciable, sino que se trata de un conflicto eminentemente laboral que se suscita entre todo patrón y trabajador, sea o no el primero un ente de gobierno actuando en su figura de particular, puesto que el sólo hecho de que el patrón sea parte del poder público, no se traduce en que todos y cada uno de sus actos sean emitidos con poder del imperio público. En ese sentido, acorde con el precepto constitucional, cualquier cuestión que surja con motivo de los conflictos entre el Gobierno y sus trabajadores debe ser ventilado ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, a través del juicio laboral ordinario, entre éstos (conflictos) se encuentran las condiciones de trabajo, entre ellas, el salario y su forma de pago. Cierto, pues las controversias por razón de pretender modificar la forma de pago del salario, suscitadas entre el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca y sus trabajadores no las define la propia secretaría por sí y ante sí, sino que ello es una cuestión que compete a los órganos de justicia laboral. Luego, si en el caso se reclama una pretensión de pagarle a los hoy quejosos su salario por medio de una cuenta bancaria, es claro que en ese caso específico las autoridades señaladas como responsables no son autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues irrefutablemente están actuando en su figura de patrón y no como ente del poder público; máxime que esa actuación (pretensión de modificar la forma de pago) por sí sola no causa perjuicio a la esfera jurídica de los impetrantes, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter, pero cuando actúa como patrón no se puede considerar de esa manera. De allí, que las autoridades señaladas como responsables no puedan tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de patrón sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público; más aún cuando la simple pretensión de querer modificar la forma de pago a sus trabajadores no vulnera la esfera jurídica del trabajador, por no haberse realizado aún, y tal cuestión requiera del consenso de la voluntad del afectado, acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos. Consecuentemente, al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 63, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, inciso II, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo interpuesta. REPRESENTANTE COMÚN. Como lo indican los quejosos, de conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común a San Juan Santos Helayne. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan, por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez; ante la secretaria licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.

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