Yolanda Lopez de Blanco

Expediente 22/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
22/2014
Año
2014
Actuaciones
23
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Yolanda Lopez de Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, y se dio vista a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de noventa días compareciera a recoger los documentos originales exhibidos en el sumario, sin que obre en autos, constancia alguna que acredite la notificación personal de dicho pronunciamiento; por tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a fin integrar correctamente el sumario previo a su resguardo definitivo, se comisiona al fedatario adscrito a fin de que notifique personalmente a la parte quejosa el auto de mérito, en el domicilio procesal señalado en la demanda de amparo.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA**************** EL AUTO DE 31 DE OCTUBRE DE 2019, EL CUAL, EN ESENCIA, DICE: Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, y se dio vista a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de noventa días compareciera a recoger los documentos originales exhibidos en el sumario, sin que obre en autos, constancia alguna que acredite la notificación personal de dicho pronunciamiento; por tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a fin integrar correctamente el sumario previo a su resguardo definitivo, se comisiona al fedatario adscrito a fin de que notifique personalmente a la parte quejosa el auto de mérito, en el domicilio procesal señalado en la demanda de amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el escrito de cuenta signado por César Hesiquio del Castillo Uribe, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, por medio del cual solicita se haga la devolución de los documentos que en original y copia se exhibieron acompañados en el escrito de diez de marzo del año en curso, en cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, como lo solicita el promovente, hágase la devolución de los documentos que refiere, a cualquiera de las personas designadas para ello, previa copia certificada que de los mismos obre en autos, así como comparecencia por persona autorizada para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El treinta de abril de dos mil catorce, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que, por un lado se negó el amparo solicitado y por otro, se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 131 a 143) 2. Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de México, a través de su delegado, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en los autos del recurso de revisión 158/2014, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, resolvió (folio 170 a 189): "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Yolanda López Blanco y/o Yolanda López Fuentes, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, por las razones y condiciones expuestas en el último considerando." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, lo cual fue confirmado en sus términos por el Tribunal de Alzada, a fin de que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: ". para el efecto de que le sea desaplicado el citado artículo y no le sea aplicado en lo futuro, esto desde luego, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que contiene la norma legal combatida. La concesión se hace extensiva a los artículos 107, 108, 109 y 112 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, dado que al haberse considerado inconstitucional el artículo 22 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2013, ello impide que el impuesto predial determinado por los artículos citados en primer término subsista jurídicamente en perjuicio de la quejosa. En virtud de lo anterior, la concesión del amparo se traduce en que deberán devolverse a la aquí peticionaria de garantías las cantidades pagadas por concepto del impuesto predial en el ejercicio fiscal dos mil trece, y para que en lo futuro las autoridades responsables ejecutoras se abstengan de cobrar el impuesto de referencia, hasta en tanto el artículo 22 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2013 sea modificado...". En ese tenor, previo diversos requerimientos, a través del oficio sin número, presentado en este juzgado de Distrito el doce de febrero de dos mil dieciséis, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, informó que citó a la aquí quejosa, ante esa tesorería, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual anexó copia certificada del citatorio de mérito. (Foja 280 a 283) Asimismo, por diverso comunicado recibido en este Órgano de Control Constitucional, el diez de marzo del año en curso, la citada autoridad responsable informó que, en relación con la quejosa, se encontraba en pláticas a fin de conciliar las cantidades a devolver por concepto de pago del impuesto predial. (Foja 292) Luego, mediante escrito de catorce de marzo de la presente anualidad, signado por la quejosa y el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, México, hicieron del conocimiento de este juzgado, que la cantidad relativa al pago del impuesto predial que había exhibido la aquí quejosa, en cumplimiento a la sentencia amparadora, le había sido devuelta y al efecto, exhibieron el original del recibo del cheque número 54776441, de la institución bancaria BBVA Bancomer, que ampara la cantidad de $14,178.00 (catorce mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en favor de la aquí quejosa, precisando que dicha cantidad constituía el monto total a restituir a ésta, por concepto del pago que realizó por el impuesto predial en el ejercicio fiscal 2013, que amparaba las claves catastrales y cantidades siguientes: 0250108023000000, $6,882.00 (seis mil ochocientos ochenta y dos 00/100 moneda nacional); 0251054050000000, $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); 0250114703000000, $3,144.00 (tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); 0250107706000000, $258.00 (doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); 0250114336000000, $834.00 (ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); y, 0250108017000000, $2,310.00 (dos mil trescientos diez pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente; esto, una vez que no le aplicó el artículo declarado inconstitucional. (Foja 295 a 303 de autos) Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y las cuales obran agregadas a las presentes actuaciones. Por auto de quince de marzo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere, sin que realizaran pronunciamiento alguno. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la autoridad responsable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que ésta cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El diez de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, desaplicó a la quejosa, el artículo 22 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2013 y, derivado de lo anterior, en relación al pago hecho por el impuesto predial combatido que fue efectuado por la agraviada, le devolvió la cantidad que pagó, por el citado concepto, pues, la concesión del amparo contra ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, pues en la citada data, el citado Tesorero Municipal expidió el cheque número 54776441, de la institución bancaria BBVA Bancomer, que ampara la cantidad de $14,178.00 (catorce mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en favor de la aquí quejosa, el cual fue recibido por ésta, el día once de marzo del año en curso. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, desaplicó a la quejosa, el artículo 22 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2013 y, consecuencia de ello, le devolvió la cantidad que pagó por el impuesto predial de dicho ejercicio fiscal, pues, la concesión del amparo contra ley por considerarla inconstitucional, debía comprender también el acto de su aplicación. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: Con base en lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción II, en relación con el diverso décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, citado con antelación; se ordena notificar a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán depurados junto con el expediente en que se actúa. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) De conformidad con el punto décimo séptimo dela cuerdo en cita, se atendió la digitalización de constancias, las cuales coinciden con su original. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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