Yolanda Leguízamo Martínez

Expediente 1479/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1479/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Yolanda Leguízamo Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda que promueve Yolanda Leguizamo Martínez, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1479/2018-II-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Del análisis al escrito de demanda se advierte que en esencia reclama como tercera extraña a juicio, la orden de desposesión y entrega del inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc oriente número 102 (ciento dos), Colonia Centro, en el Municipio de Tenancingo, Estado de México, dictada en el juicio 329/2014, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, en esta entidad. Por tanto, sentado lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, este juzgado considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" La cual establece lo siguiente: "X.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Lo anterior es así, ya que resulta ser un hecho notorio, que en el juicio de amparo 914/2017-I-A, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual manifiesta la peticionaria del amparo, bajo protesta de decir verdad, haberlo promovido también por propio derecho; se advierte que, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadora. Tiene tal carácter el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México. Ejecutora. Tiene tal carácter La Ejecutora Adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo. IV LA NORMA GENERAL, EL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Por cuanto hace a la Autoridad Ordenadora. Lo es la orden de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en Calle Cuauhtémoc oriente, número 106, Colonia Centro, en el Municipio de Tenancingo, Estado de México, a la señora ANGELINA YADIRA CARRILLO LÓPEZ, del cual soy legitima propietaria, sin que hasta el momento yo haya sido llamada a juicio, situación de la cual tuve conocimiento el pasado veintisiete de mayo del año en curso. Por cuanto hace a la Autoridad Ejecutora. Lo es el requerimiento de desocupación y entrega del inmueble a la señora ANGELINA YADIRA CARRILLO LÓPEZ, ubicado en Calle Cuauhtémoc oriente, número 102, Colonia Centro, en el Municipio de Tenancingo, Estado de México." Asimismo, de la lectura integral de la demanda, se colige que la consecuencia de los actos que tachó de inconstitucionales se hace consistir en la desposesión del inmueble que la quejosa ostenta en propiedad. Seguida la secuela procesal el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento del referido sumario constitucional, en virtud de que la quejosa no acreditó el interés jurídico que adujo tener, dado que el contrato de compraventa que exhibió para tal fin, fue insuficiente para acreditar que el acto reclamado transgredía su esfera jurídica. Inconforme con lo anterior, la accionante del juicio constitucional promovió recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, registrándolo con el número 309/2017, de su índice; el cual mediante ejecutoria de dieciocho de enero del año en curso, determinó confirmar y sobreseer la sentencia recurrida. Cabe añadir que si bien es cierto, conforme a la lectura de la precisión de los actos reclamados, éstos aparentemente difieren, lo cierto es que establecen la misma causa de pedir, a saber: evitar el desposeimiento del inmueble ubicado en, calle Cuauhtémoc oriente número 102 (ciento dos), Colonia Centro, Tenancingo, Estado de México, derivado del juicio 329/2014, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, en esta entidad. No obsta que en el amparo 914/2017, la quejosa haya referido que la responsable pretendía privarla de la posesión del inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc oriente, número 106 (ciento seis), Colonia Centro, en el Municipio de Tenancingo, Estado de México; sin embargo, en la demanda que dio origen a dicho juicio también señaló el número 102 (ciento dos). Aunado a ello, en aquel juicio no probó la identidad del inmueble; circunstancia que no puede perfeccionarse a través de un nuevo juicio. De lo hasta aquí expuesto, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio, ha sido materia de reclamo en diverso amparo promovido por la misma impetrante de la protección constitucional, por lo que no puede ser impugnado en un diverso amparo, porque aun cuando aquél fue sobreseído; ello, no puede desconocerse en el presente asunto. Lo anterior, sin soslayar que manifiesta repetidamente ser tercera extraña a juicio, y que los actos que reclama en el presente asunto son aparentemente diversos a los reclamados en el sumario 914/2017, ya que como se ha establecido en párrafos anteriores, las consecuencias son las mismas. Es por ello, que impera el principio de cosa juzgada que impide analizar nuevamente los actos reclamados y evitar sentencias contradictorias; en efecto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto y aquel en que ésta sea invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no obstante que en el caso se trata de proveídos de diversas fechas, lo cierto es que la identidad de causa existe y no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que pretende a fallarse, la cual es refleja. Cabe precisar que por regla general no existe dicha causal si el primer amparo fue sobreseído; sin embargo, a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sufre una excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversa circunstancia, pues ésta no solo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como ocurre cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, como en el caso acontece, pues esta situación no puede ser desconocida en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 34 del apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, se surte la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo; por lo que se desecha de plano la demanda de que se trata. Aunado a lo anterior, tampoco resulta óbice, que mediante demanda ingresada ante este jugado federal el veinte de abril del año en curso, la quejosa intentó combatir el mismo acto materia de la presente, sumario que por proveído de veintitrés siguiente, se radicó bajo el número 585/2018, y se desechó bajo similares argumentos a los que se exponen en el que se emite; asimismo, ante la inconformidad de la peticionaria del amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por resolución de treinta y uno de mayo del actual, emitida en el recurso de queja 99/2018, determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto en contra de la determinación referida; con lo cual, se corrobora la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Circunstancia anteriores que se corroboran del módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del que se advierten las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo y medios de impugnación citados; por lo que, extráiganse del referido sistema las resoluciones en comento a fin de ser glosadas en copia certificada al presente sumario, para los efectos legales a que haya lugar. Por analogía, sustenta el proceder, la tesis P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." (10ª Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 55, Junio de 2018; Tomo I; Pág. 10. P./J. 16/2018 (10a.)) DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Al encontrarse fuera de la residencia de este Juzgado el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, practíquense las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto, señale domicilio dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o dentro de la zona conurbada del mismo (Metepec, Estado de México). Por cuanto hace a su petición de tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico audry.as81@gmail.com, no ha lugar a proveer favorable, toda vez que debe de contar con un usuario registrado ante este órgano jurisdiccional; en términos del artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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