Yolanda Isabel Chi Tejero

Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Yolanda Isabel Chi Tejero

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las responsables, por tanto deberá conservarse el original por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se advierte que, por los motivos ahí expuestos, a la Actuaria adscrita a este Juzgado, no le fue posible notificar a la tercera interesada *****, la sentencia de tres de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que la citada tercera interesada, hasta la presente fecha no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y por tanto, háganse a la aludida tercera interesada, la notificación de la sentencia de tres de abril del año en curso, esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria del Juzgado, que autoriza y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 224/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra el acto reclamado al Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, consistentes en el ilegal emplazamiento al juicio de origen. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Po razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se registró bajo el número 2764/2022. Previa aclaración, en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda respecto a la autoridad Secretario de Acuerdos Adscrito al juzgado responsable, y se admitió por los actos reclamados a las restantes autoridades responsables. En la secuela procesal, se recibió el informe justificado de las autoridades responsables y se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, asimismo, se dio la intervención correspondiente a la representación social. Finalmente, el seis de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 04/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de veinte de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia 1. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 2. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. 3. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 4. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. 5. Al rendir su informe con justificación, la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado,3 negó el acto reclamado, sin embargo, dicha negativa se encaminó a justificar la legalidad de su actuación, de lo que se advierte su certeza, por tanto, se tiene por cierto el acto que le fue atribuido; por su parte, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles Mercantiles y Familiares, se adhirió a lo manifestado por la juez del conocimiento, de quien se tuvieron por ciertos los actos, de ahí que también sean cierta su ejecución, a saber, el emplazamiento a la parte quejosa practicado y ordenado en el juicio de origen. 6. La certeza se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional 7. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ejercer la acción de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. 8. Efectuada la precisión anterior, el acto reclamado en este juicio de amparo es el emplazamiento al juicio de origen, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. 9. Para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la tercera hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente en que el quejoso se ostentó sabedor de los actos reclamados, lo cual ocurrió el veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, cuando los familiares de la quejosa le informaron que la habían demandado por una supuesta deuda,5 en ese sentido si la demanda se presentó al segundo día hábil siguiente, entonces, la acción constitucional se ejerció dentro del plazo legal. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado 10. Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias del expediente natural, de las cuales se advierten los hechos relevantes siguientes: 11. Demanda ejecutiva mercantil. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ***, demandó en la vía oral, en ejercicio de la vía ejecutiva mercantil a *** 12. Admisión. La demanda fue admitida por la juez responsable mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, y se ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 13. Emplazamiento. En diligencias de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de exequendo a la demandada *** ;8 en auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio a la autoridad registral a fin de comunicar el embargo trabado en autos. 14. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia 15. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. 16. En cumplimiento a lo anterior, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo previsto en su artículo 107 fracción VI, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. 17. En efecto, en el artículo y fracción indicados en primer lugar, se prevé que además de los supuestos considerados casuísticamente en cada uno de los apartados del mencionado ordinal, la improcedencia de la instancia constitucional puede tener sustento en alguna otra disposición de ese cuerpo legislativo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 18. Por su parte, el numeral 107, fracción VI, de la legislación en consulta, establece la procedencia del juicio constitucional indirecto a partir de la calidad específica del promovente, esto es, cuando tiene el carácter de tercero extraño a juicio. 19. Sobre esta línea jurisprudencialmente se han definido dos especies de tercero extraño, a saber: 20. La primera, cuando el quejoso resulta afectado por un acto de autoridad proveniente de un procedimiento donde no es parte, sin contar con oportunidad de defensa, en cuya situación está imposibilitado para interponer algún remedio legal ordinario, al no estar integrado a la relación jurídica procesal -tercero extraño en estricto sentido-. 21. La otra forma como se presenta la figura -tercero extraño por equiparación-, consiste en que el peticionario tenga el carácter de parte formal en el procedimiento natural -generalmente el demandado- y no sea emplazado, o bien, la diligencia respectiva no cumpla con las exigencias legales esenciales de validez, e m inclusive, en el diverso supuesto de que no sea designado como accionado por el actor, pero debiera ser escuchado como tal, porque se resolverá alguna cuestión que le afecta y se encuentre en la misma situación jurídica que otro demandado o vinculado por algún acto jurídico con aquél. 22. Es importante dejar en claro, que para el aludido supuesto asimilado se requiere necesariamente que la imposibilidad de defensa derive del estado procesal en que se encuentre el procedimiento natural, de conformidad con el cual no sea posible que acuda a ejercer de forma completa su derecho humano de defensa oportuna, pues solamente así podría considerarse que resulta afectado también en su prerrogativa de audiencia previa. 23. En ese orden de ideas, si el juicio natural se encuentra en trámite y la inconforme sólo reclama que se realizó indebidamente el emplazamiento al procedimiento natural, implica que antes de promover el amparo debe comparecer al sumario de origen, pues aún está en posibilidad de defenderse dentro del mismo juicio, incluso de inconformarse con el emplazamiento e incorporarse materialmente a la relación jurídica procesal en el asunto que se sigue en su contra, donde cuenta con la oportunidad de ejercer plenamente su derecho humano de audiencia. 24. En efecto, la instancia constitucional resulta improcedente, porque aún no se ha emitido la sentencia definitiva y la parte promovente está en posibilidad de vincularse al contradictorio natural, donde si es su deseo puede promover el incidente de nulidad de notificaciones, en contra de la diligencia de exequendo, así como interponer los medios de defensa ordinarios una vez que se emita la resolución definitiva. 25. Consideración que encuentra apoyo la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo".12 26. Asimismo sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXLV/2017 (10a.), con registro digital registro digital: 2015730, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 422. "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." 27. Asimismo, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), registro digital: 2020845, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047. "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." 28. Descrito lo anterior, el suscrito considera que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia descrita, ya que el juicio de origen se encuentra en trámite, por lo que la quejosa está en aptitud de comparecer a defender sus intereses e interponer los recursos ordinarios que sean procedentes. 29. En efecto, la quejosa pretende comparecer a esta instancia constitucional con el carácter de tercera extraña a juicio equiparada -pues es demandada en el procedimiento de origen-, sin embargo, de las constancias anexas al informe con justificación rendido por la Juez Mercantil, se obtiene que la aquí quejosa figura como demandada en el juicio ejecutivo mercantil oral ***, en el cual, al momento de la presentación de la demanda de amparo sólo se ha llevado a cabo la diligencia de exequendo y se ordenó girar oficio a la autoridad registral para informar sobre el embargo trabado en autos, sin que se hayan desarrollado las demás etapas procesales del juicio. 30. En esa directriz, la peticionaria está en aptitud de interponer en forma oportuna medio de defensa, porque es parte demandada en el juicio natural y existe la certeza del recurso ordinario, como es el incidente de nulidad de actuaciones, el cual, aun cuando pretendiera impugnar sólo por vicios propios su llamamiento, haría improcedente el amparo por incumplimiento del principio de definitividad. 31. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo."13 32. En las relatadas condiciones, el suscrito considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo previsto en su artículo 107 fracción VI, ambas disposiciones de la Ley de Amparo. 33. El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, al no haberse combatido por vicios propios, ya que su ilegalidad la hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS."14 34. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." 35. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, fracción V, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra el acto reclamado a la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y otra autoridad por las razones expuestas en el último punto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; a tres de abril de dos mil veintitrés V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 224/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** contra el acto reclamado al Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2764/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 224/2023-IV; acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el seis de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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