Yessica Paola Cespedes Urrea

Expediente 2003/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2003/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Yessica Paola Cespedes Urrea

Actuaciones

  1. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 2003/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***** contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ******* contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó su único concepto de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien sí presentó su correspondiente alegato ministerial. Finalmente, se recibió el informe justificado de las autoridades responsables y en esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de autoridad distinta de la judicial, con consecuencias de imposible reparación cuya residencia se encuentra dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS a) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán b) Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán c) Encargada del depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado "Corralón Uno" Mérida, Yucatán - La negativa de devolver el vehículo marca *********del Estado de Yucatán y, por ende, su retención. Devolución que fue solicitada a las responsables a través del escrito de fecha veintitrés de agosto pasado, así como, el cobro de las cuotas por estadía en el corralón. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos atribuidos a las responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Director Jurídico de esa dependencia, así como a la Encargada del depósito vehicular, con sede en esta ciudad (foja 17), pues así lo señaló el Director Jurídico de la referida secretaría al rendir su informe justificado, en su representación. Ello, dado que refiere no haber emitido el pronunciamiento correspondiente respecto el oficio de liberación de diez de agosto del año en curso (mediante el cual el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de Trámite ordenó la devolución del vehículo controvertido en este asunto). CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovida en cualquier momento, ya que la afectación reclamada se actualiza de momento a momento, por tratarse de un acto de tracto sucesivo, es decir, un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. QUINTO. Procedencia de la acción De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, es procedente la presente acción constitucional, pues se cuestiona la constitucionalidad de una omisión de una autoridad administrativa, cuyos efectos son de imposible reparación al privar de la posesión del vehículo que en esta vía se combate. SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al margen de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, el que se tiene aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado Atendiendo a la causa de pedir, resulta fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa en su demanda de amparo, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. En efecto, la peticionaria del amparo refiere que el acto reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, pues las responsables no le han devuelto el vehículo marca Nissan, tipo March, modelo 2021, color gris, número de serie 3N1CK3CE1ML207315, número de motor HR16447312U, con placas de circulación YYY-957-D del Estado de Yucatán, sin que exista argumento legal alguno, es decir, carece de fundamentación y motivación la retención de dicho bien. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Acorde a lo anterior, se advierte que el artículo 16 constitucional, establece como un derecho subjetivo público de los gobernados el no ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino sólo con motivo de mandamiento escrito de alguna autoridad del Estado, que funde y motive su actuar. Como se advierte de las constancias allegadas al presente juicio, mediante oficio de diez de agosto de dos mil veintitrés (foja 6), el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales, ordenó la devolución del automotor marca ****** del Estado de Yucatán a ******, en su calidad de apoderado de *******, quien refirió es propietaria del citado bien (aquí quejosa). Sin embargo, de las constancias que obran en autos no se aprecia que el indicado vehículo haya sido devuelto. Ahora bien, el numeral 246 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código." Del indicado numeral se aprecia que las responsables se encuentran obligadas a devolver el vehículo que en esta vía defiende la parte quejosa de inmediato y sin dilación alguna, se insiste, sin que a la fecha lo hayan realizado. No obsta a lo anterior, que las responsables hayan señalado en su informe justificado que no han atendido el citado oficio de liberación por la excesiva carga de trabajo, sin embargo, ello no es suficiente para desvirtuar su actuar inconstitucional, pues tal y como lo dispone el artículo 16 de la Norma Suprema, el actuar de la autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Sin embargo, en el presente caso no se advierte causa que justifique la retención del multicitado vehículo. De ahí lo fundado del concepto de violación, al transgredir lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. ÓCTAVO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para que las responsables lleven a cabo el efecto siguiente: a) De inmediato ordenen la devolución del vehículo marca ********, sin la necesidad de que se realice el pago de la estancia del vehículo en el depósito vehicular al que fue trasladado, a partir del diez de agosto de dos mil veintidós (fecha en la que se ordenó su devolución por la autoridad ministerial) y únicamente por lo que respecta al expediente ******, pues de existir alguna orden judicial o disposición ministerial diversa al reclamado en este juicio de amparo, no podrá ser devuelto. b) Para la entrega de dicho vehículo, bastará con que la interesada o sus representantes exhiban los documentos con que se acredite la propiedad del vehículo, identificación oficial y el oficio de liberación, el cual deberá cumplir con las formalidades señaladas para ello en la ley de la materia. La presente resolución se emite a pesar de que no haya transcurrido el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable, pues al haberse acreditado la vulneración al ordinal constitucional en mención. Por ende, a ningún fin práctico conllevaría esperar que transcurra el plazo de ocho días correspondientes a la vista a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo con dicho informe si, al final, el resultado sería el mismo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa *****, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por el motivo expuesto en el considerando séptimo de esta sentencia, para el efecto señalado en el diverso considerando último. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito del quejoso ********************, por medio del cual solicita copias certificada de la sentencia dictada en autos. Al respecto, dígasele que los autos originales del presente juicio de amparo se encuentran en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, bajo el número de toca 389/2023, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada; sin embargo, con el fin de no irrogar perjuicio alguno a la parte quejosa, expídasele la copia que solicita, la cual deberá ser impresa por este órgano federal del expediente electrónico y previa constancia de recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2003/2023. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, lo siguiente: La negativa de devolver el vehículo marca ********************, tipo ********************modelo ********************, color ********************número de serie ********************, número de motor******************** con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán y, por ende, su retención. Devolución que fue solicitada a la responsable a través del escrito de fecha veintitrés de agosto pasado, así como, el cobro de las cuotas por estadía en el corralón. HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la precisión del acto reclamado, la hipótesis de procedencia se ubica en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. ADMISIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; se admite la demanda. SOLICITUD DE INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, los que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en los cuales, las responsables, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dichos informes. APERCIBIMIENTO. De no rendir sus informes dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se apertura el incidente de suspensión relativo, porque la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. TERCERO INTERESADO. De una lectura integral de la demanda no se desprende que se actualice alguno de los supuestos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo cual se determina que a la fecha no existe tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad se puede reconocer ese carácter a alguna persona, una vez que obren datos que comprueben esa situación. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. REGUARDO DE DOCUMENTO. La parte quejosa exhibió el original de la carta factura del vehículo marca ********************, tipo ********************modelo ********************, color ********************número de serie ******************** expedida por el Gerente comercial de la persona moral Maya Motriz, Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de la aquí quejosa. Por tanto, a fin de conservarla, manténgase dicho documento BAJO RESGUARDO en la secretaría de este órgano jurisdiccional, se ordena el cotejo y compulsa de dicha documental que en original y copia ofreció la parte quejosa para que obre en el presente cuaderno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que acreditó el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que refiere, con las limitaciones que establece el citado numeral, por no acreditar dicho registro. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano