Yolanda Huerta Espinosa

Expediente 159/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
159/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • Yolanda Huerta Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa YOLANDA HUERTA ESPINOSA realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 73 a 89), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa YOLANDA HUERTA ESPINOSA, para el efecto de que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión del Transporte Público de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "Por tanto, a fin de restituir a la impetrante YOLANDA HUERTA ESPINOSA, en el goce de sus derechos, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se les requiera su cumplimiento, deberán, en el ámbito de su competencia: I. Dejar insubsistentes los oficios reclamados números JOPM 72/2018 y CCT-DAJ-223/2018, del seis y doce de marzo de dos mil dieciocho, signados, en su orden, por el Jefe de la Oficina del Presidente y por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, a través de los cuales se dio respuesta a los ocursos que la mencionada quejosa les presentó los días ocho y once de enero de la misma anualidad. II. En su lugar, emitan otra determinación, en la que subsanen las omisiones destacadas en el considerando que antecede y, con libertad de jurisdicción, resuelvan lo que estimen conveniente, en relación a las peticiones citadas en el párrafo que antecede. III. Notifiquen a la quejosa esas respuestas" (foja 89). Asimismo, en la parte considerativa del referido fallo, se estimó lo siguiente: "(.) Por tanto, como ya se dijo, los actos reclamados carecen de la debida fundamentación y motivación, de conformidad con lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales, entendiéndose por esto, que deben señalarse con precisión los preceptos legales en que se basó la autoridad responsable para la emisión de los actos de molestia, además, deben indicarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de los actos, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Se afirma lo anterior, porque del oficio JOPM 72/2018, del seis de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Jefe de la Oficina del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, a través del cual se dio respuesta al escrito que la parte quejosa presentó el ocho de enero del mismo año, así como del diverso comunicado CCT-DAJ-223/2018, del doce de marzo de la propia anualidad, suscrito por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, se advierte que en los mismos se omitió indicar, como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, el ordenamiento legal y los preceptos de este último, que contienen la competencia de dicho Jefe de la Oficina y Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para dar respuesta a las peticiones dirigidas al Presidente Municipal de Morelia y al Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, pues al no contener ese requisito se dejó en estado de indefensión a la quejosa, dado que al no conocer el apoyo que faculta a aquéllos para emitir el acto que reclama, es evidente que no se le otorgó la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si es conforme o no a la Constitución o a la ley, para que en su caso esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funden las autoridades para emitirlo. (.) De igual forma, la responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, si bien señaló que no era de su competencia dar respuesta a la petición formulada por la quejosa, en el sentido de que se retirara el punto de control o base de checadores, ubicado en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo, en la zona centro de esta ciudad, dado que con el mismo se está provocando un aumento de ruido en la zona, congestionamiento vehicular, suciedad, alteración del orden y riesgo a los peatones, pues, según señaló, ello correspondía al Gobierno del Estado, o bien, a la Comisión Reguladora del Transporte Público de Michoacán, en términos de los artículos 8°, 10 y 11, de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, 2°, fracciones XXIII y XXIV, del Reglamento de dicha Ley, y 5°, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, dado que la función de los checadores de los que se quejan, deriva de la prestación del servicio de transporte público, no menos lo es también que, como lo refiere la parte quejosa, de los numerales antes mencionados no se desprende que aquélla autoridad sea incompetente para avocarse a una solución del problema planteado, o bien, que sea competencia del Gobierno del Estado o de la Comisión Reguladora del Transporte Público de Michoacán, pues tales artículos sólo prevén lo relativo al otorgamiento de los permisos o concesiones para el transporte público, los vehículos que se emplearán para ese efecto, las rutas a cubrir, las definiciones de base, parada, vigilancia y cumplimiento de las condiciones en las que se otorgan las concesiones, de los que incluso no se evidencia que para el funcionamiento de las unidades con concesión o permiso para prestar el aludido servicio público, forzosamente deba instalarse una base de checadores en la vía pública. Aunado a que la base de checadores cuyo retiro se solicitó, como lo reconoce la responsable, funciona en la vía pública, específicamente en la esquina que forman las calles de Héroes de Nacozari y Agrarismo, del centro de esta ciudad, es decir, está ubicado en un área en donde el Municipio de Morelia ejerce jurisdicción. Igualmente, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, en la respuesta reclamada, omitió señalar los preceptos legales del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, que prevén, primero, la competencia del Juez Cívico Municipal, para aplicar dicho ordenamiento, así como aquéllos que contienen las faltas administrativas que aseguró la impetrante, en el escrito de ocho de enero de dos mil dieciocho, cometen diariamente las personas que laboran en el puesto de checadores antes mencionado, como son: aumento de ruido, alteración del orden, realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, entre otras. De la misma forma, dicha autoridad también soslayó mencionar la razón por la cual argumenta carecer de competencia para atender la solicitud de la quejosa, no obstante que del artículo 3° del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, antes mencionado, se desprende que al Presidente Municipal, corresponde, entre otras, aplicar dicho ordenamiento. Ahora, del oficio CCT-DAJ-223/2018, del doce de marzo de la propia anualidad, suscrito por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, se advierte que dicha autoridad fue omisa en indicar los preceptos legales y el ordenamiento legal, en base a los cuales dice carecer de competencia para atender la solicitud que le planteó la quejosa, a través del escrito que le presentó el once de enero de dos mil dieciocho, en el sentido de que se retirara el punto de control o base de checadores, ubicado en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo, en la zona centro de esta ciudad, dado que con el mismo se está provocando un aumento de ruido en la zona, congestionamiento vehicular, suciedad, alteración del orden y riesgo a los peatones, pues sobre el particular, sólo se limitó a señalar que la referida dependencia de gobierno no ha otorgado permiso alguno a los checadores para que se instalen en dicho lugar, por no ser de su competencia, dado que los mismos se rigen por la organización de cada una de las rutas que prestan el servicio de transporte público, por lo que tal autoridad respeta la autonomía interna de dichas organizaciones y, en todo caso, las faltas administrativas que deban ser sancionadas, corresponde conocer a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, la referida autoridad soslayó indicar las razones por las cuales no cuenta con facultades para vigilar que las bases de los checadores de las unidades concesionadas o permisionarias del servicio de transporte público, ubicadas en la vía pública, funcionen con respeto a las normas respectivas, no obstante que la función de aquéllos está vinculada con la prestación del aludido servicio público, pues de conformidad con el artículo 2°, fracción XXIII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, la "base" es el espacio físico en la vía pública o en el lugar autorizado por la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán, donde permanecen temporalmente estacionados los vehículos concesionados" (fojas 85 vuelta a 88). 2) Por auto del once de septiembre de dos mil dieciocho se declaró ejecutoriada la aludida sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión del Transporte Público de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, a efecto de cumplieran con la misma (fojas 94 y 95). 3) En cumplimiento a la mencionada ejecutoria, el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, por conducto de su delegado, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio DAJCP-AMP/1728/2018, presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este juzgado (fojas 97 y 98), remitió copia certificada del acuerdo administrativo que emitió el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual ordenó dejar insubsistente el diverso oficio JOPM 72/2018, de seis de marzo de dos mil dieciocho y, en su lugar, emitió una nueva respuesta en relación con la petición formulada por la impetrante YOLANDA HUERTA ESPINOSA, a través del ocurso que esta última presentó el ocho de enero del mismo año, para lo cual señaló los preceptos legales que le conferían competencia para dar respuesta a dicho ocurso, y en relación al fondo de lo solicitado, señaló: "(.) Del análisis del escrito presentado por la C. Yolanda Huerta Espinosa, con fecha 8 de enero del 2018, ante el Departamento de Audiencia Ciudadana dependiente de esta Presidencia Municipal, se coligue (sic) que solicita sea retirado el punto de control o base de checadores informal que desde el tiempo que señala en su escrito de cuenta se encuentra instalado en la esquina de las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo en el centro de esta ciudad, por las razones que refiere en la solicitud de mérito. Bajo esa tesitura, cabe destacar que acorde con el principio de legalidad que impera en nuestro Sistema Jurídico Mexicano, la competencia de las autoridades administrativas no pueden darse por analogía o por mayoría de razón, ya que lo contrario implicaría una transgresión a la esfera jurídica de cualquier gobernado, por ende, resulta antijurídico que una autoridad se extralimite en sus funciones , puesto que ello implicaría una grave violación al propio orden jurídico; por consecuencia, una autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le permite, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En ese orden de ideas, es de citar que la Normatividad Municipal que impera en el municipio de Morelia, concretamente en el Centro Histórico, como lo es el Reglamento para la Central de Abastos, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales Municipales y Comercios en la Vía Pública del Municipio de Morelia y el Bando Mediante el Cual se Declara el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, Como Zona Restringida para toda Actividad Comercial en la Vía Pública, únicamente facultan a la autoridad municipal en términos de la fracción VI, del artículo 139, del reglamento citado, a retirar o decomisar la mercancía a los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes que se instalen en el Centro Histórico, dado que de conformidad con su artículo 34, fracción XVII, prohíbe la instalación de puestos fijos, semifijos y ambulantes en las calles que delimitan al Centro Histórico de la Ciudad de Morelia; y como se desprende de las inspecciones llevadas a cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre del año en curso, por personal de la Dirección de Mercados, se constató que las personas que refiere en su escrito de cuenta como checadores, no ejercen actos de comercio en la esquina de las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del centro de esta ciudad, por ende, de acuerdo con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incompetente esta autoridad municipal para retirar a dichas personas, ya que como se reitre (sic) la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley establece. No obstante lo anterior y tomando en consideración que esta Presidencia que represento, tiene como objetivo primordial cumplir en todo momento con las obligaciones mandatadas en la Constitución, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; se instruyó al Director de Mercados, únicamente para efectos de constancias, comisionara personal a su cargo, a efecto de verificar los hechos que denunció en su petición que nos ocupa, cuya investigación se llevó a cabo los días ya citados, es decir, el 3, 4 y 5 de septiembre del año en curso, en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del Centro de esta Ciudad, diligencias que se realizaron en diferentes horas y de las cuales se desprende: a) Que se encontró una persona del sexo masculino de aproximadamente 22 años de edad, que responde al nombre de Jorge Eduardo Herrejon Ramírez. b) Que, la actividad que realiza es informar a los transportistas la distancia en horario que se llevan uno de otro. c) Que, les informa de palabra. d) Que, utiliza una tabla, hojas blancas, lapicero y reloj en mano. e) Que, no obstruye la vía pública. f) Que, no existe ninguna estructura en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del Centro de esta Ciudad. g) Que no pertenece a ninguna agrupación de rutas del transporte público. h) Que, la esquina que forma las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo en el centro de esta ciudad, se encuentra limpia dado que no hay líquidos y suciedad en el piso y no se perciben olores fétidos. i) Que, no se observó que el C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, tenga una actitud grosera para con los transeúntes y transportistas. j) Que el ruido que ocasiona en la zona, es el producto por el tránsito de los vehículos de motor terrestre que circulan por las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo. k) Que, se le exhortó al C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, para el efecto de que ni él, ni su familiar continúen en esa esquina dando la información a los transportistas del servicio público, dada la queja ciudadana presentada en su contra. Como se acredita con las copias de las actas de referencia y material fotográfico que se anexan, por ser parte integral del presente acuerdo. RESOLUTIVO. PRIMERO. Dígasele a la C. Yolanda Huerta Espinosa, que la normatividad Municipal aplicable en el Centro Histórico, no faculta a la autoridad Municipal, para retirar a persona alguna que no esté ejerciendo actos de comercio, por tal motivo únicamente se le conminó al C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, para el efecto de que él, y su familiar se retiren voluntariamente de la esquina que forma las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo en el Centro de esta Ciudad, y no se previó procedimiento alguno para su retiro de manera forzosa, puesto que de hacerlo sin tener dicha facultad se le estaría violando en su contra los derechos fundamentales que establece la constitución, concretamente el derecho humano de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. SEGUNDO. Que únicamente para efectos de constancia, se instruyó al Director de Mercados, comisionara personal a su cargo, a efecto de verificar los hechos que denunció en su petición que nos ocupa, cuya investigación se llevó a cabo los días ya citados, es decir, el 3, 4 y 5 de septiembre del año en curso, en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del Centro de esta Ciudad, arrojado (sic) los resultados citados con antelación. TERCERO. Comuníquesele, del mismo modo, a la C. Yolanda Huerta Espinosa, que como se puede apreciar del resultado de las verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Mercados el C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, su familiar no a (sic) cometido ninguna infracción cívica, que amerite ser consignado ante el Juez Cívico Municipal, a efecto de que sea sancionado, sin embargo, se le conmina para el efecto de que si esta persona o cualquier otra realizan actos que atenten contra la salud pública o alteren el orden o la seguridad pública o bien la tranquilidad de las personas en lugares públicos de uso común libre tránsito etc., en dicha esquina o en cualquier otra parte, presente en términos del artículo 23 Bis, del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, Michoacán ante el Juzgado Cívico Municipal, la queja correspondiente por las citadas infracciones contempladas en los artículos 4 fracción I, 9 fracción II y 10 fracción IV, del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, Michoacán, como lo dispone el artículo 23 Bis del Reglamento en comento, para que dicho Juez Cívico, en términos de los artículos 3, fracción IV, en relación con el arábigo 30 de citado reglamento, aplique las sanciones cívicas por las infracciones cometidas que conforme a derecho proceda en términos del artículo 12, del multicitado ordenamiento. CUARTO. NOTIFÍQUESE PESONALMENTE (.)" (fojas 100 a 104). b) Asimismo, acompañó el original de la notificación practicada a la parte quejosa, respecto del acuerdo antes mencionado, misma que se realizó el dieciocho de septiembre de esta anualidad, por medio de instructivo que se dejó en poder de Rafael Medrado Arreola, en el domicilio señalado para ese efecto (foja 99). c) De igual forma, acompañó los originales de las actas circunstanciadas de hechos, elaboradas los días tres, cuatro y seis de septiembre de dos mil dieciocho, en las cuales se hicieron constar los hechos narrados en el acuerdo administrativo citado en el inciso a) (fojas 104 bis a 124). 4) Por su parte, la diversa autoridad responsable Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio CCT-DAJ-801/2018, presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de octubre del presente año (foja 152), remitió original del diverso comunicado CCT-DAJ-795/2018, por el cual dio contestación al escrito presentado por la peticionaria del amparo el once de enero de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: "(.) En atención a lo anterior, para dejar satisfecho su interés así como para dar cumplimiento a la ejecutoria dentro del toca que se cita, me permito emitir nueva respuesta en los siguientes términos: Le informo que esta autoridad no puede intervenir en el asunto que plantea por la razón de que no tenemos competencia ni facultad de acuerdo a la Ley de la materia y su Reglamento para poder retirar los checadores que se ubican en las calles que indica, ya que los mismos no son concesionarios ni permisionarios autorizados por esta autoridad para prestar el servicio público de pasaje; señalando además de manera clara y precisa que la figura de "checadores" no está establecida en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán y su reglamento, únicamente se estipula lo señalado en el artículo 2° fracción XXIII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, que dice: "base" es el espacio físico en la vía pública o en el lugar autorizado por la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán, donde permanecen temporalmente estacionados los vehículos concesionados; aclarando que tal precepto se refiere a base de vehículos debidamente autorizados por esta dependencia para hacer aparada (sic) temporal, lo cual en el caso que nos ocupa no sucede. En razón de lo anterior, esta autoridad no está obligada a intervenir en aquello que no está estipulado en la Ley de la materia y su Reglamento, además como la misma quejosa lo reconoce en su petición las conductas de los checadores infringen diversas disposiciones del Reglamento Municipal de Tránsito y no así de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, por lo que como reitero no es competencia de esta autoridad intervenir en el asunto que plantea. De acuerdo a lo fundado y motivado resultando claro que no es competencia de esta Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, resolver tal problema, razón por la cual, resulta lógico fundar y motivar algún derecho que no esté facultado u obligado por la Ley de la materia. La anterior respuesta se funda conforme a los artículos 4°, fracción III de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, 3° fracción III, 6 fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la ley que refiero. No omito señalar que para el caso de tener dudas o inconformidad sobre la respuesta que se emite deberá de presentarse debidamente identificado ante la Dirección de Asuntos jurídicos, ubicada en I. Madero Esquina con Yucatán de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, para efecto de hacerle las aclaraciones necesarias". (fojas 154 A 156). b) De igual forma, exhibió el original de la cédula de notificación que, de dicho proveído se practicó a la impetrante el día dieciocho de octubre de este año, a través de Estrella Díaz Ochoa, en el domicilio señalado para ese efecto (foja 153). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que, en la especie, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán y el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, dejaron insubsistentes los oficios reclamados números JOPM 72/2018 y CCT-DAJ-223/2018, del seis y doce de marzo de dos mil dieciocho, signados, en su orden, por el Jefe de la Oficina del Presidente Municipal y por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, a través de los cuales se dio respuesta a los ocursos que la mencionada quejosa les presentó los días ocho y once de enero de la misma anualidad, y en su lugar emitieron una nueva determinación, en la que subsanaron las omisiones destacadas en la parte considerativa de la sentencia protectora, resolviendo con libertad jurisdiccional lo que en derecho estimaron procedente en relación a las peticiones contenidas en los escritos de referencia, notificando dichas respuestas a la parte quejosa. No es óbice para arribar a lo anterior, lo que aduce la peticionaria del amparo en sus escritos a través de los cuales manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, por las autoridades responsables, en el sentido de que las responsables evaden sus responsabilidades y se limitaron a repetir los mismos argumentos contenidos en los oficios reclamados, en razón de que, opuesto a lo que aquélla afirma, en las nuevas respuestas dadas a sus peticiones, las responsables explicaron el motivo por el cual consideran ser incompetentes para resolver la problemática planteada por la impetrante, esto es, expusieron los motivos por los que estiman carecer de facultades para resolver el problema planteado por la quejosa, fundando y motivando su decisión con los argumentos que consideraron pertinentes y citando los preceptos legales que creyeron aplicables. Además, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, comisionó al Director de Mercados, a efecto de que designara personal a su cargo para que realizaran una inspección en el lugar donde la quejosa refirió se ubicaba el puesto de checadores que mencionó en su ocurso presentado ante tal responsable , cuyo resultado quedó plasmado en las actas de hechos elaboradas los días tres, cuatro y seis de septiembre de dos mil dieciocho, en base a las cuales se determinó que en ese lugar no se estaban cometiendo las irregularidades que señaló la ahora inconforme. De ahí que las nuevas consideraciones vertidas por las responsables en los oficios que emitieron en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no forman parte de esta ejecutoria, sino del estudio de fondo de esos nuevos actos dictados con libertad de jurisdicción por las responsables de que se trata. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa YOLANDA HUERTA ESPINOSA realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 73 a 89), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa YOLANDA HUERTA ESPINOSA, para el efecto de que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión del Transporte Público de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "Por tanto, a fin de restituir a la impetrante YOLANDA HUERTA ESPINOSA, en el goce de sus derechos, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se les requiera su cumplimiento, deberán, en el ámbito de su competencia: I. Dejar insubsistentes los oficios reclamados números JOPM 72/2018 y CCT-DAJ-223/2018, del seis y doce de marzo de dos mil dieciocho, signados, en su orden, por el Jefe de la Oficina del Presidente y por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, a través de los cuales se dio respuesta a los ocursos que la mencionada quejosa les presentó los días ocho y once de enero de la misma anualidad. II. En su lugar, emitan otra determinación, en la que subsanen las omisiones destacadas en el considerando que antecede y, con libertad de jurisdicción, resuelvan lo que estimen conveniente, en relación a las peticiones citadas en el párrafo que antecede. III. Notifiquen a la quejosa esas respuestas" (foja 89). Asimismo, en la parte considerativa del referido fallo, se estimó lo siguiente: "(.) Por tanto, como ya se dijo, los actos reclamados carecen de la debida fundamentación y motivación, de conformidad con lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales, entendiéndose por esto, que deben señalarse con precisión los preceptos legales en que se basó la autoridad responsable para la emisión de los actos de molestia, además, deben indicarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de los actos, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Se afirma lo anterior, porque del oficio JOPM 72/2018, del seis de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Jefe de la Oficina del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, a través del cual se dio respuesta al escrito que la parte quejosa presentó el ocho de enero del mismo año, así como del diverso comunicado CCT-DAJ-223/2018, del doce de marzo de la propia anualidad, suscrito por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, se advierte que en los mismos se omitió indicar, como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, el ordenamiento legal y los preceptos de este último, que contienen la competencia de dicho Jefe de la Oficina y Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para dar respuesta a las peticiones dirigidas al Presidente Municipal de Morelia y al Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, pues al no contener ese requisito se dejó en estado de indefensión a la quejosa, dado que al no conocer el apoyo que faculta a aquéllos para emitir el acto que reclama, es evidente que no se le otorgó la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si es conforme o no a la Constitución o a la ley, para que en su caso esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funden las autoridades para emitirlo. (.) De igual forma, la responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, si bien señaló que no era de su competencia dar respuesta a la petición formulada por la quejosa, en el sentido de que se retirara el punto de control o base de checadores, ubicado en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo, en la zona centro de esta ciudad, dado que con el mismo se está provocando un aumento de ruido en la zona, congestionamiento vehicular, suciedad, alteración del orden y riesgo a los peatones, pues, según señaló, ello correspondía al Gobierno del Estado, o bien, a la Comisión Reguladora del Transporte Público de Michoacán, en términos de los artículos 8°, 10 y 11, de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, 2°, fracciones XXIII y XXIV, del Reglamento de dicha Ley, y 5°, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, dado que la función de los checadores de los que se quejan, deriva de la prestación del servicio de transporte público, no menos lo es también que, como lo refiere la parte quejosa, de los numerales antes mencionados no se desprende que aquélla autoridad sea incompetente para avocarse a una solución del problema planteado, o bien, que sea competencia del Gobierno del Estado o de la Comisión Reguladora del Transporte Público de Michoacán, pues tales artículos sólo prevén lo relativo al otorgamiento de los permisos o concesiones para el transporte público, los vehículos que se emplearán para ese efecto, las rutas a cubrir, las definiciones de base, parada, vigilancia y cumplimiento de las condiciones en las que se otorgan las concesiones, de los que incluso no se evidencia que para el funcionamiento de las unidades con concesión o permiso para prestar el aludido servicio público, forzosamente deba instalarse una base de checadores en la vía pública. Aunado a que la base de checadores cuyo retiro se solicitó, como lo reconoce la responsable, funciona en la vía pública, específicamente en la esquina que forman las calles de Héroes de Nacozari y Agrarismo, del centro de esta ciudad, es decir, está ubicado en un área en donde el Municipio de Morelia ejerce jurisdicción. Igualmente, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, en la respuesta reclamada, omitió señalar los preceptos legales del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, que prevén, primero, la competencia del Juez Cívico Municipal, para aplicar dicho ordenamiento, así como aquéllos que contienen las faltas administrativas que aseguró la impetrante, en el escrito de ocho de enero de dos mil dieciocho, cometen diariamente las personas que laboran en el puesto de checadores antes mencionado, como son: aumento de ruido, alteración del orden, realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, entre otras. De la misma forma, dicha autoridad también soslayó mencionar la razón por la cual argumenta carecer de competencia para atender la solicitud de la quejosa, no obstante que del artículo 3° del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, antes mencionado, se desprende que al Presidente Municipal, corresponde, entre otras, aplicar dicho ordenamiento. Ahora, del oficio CCT-DAJ-223/2018, del doce de marzo de la propia anualidad, suscrito por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, se advierte que dicha autoridad fue omisa en indicar los preceptos legales y el ordenamiento legal, en base a los cuales dice carecer de competencia para atender la solicitud que le planteó la quejosa, a través del escrito que le presentó el once de enero de dos mil dieciocho, en el sentido de que se retirara el punto de control o base de checadores, ubicado en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo, en la zona centro de esta ciudad, dado que con el mismo se está provocando un aumento de ruido en la zona, congestionamiento vehicular, suciedad, alteración del orden y riesgo a los peatones, pues sobre el particular, sólo se limitó a señalar que la referida dependencia de gobierno no ha otorgado permiso alguno a los checadores para que se instalen en dicho lugar, por no ser de su competencia, dado que los mismos se rigen por la organización de cada una de las rutas que prestan el servicio de transporte público, por lo que tal autoridad respeta la autonomía interna de dichas organizaciones y, en todo caso, las faltas administrativas que deban ser sancionadas, corresponde conocer a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, la referida autoridad soslayó indicar las razones por las cuales no cuenta con facultades para vigilar que las bases de los checadores de las unidades concesionadas o permisionarias del servicio de transporte público, ubicadas en la vía pública, funcionen con respeto a las normas respectivas, no obstante que la función de aquéllos está vinculada con la prestación del aludido servicio público, pues de conformidad con el artículo 2°, fracción XXIII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, la "base" es el espacio físico en la vía pública o en el lugar autorizado por la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán, donde permanecen temporalmente estacionados los vehículos concesionados" (fojas 85 vuelta a 88). 2) Por auto del once de septiembre de dos mil dieciocho se declaró ejecutoriada la aludida sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y Coordinador General de la Comisión del Transporte Público de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, a efecto de cumplieran con la misma (fojas 94 y 95). 3) En cumplimiento a la mencionada ejecutoria, el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, por conducto de su delegado, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio DAJCP-AMP/1728/2018, presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este juzgado (fojas 97 y 98), remitió copia certificada del acuerdo administrativo que emitió el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual ordenó dejar insubsistente el diverso oficio JOPM 72/2018, de seis de marzo de dos mil dieciocho y, en su lugar, emitió una nueva respuesta en relación con la petición formulada por la impetrante YOLANDA HUERTA ESPINOSA, a través del ocurso que esta última presentó el ocho de enero del mismo año, para lo cual señaló los preceptos legales que le conferían competencia para dar respuesta a dicho ocurso, y en relación al fondo de lo solicitado, señaló: "(.) Del análisis del escrito presentado por la C. Yolanda Huerta Espinosa, con fecha 8 de enero del 2018, ante el Departamento de Audiencia Ciudadana dependiente de esta Presidencia Municipal, se coligue (sic) que solicita sea retirado el punto de control o base de checadores informal que desde el tiempo que señala en su escrito de cuenta se encuentra instalado en la esquina de las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo en el centro de esta ciudad, por las razones que refiere en la solicitud de mérito. Bajo esa tesitura, cabe destacar que acorde con el principio de legalidad que impera en nuestro Sistema Jurídico Mexicano, la competencia de las autoridades administrativas no pueden darse por analogía o por mayoría de razón, ya que lo contrario implicaría una transgresión a la esfera jurídica de cualquier gobernado, por ende, resulta antijurídico que una autoridad se extralimite en sus funciones , puesto que ello implicaría una grave violación al propio orden jurídico; por consecuencia, una autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le permite, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En ese orden de ideas, es de citar que la Normatividad Municipal que impera en el municipio de Morelia, concretamente en el Centro Histórico, como lo es el Reglamento para la Central de Abastos, Mercados Públicos Municipales, Plazas Comerciales Municipales y Comercios en la Vía Pública del Municipio de Morelia y el Bando Mediante el Cual se Declara el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, Como Zona Restringida para toda Actividad Comercial en la Vía Pública, únicamente facultan a la autoridad municipal en términos de la fracción VI, del artículo 139, del reglamento citado, a retirar o decomisar la mercancía a los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes que se instalen en el Centro Histórico, dado que de conformidad con su artículo 34, fracción XVII, prohíbe la instalación de puestos fijos, semifijos y ambulantes en las calles que delimitan al Centro Histórico de la Ciudad de Morelia; y como se desprende de las inspecciones llevadas a cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre del año en curso, por personal de la Dirección de Mercados, se constató que las personas que refiere en su escrito de cuenta como checadores, no ejercen actos de comercio en la esquina de las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del centro de esta ciudad, por ende, de acuerdo con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incompetente esta autoridad municipal para retirar a dichas personas, ya que como se reitre (sic) la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley establece. No obstante lo anterior y tomando en consideración que esta Presidencia que represento, tiene como objetivo primordial cumplir en todo momento con las obligaciones mandatadas en la Constitución, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; se instruyó al Director de Mercados, únicamente para efectos de constancias, comisionara personal a su cargo, a efecto de verificar los hechos que denunció en su petición que nos ocupa, cuya investigación se llevó a cabo los días ya citados, es decir, el 3, 4 y 5 de septiembre del año en curso, en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del Centro de esta Ciudad, diligencias que se realizaron en diferentes horas y de las cuales se desprende: a) Que se encontró una persona del sexo masculino de aproximadamente 22 años de edad, que responde al nombre de Jorge Eduardo Herrejon Ramírez. b) Que, la actividad que realiza es informar a los transportistas la distancia en horario que se llevan uno de otro. c) Que, les informa de palabra. d) Que, utiliza una tabla, hojas blancas, lapicero y reloj en mano. e) Que, no obstruye la vía pública. f) Que, no existe ninguna estructura en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del Centro de esta Ciudad. g) Que no pertenece a ninguna agrupación de rutas del transporte público. h) Que, la esquina que forma las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo en el centro de esta ciudad, se encuentra limpia dado que no hay líquidos y suciedad en el piso y no se perciben olores fétidos. i) Que, no se observó que el C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, tenga una actitud grosera para con los transeúntes y transportistas. j) Que el ruido que ocasiona en la zona, es el producto por el tránsito de los vehículos de motor terrestre que circulan por las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo. k) Que, se le exhortó al C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, para el efecto de que ni él, ni su familiar continúen en esa esquina dando la información a los transportistas del servicio público, dada la queja ciudadana presentada en su contra. Como se acredita con las copias de las actas de referencia y material fotográfico que se anexan, por ser parte integral del presente acuerdo. RESOLUTIVO. PRIMERO. Dígasele a la C. Yolanda Huerta Espinosa, que la normatividad Municipal aplicable en el Centro Histórico, no faculta a la autoridad Municipal, para retirar a persona alguna que no esté ejerciendo actos de comercio, por tal motivo únicamente se le conminó al C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, para el efecto de que él, y su familiar se retiren voluntariamente de la esquina que forma las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo en el Centro de esta Ciudad, y no se previó procedimiento alguno para su retiro de manera forzosa, puesto que de hacerlo sin tener dicha facultad se le estaría violando en su contra los derechos fundamentales que establece la constitución, concretamente el derecho humano de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. SEGUNDO. Que únicamente para efectos de constancia, se instruyó al Director de Mercados, comisionara personal a su cargo, a efecto de verificar los hechos que denunció en su petición que nos ocupa, cuya investigación se llevó a cabo los días ya citados, es decir, el 3, 4 y 5 de septiembre del año en curso, en la esquina que forman las calles Héroes de Nacozari y Agrarismo del Centro de esta Ciudad, arrojado (sic) los resultados citados con antelación. TERCERO. Comuníquesele, del mismo modo, a la C. Yolanda Huerta Espinosa, que como se puede apreciar del resultado de las verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Mercados el C. Jorge Eduardo Herrejon Ramírez, su familiar no a (sic) cometido ninguna infracción cívica, que amerite ser consignado ante el Juez Cívico Municipal, a efecto de que sea sancionado, sin embargo, se le conmina para el efecto de que si esta persona o cualquier otra realizan actos que atenten contra la salud pública o alteren el orden o la seguridad pública o bien la tranquilidad de las personas en lugares públicos de uso común libre tránsito etc., en dicha esquina o en cualquier otra parte, presente en términos del artículo 23 Bis, del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, Michoacán ante el Juzgado Cívico Municipal, la queja correspondiente por las citadas infracciones contempladas en los artículos 4 fracción I, 9 fracción II y 10 fracción IV, del Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, Michoacán, como lo dispone el artículo 23 Bis del Reglamento en comento, para que dicho Juez Cívico, en términos de los artículos 3, fracción IV, en relación con el arábigo 30 de citado reglamento, aplique las sanciones cívicas por las infracciones cometidas que conforme a derecho proceda en términos del artículo 12, del multicitado ordenamiento. CUARTO. NOTIFÍQUESE PESONALMENTE (.)" (fojas 100 a 104). b) Asimismo, acompañó el original de la notificación practicada a la parte quejosa, respecto del acuerdo antes mencionado, misma que se realizó el dieciocho de septiembre de esta anualidad, por medio de instructivo que se dejó en poder de Rafael Medrado Arreola, en el domicilio señalado para ese efecto (foja 99). c) De igual forma, acompañó los originales de las actas circunstanciadas de hechos, elaboradas los días tres, cuatro y seis de septiembre de dos mil dieciocho, en las cuales se hicieron constar los hechos narrados en el acuerdo administrativo citado en el inciso a) (fojas 104 bis a 124). 4) Por su parte, la diversa autoridad responsable Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio CCT-DAJ-801/2018, presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de octubre del presente año (foja 152), remitió original del diverso comunicado CCT-DAJ-795/2018, por el cual dio contestación al escrito presentado por la peticionaria del amparo el once de enero de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: "(.) En atención a lo anterior, para dejar satisfecho su interés así como para dar cumplimiento a la ejecutoria dentro del toca que se cita, me permito emitir nueva respuesta en los siguientes términos: Le informo que esta autoridad no puede intervenir en el asunto que plantea por la razón de que no tenemos competencia ni facultad de acuerdo a la Ley de la materia y su Reglamento para poder retirar los checadores que se ubican en las calles que indica, ya que los mismos no son concesionarios ni permisionarios autorizados por esta autoridad para prestar el servicio público de pasaje; señalando además de manera clara y precisa que la figura de "checadores" no está establecida en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán y su reglamento, únicamente se estipula lo señalado en el artículo 2° fracción XXIII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, que dice: "base" es el espacio físico en la vía pública o en el lugar autorizado por la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán, donde permanecen temporalmente estacionados los vehículos concesionados; aclarando que tal precepto se refiere a base de vehículos debidamente autorizados por esta dependencia para hacer aparada (sic) temporal, lo cual en el caso que nos ocupa no sucede. En razón de lo anterior, esta autoridad no está obligada a intervenir en aquello que no está estipulado en la Ley de la materia y su Reglamento, además como la misma quejosa lo reconoce en su petición las conductas de los checadores infringen diversas disposiciones del Reglamento Municipal de Tránsito y no así de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, por lo que como reitero no es competencia de esta autoridad intervenir en el asunto que plantea. De acuerdo a lo fundado y motivado resultando claro que no es competencia de esta Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, resolver tal problema, razón por la cual, resulta lógico fundar y motivar algún derecho que no esté facultado u obligado por la Ley de la materia. La anterior respuesta se funda conforme a los artículos 4°, fracción III de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, 3° fracción III, 6 fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la ley que refiero. No omito señalar que para el caso de tener dudas o inconformidad sobre la respuesta que se emite deberá de presentarse debidamente identificado ante la Dirección de Asuntos jurídicos, ubicada en I. Madero Esquina con Yucatán de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, para efecto de hacerle las aclaraciones necesarias". (fojas 154 A 156). b) De igual forma, exhibió el original de la cédula de notificación que, de dicho proveído se practicó a la impetrante el día dieciocho de octubre de este año, a través de Estrella Díaz Ochoa, en el domicilio señalado para ese efecto (foja 153). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que, en la especie, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán y el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, dejaron insubsistentes los oficios reclamados números JOPM 72/2018 y CCT-DAJ-223/2018, del seis y doce de marzo de dos mil dieciocho, signados, en su orden, por el Jefe de la Oficina del Presidente Municipal y por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, a través de los cuales se dio respuesta a los ocursos que la mencionada quejosa les presentó los días ocho y once de enero de la misma anualidad, y en su lugar emitieron una nueva determinación, en la que subsanaron las omisiones destacadas en la parte considerativa de la sentencia protectora, resolviendo con libertad jurisdiccional lo que en derecho estimaron procedente en relación a las peticiones contenidas en los escritos de referencia, notificando dichas respuestas a la parte quejosa. No es óbice para arribar a lo anterior, lo que aduce la peticionaria del amparo en sus escritos a través de los cuales manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, por las autoridades responsables, en el sentido de que las responsables evaden sus responsabilidades y se limitaron a repetir los mismos argumentos contenidos en los oficios reclamados, en razón de que, opuesto a lo que aquélla afirma, en las nuevas respuestas dadas a sus peticiones, las responsables explicaron el motivo por el cual consideran ser incompetentes para resolver la problemática planteada por la impetrante, esto es, expusieron los motivos por los que estiman carecer de facultades para resolver el problema planteado por la quejosa, fundando y motivando su decisión con los argumentos que consideraron pertinentes y citando los preceptos legales que creyeron aplicables. Además, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, comisionó al Director de Mercados, a efecto de que designara personal a su cargo para que realizaran una inspección en el lugar donde la quejosa refirió se ubicaba el puesto de checadores que mencionó en su ocurso presentado ante tal responsable , cuyo resultado quedó plasmado en las actas de hechos elaboradas los días tres, cuatro y seis de septiembre de dos mil dieciocho, en base a las cuales se determinó que en ese lugar no se estaban cometiendo las irregularidades que señaló la ahora inconforme. De ahí que las nuevas consideraciones vertidas por las responsables en los oficios que emitieron en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no forman parte de esta ejecutoria, sino del estudio de fondo de esos nuevos actos dictados con libertad de jurisdicción por las responsables de que se trata. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio DCCT-DAJ-801/2018, signado por el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio DCCT-DAJ-801/2018, signado por el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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