Yolanda Edith Rodríguez Rauda
Expediente 334/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yolanda Edith Rodríguez Rauda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de suspensión respectivo. Por lo que ve al cuaderno de pruebas formado con el toca de apelación ..., remitidos por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvase a la citada autoridad, por ser innecesario que siga obrando en autos. Ahora bien, en virtud a que por resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negaron las suspensiones provisional y definitiva; el único cuaderno en original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales y discos compactos que anexo a su demanda de amparo, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de suspensión respectivo. Por lo que ve al cuaderno de pruebas formado con el toca de apelación ..., remitidos por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvase a la citada autoridad, por ser innecesario que siga obrando en autos. Ahora bien, en virtud a que por resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negaron las suspensiones provisional y definitiva; el único cuaderno en original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales y discos compactos que anexo a su demanda de amparo, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 334/2023, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión de la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, la documental aportada por la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, consistente en el toca de apelación I-11/2023, con el cual, debido a su volumen, se formó un cuaderno de pruebas por separado, mismo que se ordena tener a la vista para resolver, con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la resolución. SENTENCIA V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 334/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ante la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, ... por propio derecho, promovió juicio de amparo directo en contra de la autoridad y acto mencionados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: ".LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL TOCA NÚMERO I-11/2023, DE FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 20223 DOS MIL VEINTITRÉS.". SEGUNDO. Trámite. Por proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dio trámite a la demanda de mérito, y ordenó remitir los autos condignos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, en turno. De la demanda de amparo correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, el cual, por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, consideró carecer de competencia legal, por razón de la vía, razón por la cual, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Michoacán, con sede en Morelia, a fin de que se turnara al Juzgado de Distrito, en turno; así, por razón de turno, correspondió conocer de la citada demanda a este Juzgado Federal, por lo cual, mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Noveno de Distrito se avocó al conocimiento del presente asunto y admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual previo diferimiento se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de garantías, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés emitida por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-11/2023, que confirmó la interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que declaró procedente el incidente de oposición a las cuentas mensuales de administración rendidas por la albacea definitiva el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sucesorio intestamentario 234/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro de Codallos, Michoacán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Encargada del Despacho por Ministerio Ley de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 231, del Apéndice 2000, tomo VI, Quinta Época, con número de registro 917812, del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo antes expuesto se corrobora con las constancias que la autoridad mencionada adjuntó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del toca 11/2023, de su índice. Documentales públicas a las cuales se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, de oficio, se advierte la actualización en forma indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se colige, en esencia, que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; luego, conforme al numeral 17 la Ley de Amparo, el plazo genérico para promover juicio de amparo es de quince días, el cual se deberá computar conforme a lo establecido en el diverso numeral 18, descontando los días inhábiles que están señalados en el artículo 19 de la misma legislación, de lo cual se colige la forma en que se computará el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, en los términos siguientes: a) Quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, de conformidad con la ley que lo rige. b) Quince días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución y, c) Quince días contados a partir del siguiente al en que se ostente conocedor del acto reclamado o de su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, de enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así, del contenido de los preceptos legales referidos se observa que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, siempre y cuando no se trate de los casos de excepción a que se contraen las fracciones I, II, III y IV del numeral 17 de la Ley de Amparo; es decir, que se trate de amparo contra leyes, en su carácter de autoaplicativas, de sentencias definitivas condenatorias que impongan pena de prisión, actos que causen perjuicio a los derechos de ejidatarios o comuneros o, de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Conforme a lo anterior, si no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que establece la Ley de Amparo para tal fin, conforme a los criterios establecidos, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente; y, por tanto, el juicio de amparo será improcedente. En el caso concreto, de los autos del juicio de origen, se colige que, el acto reclamado, verbigracia, resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se notificó el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con el 101 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, el término empezó a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se efectuó la notificación, es decir, uno de febrero del año en curso. De tal forma, se objetiva la hipótesis identificada en el inciso a), conforme a la cual, el término para la promoción del juicio de amparo, es de quince días, contados a partir del siguiente al en que se efectuó la notificación del acto, de conformidad con la ley que lo rige. Por tanto, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo inició el uno de febrero y feneció el veintisiete de febrero, ambos del año en curso; sin contar, entre ambas datas, los días seis, diez, dieciséis y diecisiete del citado mes y año, por ser inhábiles para la autoridad responsable, así como los sábados y domingos de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo se recibió en este Juzgado de Distrito hasta el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, como se aprecia de la boleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es inconcuso que la promoción de la misma se verificó fuera del término previsto para tales fines y, por tanto, es extemporánea, razón por la cual, el acto reclamado, fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Sin que obste a lo anteriormente razonado, la circunstancia de que la demanda de amparo materia de la presente resolución, se presentara como amparo directo, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, el trece de marzo de dos mil veintitrés. Lo anterior es así, virtud a que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; y, con base en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." que la parte quejosa, por propio derecho, promovió diverso juicio de amparo relacionado con el mismo controvertido de origen, del cual correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, a saber, el siguiente: 1. 1150/2022, promovido en la vía directa, por Yolanda Edith Rodríguez Rauda, por propio derecho; del cual, por cuestión de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, cuyo Magistrado Presidente, por proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo directo 740/2022, de su índice, declaró carecer de competencia legal por razón de la vía, y explicó a la quejosa los casos en los cuales procede el amparo directo e, indicó que en contra del acto ahí reclamado, procede el amparo en la vía indirecta. Atento a lo anterior, en el caso concreto se cuentan con los elementos suficientes para concluir que la quejosa conoce cuál es la vía procedente, por lo cual, el error en la presentación de la demanda no es susceptible de interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y, la fecha que debe considerarse para determinar la oportunidad de la promoción del juicio es la data en que llegó a este Juzgado de Distrito, no la de presentación de la demanda ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán. Así, pues, se itera, de conformidad con lo narrado previamente, el Tribunal Colegiado citado previamente, al cual se le turnó el primer amparo promovido en la vía directa, al declarar carecer de competencia legal, explicó a la quejosa los casos en los cuales procede el amparo directo, e indicó que en contra del acto ahí reclamado procede el amparo en la vía indirecta. Por tanto, virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite concluir que la quejosa sabe cuál es la vía procedente y, su conducta procesal está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio natural, por lo cual, en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 275, Libro 9, Tomo I, Agosto de 2014, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." Corolario de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En diferente orden de ideas, no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos propuestos por el Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito, pues de conformidad con los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda Constitucional y los aducidos en el informe justificado pueden formar parte de la litis en el juicio Constitucional. Sin que pase inadvertida la circunstancia de que igualmente se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; sin embargo, como se aprecia líneas precedentes, se sobreseyó en el juicio de amparo, atento a las razones destacadas; por tanto, resulta innecesario el estudio de éstas, en atención al sentido del presente asunto. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 195744, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXII, 63, fracción V, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ..., contra la autoridad responsable Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe. Wordsise
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Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, a efecto de que transcurran los ocho días necesarios que señala el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, principalmente los terceros interesados..., ambos de apellidos..., tenga conocimiento de las constancias que fueron remitidas por las autoridades responsables, y estén en condiciones de controvertirlas e impugnarlas si a su derecho interesa; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis consultable en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuanta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertidas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". Notifíquese.
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