Yolanda Fernández Gutiérrez
Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yolanda Fernández Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 177/2023-III*R El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. Ya feneció el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de revisión la sentencia de veintidós de septiembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho; lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna en la que se interpusiera dicho medio de impugnación. Doy fe. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda CUENTA. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario, el veintidós de septiembre del presente año. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE a Yolanda Fernández Gutiérrez, HA CAUSADO EJECUTORIA, para 16/05/24 17:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa *****, a través del cual solicita copia de todo lo actuado en este sumario incluyendo la sentencia dictada el veintidós de septiembre actual. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias que solicita, y envíensele al correo electrónico que proporcionó para tal efecto, en el entendido que éstas se le remitirán en formato digital con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de la Secretaria, para los efectos legales conducentes. Se instruye al Actuario Judicial que realice lo ordenado en el párrafo que antecede, debiendo asentar la razón respectiva. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 177/2023-III, promovido por ****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Titular del Juzgado Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, , Secretaria que autoriza. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Es innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo y anexos (fojas 1 a 81); auto admisorio de veintidós de febrero de dos mil veintitrés (fojas 82 a 86); escrito recibido en proveído de ocho de marzo pasado, mediante el cual *****, apoderado legal del tercero interesado *****, se apersonó a este sumario (foja 97 a 99); informe justificado rendido por las autoridades responsables Juez y Actuario, ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad (foja 104 y 105 y un tomo de pruebas que obra por separado); proveído de diecisiete de marzo del año en curso, en el que se tuvo por rendido, y con su contenido, se dio vista a las partes (foja 110); constancias de notificación a las partes (foja 94 a 96); autos en los que se difirió la audiencia constitucional; acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se desecharon las pruebas testimonial e inspección judicial ofrecidas por la quejosa (foja 129); recurso de queja interpuesto en su contra (foja 164); ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el recurso de queja 131/2023, en la que declaró fundado dicho medio de impugnación y ordenó admitir la prueba de inspección judicial ofertada (foja 227); auto de veintidós de agosto pasado, en el que se reanudó el procedimiento (foja 247). En este acto, se da cuenta con el escrito registrado por el número de promoción 12291, por medio del cual la quejosa Yolanda Fernández Gutiérrez, formula alegatos. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables, mismo que será tomado en consideración al resolver este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales, la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones y la inspección judicial ofrecidas por las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria da cuenta con los formulados por la quejosa Yolanda Fernández Gutiérrez, y Orlando Stalin Torres Castelán, apoderado legal del tercero interesado Stalin Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 177/2023-III, promovido por Yolanda Fernández Gutiérrez, por derecho propio, en contra de actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad responsable; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, y remitido al siguiente día, por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Yolanda Fernández Gutiérrez, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los acto reclamados que se precisan a continuación: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. A) EL H. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO. B) EL H. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO. IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. A) Del C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, en su calidad de ordenadora y de ejecutora se reclaman TODOS Y CADA UNO DE LOS AUTOS, ACUERDOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y/O SENTENCIAS, ASÍ COMO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA DEMANDA INICIAL practicados dentro de los autos del expediente 324/2019-III BIS radicado ante el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, relativo a un supuesto juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por STAN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., con lo que se me genero un estado de indefensión, en virtud de que en ningún momento fue notificado dicho procedimiento, privándome de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento. B) Del ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, en su calidad de ejecutora se reclaman LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO, en virtud de que nunca fui notificado de forma personal en los términos legales que se ordenan en los artículos 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero dentro de los autos del expediente 324/2019-III BIS radicado ante el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, relativo a un supuesto juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por STAN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y con lo que se me genero un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegatos dentro de tal procedimiento para obtener una sentencia favorable a mis intereses." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, y se registró con el número 177/2023-III; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó emplazar al tercero interesado Stalin Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable y dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Abril de 2000, Tomo XI, página 32) En esa tesitura, de lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en este sumario consiste en: ? El emplazamiento practicado en el juicio especial hipotecario 324/2019-III BIS, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, promovido por Administradora Fome I, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, seguido actualmente por el actor cesionario Stan Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la impetrante Yolanda Fernández Gutiérrez, y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la ejecución de la sentencia definitiva. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda es oportuna, toda vez que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de febrero de dos mil veintitrés, fecha en la que se enteró de la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble que defiende, mediante edicto publicado en el periódico "El Sur". De ahí que, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del nueve de febrero al uno de marzo de dos mil veintitrés, sin considerar en dicho cómputo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero pasado, sábados y domingos, respectivamente, por ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, la demanda se presentó oportunamente el veinte de febrero de dos mil veintitrés, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario, ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dado que al rendir su informe justificado, aceptaron su existencia. Ilustra lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con la copia certificada del juicio especial hipotecario 324/2019-III BIS, misma que remitieron las autoridades responsables; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153). SEXTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en primer término, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que se invoquen causales de improcedencia o se observen de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en relación a este tópico, se precisa que las partes no las hicieron valer, ni de manera oficiosa se aprecian por parte de este órgano jurisdiccional. Orienta lo considerado la Jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, ni planteada por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos por el quejoso, los que no se transcriben puesto que no existe obligación de hacerlo, tomando en cuenta que no se encuentra en la ley de la materia precepto alguno que así lo indique. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830) Cabe destacar que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece, que en materias distintas a la penal, agraria y laboral, como es la civil, opera la suplencia de la queja deficiente cuando se advierta en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar los derechos previstos en el artículo 1° de la mencionada ley. Así que, al constituir el emplazamiento una formalidad esencial del procedimiento, la falta de verificación de tal actuación o su práctica irregular constituye una infracción de la ley que constriñe al juez constitucional a suplir la queja deficiente, ante el estado de indefensión que produce al afectado. En congruencia con lo anterior, en el presente asunto es procedente el análisis oficioso de la diligencia de emplazamiento que constituye el acto reclamado, a la luz del postulado de la suplencia de la queja, pues en la especie debe verificarse si se cumplieron los requisitos esenciales de esa actuación. Sirve de apoyo la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, diciembre de 2000, página 22, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Con relación a la legalidad de las diligencias de emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tanto para las autoridades responsables, como para este Juzgado de Distrito, que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador describe cuáles son los documentos que se adjuntaron. Tal y como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), registro digital 2022118, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompletarespecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Ahora bien, dado que el procedimiento de origen se tramitó en la vía especial hipotecaria, la diligencia de mérito debió ajustarse a lo previsto en los artículos 147, 151, 153, 154, 155, 156 y 162 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que literalmente disponen: "Artículo 147. Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia. Artículo 151. Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: I. La primera resolución que se dicte en el procedimiento; II. El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; III. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y VII. Los demás casos en que la ley lo disponga. Artículo 153. Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Artículo 154. Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. Artículo 155. Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. Artículo 156. Emplazamiento en el lugar de trabajo. Si después que el notificador se hubiere cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquél con quien se entiende la notificación a recibir ésta, se hará en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad de que el juzgador dicte una determinación especial para ello. Artículo 162. Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." Como se ve, el marco legal aplicable al caso sí prevé la obligación del fedatario de que en la diligencia de emplazamiento entregue al demandado, además de la cédula: copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. En ese sentido, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el actuario tiene el imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. Es así porque si bien es cierto que el enunciado normativo que aquí se analiza (relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la demanda "más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial" no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado; sin embargo, los preceptos legales de que se trata no deben interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Lo anterior, pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con el derecho de audiencia y de debido proceso, reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con el cual tales derechos implican que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán de ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integran la "garantía de audiencia"; las cuales permiten que los gobernados ejerzan plenamente su derecho a la defensa antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en la jurisprudencia P./J. 47/956, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en I) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; III) la oportunidad de alegar; y, IV) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En el proceso jurisdiccional, esa primera formalidad esencial se denomina generalmente "emplazamiento", que consiste en una notificación mediante la cual, de manera cierta, se hace saber a la parte demandada: I. La existencia de un juicio promovido en su contra, II. La información que se desprende de la demanda y documentos que se anexan a ella, a fin de que esté en aptitud de ejercer plenamente su derecho a la defensa, a través de la contestación de la demanda; y, III. El plazo que tiene para ello. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Por ende, la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias; sólo así tendrá oportunidad de defenderse. Bajo esta lógica, es factible concluir que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Así es, la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Entre los documentos que se adjuntan a la demanda y con los que las normas procesales que se interpretan, ordenan que se corra traslado a la parte enjuiciada, suelen encontrarse los documentos base de la acción, como son contratos, convenios o títulos de crédito, por mencionar algunos. Es a partir de esos documentos que se adjuntan a la demanda que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho a la defensa. En efecto, en un procedimiento jurisdiccional, la información que permite a la enjuiciada ejercer adecuadamente su derecho de defensa, a través de la contestación de demanda, se obtiene: a) Del auto admisorio que ordena el emplazamiento; b) De la demanda; y, c) De los documentos que se adjuntan a la demanda. En consecuencia, si, por ejemplo, el notificador no corriera traslado con copia del contrato base de la acción o con algún convenio modificatorio de éste que se adjuntó a la demanda, la parte enjuiciada no podría establecer con la certeza suficiente para formular excepciones y defensas si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado o si el órgano jurisdiccional es competente o no. De igual modo, si el actuario no corriera traslado con copias de otras documentales que también se adjuntan al ocurso inicial, como son aquellas con las cuales el promovente acredita la representación (personalidad) que aduce tener, el enjuiciado no estaría en aptitud de oponer una excepción de falta de legitimación en el proceso. Con los ejemplos aquí citados, es factible poner en relieve que la formalidad del emplazamiento consistente en correr trasladado con las copias de los documentos que se adjuntan al escrito de demanda, tiene por objeto el permitir al emplazado acceder, de forma cierta, a aquella información que le permitirá ejercer plenamente su derecho a la defensa. Por tanto, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Cuando el actuario, al practicar el emplazamiento, sólo certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, sin precisar cuáles son éstos, no permite al enjuiciado tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa. En ese sentido, resulta claro que, tratándose del emplazamiento a juicio los derechos de audiencia y de defensa, están estrechamente relacionados con el principio de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora; sino que, como ya se dijo, tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Es por estas razones que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento (consistente en que el actuario certifique en el acta que entregó copias de traslado de los documentos que se adjuntaron a la demanda y describa, precise o indique cuáles son tales documentos) no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Además, por encima de la comodidad del fedatario público que practica el emplazamiento se encuentra la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. Ante ese escenario, se tiene que en el caso a estudio la diligencia de emplazamiento no cumple con la mencionada exigencia, pues se llevó a cabo en los términos siguientes: "En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las trece horas con treinta minutos de día veintiocho de Agosto del año dos mil diecinueve; el suscrito Licenciado Luis Alberto Aguirre López, Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, hago constar que me constituyo en el domicilio ubicado en el departamento número tres, edificio M, Condominio Centtury II, Conjunto Condominal Puente del Mar en la Zona Turística Acapulco Diamante, Carretera Barra Vieja, número oficial un mil de esta Ciudad y Puerto, para emplazar legalmente a juicio a Yolanda Fernández Gutiérrez, y cerciorado con acuciosidad de ser este el domicilio correcto, ya que así lo pude comprobar al tener a la vista una placa metálica visible al público de la del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez que indica el nombre de la carretera a Barra Vieja 1000 de esta Ciudad, así como una segunda placa que dice el nombre del condominio Centaury II y corroborado por la nomenclatura urbana que en el exterior tiene el domicilio consistente en un lote de terreno que en su interior cuenta con diversos inmuebles construidos en su interior, cuenta como entrada principal una caseta de seguridad privada y aun costado dice Puente del Mar, así como el número un mil y en su interior cuenta con una caseta de material de construcción de concreto de cinco niveles en color beige que en la pared exterior dice edificio M y en su interior cuenta con un departamento de color beige y que en la puerta de madera tiene incrustado en metal el número tres, por lo que procedo a tocar la puerta, acudiendo a mi llamado una persona del sexo masculino, quien dice llamarse Iván Gutiérrez Vázquez, ante quien me identifico como Actuario Judicial Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Tabares, con mi gafete con número de empleado 10657, expedido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; a la cual le pregunto si este es el domicilio correcto que busco y en donde se encuentra Yolanda Fernández Gutiérrez, y para el caso de ser así, le requiero para que traiga ante mi presencia a dicha persona, a lo que me responde "aquí vive pero no está en este momento, vivo también en esta casa por ser primo de la persona que buscas", seguidamente le solicito a la persona que me atiende que se identifique como la persona que dice ser con documento alguno, a lo que se niega a identificarse con alguna credencial con fotografía por no tenerla entre sus pertenencias en el momento en la que se la requiero, cuya media filiación es: cincuenta y cinco años de edad aproximadamente, un metro con setenta centímetros de estatura aproximadamente, tez morena clara, complexión robusta, cara cuadrada, pelo corto lacio de color negro, ojos cafés oscuros, cejas semi pobladas, nariz recta, labios delgados y sin alguna seña particular a la vista; en virtud de lo anteriormente expresado y plenamente cerciorado por las manifestaciones de la persona que me atiende de ser éste el domicilio correcto en donde se encuentra la persona buscada y que la persona encontrada en el interior del bien inmueble, ahí vive por ser primo de la persona buscada; Seguidamente procedo a notificarle a Yolanda Fernández Gutiérrez por conducto de Iván Gutiérrez Vázquez, el contenido el auto de fecha cuatro de Julio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares; dándole lectura en voz alta, clara y precisa, posteriormente a la lectura de dichos auto y en cumplimiento al mismo, le hago entrega de la cédula Hipotecaria, haciéndole saber que la persona buscada contrae las obligaciones de depositaria judicial de la finca hipotecada con todos sus frutos y objetos que conforme a la ley deben considerarse como inmovilizados y que forma parte de la misma finca, formándose en su caso el inventario respectivo, en caso de no aceptarlo en dicho acto, deberá manifestarlo a este Juzgado dentro de los TRES DÍAS a partir de la presente notificación, seguidamente le hago entrega y le corro traslado de las copias simples exhibidas de la demanda y documentos anexos debidamente sellados y cotejados con el original, certificando que la persona que me atiende los recibe de conformidad, emplazándolo legalmente a juicio para que dentro del término de NUEVE DÍAS, produzca contestación a la demanda instaurada en su contra u oponga las excepciones y defensas si lo estiman conveniente; de igual manera le prevengo para que señale domicilio en esta Ciudad en donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las mismas le surtirán efectos mediante cédula fijada en los estrados del Juzgado, finalmente recibe la persona que me atiende la cédula de notificación, negándose a firmar de recibido en las copias de la cédula de notificación, por considerarlo necesario, no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia firmando en ella los que intervinieron, pudieron y quisieron hacerlo para debida constancia legal y por saber firmar. DOY FE." Lo transcrito con antelación, evidencia que el Actuario al momento de efectuar dicho emplazamiento, en la diligencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, que ha sido transcrita, sólo refirió haber entregado la cedula hipotecaria, copia simple de la demanda, y documentos anexos debidamente sellados y cotejados con el original, sin describir en qué consisten dichos anexos. Dicha circunstancia no permitió a la enjuiciada tener certeza respecto a que la información que pudo obtener de las copias con las que presuntamente se le corrió traslado eran consistentes con las que se anexaron a la demanda, y menos aún si estaban completas. Lo cual evidencia la ilegalidad del emplazamiento de la demandada, al juicio especial hipotecario de origen, porque no cumple a cabalidad la formalidad establecida para este tipo de notificaciones, al no permitir que la aquí quejosa conociera con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos que se le notificaron. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder a Yolanda Fernández Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio especial hipotecario 324/2019-III BIS, y todo lo actuado con posterioridad; y, II. Ordene nuevamente la práctica del emplazamiento atendiendo las formalidades del procedimiento (sin que sea materia del cumplimiento, la realización del nuevo llamamiento). Considerando el efecto para el que se concede la protección constitucional, resulta innecesario ocuparse del estudio de los diversos argumentos que en vía de conceptos de violación esgrimió la amparista, atendiendo al criterio contenido en la Jurisprudencia número 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tienen por recibidos los escritos firmados por la quejosa *****, a través de los cuales ofrece pruebas. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibe, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación el día de la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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