Yolanda Diaz de la Cruz

Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
559/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Diaz de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de once de marzo del año en curso, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero, informando que dicho Tribunal de Alzada asumió la competencia planteada por este juzgado federal para resolver el juicio de amparo 559/2020, promovido por Yolanda Díaz de la Cruz. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Es preciso mencionar que conforme al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de seis meses a partir de la fecha del archivo, previa acta y relación que se elabore para la plena identificación del expediente a destruir. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa, carece de relevancia documental para su conservación. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de marzo de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos el oficio 288/2021 firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual comunica que ese Tribunal asume la competencia planteada por este juzgado federal relativo al juicio de amparo 559/2020, promovido por ****, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, habiéndose registrado como amparo directo civil 40/2021; circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista; téngase por recibida y agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, la razón en la que el Actuario Judicial adscrito hace constar los motivos por los cuales no le fue posible notificar al tercero interesado Jaime Morales Zacarías, el acuerdo de quince de diciembre del año en curso; en consecuencia, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquesele dicho auto por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes, así como las subsecuentes actuaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad, o bien manifieste expresamente su deseo de que se le notifique vía electrónica. Notifíquese. Lo proveyó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas al Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3047/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, quien actúa asistido por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe ACUERDO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y acorde al cúmulo de actuaciones que obran, se advierte que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer del mismo, por las siguientes razones de índole legal. La competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En esa tesitura, de lo narrado en la demanda de amparo y del cúmulo de actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución emitida por el C. JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, de este Distrito Judicial de Tabares, perteneciente al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y que me fue notificada con fecha 29 de septiembre de la anualidad que transcurre, y que pretende ejecutar la autoridad señalada como ejecutora Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia, de este distrito judicial de Tabares, en el expediente juicio de Divorcio Incausado, exp. Núm. 1776/2019-III. Esto es, la parte quejosa se duele de la resolución emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el expediente 1776-2/2019, relativo al juicio de divorcio incausado, en la cual, no se determinó condena en relación con los alimentos de la aquí quejosa y el menor de edad de iniciales A.G.M.D, bajo el argumento toral de que esa prestación se encuentra determinada, en el juicio especial de alimentos número 1057-2/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Así, precisado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados tienen competencia legal para resolver los juicios de amparo directo en que se reclamen sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose las primeras como aquéllas que resuelven el fondo de la controversia y las últimas como aquellas determinaciones que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En efecto, el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando se esté en presencia de una resolución que pone fin a juicio, entendiendo por ésta la que sin decidirlo en lo principal lo de por concluido, será procedente el juicio de amparo directo: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional (.)." Concatenado a ello, y por lo que respecta a la materia que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2019, sostuvo que el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que sentencia definitiva es la que decide el juicio en lo principal para la procedencia del juicio de amparo directo y si en el juicio de divorcio sin expresión de causa se resuelve sobre dos pretensiones: el divorcio y las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, cuando ya no existe controversia sobre el divorcio y sí respecto de las demás cuestiones inherentes, en aquélla se decide sobre esa pretensión principal, es decir, disolver la disolución del vínculo matrimonial, por lo que esta resolución constituye sentencia definitiva, respecto de la cual es procedente el juicio de amparo directo. Ejecutoria de referencia que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de rubro y texto "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Febrero de 2020 Tomo I, Materias Civil, Común, Página 597) Bajo ese contexto, con fundamento en los artículos 48 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo, se declara que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver respecto del acto reclamado precisado con antelación y, se estima que su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, por tratarse el acto reclamado de una sentencia definitiva. En atención de lo anterior, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero,1 de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo en Turno, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 1 "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Orienta a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubor y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Mayo de 1995, Materia Común, página 43) Por lo anterior, se ordena remitir el presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y del Trabajo en Turno, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole al órgano a quien corresponda conocer del presente asunto, informe su determinación al respecto y acuse el recibo de estilo. Cabe agregar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 56/2020, mediante ejecutoria de uno de octubre de dos mil veinte. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales consiguientes. En ese contexto y dada la conclusión alcanzada, se deja sin efectos la hora y día señalados para esta fecha, para el verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes."

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS, SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL PROVEIDO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ASI COMO EL DIVERSO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE INDICAN: "Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y acorde al cúmulo de actuaciones que obran, se advierte que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer del mismo, por las siguientes razones de índole legal. La competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En esa tesitura, de lo narrado en la demanda de amparo y del cúmulo de actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución emitida por el C. JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, de este Distrito Judicial de Tabares, perteneciente al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y que me fue notificada con fecha 29 de septiembre de la anualidad que transcurre, y que pretende ejecutar la autoridad señalada como ejecutora Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia, de este distrito judicial de Tabares, en el expediente juicio de Divorcio Incausado, exp. Núm. 1776/2019-III. Esto es, la parte quejosa se duele de la resolución emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el expediente 1776-2/2019, relativo al juicio de divorcio incausado, en la cual, no se determinó condena en relación con los alimentos de la aquí quejosa y el menor de edad de iniciales A.G.M.D, bajo el argumento toral de que esa prestación se encuentra determinada, en el juicio especial de alimentos número 1057-2/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Así, precisado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados tienen competencia legal para resolver los juicios de amparo directo en que se reclamen sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose las primeras como aquéllas que resuelven el fondo de la controversia y las últimas como aquellas determinaciones que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En efecto, el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando se esté en presencia de una resolución que pone fin a juicio, entendiendo por ésta la que sin decidirlo en lo principal lo de por concluido, será procedente el juicio de amparo directo: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional (.)." Concatenado a ello, y por lo que respecta a la materia que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2019, sostuvo que el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que sentencia definitiva es la que decide el juicio en lo principal para la procedencia del juicio de amparo directo y si en el juicio de divorcio sin expresión de causa se resuelve sobre dos pretensiones: el divorcio y las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, cuando ya no existe controversia sobre el divorcio y sí respecto de las demás cuestiones inherentes, en aquélla se decide sobre esa pretensión principal, es decir, disolver la disolución del vínculo matrimonial, por lo que esta resolución constituye sentencia definitiva, respecto de la cual es procedente el juicio de amparo directo. Ejecutoria de referencia que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de rubro y texto "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Febrero de 2020 Tomo I, Materias Civil, Común, Página 597) Bajo ese contexto, con fundamento en los artículos 48 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo, se declara que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver respecto del acto reclamado precisado con antelación y, se estima que su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, por tratarse el acto reclamado de una sentencia definitiva. En atención de lo anterior, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero,1 de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo en Turno, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 1 "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Orienta a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubor y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Mayo de 1995, Materia Común, página 43) Por lo anterior, se ordena remitir el presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y del Trabajo en Turno, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole al órgano a quien corresponda conocer del presente asunto, informe su determinación al respecto y acuse el recibo de estilo. Cabe agregar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 56/2020, mediante ejecutoria de uno de octubre de dos mil veinte. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales consiguientes. En ese contexto y dada la conclusión alcanzada, se deja sin efectos la hora y día señalados para esta fecha, para el verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes."

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