Yolanda Chavez Vallejo
Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yolanda Chavez Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de tres de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, transcurrió para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y quejosa, del doce siguiente al veinticinco de dicho mes y año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno ni manifestación bajo protesta de decir verdad de las partes en el sentido de haberlo interpuesto ante la superioridad; por tanto, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, y 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (.) Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable referida, rinde su informe justificado, y remite la documental descrita en la cuenta secretarial; con lo cual dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Para un mejor manejo del expediente, se ordena formar un legajo por separado, respetando el folio con el que lo remite la autoridad responsable señalada en primer término. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ". el auto de fecha - dos mil veintitrés.". En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Ahora bien, de las constancias que acompañó al oficio de cuenta la autoridad responsable, se advierte que con fecha veintisiete de marzo del año en curso, fue celebrada la audiencia preliminar dentro del juicio de origen -, sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovido por -, en la cual ambas partes celebraron convenio para dar por terminado el vínculo matrimonial que los unía, determinación que la autoridad responsable elevó a la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada, en virtud del citado convenio; documentales en comento que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo cual, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que el acto reclamado, ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio de garantías, la parte quejosa en esencia señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de enero del presente año; también lo es que la autoridad responsable con fecha veintisiete de marzo del año en curso, celebró la audiencia preliminar dentro del juicio de origen -, sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovido por - en contra de -, en la cual ambas partes celebraron convenio para dar por terminado el vínculo matrimonial que los unía, y dicha autoridad jurisdiccional elevó a la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada. Por lo cual, al existir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asi como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, fijada para las diez horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, glósese el escrito signado por la quejosa -, mediante el cual y por los argumentos a que alude, solicita se decrete el sobreseimiento del presente juicio de garantías; atento a ello, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído emitido el unos de marzo del año en curso que señala "Morelia, Michoacán, a uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual la quejosa, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en autos; sin embargo, como la firma que calza dicha promoción, difiere notablemente con la plasmada en el ocurso inicial de demanda de amparo, por ende, no ha lugar a tenerla por aclarado el líbelo constitucional que nos ocupa. Por tanto, requiérase a la promovente para que en el acto mismo de la notificación, que por conducto de la Actuaria de la adscripción le practique de este proveído, o bien dentro del término de tres días que prevé el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, comparezca debidamente identificada a ratificar el contenido y firma del escrito de mérito, en el entendido de que la identificación que porte, no deberá ser expedida por partidos políticos ni por particulares, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se tendrá por no presentada dicha promoción. Tiene aplicación sobre el particular la Jurisprudencia número 202, consultable en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.". En el entendido de que se suspende el plazo otorgado a la promovente en auto de tres de los actuales, hasta en tanto haga lo procedente. Notifíquese personalmente.". Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de escrito, de la que se desprende que la quejosa ..., ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito aclaratorio presentado en este tribunal el veintiocho de febrero pasado; en consecuencia, por estar ajustada a derecho la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la ley de la materia, se ADMITE a trámite contra el acto consistente en: ". el auto de fecha 24 veinticuatro de enero del presente año 2023 dos mil veintitrés.". Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Sin formarse los cuadernillos incidentales por no haberlos solicitado. Asimismo, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano, toda vez que no se encuentra en las hipótesis que establece el artículo 22 Constitucional. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir de que reciba el oficio de notificación respectivo, el que podrá hacerlo por escrito, y en el que deberá exponer las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Fecha que se señala lo más cercana posible, toda vez que la agenda de audiencias que se lleva en este juzgado federal, se encuentra sobresaturada. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ..., con domicilio en la calle... de esta ciudad; por tanto, se comisiona al Actuario adscrito, para que se constituya en legal y debida forma en el citado domicilio y emplace a juicio a dicha tercera interesada, a quien deberá hacerle entrega de una copia simple de la demanda de garantías, notificarle la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, requerirle para que señale domicilio en esta capital, para oír y recibir notificaciones personales, con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26 fracción III, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que si así es su deseo durante la tramitación del presente asunto señale domicilio para tal efecto. En ese sentido el fedatario judicial encargado de llevar esa diligencia, deberá seguir los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, inciso c) de la ley de la materia. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad,?y?por tanto, en el caso de que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la ley de la materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.?? En?términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste?Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.??? Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30, fracción I, de la ley en cita, se hace saber a la autoridad responsable, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán?notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la?inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos:?a)?admisión de demanda;?b)?suspensión provisional o definitiva;?c);??d)?sentencia de fondo;?e)?admisión de recursos de revisión y queja; y,?f)?las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del?Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro siguiente: ?"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".?? ?Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con?el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niegan a firmarla o a recibir los oficios; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se nieguen a recibir los oficios respectivos, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acuse recibo de los autos que se le notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que la autoridad responsable lo considere conveniente, proporcione su correo electrónico oficial a fin de que le sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remita los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. Notifíquese; y emplácese a la parte tercero interesada.
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