Yiridiana Gonzalez Medina

Expediente 135/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
135/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Yiridiana Gonzalez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de febrero del año en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por ******************** por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós... Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, regístrese en el libro de gobierno con el número VII-135/2022-1. Del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que los actos reclamados en esta instancia se hacen consistir en ".la omisión de aplicar las medidas y estrategias sanitarias, así como de contención para evitar el contagio del virus covid-19 en el regreso de clases de manera 100% presencial y obligatoria de los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al no proveer de espacios universitarios adecuados para evitar la propagación de dicho virus al contar con numerosos grupos de estudiantes por lo que las actividades en las aulas de la casa de estudios resultan de alto riesgo de contagio en plena cuarta ola de contagios, violentando de tal forma los derechos humanos y comprometiendo a su vez la salud y vida de los estudiantes.", Como se advierte del acto reclamado, la quejosa acude a esta instancia constitucional en calidad de alumna de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a efecto de reclamar la omisión de aplicar las medidas y estrategias sanitarias, así como de contención para evitar el contagio del virus COVID-19 en el regreso de clases de manera presencial y obligatoria de los alumnos de dicho universidad. El suscrito estima que la demanda de amparo, debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia, establecen en su orden lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. En efecto, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas les confiere atribuciones para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio Texto Constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que al tenor del artículo 3o. Constitucional rigen a la educación que imparte el Estado respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. Así, en la propia Constitución se precisa que la referida autonomía conlleva a que las respectivas universidades públicas estén facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En tal virtud, debe estimarse que la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente a que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo goce de independencia para determinar por sí sola, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Es decir, la capacidad de decisión que se confiere a la citada casa de estudios está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales le fue conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios que en la propia Norma Fundamental informan a la educación pública, de donde se sigue que la autonomía universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad en excepción del orden jurídico A todo lo anterior, resulta aplicable la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado." Por otro lado, debe tenerse presente que en aras de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autoridad universitaria, la Legislatura Local ha habilitado a determinado órgano de tal institución para que emita disposiciones administrativas de observancia general que regulen los términos y condiciones en que presta los servicios educativo. Así, en términos de los artículos 2, fracción II, de la ley orgánica de dicha Universidad, y 78 del Estatuto Universitario, establecen "Artículo 2o. La Universidad gozará de autonomía, conforme a lo dispuesto en esta Ley, con atribuciones para (.) II. Aprobar el Estatuto y los Reglamentos Universitarios. "Artículo 78. Los requisitos para que los estudiantes se inscriban y permanezcan en la Universidad, así como sus derechos y obligaciones, serán establecidos con arreglo a las siguientes bases: I. Los aspirantes de nuevo ingreso deberán comprobar que su estado de salud y capacidad son compatibles con los estudios universitarios; II. Al inscribirse los alumnos se comprometerán a observar sus compromisos académicos y a honrar en todo a la institución; III. No se expedirá matrícula en disciplinas que requieran conocimientos, experiencias y habilidades que por motivos didácticos debe adquirir el alumno en curso o grados anteriores; IV. El reglamento respectivo señalará los casos en que debe negarse matrícula por falta de aplicación en los estudios y aquellos en que proceda cancelar la inscripción por abandono de las aulas; V. Los alumnos estarán facultades para hacer observaciones, de manera ordenada y respetuosa, sobre la falta de cumplimiento de los deberes que incumban a los profesores, a fin de que las autoridades universitarias adopten las medidas pertinentes; VI. Los alumnos que atenten contra los principios o el buen funcionamiento de la Universidad, serán sancionados conforme al Estatuto y los Reglamentos." De los numerales transcritos, se aprecia que una de las obligaciones de los alumnos para permanecer en la Universidad es comprobar que su estado de salud es compatible con los estudios universitarios, así como observar lo dispuesto en la ley, reglamentos y estatuto de dicha casa de estudios. Ello, con el propósito de observar el compromiso académico que tiene con la institución en razón de haberse inscrito a algún plan académico. Ahora, a la demanda se adjuntó copia cotejada de la credencial de alumno de la quejosa ya que se encuentra inscrita a un programa académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por lo cual, se estima que, al haber adquirido dicho compromiso académico, se hizo sabedor de las obligaciones que contrajo en su calidad de educando; entre ellas, el régimen de disposiciones administrativas que se implementen para asistir a clases presenciales y su implementación. Por tanto, es inconcuso que cuando el gobernado es considerado como alumno de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en términos de la normatividad aplicable ya mencionada, y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos que imparte la casa de estudios en cita, se obliga a las disposiciones administrativas de carácter general que emita la institución educativa, en ejercicio de su autonomía universitaria. Es decir, al tratarse de una cuestión del autogobierno para hacer efectivo el mandato constitucional de brindar educación, el quejoso se sometió expresamente a los lineamientos y condiciones bajo las cuales se impartirá tal servicio. De ahí que no exista entre la citada casa de estudios y el promovente una relación de supra a subordinación, ya que este último se sometió a las condiciones en que se brindaría dicho servicio al momento de expresar su voluntad de ser alumno de la institución. Todo lo anterior, pone en evidencia que el reclamo que ahora pretende el quejoso no corresponde a esta vía constitucional, ya que la relación entre éste y las autoridades responsables se rige por la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su reglamento y estatuto universitario; ello, pues lo que pretende es que se modifiquen las disposiciones administrativas bajo las cuales se brinda el servicio de educación pública, respecto de la cual la institución educativa goza de autonomía configurativa. Luego, es evidente que las omisiones reclamadas no revisten el carácter de actos de autoridad, toda vez que están encaminadas a cuestionar el interior de la vida universitaria, por lo cual no se ubican en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, pues las condiciones bajo las cuales se imparten clases y los mecanismos para hacer efectivos los planes de estudios, son cuestiones que derivan de una relación contractual entre el quejoso y las responsables. No escapa a la consideración de este juzgador que el acto combatido tenga que ver con cuestiones de salud e higiene derivadas del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y que de ahí pueda concluirse que se vulnera algún derecho fundamental de la quejosa. Empero, los aspectos relativos a la forma en que el sector público, privado y social deben adaptar su funcionamiento, horarios y las condiciones en que los asistentes deben continuar desarrollando sus actividades cotidianas, a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio del mencionado virus, incluyendo las medidas de resguardo domiciliario a través de clases semipresenciales o con uso de tecnologías de la información, enfocado en las personas consideradas como vulnerables, tienen una naturaleza ajena una relación de supra a subordinación. Lo anterior, en tanto que es claro que los acuerdos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria ubican a los sectores público, social y privado como destinatarios primigenios de esa normatividad y, el hecho de que les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. En efecto, el hecho de que las instituciones educativas tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias, -lo que sucede además con cualquier disposición educativa legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de supra-subordinación respecto de sus alumnos. La normatividad referida no los dotó de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Por las ideas que informan la ejecutoria de la que deriva, se estima aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.)8 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente" Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo estudiantil que aceptó la quejosa en el momento de su ingreso, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Por identidad jurídica sustancial, se estima aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 180/20059 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios". Tampoco se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10 determinó el alcance de la relación entre la universidad pública y sus alumnos frente al juicio de amparo, al sostener jurisprudencia que define que la determinación mediante la cual se desincorpora de la esfera jurídica los derechos que asistían a un alumno, constituye un acto de autoridad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, página 320, materia administrativa, Novena época, registro 187358, que dice lo siguiente: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado". Sin embargo, tal criterio no resulta aplicable en este caso, ya que las omisiones reclamadas no interfieren con los derechos que como alumno tiene el quejoso, aunado a que tampoco vulnera en forma directa su derecho a la salud. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al ser improcedente la demanda de amparo, no se hace pronunciamiento sobre la suspensión de plano solicitada por la quejosa. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http//www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Asimismo, se le tiene proporcionando únicamente como dato de contacto la cuenta de correo electrónico y número de teléfono móvil precisados en la constancia secretarial que antecede, no así para recibir notificaciones, a través de la cual en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional entablará comunicaciones no procesal, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente previa certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin que haya lugar a tener por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -en virtud a que como se desprende de la constancia que antecede, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, regístrese en el libro de gobierno con el número VII-135/2022-1. Del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que los actos reclamados en esta instancia se hacen consistir en: ".la omisión de aplicar las medidas y estrategias sanitarias, así como de contención para evitar el contagio del virus covid-19 en el regreso de clases de manera 100% presencial y obligatoria de los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al no proveer de espacios universitarios adecuados para evitar la propagación de dicho virus al contar con numerosos grupos de estudiantes por lo que las actividades en las aulas de la casa de estudios resultan de alto riesgo de contagio en plena cuarta ola de contagios, violentando de tal forma los derechos humanos y comprometiendo a su vez la salud y vida de los estudiantes.", Como se advierte del acto reclamado, la quejosa acude a esta instancia constitucional en calidad de alumna de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a efecto de reclamar la omisión de aplicar las medidas y estrategias sanitarias, así como de contención para evitar el contagio del virus COVID-19 en el regreso de clases de manera presencial y obligatoria de los alumnos de dicho universidad. El suscrito estima que la demanda de amparo, debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia, establecen en su orden lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. En efecto, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas les confiere atribuciones para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio Texto Constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que al tenor del artículo 3o. Constitucional rigen a la educación que imparte el Estado respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. Así, en la propia Constitución se precisa que la referida autonomía conlleva a que las respectivas universidades públicas estén facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En tal virtud, debe estimarse que la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente a que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo goce de independencia para determinar por sí sola, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Es decir, la capacidad de decisión que se confiere a la citada casa de estudios está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales le fue conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios que en la propia Norma Fundamental informan a la educación pública, de donde se sigue que la autonomía universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad en excepción del orden jurídico A todo lo anterior, resulta aplicable la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado." Por otro lado, debe tenerse presente que en aras de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autoridad universitaria, la Legislatura Local ha habilitado a determinado órgano de tal institución para que emita disposiciones administrativas de observancia general que regulen los términos y condiciones en que presta los servicios educativo. Así, en términos de los artículos 2, fracción II, de la ley orgánica de dicha Universidad, y 78 del Estatuto Universitario, establecen: "Artículo 2o. La Universidad gozará de autonomía, conforme a lo dispuesto en esta Ley, con atribuciones para (.) II. Aprobar el Estatuto y los Reglamentos Universitarios. "Artículo 78. Los requisitos para que los estudiantes se inscriban y permanezcan en la Universidad, así como sus derechos y obligaciones, serán establecidos con arreglo a las siguientes bases: I. Los aspirantes de nuevo ingreso deberán comprobar que su estado de salud y capacidad son compatibles con los estudios universitarios; II. Al inscribirse los alumnos se comprometerán a observar sus compromisos académicos y a honrar en todo a la institución; III. No se expedirá matrícula en disciplinas que requieran conocimientos, experiencias y habilidades que por motivos didácticos debe adquirir el alumno en curso o grados anteriores; IV. El reglamento respectivo señalará los casos en que debe negarse matrícula por falta de aplicación en los estudios y aquellos en que proceda cancelar la inscripción por abandono de las aulas; V. Los alumnos estarán facultades para hacer observaciones, de manera ordenada y respetuosa, sobre la falta de cumplimiento de los deberes que incumban a los profesores, a fin de que las autoridades universitarias adopten las medidas pertinentes; VI. Los alumnos que atenten contra los principios o el buen funcionamiento de la Universidad, serán sancionados conforme al Estatuto y los Reglamentos." De los numerales transcritos, se aprecia que una de las obligaciones de los alumnos para permanecer en la Universidad es comprobar que su estado de salud es compatible con los estudios universitarios, así como observar lo dispuesto en la ley, reglamentos y estatuto de dicha casa de estudios. Ello, con el propósito de observar el compromiso académico que tiene con la institución en razón de haberse inscrito a algún plan académico. Ahora, a la demanda se adjuntó copia cotejada de la credencial de alumno de la quejosa ya que se encuentra inscrita a un programa académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por lo cual, se estima que, al haber adquirido dicho compromiso académico, se hizo sabedor de las obligaciones que contrajo en su calidad de educando; entre ellas, el régimen de disposiciones administrativas que se implementen para asistir a clases presenciales y su implementación. Por tanto, es inconcuso que cuando el gobernado es considerado como alumno de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en términos de la normatividad aplicable ya mencionada, y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos que imparte la casa de estudios en cita, se obliga a las disposiciones administrativas de carácter general que emita la institución educativa, en ejercicio de su autonomía universitaria. Es decir, al tratarse de una cuestión del autogobierno para hacer efectivo el mandato constitucional de brindar educación, el quejoso se sometió expresamente a los lineamientos y condiciones bajo las cuales se impartirá tal servicio. De ahí que no exista entre la citada casa de estudios y el promovente una relación de supra a subordinación, ya que este último se sometió a las condiciones en que se brindaría dicho servicio al momento de expresar su voluntad de ser alumno de la institución. Todo lo anterior, pone en evidencia que el reclamo que ahora pretende el quejoso no corresponde a esta vía constitucional, ya que la relación entre éste y las autoridades responsables se rige por la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su reglamento y estatuto universitario; ello, pues lo que pretende es que se modifiquen las disposiciones administrativas bajo las cuales se brinda el servicio de educación pública, respecto de la cual la institución educativa goza de autonomía configurativa. Luego, es evidente que las omisiones reclamadas no revisten el carácter de actos de autoridad, toda vez que están encaminadas a cuestionar el interior de la vida universitaria, por lo cual no se ubican en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, pues las condiciones bajo las cuales se imparten clases y los mecanismos para hacer efectivos los planes de estudios, son cuestiones que derivan de una relación contractual entre el quejoso y las responsables. No escapa a la consideración de este juzgador que el acto combatido tenga que ver con cuestiones de salud e higiene derivadas del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y que de ahí pueda concluirse que se vulnera algún derecho fundamental de la quejosa. Empero, los aspectos relativos a la forma en que el sector público, privado y social deben adaptar su funcionamiento, horarios y las condiciones en que los asistentes deben continuar desarrollando sus actividades cotidianas, a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio del mencionado virus, incluyendo las medidas de resguardo domiciliario a través de clases semipresenciales o con uso de tecnologías de la información, enfocado en las personas consideradas como vulnerables, tienen una naturaleza ajena una relación de supra a subordinación. Lo anterior, en tanto que es claro que los acuerdos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria ubican a los sectores público, social y privado como destinatarios primigenios de esa normatividad y, el hecho de que les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. En efecto, el hecho de que las instituciones educativas tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias, -lo que sucede además con cualquier disposición educativa legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de supra-subordinación respecto de sus alumnos. La normatividad referida no los dotó de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Por las ideas que informan la ejecutoria de la que deriva, se estima aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.)8 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente" Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo estudiantil que aceptó la quejosa en el momento de su ingreso, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Por identidad jurídica sustancial, se estima aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 180/20059 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios". Tampoco se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10 determinó el alcance de la relación entre la universidad pública y sus alumnos frente al juicio de amparo, al sostener jurisprudencia que define que la determinación mediante la cual se desincorpora de la esfera jurídica los derechos que asistían a un alumno, constituye un acto de autoridad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, página 320, materia administrativa, Novena época, registro 187358, que dice lo siguiente: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado". Sin embargo, tal criterio no resulta aplicable en este caso, ya que las omisiones reclamadas no interfieren con los derechos que como alumno tiene el quejoso, aunado a que tampoco vulnera en forma directa su derecho a la salud. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al ser improcedente la demanda de amparo, no se hace pronunciamiento sobre la suspensión de plano solicitada por la quejosa. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Asimismo, se le tiene proporcionando únicamente como dato de contacto la cuenta de correo electrónico y número de teléfono móvil precisados en la constancia secretarial que antecede, no así para recibir notificaciones, a través de la cual en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional entablará comunicaciones no procesal, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente previa certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin que haya lugar a tener por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -en virtud a que como se desprende de la constancia que antecede, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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