Yolanda Bustamante Cuevas
Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yolanda Bustamante Cuevas
- Secretario de Educación Guerrero
- Yolanda Bustamante Cuevas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio firmado por la Directora de Registro y Control de Plazas dependiente de la Secretaría de Educación Guerrero, mediante el cual informa que remitió al Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Trasparencia de dicha Secretaría, la documentación que integra del juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional, circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales que procedentes; asimismo, se advierte que en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria el presente asunto y se ordenó el archivo definitivo del expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los actos reclamados. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Mariana Patricia Gómez Mora, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los actos reclamados. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Mariana Patricia Gómez Mora, que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 476/2021 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las nueve horas del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de su finado padre ****; estando en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con Jesús Humberto Muñoz Escoto, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se hace relación de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda las que remitieron las autoridades responsables, al rendir sus informes justificado de la demanda inicial y ampliación, mismas que fueron recibidas en autos, asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la quejosa, las remitidas por las autoridades responsables; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial presentado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito y hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público Federal adscrito formulando alegatos y a las demás partes por perdido tal derecho. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 476/2021, promovido por ****, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de su finado padre ****, contra actos del Secretario de Educación Guerrero y Directora General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitida el siguente día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, *****, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de su finado padre *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se indican: "III.- LA AUTORIDADES RESPONSABLES: (sic) Secretario de Educación Guerrero . Directora General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero.". IV.- ACTOS RECLAMADOS: La falta de dar contestación a mis escritos de fechas seis y siete de octubre del presente año 2021 de acuerdo al Derecho de petición del 8 Constitucional.." SEGUNDO. Admisión y trámite. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, la promovente del amparo amplió su demanda; por lo que, por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la misma, teniéndose como autoridades responsables a la Directora General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero y al Director General de Registro y Control de Plazas, dependiente de la Sub-Secretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero y señalando como actos reclamados la omisión de dar respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de *****. Se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad con residencia dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y de su ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama del Secretario de Educación Guerrero. I La omisión de dar contestación a sus escritos presentados el seis y siete de octubre de dos mil veintiuno. De la Directora General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero II La omisión de dar contestación a sus escritos presentados el seis y siete de octubre de dos mil veintiuno así como la omisión de dar respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de *****. Del Director General de Registro y Control de Plazas dependiente de la Sub-Secretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero. III. La omisión de dar respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de Ángel Bustamante Salgado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto que se transcribe: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. "El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Educación Guerrero, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el seis y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como a la diversa autoridad responsable Director General de Registro y Control de Plazas dependiente de la Sub-Secretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, consistente en la omisión de dar respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de ****ya que del informe justificado que rindieron negaron el acto que se les atribuye, y la parte quejosa omitió aportar elementos de convicción idóneos para demostrar su existencia. A efecto de verificar lo anterior, en principio debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de su petición. En ese tenor, cuando se reclama la violación al artículo 8° de la Carta Magna, corresponde a la parte quejosa demostrar fehacientemente la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, página 351, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." En el caso, la parte quejosa no ofreció prueba idónea, por lo que es válido concluir que no acreditó durante la tramitación del presente juicio, la existencia del escrito de petición presentado al Secretario de Educación Guerrero el seis y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como tampoco haber hecho petición alguna al Director General de Registro y Control de Plazas dependiente de la Sub-Secretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, consistente en dar respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de *****. De ahí que al no haberse exhibido constancia idónea de la existencia de la petición cuya omisión de respuesta se impugna en esta vía, no puede considerarse acreditado que en realidad ésta se presentó, por lo que las autoridades señaladas como responsables, aun cuando se trata de un acto omisivo, no se les puede obligar a emitir un acuerdo en contestación y acreditarlo en el presente juicio, a fin de demostrar que no se incurrió en la omisión que se les atribuye, de ahí que procede sobreseer en el juicio por inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo Tercera Parte CXXII, página 39, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Consecuentemente, al no haberse probado la existencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Directora General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero al rendir su informe justificado aceptó que la fecha de la presentación de la demanda no había emitido respuesta a los escritos de la quejosa; entonces, se tiene por cierta su existencia. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado." Pero respecto a la ampliación de la demanda negó que la respuesta que recayó a los escritos de fecha seis y siete de octubre de dos mil veintiuno y que le fueron presentados el siete de octubre del dos mil veintiuno, no hay dado respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de *****. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado relativas al acto reclamado; actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En ese sentido, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado; tal artículo prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como también, la Tesis I.16o.A.1 K sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a sus escritos de fecha seis y siete de octubre de dos mil veintiuno y que le fueron presentados el siete de octubre del dos mil veintiuno, asimismo que no dio respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de ****. De las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado y a la ampliación de la misma, se advierte que el tres de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 1.4.1/2022/0224 acordó lo siguiente: Por cuanto al estatus laboral de ****, en los archivos electrónicos y magnéticos que obran en el departamento de Selección y Contratación de Personal, dependiente de esta Dirección General de Administración de Personal, se encontró que causó baja, por defunción en la quincena 04 del año 2019. (28 de Febrero del 2019). Por lo que la clave presupuestal queda a disposición de la Secretaría de Educación, para cubrir las necesidades propias del Sector Educativo, además, no existe Ley o Reglamento, que señale que es propiedad del trabajador y menos que sea sujeta al caudal hereditario del finado. Por cuanto a la Clave Presupuestal: 1107 6613 00.0 E0351/200077, con categoría de Jefe de Enseñanza de Secundaria Foránea, que ostentó el finado, como se puede observar no representa horas, está clasificada con categoría Directiva de jornada laboral, esta clave fue resguardada y posteriormente dada de baja por regularización de plantilla, por la Dirección General de Registro y Control de Plazas, dependiente de la Sub-secretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con las atribuciones que le confiere el Articulo 44 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Guerrero. Por lo que respecta a su ampliación de demanda de que no dio respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de *****la autoridad señalada como responsable ya le había dado contestación al respecto en la que le respondió: "Por cuanto al estatus laboral de ****, en los archivos electrónicos y magnéticos que obran en el departamento de Selección y Contratación de Personal, dependiente de esta Dirección General de Administración de Personal, se encontró que causó baja, por defunción en la quincena 04 del año 2019. (28 de Febrero del 2019). Por lo que la clave presupuestal queda a disposición de la Secretaría de Educación, para cubrir las necesidades propias del Sector Educativo, además, no existe Ley o Reglamento, que señale que es propiedad del trabajador y menos que sea sujeta al caudal hereditario del finado.". De ahí que también cesó el acto reclamado de no dar respuesta sobre las causas de dar de baja la plaza de *****. Por tanto, la omisión que reclama la parte quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque ya acordó y notificó la respuesta a la parte quejosa; por ende, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Entonces, al ser evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en los autos del presente juicio. Conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO", existe un impedimento para examinar los conceptos de violación que formularon los impetrantes al decretarse el sobreseimiento en los autos del presente juicio de amparo. SEXTO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ****, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de su finado padre ****, contra los actos reclamados y las autoridades que fueron señaladas en el considerando SEGUNDO, de acuerdo a lo expuesto en los diversos considerandos TERCERO y QUINTO de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el licenciado Jesús Humberto Muñoz Escoto. Doy fe.
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