Yolanda Bernal Carmona
Expediente 377/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yolanda Bernal Carmona
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.
- Yolanda Bernal Carmona y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobresee fuera de audiencia ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes; empero, sí obran copias certificadas que devolver a la autoridad responsable. Por tanto, como se dijo, en autos del juicio principal existen copias certificadas (un tomo) exhibidas por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. En el entendido que el sello de recibido del oficio respectivo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, remitiendo para ello diversas copias fotostáticas certificadas relativa al juicio laboral *************. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Dichas constancias este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión de dictar el auto de ejecución y llevar a cabo el requerimiento de pago, solicitado a través del escrito de siete de agosto de dos mil diecinueve); por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en doce de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa reclamó en esencia lo siguiente: El hecho de no dictar las medidas legales conducentes para lograr el eficaz cumplimiento del laudo, traducido en la omisión de no acordar la promoción presentada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 543/2014. Lo cual resulta de lo contenido en la demanda de amparo, de su anexo y de las documentales que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de lo cual se advierte que la parte quejosa le presentó al Tribunal laboral responsable una promoción con cinco de diciembre de dos mil diecinueve, donde solicitó dictar auto de requerimiento de pago y fijar fecha y hora para ello, dentro del juicio laboral 543/2014. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta del Tribunal laboral, se advierte que el dos de julio de dos mil veintiuno, acordó la promoción que le fue presentada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve dentro del juicio laboral 543/2014, cuya omisión se dolía en esta vía constitucional la parte quejosa; asimismo, la responsable en el mismo auto dictó el auto de requerimiento de pago y embargo, señalando fecha y hora para ello, con los apercibimiento de ley, tal y como se advierte de las constancias que remite la responsable adjuntas a su informe justificado. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando la constancia que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, el quejoso reclama en esencia el hecho de no dictar las medidas legales conducentes para lograr el eficaz cumplimiento del laudo, traducido en la omisión de no acordar la promoción presentada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 543/2014, la cual ya fue acordada mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral de origen. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio del auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla en razón de que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar notificado para ello. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, remita copias fotostáticas certificadas de donde derivan los actos reclamados. Se apercibe a la Presidenta del tribunal laboral responsable, que en caso de no cumplir con el requerimiento antes indicado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 238 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la celebración de la referida audiencia constitucional se difiere para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero rinda su informe justificado. Lo anterior, en virtud de que fue notificado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, fecha en la cual se suspendieron labores por la contingencia del virus COVID-19. Sin embargo, por el momento no ha lugar a requerir a la responsable de referencia las constancias relativas, en virtud de que la misma no se encuentra laborando por causa de la pandemia que impera en estos momentos del virus SARS-COV2 (COVID-19); por tanto, una vez que reanude labores y le fenezca el plazo concedido para que rinda su informe justificado, y en caso de que sea omisa en rendir el mismo, se realizará el requerimiento respectivo. Por tanto, la referida audiencia constitucional se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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