Yobani Salgado Vargas
Expediente 796/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yobani Salgado Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Luis Ángel Robles Lucas, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 796/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido vía electrónica el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el veinticuatro de septiembre siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Yobani Salgado Vargas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1. Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal, con sede en Zihuatanejo, Guerrero y jurisdicción y competencia en los Distritos Judicial de Azueta y Montes de Oca. EJECUTORAS 2. Comandante de la Policía Investigadora Ministerial. 3. Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial. Residentes en Zihuatanejo, Guerrero ACTOS RECLAMADOS "1. La ilegal notificación del auto de fecha 23 de agosto del 2018 que ordena la citación personal del quejoso a la audiencia inicial de formulación de la imputación (.). 2. El auto de fecha 23 de agosto del 2018 que ordena la citación del quejoso a la audiencia inicial de formulación de la imputación (.)." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previa prevención formulada en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, misma que no fue desahogada, por diverso acuerdo de diez de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual quedo registrada bajo el número 796/2018, únicamente por lo que hace al acto reclamado marcado con el número 2; se solicitó de las autoridades responsable rindieran su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en tres ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Inexistencia de autoridad. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo como autoridad inexistente a la autoridad responsable denominada como Comandante de la Policía Investigadora Ministerial, suspendiéndose toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de una carpeta judicial que se tramita ante una autoridad judicial, cuya ejecución tendrá verificativo en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Yobani Salgado Vargas, reclama en esencia en esta instancia constitucional el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se ordenó su citación para el desahogo de la audiencia de formulación de la imputación, dentro la carpeta judicial C-51/2018 que se le instruye por el delito contra el ambiente en su modalidad de ocupación o invasión de área ambiental, en agravio de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, con residencia Zihuatanejo, Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido negativo del informe relacionado y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, el quejoso no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto que le reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por la citada autoridad responsable, no obstante el conocimiento oportuno que de aquel tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable antes mencionada y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia dentro de su adscripción, residente en Zihuatanejo, Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo dispuesto en los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo que además se corrobora, con las constancias derivadas de la indicada carpeta judicial que en copia certificada allegó la juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Estudio de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)." Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral sea de naturaleza jurídica o patrimonial siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de estos y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. En ese sentido, el acto reclamado en esta instancia constitucional, lo constituye el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, que cita al quejoso Yobani Salgado Vargas para el verificativo de la audiencia inicial en la cual el Ministerio Público habrá de formularle imputación, por lo cual, es dable evidenciar la naturaleza jurídica de tal proveído. Ahora bien, debe precisarse que la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de símil contenido al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal se comprende de tres etapas: La de investigación, que abarca las fases de: Investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente al auto que cita a la investigada para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulara imputación. La exégesis de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente en el caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Al respecto, el numeral 141, fracción I, del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que éstos no se le hubieren informado con antelación. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consiste en la citación a la audiencia inicial, constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es, que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues el trámite como la orden de citación, no han ocasionado alguna afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad o algún otro. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el acto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que a la investigada, aquí quejoso no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente de orden de comparecencia o de aprehensión, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así, no puede considerarse que la citación a la audiencia inicial, ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues ésta sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión en su contra, porque incluso, su libramiento, se trata de un acto futuro de realización incierta ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Por lo que ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al quejoso, ya que en todo caso será hasta que la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público determine librar la correspondiente orden de comparecencia o aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr que se le informe por conducto del Ministerio Público los hechos respecto de los cuales se sigue una investigación en su contra; y en su caso continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado, en otras palabras, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues esta seria, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de comparecencia o aprehensión. Por lo cual, considerar que el auto de citación del imputado a la audiencia inicial, transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que no puede ser así, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, décima época, diciembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De igual manera sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la décima época, localizable en el libro 47, octubre de 2017, tomo IV, materia común y penal, página 2601, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en comento, con base en la cual y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de normas, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis invocada a pie de página en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 796/2018, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído inmediato anterior, se tuvieron por recibidas las constancias que como complemento a su informe justificado, remitió la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia dentro de su adscripción, residente en Zihuatanejo, Guerrero, las cuales no fueron conocidas con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia dentro de su adscripción, residente en Zihuatanejo, Guerrero; en atención a su contenido, téngasele por desahogando el requerimiento formulado en proveído de veintidós de noviembre del presente año y por recibidas las constancias que en copia certificada remite como complemento a su informe justificado en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas por la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Asimismo, téngase por recibido el disco compacto que anexa, en el entendido que la reproducción de la información contenida en el mismo, será el día en que tendrá verificativo la audiencia constitucional.
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