Yhanko Zalazar Flores

Expediente 1198/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1198/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
18/07/2016

Partes del expediente

  • Yhanko Zalazar Flores
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En tal virtud, glósese a los autos el incidente de suspensión relativo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y la sentencia, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado el expediente 1226-3/2012, compuestas de un tomo enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, mediante oficio 179, de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, con el que rindió su informe justificado, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen Notifíquese.

  2. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA DEL ROSARIO FLORES MORALES,LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1198/2015. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Yhanko Zalazar Flores, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras. Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Residente en Chilpancingo, Guerrero. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar. Ejecutoras. Tercer Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "DE LA ORDENADORA. El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ, sin que dicho juicio se me haya notificado y no obstante de que no estar notificado se han dictado en dicho expediente sentencia y se me ha dejado de proporcionar alimentos y sin que el suscrito haya sido llamado a juicio esto es en forma ilegal las autoridades ordenadores han seguido un juicio del cual no he sido notificado, dictan acuerdos, mandan oficios, me dan vista y dictan sentencia, pero sin que hayan notificado al suscrito de que existe una demanda en mi contra, siendo esto ilegal y contrario a derecho violándose en mi garantía de audiencia y de debido proceso que la ley señala. DE LAS EJECUTORAS. La falta de notificación del expediente citado en líneas anteriores y la publicación de acuerdos, certificación de términos sin que el suscrito haya sido notificado para comparecer en juicio esto es las ejecutoras no me notifican y además certifican términos de vistas sin que yo esté notificado de juicio alguno" SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 1198/2015 y se formuló una prevención a la parte quejosa, la cual en escrito recibido el treinta de ese mes, pretendió desahogar en los siguientes términos: "1.- Por cuanto hace a que "... indique que acto en concreto le reclama la magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado ... " Por cuanto hace a esta autoridad señalada como ordenadora EL SUSCRITO EN ESTE ACTO NO LA SEÑALA COMO AUTORIDAD ORDENADORA POR LO TANTO NO DEBE SER LLAMADO A JUICO POR NO SER AUTORIDAD ORDENADORA NI EJECUTORA NI MUCHO MENOS AUTORIDAD QUE ME CAUSE ALGUNA VIOLACIÓN ... " (...) Efectivamente al presentar la demanda de garantías por equivocación se señaló como autoridades ejecutoras al tercer secretario de acuerdos y al actuario adscrito ambos al Juzgado Cuarto Familiar PERO ESTO FUE EN FORMA INDEBIDA YA QUE DEBE DE SER Y ASÍ SEÑALARSE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS SON LAS SIGUIENTES: EJECUTORAS. C. TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR. C. SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR... ". ACTOS RECLAMADOS. DE LA ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR SE RECLAMA: El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ. Sin que dicho juicio se me haya notificado la radicación del mismo y/o demanda alguna ya que no fui llamado a comparecer a deducir mis derechos a dicho juicio. Así como tampoco se me llamó a ofrecer y desahogar pruebas. Así como también en dicho juicio hasta donde me informaron YA SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA Pero como lo señala y es mi acto reclamado NO FUE LLAMADO A JUICO NI VENCIDO EN EL MISMO JUICIO YA CITADO, POR LO QUE EL JUICIO DE CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE SIGUIÓ A MIS ESPALDAS SIN QUE SE ME LLAMARA A COMPARECER, siendo esto ilegal y contrario a derecho violándose mi garantía de audiencia y de debido proceso que la ley señalada. En acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, no se tuvo a la parte quejosa desahogando en su totalidad lo prevenido en acuerdo de veintiséis de noviembre pasado, por lo cual se le requirió para que indicara con independencia de lo que considere ilegal si existe algún emplazamiento que se le haya efectuado en el juicio natural y especificara el lugar en donde se haya llevado a cabo. Desahogado el punto anterior, expresara si era su deseo señalar como acto reclamado el citado emplazamiento y como autoridad responsable al actuario adscrito al juzgado que lo practicó. En acato a lo anterior, mediante escrito recibido el ocho de diciembre del dos mil quince, señaló: "ACTOS RECLAMADOS DE LA ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR SE RECLAMA: El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ, lo anterior es así ya que dicho juicio se siguió en todas sus etapas es decir en dicho juico no fui llamado al mismo ni he sido oído en ese juico porque nunca fui notificado de la demanda ni del auto admisorio de pruebas ni de ninguna actuación dentro del mismo e inclusive sé que se ha dictado sentencia definitiva pero yo no fui llamado a juicio por lo que esto es ilegal por no habérseme respetado mi derecho a ser oído y vencido en juicio, así mismo señaló el ilegal emplazamiento realizado en virtud de que el suscrito jamás ha sido emplazado a juicio ni l/amado a comparecer al mismo por lo que señalo como acto reclamado además de lo anterior el ilegal emplazamiento realizado". En proveído de nueve de diciembre de dos mil quince, se tuvo por desahogada la prevención y se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Yhanko Zalazar Flores contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares y de otras autoridades; se solicitó de las responsables rindieran su informe justificado, se ordenó notificar el inicio de este juicio a la parte tercera interesada, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano la intervención legal correspondiente; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción 1, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción 11 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio familiar en el cual la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, atribuidos a autoridades con sede en la en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados el veintitrés de noviembre de dos mil quince -data en que adujo haber acudido las instalaciones de la fuente de trabajo de su señor padre a informarse sobre el motivo de la suspensión del pago de la pensión alimenticia-, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de noviembre a quince de diciembre de dos mil quince, de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintiséis de noviembre pasado debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta al último día del plazo de quince establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, descontándose los días treinta de noviembre, uno, cinco, seis, doce y trece de diciembre pasado, por haber sido inhábiles. TERCERO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, ello, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se obtiene que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1226-3/2012, relativo a la cesación de pensión alimenticia que promovió Alberto Zalazar Cruz en su contra y de María del Rosario Flores Morales, a partir del emplazamiento realizado el catorce de noviembre de dos mil trece, hasta la sentencia definitiva pronunciada el siete de octubre de dos mil quince, la cual fue declarada firme mediante proveído de doce de noviembre siguiente. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez, Tercer Secretario de Acuerdos y Secretario Actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, pues no obstante que al rendir su informe justificado la primera de las mencionadas autoridades, el cual hicieron suyo las restantes, negó la existencia del acto reclamado bajo el argumento de que se emplazó a juicio, sin que acudiera a éste a contestar la demanda, en realidad dicha negativa se encuentra encaminada a justificar la constitucionalidad del acto que se les reprocha. Certeza que se robustece de las constancias allegadas como justificación a su informe, consistentes en el original del juicio ordinario civil 1226-3/2012, relativo a la cesación de pensión alimenticia, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 Y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. QUINTO. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en relación con el acto reclamado al Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción 11, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra la Tercer Secretario de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicha funcionaria no tiene el carácter de autoridad, dado que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el Juez responsable, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal (artículos 52 y 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129) el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro del juicio de origen consistió únicamente en dar fe de los acuerdos emitidos por la Titular del Juzgado de su adscripción; de ahí que su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el Juzgador al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación; más aún cuando se advierte son el emplazamiento reclamado fue realizado por un funcionario diverso. En esa circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente por lo que respecta al acto atribuido a la Tercer Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1.20.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los articulas 64, fracción 111,79 Y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." SEXTO. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Para estar en aptitud de dilucidar si procede o no conceder la protección federal solicitada, es necesario tener en consideración que, de las constancias allegadas por las autoridades responsables a los presentes autos, cuyo valor probatorio quedó asentado en el considerando cuarto de esta resolución, se deriva lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil doce, Alberto Zalazar Cruz demandó en la vía ordinaria civil al quejoso la cesación de la pensión alimenticia; la cual en acuerdo de veintinueve de ese mes se registró bajo el número de expediente 1226-3/2012, en el que además se giraron diversos oficios a fin de lograr conocer el domicilio de la codemandada María del Rosario Flores Morales. 2. El once de octubre de dos mil trece, se admitió a trámite en la vía propuesta y se ordenó emplazar, entre otros, al quejoso. 3. El catorce de noviembre de dos mil trece, la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, llevó a cabo el emplazamiento del peticionario de amparo, según se advierte del acta respectiva. 4. Con fecha siete de octubre de dos mil quince se dictó sentencia definitiva en la cual se decretó la cesación de pensión alimenticia establecida por convenio aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada en el expediente 937/2001-1 y se ordenó, una vez que dicha resolución causara ejecutoria, se girara oficio a la fuente de trabajo del tercero interesado para que se dejara sin efectos el descuento por concepto de pensión alimenticia; en acuerdo de doce de noviembre de esa anualidad se declaró firme el citado fallo y se decretó el cumplimiento a lo antes referido. Ahora bien, el peticionario de amparo, en sus motivos de disenso aduce transgresión en su perjuicio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sin haber sido llamado a juicio a deducir sus derechos se le privó mediante sentencia de aquél que tiene a recibir alimentos. Además, porque el emplazamiento se hizo en esta ciudad, cuando él radica desde hace cinco años en la ciudad de Cancún, circunstancia que es sabida por el quejoso. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, así como los conceptos de violación, se cita el siguiente marco normativo. En los artículos 148 y 169 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar; así, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar; es decir, para lo que interesa en el presente asunto, conforme a lo establecido en el primero de los numerales transcritos, todo gobernado goza de la garantía de audiencia frente a la actuación del poder público, por virtud del cual, el particular tiene derecho a ser oído antes de la realización del acto de privación, a la vez que tiene un derecho genérico a la defensa, que se manifiesta comúnmente en la promoción de recursos y juicio ordinarios e inclusive del juicio de amparo; es decir, para que una autoridad cumpla con la garantía de audiencia que consagra el citado numeral, se requiere que previamente a cualquier acto de privación aquélla observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede, y que se traduce en la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. Mientras que el artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que nadie puede ser molestado en sus propiedades sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, siendo éste un requisito esencial para que el acto de autoridad cumpla con las formalidades que para tal efecto señala la ley, con la finalidad de que el gobernado esté en aptitud de enterarse de la causa legal del procedimiento. En concatenación con lo anterior, se cita el contenido de los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero: "Artículo 146.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones se harán en forma personal, por cédula, por edictos, por correo, por telégrafo y por cualesquier otro medio idóneo diverso a los anteriores y que estime conveniente el juzgado. " "Artículo 147.- Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia." "Artículo 151.- Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: La primera resolución que se dicte en el procedimiento; El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; IIl. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y VII. Los demás casos en que la ley lo disponga." "Artículo 153.- Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. " "Artículo 154.- Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. "Artículo 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. " "Artículo 162.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." En los citados preceptos, se encuentran las formalidades que deben acatarse al realizarse el emplazamiento de la parte demandada, así como las notificaciones personales; en el numeral 151 señala cuáles son las notificaciones que deben realizarse de manera personal, entre otras, el emplazamiento. En tanto que, el diverso numeral 153 establece precisamente los lineamientos que se deben seguir en tratándose de las notificaciones personales, pues al respecto refiere que las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello, y que en caso de que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, la cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y, f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Por su parte, el precepto 155 expresamente autoriza al fedatario notificador para que, si durante la diligencia del emplazamiento no encontrare el demandado, le haga la notificación por cédula, misma que podrá entregar a los parientes, empleados o domésticos del interesado, a quien también se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, así como copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. En este punto, es importante destacar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al domicilio como: "1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos. 3. Casa en que alguien habita o se hospeda". De esa manera, es dable concluir que el lugar en donde una persona de manera fija y permanente habita o se hospeda y da cumplimiento a las obligaciones adquiridas legalmente, debe considerarse como su domicilio y, por ende, las notificaciones, emplazamientos o llamamientos legales a que tenga lugar en contra de esta persona deben, por necesidad, efectuarse en ese lugar. Asimismo, se destaca que el precepto 162 establece que las notificaciones deben estar firmadas por quien la practique, así como aquélla a quien se hace y si éste último se niega a firmarla o no saber firmar, entonces el fedatario debe asentar esa circunstancia de forma eficaz. En estrecha relación con lo anterior, debe señalarse que una notificación forma parte de los llamados "medios de comunicación procesal", los cuales tienen como finalidad informar por vía oral o escrita, las determinaciones del órgano a las partes de un proceso, a los demás participantes en el mismo, a los terceros, o a otras autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Cuando la comunicación se establece entre la autoridad judicial y las partes en conflicto, los terceros o los demás participantes en el proceso, se está en presencia de las figuras de la notificación, el emplazamiento, la citación y el requerimiento. A través de la notificación se le hará saber una resolución judicial a la parte que, se considera, está interesada en el conocimiento de su contenido. Una notificación es un acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de las partes, de los demás participantes o de los terceros, una resolución o alguna otra actuación judicial; muchas de estas notificaciones, por su trascendencia, deben hacerse de manera personal y cumpliendo con diversas formalidades, entre las cuales se encuentra, la obligación de que el notificador se cerciore del domicilio y de la identidad de la persona que debe ser notificada, por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia. Sin embargo, en la práctica, existe la posibilidad de que la persona que recibe la notificación no desee o no sepa firmar el acta correspondiente; por lo que, a fin de evitar que el proceso se prolongue indefinidamente, el código procesal del estado de Guerrero faculta a la persona que practica la diligencia, a desarrollarla y validarla con su firma en el caso de que la persona con la que se entienda no quiera o no sepa hacerlo. El sustento jurídico de dicha atribución del funcionario judicial encargado de practicar la notificación se encuentra en el principio de la fe pública; mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta. Las relaciones jurídicas de una sociedad son sumamente complejas, por lo que ha sido necesario establecer un sistema a través del cual sean aceptados como ciertos algunos hechos y actos, a pesar de no haberse presenciado su realización. Este sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función de autentificar a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario. La fe pública no puede concebirse sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos con la cual se dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento en el cual consta el hecho. Lo que se busca asegurar con la medida prevista en el precepto en comento, es que aún ante la falta de firma por parte de la persona con quien se entendió la diligencia, pueda existir otro elemento de convicción que permita presuntivamente tener como cierto el hecho de que la notificación sí fue efectivamente entregada, y de ello es de lo cual se debe dar fe. Lo anterior permite concluir que es la fe del actuario o notificador la que da certeza a los actos en los que éste interviene, pues la firma de dicho funcionario judicial hace plenamente válida la diligencia salvo prueba en contrario, teniendo como única condición que cumpla con los requisitos legales establecidos para ello. De ahí que, el emplazamiento es una notificación personal trascendente, pues su fin es dar a conocer al demandado en un proceso, la existencia de una demanda incoada en su contra así como las prestaciones que se le reclaman, por lo que, la falta de alguna de las formalidades previstas en la ley respecto al desarrollo de esta diligencia podría colocar al enjuiciado en estado de indefensión al no estar en condiciones de hacer las manifestaciones que a su interés convenga, así como por no poder aportar las pruebas procedentes para su defensa, de ahí que el artículo 162 del código procesal de la materia hace especial énfasis en que la notificación debe ser firmada por las personas a quienes se hace, y que en caso contrario el servidor público que practique la diligencia, debe asentar si ello ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo hacerlo. Sobre esa base, se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, al no transgredirse en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ya que de la diligencia de emplazamiento de la Secretaria Actuaria responsable cumple con lo dispuesto por los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que en el caso se traduce en lo siguiente: 1. Si se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó guarda identidad con el señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, es decir, si se motivó suficientemente con los medios de convicción necesarios para lograr la identificación de la casa 7-8, ubicada en Villas San Martha, de la Calle Del Futbol en la Colonia Libertadores en esta ciudad. 2. Si se cercioró de que la persona buscada no se encontraba presente en dicho lugar, de la identidad de la persona con la que se entendió la diligencia, así como de la relación que guardan ambas, y la manera en cómo arribó al convencimiento de tales aspectos. 3. Si la cédula de notificación colmó los requisitos a que se refiere el artículo 153 del código adjetivo civil, es decir, si contiene el nombre y apellido del promovente, el tribunal que mandó practicar la diligencia, la determinación que se mande a notificar, individualizada por su fecha, negocio y expediente en que se dictó, la fecha y hora en que se dejó; nombre y apellido de la persona a quien se entrega, así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. 4. Si se hizo constar la entrega de copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y de los demás documentos adjuntos. 5. Si la notificación fue firmada por la persona con la que se entendió la diligencia o en su defecto, si se asentó la imposibilidad de aquélla para hacerlo. Así las cosas, por lo que corresponde al primero de los puntos destacados, se estima que la Secretaria Actuaria responsable sí detalló en forma exhaustiva la manera en cómo arribó al convencimiento de que se había constituido en el lugar señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, pues en la razón que levantó para ese fin, asentó expresamente que "cerciorada previamente de ser el domicilio que busco, ya que así me lo indican letreros sobre placas de metal a un costado de la calle que recorro con el nombre de la Calle y Colonia, también me lo indica un rotulo adherido en la parte superior de la entrada principal con el nombre de las citadas villa, así como la nomenclatura del inmueble del inmueble en el que me encuentro constituida; aunado al dicho de dos vecinos del lugar quienes no me proporcionaban sus nombres para evitar problemas con el demandado, mismos que al preguntarles por el buscado me señalan la casa de dos niveles, con paredes pintadas de color rosa, cochera con portón de herrería de color blanco y en los dos niveles ventanas y puertas de herrería color negra". Lo anterior adquiere credibilidad para tener por demostrado el extremo de que se trata, pues además de los signos exteriores del inmueble buscado y el dicho de quien le confirmó a la actuaría de que se encontraba en el domicilio correcto y que ahí vivía la persona buscada, se logró identificar plenamente a la persona con la que la fedataria entendió la diligencia de quien anotó su media filiación que permite dar veracidad a la identidad y relación de parentesco que guarda Itzel Guadalupe Salazar Gómez con Yhanko Zalazar Flores, máxime que tal circunstancia no se puso en duda. Sobre el particular, la fedataria asentó: "a mi llamado responde una persona del sexo femenino que sale del interior del inmueble y dice llamarse ITZEL GUADALUPE SALAZAR GÓMEZ quien dice ser prima de la persona buscada y me manifiesta que ambos viven aquí, pero que por el momento su primo no se encuentra y que regresara más tarde, por lo que le solicito que se identifique manifestándome que por el momento no cuenta con credencial oficial a la mano por tal motivo procedo a describirla con su media filiación: Tez morena clara, complexión delgada, cabello lacio, negro y corto a los hombros, cara ovalada, nariz afilada y pequeña, labios delgados, ojos de color café obscuro, altura aproximada de un metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura, y de veintidós años de edad aproximadamente". De ahí que la motivación de la actuaria debe estimarse como verosímil y suficiente para crear convicción de quien resuelve en esta instancia constitucional de que se logró establecer la ubicación del inmueble señalado en autos del juicio origen para lograr el emplazamiento de la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia XX. J/41, integrada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 282, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LOS ACTUARIOS, AL LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVA, DEBERAN ASENTAR LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO EL. Si bien es cierto que los preceptos reguladores del emplazamiento no señalan expresamente que el funcionario encargado de realizar ese acto procesal deba cerciorarse de la identidad de la persona o que realice investigaciones para determinar el domicilio de las personas, también lo es, que el correcto cumplimiento de esa obligación se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad de este tipo de diligencias, supuesto que el emplazamiento, por su naturaleza y trascendencia debe ser tomado en cuenta por la Justicia Federal, porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, por tanto, estos funcionarios tienen que expresar en el acta respectiva los medios que utilizaron para llegar a la convicción de tal circunstancia, toda vez que no basta asentar en el acta de la diligencia que quien lo atendió fue personalmente la quejosa, y que ésta manifestó que se encontraba en su domicilio particular, en razón de que esto no cumple íntegramente lo ordenado por el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas." En este punto, conviene señalar que la parte quejosa no logró demostrar su afirmación en el sentido de que en la época en la cual se practicó el emplazamiento que obra en el juicio natural radicaba en la ciudad de Cancún y no en esta localidad, pues no aportó prueba alguna de la pudiera inferirse esa posibilidad, lo cual pone de manifiesto lo infundado del motivo de disenso contenido en el inciso c) que antecede. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, que literalmente dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciarlo en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Por otro lado, en torno al segundo de los extremos anotados, debe decirse que la fedataria hizo constar el señalamiento de la persona con la cual entendió la diligencia y quien le informó que en ese momento no se encontraba la persona buscada, en los siguientes términos: "a mi llamado responde una persona del sexo femenino que sale del interior del inmueble y dice llamarse ITZEL GUADALUPE SALAZAR GÓMEZ quien dice ser prima de la persona buscada y me manifiesta que ambos viven aquí, pero que por el momento su primo no se encuentra y que regresara más tarde". Con lo anterior quedó de relieve la motivación en torno a la identidad de la persona con la cual se entendió la diligencia, así como de la relación que guarda con la persona buscada. Luego, basta imponerse del contenido de la cédula de notificación relativa, para advertir que colmó los requisitos referidos en el artículo 153 del código adjetivo civil, ya que contiene el nombre del promovente (Alberto Zalazar Cruz), el tribunal que mandó practicar la diligencia (Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares), la determinación que se mandó a notificar, individualizada por su fecha (once de octubre de dos mil trece), negocio (juicio ordinario civil relativo a la cesación de pensión alimenticia) y expediente en que se dictó (1226-3/2012),la fecha y hora en que se dejó (trece horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil trece); nombre y apellido de la persona a quien se entrega (Itzel Guadalupe Salazar Gómez), así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practicó la notificación (María Carolina Nava Ramírez, Secretaría Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares). Asimismo, se hizo constar la entrega previo al emplazamiento de la copia simple de la demanda y documentos anexos; además de hacérsele saber el término que tiene para producir la contestación a la demanda, en la inteligencia que de no hacerlo así se tendría por contestada en sentido afirmativo; de igual forma lo previno para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo, las subsecuentes se harían por estrados. Así también, se asentó que "la persona con quien entiendo a diligencia y me recibe la cédula de notificación original, copias simples de la demanda y documentos anexos", con lo cual dio por "concluida la presente diligencia firmando al calce para constancia legal, con excepción de la persona con quien se entendió /a diligencia por considerarlo innecesario". De lo anterior se obtiene que se dio cumplimiento a los específicos requisitos legales que son aplicables a la diligencia de emplazamiento controvertida, puesto que la fedataria asentó la razón por la cual la persona no quiso firmar la cédula de notificación. Sobre esto último, si bien es un requisito formal la firma de la persona con quien se entiende la notificación, el cual debe satisfacerse en el acta que se elabore de dicha diligencia a fin de generar certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas en la actuación, con la sola manifestación de la fedataria del por qué la persona notificada no quiso firmar, da fe de la ausencia de tal firma en el acta, con lo cual se colma con ello la formalidad mencionada. Apoya lo expuesto los siguientes criterios: La Jurisprudencia número 1a.lJ. 39/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 24 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATlCAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por si mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les práctica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo". Así como la diversa Jurisprudencia número XII.20. J/9, consultable en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Materia Civil, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del título y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL (LEGISLACIÓN DE SINALOA). De la redacción del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual textualmente dice: "Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hagan. Si éstas no quisieren o no supieren firmar, lo hará el secretario o quien haga sus veces, haciendo constar esa circunstancia."; se desprende con meridiana claridad que, en primer lugar, existe el imperativo de que las notificaciones que se realicen de conformidad con dicho ordenamiento legal, deben ser firmadas tanto por quienes las realicen como por aquel o aquellos a los que se les hacen; Y en segundo término, que si alguno de ellos no quisiere o no supiere firmar, entonces lo hará el fedatario público que practique la diligencia, haciendo constar esa circunstancia, para lo cual es suficiente que el funcionario que practique la notificación, asiente en el acta correspondiente, la causa, motivo o razón por la cual no fue firmada la misma por la persona con quien se entendió la diligencia correspondiente, pudiéndose emplear válidamente cualquier fórmula gramatical que para esa finalidad se utilice, con la única condición de que sea bastante y eficaz para que quien se imponga de la actuación relativa tenga pleno conocimiento de por qué no firmó el interesado; por ello, si en el caso concreto el actuario al finalizar la diligencia en el acta respectiva asienta: "... Que firman para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, por ante el suscrito actuario que da fe ...", se estima válidamente y sin mayor forzamiento que si en la constancia de llamamiento a juicio no aparece la firma de la persona con quien se entendió la diligencia, es porque éste no quiso firmar, pues no se puede entender de otra manera, cuando en forma expresa, se asienta, que firmaron para constancia los que intervinieron y quisieron hacerlo". En ese contexto, resulta procedente estimar que el referido llamamiento a juicio que a su vez motiva los diversos actos de que se duele el peticionario de amparo, no puede ser violatorio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, siendo en ese sentido infundados los argumentos que sostienen tal aserto; por ello, al gozar de fe pública el funcionario judicial que llevó a cabo la citada diligencia de emplazamiento, resulta indiscutible que cada uno de los datos que se encuentran asentados de manera circunstanciada el acta levantada el catorce de noviembre de dos mil trece, deben considerarse ciertos y con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 Y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser localizable en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia IV.20. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 1,Mayo de 1995, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto de las diligencias de citación y emplazamiento realizadas en el juicio laboral citado. Negativa que se hace extensiva respecto de los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en el juicio de origen y la sentencia de siete de octubre de dos mil quince, en razón que no fueron reclamados de forma autónoma, por vicios propios, sino con motivo del emplazamiento a la parte demandada, aquí quejosa, que se adujo de ilegal. Sin que se soslaye el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 711, de la Novena Época, con rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUEL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.121/2005)"; en virtud de que en el caso, la parte quejosa no expresó conceptos de violación respecto de la sentencia de siete de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio ordinario civil relativo a la cesación de pensión alimenticia con número de expediente 1226-3/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, y por tanto, la negativa de amparo debe hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en dicho procedimiento y la sentencia definitiva dictada en éste, en vía de consecuencia, en términos de lo sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, en la ejecutoria de la jurisprudencia en cita, del tenor siguiente: ". Sobre este aspecto, se destacaron dos supuestos que se pueden presentar cuando se combate el emplazamiento realizado en un juicio; a) Que se combata la omisión o el emplazamiento a juicio de manera principal y, derivado de éste sus efectos, comprendiendo entre ellos el laudo. b) En adición a los vicios al emplazamiento, se reclame de manera autónoma el laudo. En ambos casos se reclama el laudo, puesto que es el acto que rige la situación jurídica de las partes en el juicio laboral. Sin embargo, en el primero, la causa de pedir reside en la falta o ilegal emplazamiento, sin aducir vicios propios en relación con el laudo, solicitándose su invalidez en vía de consecuencia, por la ilegalidad atribuida al emplazamiento. Este supuesto no presenta mayor problemática, dado que la litis en el juicio de amparo se centra en discernir sobre el legal emplazamiento al quejoso; por consiguiente, con independencia del sentido del fallo, esto es, la declaratoria de inconstitucionalidad o la negativa del amparo, en todo caso, dicha determinación se hace extensiva, en vía de consecuencia, a los restantes actos. En el segundo supuesto, en adición a los vicios atribuidos al emplazamiento, el quejoso también aduce diversos conceptos de violación relativos al procedimiento y/o al laudo o sentencia. A diferencia de la anterior hipótesis, el sentido de fondo en el amparo tiene consecuencias divergentes. .". Asimismo, se invoca por las razones que la conforman, la tesis aislada X.A.T.75 L (9ª), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, página 4380, de la Décima Época, con rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, Y COMO CONSECUENCIA EL LAUDO RESPECTIVO, SI EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL NO SE ESTÁ EN EL SUPUESTO DE COMPETENCIA ESCALONADA, POR LO QUE LA NEGATIVA DEL AMPARO DEBE HACERSE EXTENSIVA AL LAUDO Y NO DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE. El Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL, emitió la jurisprudencia P./J. 70/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005)."; de la que se advierte que el estudio de la garantía de audiencia es preferente, en atención a la prelación del análisis de los conceptos de violación cuando se trata de estudios consecuenciales o escalonados, por lo que cuando en amparo indirecto se impugna la ilegalidad o ausencia del emplazamiento en un juicio laboral y, una vez que el Juez de Distrito ha decidido sobre su constitucionalidad con la correspondiente negativa del amparo por cuanto a dicho acto se refiere, sigue el examen del laudo reclamado por vicios propios y, considerando que se trata de una resolución respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno susceptible de modificarlo, entonces, el Juez deberá declararse incompetente y remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que califique esa determinación, en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la ejecutoria que originó la referida jurisprudencia, también se advierte que cuando el laudo respectivo se reclame en vía de consecuencia, no se está en el supuesto de competencia escalonada, donde al señalarse aquél como acto destacado pueda escindirse la demanda de garantías en relación con algunos actos y autoridades; en consecuencia, la legalidad establecida respecto del emplazamiento y, por consiguiente, la negativa de conceder la protección constitucional debe hacerse extensiva al laudo, pues en ese supuesto el quejoso pudo hacer valer los medios de defensa procedentes contra las resoluciones que le causaron perjuicio." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 75, 77, 79, 217, Y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1198/2015, promovido por Yhanko Zalazar Flores, en contra de la autoridad y acto que precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Yhanko Zalazar Flores, contra las autoridades y actos precisados en el considerado tercero, por los motivos expresados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA PARTE TERCERO INTERESADA...

  3. Principal

    SINTESIS. VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1198/2015. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Yhanko Zalazar Flores, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras. Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Residente en Chilpancingo, Guerrero. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar. Ejecutoras. Tercer Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "DE LA ORDENADORA. El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ, sin que dicho juicio se me haya notificado y no obstante de que no estar notificado se han dictado en dicho expediente sentencia y se me ha dejado de proporcionar alimentos y sin que el suscrito haya sido llamado a juicio esto es en forma ilegal las autoridades ordenadores han seguido un juicio del cual no he sido notificado, dictan acuerdos, mandan oficios, me dan vista y dictan sentencia, pero sin que hayan notificado al suscrito de que existe una demanda en mi contra, siendo esto ilegal y contrario a derecho violándose en mi garantía de audiencia y de debido proceso que la ley señala. DE LAS EJECUTORAS. La falta de notificación del expediente citado en líneas anteriores y la publicación de acuerdos, certificación de términos sin que el suscrito haya sido notificado para comparecer en juicio esto es las ejecutoras no me notifican y además certifican términos de vistas sin que yo esté notificado de juicio alguno" SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 1198/2015 y se formuló una prevención a la parte quejosa, la cual en escrito recibido el treinta de ese mes, pretendió desahogar en los siguientes términos: "1.- Por cuanto hace a que "... indique que acto en concreto le reclama la magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado ... " Por cuanto hace a esta autoridad señalada como ordenadora EL SUSCRITO EN ESTE ACTO NO LA SEÑALA COMO AUTORIDAD ORDENADORA POR LO TANTO NO DEBE SER LLAMADO A JUICO POR NO SER AUTORIDAD ORDENADORA NI EJECUTORA NI MUCHO MENOS AUTORIDAD QUE ME CAUSE ALGUNA VIOLACIÓN ... " (...) Efectivamente al presentar la demanda de garantías por equivocación se señaló como autoridades ejecutoras al tercer secretario de acuerdos y al actuario adscrito ambos al Juzgado Cuarto Familiar PERO ESTO FUE EN FORMA INDEBIDA YA QUE DEBE DE SER Y ASÍ SEÑALARSE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS SON LAS SIGUIENTES: EJECUTORAS. C. TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR. C. SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR... ". ACTOS RECLAMADOS. DE LA ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR SE RECLAMA: El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ. Sin que dicho juicio se me haya notificado la radicación del mismo y/o demanda alguna ya que no fui llamado a comparecer a deducir mis derechos a dicho juicio. Así como tampoco se me llamó a ofrecer y desahogar pruebas. Así como también en dicho juicio hasta donde me informaron YA SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA Pero como lo señala y es mi acto reclamado NO FUE LLAMADO A JUICO NI VENCIDO EN EL MISMO JUICIO YA CITADO, POR LO QUE EL JUICIO DE CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE SIGUIÓ A MIS ESPALDAS SIN QUE SE ME LLAMARA A COMPARECER, siendo esto ilegal y contrario a derecho violándose mi garantía de audiencia y de debido proceso que la ley señalada. En acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, no se tuvo a la parte quejosa desahogando en su totalidad lo prevenido en acuerdo de veintiséis de noviembre pasado, por lo cual se le requirió para que indicara con independencia de lo que considere ilegal si existe algún emplazamiento que se le haya efectuado en el juicio natural y especificara el lugar en donde se haya llevado a cabo. Desahogado el punto anterior, expresara si era su deseo señalar como acto reclamado el citado emplazamiento y como autoridad responsable al actuario adscrito al juzgado que lo practicó. En acato a lo anterior, mediante escrito recibido el ocho de diciembre del dos mil quince, señaló: "ACTOS RECLAMADOS DE LA ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR SE RECLAMA: El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ, lo anterior es así ya que dicho juicio se siguió en todas sus etapas es decir en dicho juico no fui llamado al mismo ni he sido oído en ese juico porque nunca fui notificado de la demanda ni del auto admisorio de pruebas ni de ninguna actuación dentro del mismo e inclusive sé que se ha dictado sentencia definitiva pero yo no fui llamado a juicio por lo que esto es ilegal por no habérseme respetado mi derecho a ser oído y vencido en juicio, así mismo señaló el ilegal emplazamiento realizado en virtud de que el suscrito jamás ha sido emplazado a juicio ni l/amado a comparecer al mismo por lo que señalo como acto reclamado además de lo anterior el ilegal emplazamiento realizado". En proveído de nueve de diciembre de dos mil quince, se tuvo por desahogada la prevención y se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Yhanko Zalazar Flores contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares y de otras autoridades; se solicitó de las responsables rindieran su informe justificado, se ordenó notificar el inicio de este juicio a la parte tercera interesada, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano la intervención legal correspondiente; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción 1, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción 11 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio familiar en el cual la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, atribuidos a autoridades con sede en la en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados el veintitrés de noviembre de dos mil quince -data en que adujo haber acudido las instalaciones de la fuente de trabajo de su señor padre a informarse sobre el motivo de la suspensión del pago de la pensión alimenticia-, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de noviembre a quince de diciembre de dos mil quince, de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintiséis de noviembre pasado debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta al último día del plazo de quince establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, descontándose los días treinta de noviembre, uno, cinco, seis, doce y trece de diciembre pasado, por haber sido inhábiles. TERCERO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, ello, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se obtiene que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1226-3/2012, relativo a la cesación de pensión alimenticia que promovió Alberto Zalazar Cruz en su contra y de María del Rosario Flores Morales, a partir del emplazamiento realizado el catorce de noviembre de dos mil trece, hasta la sentencia definitiva pronunciada el siete de octubre de dos mil quince, la cual fue declarada firme mediante proveído de doce de noviembre siguiente. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez, Tercer Secretario de Acuerdos y Secretario Actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, pues no obstante que al rendir su informe justificado la primera de las mencionadas autoridades, el cual hicieron suyo las restantes, negó la existencia del acto reclamado bajo el argumento de que se emplazó a juicio, sin que acudiera a éste a contestar la demanda, en realidad dicha negativa se encuentra encaminada a justificar la constitucionalidad del acto que se les reprocha. Certeza que se robustece de las constancias allegadas como justificación a su informe, consistentes en el original del juicio ordinario civil 1226-3/2012, relativo a la cesación de pensión alimenticia, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 Y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. QUINTO. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en relación con el acto reclamado al Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción 11, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra la Tercer Secretario de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicha funcionaria no tiene el carácter de autoridad, dado que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el Juez responsable, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal (artículos 52 y 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129) el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro del juicio de origen consistió únicamente en dar fe de los acuerdos emitidos por la Titular del Juzgado de su adscripción; de ahí que su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el Juzgador al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación; más aún cuando se advierte son el emplazamiento reclamado fue realizado por un funcionario diverso. En esa circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente por lo que respecta al acto atribuido a la Tercer Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1.20.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los articulas 64, fracción 111,79 Y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." SEXTO. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Para estar en aptitud de dilucidar si procede o no conceder la protección federal solicitada, es necesario tener en consideración que, de las constancias allegadas por las autoridades responsables a los presentes autos, cuyo valor probatorio quedó asentado en el considerando cuarto de esta resolución, se deriva lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil doce, Alberto Zalazar Cruz demandó en la vía ordinaria civil al quejoso la cesación de la pensión alimenticia; la cual en acuerdo de veintinueve de ese mes se registró bajo el número de expediente 1226-3/2012, en el que además se giraron diversos oficios a fin de lograr conocer el domicilio de la codemandada María del Rosario Flores Morales. 2. El once de octubre de dos mil trece, se admitió a trámite en la vía propuesta y se ordenó emplazar, entre otros, al quejoso. 3. El catorce de noviembre de dos mil trece, la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, llevó a cabo el emplazamiento del peticionario de amparo, según se advierte del acta respectiva. 4. Con fecha siete de octubre de dos mil quince se dictó sentencia definitiva en la cual se decretó la cesación de pensión alimenticia establecida por convenio aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada en el expediente 937/2001-1 y se ordenó, una vez que dicha resolución causara ejecutoria, se girara oficio a la fuente de trabajo del tercero interesado para que se dejara sin efectos el descuento por concepto de pensión alimenticia; en acuerdo de doce de noviembre de esa anualidad se declaró firme el citado fallo y se decretó el cumplimiento a lo antes referido. Ahora bien, el peticionario de amparo, en sus motivos de disenso aduce transgresión en su perjuicio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sin haber sido llamado a juicio a deducir sus derechos se le privó mediante sentencia de aquél que tiene a recibir alimentos. Además, porque el emplazamiento se hizo en esta ciudad, cuando él radica desde hace cinco años en la ciudad de Cancún, circunstancia que es sabida por el quejoso. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, así como los conceptos de violación, se cita el siguiente marco normativo. En los artículos 148 y 169 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar; así, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar; es decir, para lo que interesa en el presente asunto, conforme a lo establecido en el primero de los numerales transcritos, todo gobernado goza de la garantía de audiencia frente a la actuación del poder público, por virtud del cual, el particular tiene derecho a ser oído antes de la realización del acto de privación, a la vez que tiene un derecho genérico a la defensa, que se manifiesta comúnmente en la promoción de recursos y juicio ordinarios e inclusive del juicio de amparo; es decir, para que una autoridad cumpla con la garantía de audiencia que consagra el citado numeral, se requiere que previamente a cualquier acto de privación aquélla observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede, y que se traduce en la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. Mientras que el artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que nadie puede ser molestado en sus propiedades sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, siendo éste un requisito esencial para que el acto de autoridad cumpla con las formalidades que para tal efecto señala la ley, con la finalidad de que el gobernado esté en aptitud de enterarse de la causa legal del procedimiento. En concatenación con lo anterior, se cita el contenido de los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero: "Artículo 146.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones se harán en forma personal, por cédula, por edictos, por correo, por telégrafo y por cualesquier otro medio idóneo diverso a los anteriores y que estime conveniente el juzgado. " "Artículo 147.- Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia." "Artículo 151.- Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: La primera resolución que se dicte en el procedimiento; El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; IIl. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y VII. Los demás casos en que la ley lo disponga." "Artículo 153.- Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. " "Artículo 154.- Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. "Artículo 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. " "Artículo 162.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." En los citados preceptos, se encuentran las formalidades que deben acatarse al realizarse el emplazamiento de la parte demandada, así como las notificaciones personales; en el numeral 151 señala cuáles son las notificaciones que deben realizarse de manera personal, entre otras, el emplazamiento. En tanto que, el diverso numeral 153 establece precisamente los lineamientos que se deben seguir en tratándose de las notificaciones personales, pues al respecto refiere que las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello, y que en caso de que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, la cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y, f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Por su parte, el precepto 155 expresamente autoriza al fedatario notificador para que, si durante la diligencia del emplazamiento no encontrare el demandado, le haga la notificación por cédula, misma que podrá entregar a los parientes, empleados o domésticos del interesado, a quien también se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, así como copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. En este punto, es importante destacar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al domicilio como: "1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos. 3. Casa en que alguien habita o se hospeda". De esa manera, es dable concluir que el lugar en donde una persona de manera fija y permanente habita o se hospeda y da cumplimiento a las obligaciones adquiridas legalmente, debe considerarse como su domicilio y, por ende, las notificaciones, emplazamientos o llamamientos legales a que tenga lugar en contra de esta persona deben, por necesidad, efectuarse en ese lugar. Asimismo, se destaca que el precepto 162 establece que las notificaciones deben estar firmadas por quien la practique, así como aquélla a quien se hace y si éste último se niega a firmarla o no saber firmar, entonces el fedatario debe asentar esa circunstancia de forma eficaz. En estrecha relación con lo anterior, debe señalarse que una notificación forma parte de los llamados "medios de comunicación procesal", los cuales tienen como finalidad informar por vía oral o escrita, las determinaciones del órgano a las partes de un proceso, a los demás participantes en el mismo, a los terceros, o a otras autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Cuando la comunicación se establece entre la autoridad judicial y las partes en conflicto, los terceros o los demás participantes en el proceso, se está en presencia de las figuras de la notificación, el emplazamiento, la citación y el requerimiento. A través de la notificación se le hará saber una resolución judicial a la parte que, se considera, está interesada en el conocimiento de su contenido. Una notificación es un acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de las partes, de los demás participantes o de los terceros, una resolución o alguna otra actuación judicial; muchas de estas notificaciones, por su trascendencia, deben hacerse de manera personal y cumpliendo con diversas formalidades, entre las cuales se encuentra, la obligación de que el notificador se cerciore del domicilio y de la identidad de la persona que debe ser notificada, por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia. Sin embargo, en la práctica, existe la posibilidad de que la persona que recibe la notificación no desee o no sepa firmar el acta correspondiente; por lo que, a fin de evitar que el proceso se prolongue indefinidamente, el código procesal del estado de Guerrero faculta a la persona que practica la diligencia, a desarrollarla y validarla con su firma en el caso de que la persona con la que se entienda no quiera o no sepa hacerlo. El sustento jurídico de dicha atribución del funcionario judicial encargado de practicar la notificación se encuentra en el principio de la fe pública; mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta. Las relaciones jurídicas de una sociedad son sumamente complejas, por lo que ha sido necesario establecer un sistema a través del cual sean aceptados como ciertos algunos hechos y actos, a pesar de no haberse presenciado su realización. Este sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función de autentificar a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario. La fe pública no puede concebirse sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos con la cual se dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento en el cual consta el hecho. Lo que se busca asegurar con la medida prevista en el precepto en comento, es que aún ante la falta de firma por parte de la persona con quien se entendió la diligencia, pueda existir otro elemento de convicción que permita presuntivamente tener como cierto el hecho de que la notificación sí fue efectivamente entregada, y de ello es de lo cual se debe dar fe. Lo anterior permite concluir que es la fe del actuario o notificador la que da certeza a los actos en los que éste interviene, pues la firma de dicho funcionario judicial hace plenamente válida la diligencia salvo prueba en contrario, teniendo como única condición que cumpla con los requisitos legales establecidos para ello. De ahí que, el emplazamiento es una notificación personal trascendente, pues su fin es dar a conocer al demandado en un proceso, la existencia de una demanda incoada en su contra así como las prestaciones que se le reclaman, por lo que, la falta de alguna de las formalidades previstas en la ley respecto al desarrollo de esta diligencia podría colocar al enjuiciado en estado de indefensión al no estar en condiciones de hacer las manifestaciones que a su interés convenga, así como por no poder aportar las pruebas procedentes para su defensa, de ahí que el artículo 162 del código procesal de la materia hace especial énfasis en que la notificación debe ser firmada por las personas a quienes se hace, y que en caso contrario el servidor público que practique la diligencia, debe asentar si ello ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo hacerlo. Sobre esa base, se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, al no transgredirse en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ya que de la diligencia de emplazamiento de la Secretaria Actuaria responsable cumple con lo dispuesto por los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que en el caso se traduce en lo siguiente: 1. Si se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó guarda identidad con el señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, es decir, si se motivó suficientemente con los medios de convicción necesarios para lograr la identificación de la casa 7-8, ubicada en Villas San Martha, de la Calle Del Futbol en la Colonia Libertadores en esta ciudad. 2. Si se cercioró de que la persona buscada no se encontraba presente en dicho lugar, de la identidad de la persona con la que se entendió la diligencia, así como de la relación que guardan ambas, y la manera en cómo arribó al convencimiento de tales aspectos. 3. Si la cédula de notificación colmó los requisitos a que se refiere el artículo 153 del código adjetivo civil, es decir, si contiene el nombre y apellido del promovente, el tribunal que mandó practicar la diligencia, la determinación que se mande a notificar, individualizada por su fecha, negocio y expediente en que se dictó, la fecha y hora en que se dejó; nombre y apellido de la persona a quien se entrega, así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. 4. Si se hizo constar la entrega de copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y de los demás documentos adjuntos. 5. Si la notificación fue firmada por la persona con la que se entendió la diligencia o en su defecto, si se asentó la imposibilidad de aquélla para hacerlo. Así las cosas, por lo que corresponde al primero de los puntos destacados, se estima que la Secretaria Actuaria responsable sí detalló en forma exhaustiva la manera en cómo arribó al convencimiento de que se había constituido en el lugar señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, pues en la razón que levantó para ese fin, asentó expresamente que "cerciorada previamente de ser el domicilio que busco, ya que así me lo indican letreros sobre placas de metal a un costado de la calle que recorro con el nombre de la Calle y Colonia, también me lo indica un rotulo adherido en la parte superior de la entrada principal con el nombre de las citadas villa, así como la nomenclatura del inmueble del inmueble en el que me encuentro constituida; aunado al dicho de dos vecinos del lugar quienes no me proporcionaban sus nombres para evitar problemas con el demandado, mismos que al preguntarles por el buscado me señalan la casa de dos niveles, con paredes pintadas de color rosa, cochera con portón de herrería de color blanco y en los dos niveles ventanas y puertas de herrería color negra". Lo anterior adquiere credibilidad para tener por demostrado el extremo de que se trata, pues además de los signos exteriores del inmueble buscado y el dicho de quien le confirmó a la actuaría de que se encontraba en el domicilio correcto y que ahí vivía la persona buscada, se logró identificar plenamente a la persona con la que la fedataria entendió la diligencia de quien anotó su media filiación que permite dar veracidad a la identidad y relación de parentesco que guarda Itzel Guadalupe Salazar Gómez con Yhanko Zalazar Flores, máxime que tal circunstancia no se puso en duda. Sobre el particular, la fedataria asentó: "a mi llamado responde una persona del sexo femenino que sale del interior del inmueble y dice llamarse ITZEL GUADALUPE SALAZAR GÓMEZ quien dice ser prima de la persona buscada y me manifiesta que ambos viven aquí, pero que por el momento su primo no se encuentra y que regresara más tarde, por lo que le solicito que se identifique manifestándome que por el momento no cuenta con credencial oficial a la mano por tal motivo procedo a describirla con su media filiación: Tez morena clara, complexión delgada, cabello lacio, negro y corto a los hombros, cara ovalada, nariz afilada y pequeña, labios delgados, ojos de color café obscuro, altura aproximada de un metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura, y de veintidós años de edad aproximadamente". De ahí que la motivación de la actuaria debe estimarse como verosímil y suficiente para crear convicción de quien resuelve en esta instancia constitucional de que se logró establecer la ubicación del inmueble señalado en autos del juicio origen para lograr el emplazamiento de la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia XX. J/41, integrada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 282, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LOS ACTUARIOS, AL LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVA, DEBERAN ASENTAR LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO EL. Si bien es cierto que los preceptos reguladores del emplazamiento no señalan expresamente que el funcionario encargado de realizar ese acto procesal deba cerciorarse de la identidad de la persona o que realice investigaciones para determinar el domicilio de las personas, también lo es, que el correcto cumplimiento de esa obligación se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad de este tipo de diligencias, supuesto que el emplazamiento, por su naturaleza y trascendencia debe ser tomado en cuenta por la Justicia Federal, porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, por tanto, estos funcionarios tienen que expresar en el acta respectiva los medios que utilizaron para llegar a la convicción de tal circunstancia, toda vez que no basta asentar en el acta de la diligencia que quien lo atendió fue personalmente la quejosa, y que ésta manifestó que se encontraba en su domicilio particular, en razón de que esto no cumple íntegramente lo ordenado por el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas." En este punto, conviene señalar que la parte quejosa no logró demostrar su afirmación en el sentido de que en la época en la cual se practicó el emplazamiento que obra en el juicio natural radicaba en la ciudad de Cancún y no en esta localidad, pues no aportó prueba alguna de la pudiera inferirse esa posibilidad, lo cual pone de manifiesto lo infundado del motivo de disenso contenido en el inciso c) que antecede. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, que literalmente dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciarlo en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Por otro lado, en torno al segundo de los extremos anotados, debe decirse que la fedataria hizo constar el señalamiento de la persona con la cual entendió la diligencia y quien le informó que en ese momento no se encontraba la persona buscada, en los siguientes términos: "a mi llamado responde una persona del sexo femenino que sale del interior del inmueble y dice llamarse ITZEL GUADALUPE SALAZAR GÓMEZ quien dice ser prima de la persona buscada y me manifiesta que ambos viven aquí, pero que por el momento su primo no se encuentra y que regresara más tarde". Con lo anterior quedó de relieve la motivación en torno a la identidad de la persona con la cual se entendió la diligencia, así como de la relación que guarda con la persona buscada. Luego, basta imponerse del contenido de la cédula de notificación relativa, para advertir que colmó los requisitos referidos en el artículo 153 del código adjetivo civil, ya que contiene el nombre del promovente (Alberto Zalazar Cruz), el tribunal que mandó practicar la diligencia (Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares), la determinación que se mandó a notificar, individualizada por su fecha (once de octubre de dos mil trece), negocio (juicio ordinario civil relativo a la cesación de pensión alimenticia) y expediente en que se dictó (1226-3/2012),la fecha y hora en que se dejó (trece horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil trece); nombre y apellido de la persona a quien se entrega (Itzel Guadalupe Salazar Gómez), así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practicó la notificación (María Carolina Nava Ramírez, Secretaría Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares). Asimismo, se hizo constar la entrega previo al emplazamiento de la copia simple de la demanda y documentos anexos; además de hacérsele saber el término que tiene para producir la contestación a la demanda, en la inteligencia que de no hacerlo así se tendría por contestada en sentido afirmativo; de igual forma lo previno para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo, las subsecuentes se harían por estrados. Así también, se asentó que "la persona con quien entiendo a diligencia y me recibe la cédula de notificación original, copias simples de la demanda y documentos anexos", con lo cual dio por "concluida la presente diligencia firmando al calce para constancia legal, con excepción de la persona con quien se entendió /a diligencia por considerarlo innecesario". De lo anterior se obtiene que se dio cumplimiento a los específicos requisitos legales que son aplicables a la diligencia de emplazamiento controvertida, puesto que la fedataria asentó la razón por la cual la persona no quiso firmar la cédula de notificación. Sobre esto último, si bien es un requisito formal la firma de la persona con quien se entiende la notificación, el cual debe satisfacerse en el acta que se elabore de dicha diligencia a fin de generar certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas en la actuación, con la sola manifestación de la fedataria del por qué la persona notificada no quiso firmar, da fe de la ausencia de tal firma en el acta, con lo cual se colma con ello la formalidad mencionada. Apoya lo expuesto los siguientes criterios: La Jurisprudencia número 1a.lJ. 39/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 24 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATlCAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por si mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les práctica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo". Así como la diversa Jurisprudencia número XII.20. J/9, consultable en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Materia Civil, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del título y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL (LEGISLACIÓN DE SINALOA). De la redacción del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual textualmente dice: "Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hagan. Si éstas no quisieren o no supieren firmar, lo hará el secretario o quien haga sus veces, haciendo constar esa circunstancia."; se desprende con meridiana claridad que, en primer lugar, existe el imperativo de que las notificaciones que se realicen de conformidad con dicho ordenamiento legal, deben ser firmadas tanto por quienes las realicen como por aquel o aquellos a los que se les hacen; Y en segundo término, que si alguno de ellos no quisiere o no supiere firmar, entonces lo hará el fedatario público que practique la diligencia, haciendo constar esa circunstancia, para lo cual es suficiente que el funcionario que practique la notificación, asiente en el acta correspondiente, la causa, motivo o razón por la cual no fue firmada la misma por la persona con quien se entendió la diligencia correspondiente, pudiéndose emplear válidamente cualquier fórmula gramatical que para esa finalidad se utilice, con la única condición de que sea bastante y eficaz para que quien se imponga de la actuación relativa tenga pleno conocimiento de por qué no firmó el interesado; por ello, si en el caso concreto el actuario al finalizar la diligencia en el acta respectiva asienta: "... Que firman para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, por ante el suscrito actuario que da fe ...", se estima válidamente y sin mayor forzamiento que si en la constancia de llamamiento a juicio no aparece la firma de la persona con quien se entendió la diligencia, es porque éste no quiso firmar, pues no se puede entender de otra manera, cuando en forma expresa, se asienta, que firmaron para constancia los que intervinieron y quisieron hacerlo". En ese contexto, resulta procedente estimar que el referido llamamiento a juicio que a su vez motiva los diversos actos de que se duele el peticionario de amparo, no puede ser violatorio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, siendo en ese sentido infundados los argumentos que sostienen tal aserto; por ello, al gozar de fe pública el funcionario judicial que llevó a cabo la citada diligencia de emplazamiento, resulta indiscutible que cada uno de los datos que se encuentran asentados de manera circunstanciada el acta levantada el catorce de noviembre de dos mil trece, deben considerarse ciertos y con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 Y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser localizable en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia IV.20. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 1,Mayo de 1995, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto de las diligencias de citación y emplazamiento realizadas en el juicio laboral citado. Negativa que se hace extensiva respecto de los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en el juicio de origen y la sentencia de siete de octubre de dos mil quince, en razón que no fueron reclamados de forma autónoma, por vicios propios, sino con motivo del emplazamiento a la parte demandada, aquí quejosa, que se adujo de ilegal. Sin que se soslaye el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 711, de la Novena Época, con rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUEL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.121/2005)"; en virtud de que en el caso, la parte quejosa no expresó conceptos de violación respecto de la sentencia de siete de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio ordinario civil relativo a la cesación de pensión alimenticia con número de expediente 1226-3/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, y por tanto, la negativa de amparo debe hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en dicho procedimiento y la sentencia definitiva dictada en éste, en vía de consecuencia, en términos de lo sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, en la ejecutoria de la jurisprudencia en cita, del tenor siguiente: ". Sobre este aspecto, se destacaron dos supuestos que se pueden presentar cuando se combate el emplazamiento realizado en un juicio; a) Que se combata la omisión o el emplazamiento a juicio de manera principal y, derivado de éste sus efectos, comprendiendo entre ellos el laudo. b) En adición a los vicios al emplazamiento, se reclame de manera autónoma el laudo. En ambos casos se reclama el laudo, puesto que es el acto que rige la situación jurídica de las partes en el juicio laboral. Sin embargo, en el primero, la causa de pedir reside en la falta o ilegal emplazamiento, sin aducir vicios propios en relación con el laudo, solicitándose su invalidez en vía de consecuencia, por la ilegalidad atribuida al emplazamiento. Este supuesto no presenta mayor problemática, dado que la litis en el juicio de amparo se centra en discernir sobre el legal emplazamiento al quejoso; por consiguiente, con independencia del sentido del fallo, esto es, la declaratoria de inconstitucionalidad o la negativa del amparo, en todo caso, dicha determinación se hace extensiva, en vía de consecuencia, a los restantes actos. En el segundo supuesto, en adición a los vicios atribuidos al emplazamiento, el quejoso también aduce diversos conceptos de violación relativos al procedimiento y/o al laudo o sentencia. A diferencia de la anterior hipótesis, el sentido de fondo en el amparo tiene consecuencias divergentes. .". Asimismo, se invoca por las razones que la conforman, la tesis aislada X.A.T.75 L (9ª), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, página 4380, de la Décima Época, con rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, Y COMO CONSECUENCIA EL LAUDO RESPECTIVO, SI EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL NO SE ESTÁ EN EL SUPUESTO DE COMPETENCIA ESCALONADA, POR LO QUE LA NEGATIVA DEL AMPARO DEBE HACERSE EXTENSIVA AL LAUDO Y NO DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE. El Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL, emitió la jurisprudencia P./J. 70/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005)."; de la que se advierte que el estudio de la garantía de audiencia es preferente, en atención a la prelación del análisis de los conceptos de violación cuando se trata de estudios consecuenciales o escalonados, por lo que cuando en amparo indirecto se impugna la ilegalidad o ausencia del emplazamiento en un juicio laboral y, una vez que el Juez de Distrito ha decidido sobre su constitucionalidad con la correspondiente negativa del amparo por cuanto a dicho acto se refiere, sigue el examen del laudo reclamado por vicios propios y, considerando que se trata de una resolución respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno susceptible de modificarlo, entonces, el Juez deberá declararse incompetente y remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que califique esa determinación, en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la ejecutoria que originó la referida jurisprudencia, también se advierte que cuando el laudo respectivo se reclame en vía de consecuencia, no se está en el supuesto de competencia escalonada, donde al señalarse aquél como acto destacado pueda escindirse la demanda de garantías en relación con algunos actos y autoridades; en consecuencia, la legalidad establecida respecto del emplazamiento y, por consiguiente, la negativa de conceder la protección constitucional debe hacerse extensiva al laudo, pues en ese supuesto el quejoso pudo hacer valer los medios de defensa procedentes contra las resoluciones que le causaron perjuicio." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 75, 77, 79, 217, Y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1198/2015, promovido por Yhanko Zalazar Flores, en contra de la autoridad y acto que precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Yhanko Zalazar Flores, contra las autoridades y actos precisados en el considerado tercero, por los motivos expresados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1198/2015. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Yhanko Zalazar Flores, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras. Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Residente en Chilpancingo, Guerrero. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar. Ejecutoras. Tercer Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "DE LA ORDENADORA. El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ, sin que dicho juicio se me haya notificado y no obstante de que no estar notificado se han dictado en dicho expediente sentencia y se me ha dejado de proporcionar alimentos y sin que el suscrito haya sido llamado a juicio esto es en forma ilegal las autoridades ordenadores han seguido un juicio del cual no he sido notificado, dictan acuerdos, mandan oficios, me dan vista y dictan sentencia, pero sin que hayan notificado al suscrito de que existe una demanda en mi contra, siendo esto ilegal y contrario a derecho violándose en mi garantía de audiencia y de debido proceso que la ley señala. DE LAS EJECUTORAS. La falta de notificación del expediente citado en líneas anteriores y la publicación de acuerdos, certificación de términos sin que el suscrito haya sido notificado para comparecer en juicio esto es las ejecutoras no me notifican y además certifican términos de vistas sin que yo esté notificado de juicio alguno" SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 1198/2015 y se formuló una prevención a la parte quejosa, la cual en escrito recibido el treinta de ese mes, pretendió desahogar en los siguientes términos: "1.- Por cuanto hace a que "... indique que acto en concreto le reclama la magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado ... " Por cuanto hace a esta autoridad señalada como ordenadora EL SUSCRITO EN ESTE ACTO NO LA SEÑALA COMO AUTORIDAD ORDENADORA POR LO TANTO NO DEBE SER LLAMADO A JUICO POR NO SER AUTORIDAD ORDENADORA NI EJECUTORA NI MUCHO MENOS AUTORIDAD QUE ME CAUSE ALGUNA VIOLACIÓN ... " (...) Efectivamente al presentar la demanda de garantías por equivocación se señaló como autoridades ejecutoras al tercer secretario de acuerdos y al actuario adscrito ambos al Juzgado Cuarto Familiar PERO ESTO FUE EN FORMA INDEBIDA YA QUE DEBE DE SER Y ASÍ SEÑALARSE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS SON LAS SIGUIENTES: EJECUTORAS. C. TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR. C. SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR... ". ACTOS RECLAMADOS. DE LA ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR SE RECLAMA: El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ. Sin que dicho juicio se me haya notificado la radicación del mismo y/o demanda alguna ya que no fui llamado a comparecer a deducir mis derechos a dicho juicio. Así como tampoco se me llamó a ofrecer y desahogar pruebas. Así como también en dicho juicio hasta donde me informaron YA SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA Pero como lo señala y es mi acto reclamado NO FUE LLAMADO A JUICO NI VENCIDO EN EL MISMO JUICIO YA CITADO, POR LO QUE EL JUICIO DE CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE SIGUIÓ A MIS ESPALDAS SIN QUE SE ME LLAMARA A COMPARECER, siendo esto ilegal y contrario a derecho violándose mi garantía de audiencia y de debido proceso que la ley señalada. En acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, no se tuvo a la parte quejosa desahogando en su totalidad lo prevenido en acuerdo de veintiséis de noviembre pasado, por lo cual se le requirió para que indicara con independencia de lo que considere ilegal si existe algún emplazamiento que se le haya efectuado en el juicio natural y especificara el lugar en donde se haya llevado a cabo. Desahogado el punto anterior, expresara si era su deseo señalar como acto reclamado el citado emplazamiento y como autoridad responsable al actuario adscrito al juzgado que lo practicó. En acato a lo anterior, mediante escrito recibido el ocho de diciembre del dos mil quince, señaló: "ACTOS RECLAMADOS DE LA ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR SE RECLAMA: El ilegal Juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA número 1226-3/2012, promovido en mi contra por quien se dice actor ALBERTO ZALAZAR CRUZ, lo anterior es así ya que dicho juicio se siguió en todas sus etapas es decir en dicho juico no fui llamado al mismo ni he sido oído en ese juico porque nunca fui notificado de la demanda ni del auto admisorio de pruebas ni de ninguna actuación dentro del mismo e inclusive sé que se ha dictado sentencia definitiva pero yo no fui llamado a juicio por lo que esto es ilegal por no habérseme respetado mi derecho a ser oído y vencido en juicio, así mismo señaló el ilegal emplazamiento realizado en virtud de que el suscrito jamás ha sido emplazado a juicio ni l/amado a comparecer al mismo por lo que señalo como acto reclamado además de lo anterior el ilegal emplazamiento realizado". En proveído de nueve de diciembre de dos mil quince, se tuvo por desahogada la prevención y se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Yhanko Zalazar Flores contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares y de otras autoridades; se solicitó de las responsables rindieran su informe justificado, se ordenó notificar el inicio de este juicio a la parte tercera interesada, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano la intervención legal correspondiente; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción 1, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción 11 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio familiar en el cual la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, atribuidos a autoridades con sede en la en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados el veintitrés de noviembre de dos mil quince -data en que adujo haber acudido las instalaciones de la fuente de trabajo de su señor padre a informarse sobre el motivo de la suspensión del pago de la pensión alimenticia-, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de noviembre a quince de diciembre de dos mil quince, de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintiséis de noviembre pasado debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta al último día del plazo de quince establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, descontándose los días treinta de noviembre, uno, cinco, seis, doce y trece de diciembre pasado, por haber sido inhábiles. TERCERO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, ello, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se obtiene que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1226-3/2012, relativo a la cesación de pensión alimenticia que promovió Alberto Zalazar Cruz en su contra y de María del Rosario Flores Morales, a partir del emplazamiento realizado el catorce de noviembre de dos mil trece, hasta la sentencia definitiva pronunciada el siete de octubre de dos mil quince, la cual fue declarada firme mediante proveído de doce de noviembre siguiente. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez, Tercer Secretario de Acuerdos y Secretario Actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, pues no obstante que al rendir su informe justificado la primera de las mencionadas autoridades, el cual hicieron suyo las restantes, negó la existencia del acto reclamado bajo el argumento de que se emplazó a juicio, sin que acudiera a éste a contestar la demanda, en realidad dicha negativa se encuentra encaminada a justificar la constitucionalidad del acto que se les reprocha. Certeza que se robustece de las constancias allegadas como justificación a su informe, consistentes en el original del juicio ordinario civil 1226-3/2012, relativo a la cesación de pensión alimenticia, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 Y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. QUINTO. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en relación con el acto reclamado al Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción 11, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra la Tercer Secretario de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicha funcionaria no tiene el carácter de autoridad, dado que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el Juez responsable, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal (artículos 52 y 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129) el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro del juicio de origen consistió únicamente en dar fe de los acuerdos emitidos por la Titular del Juzgado de su adscripción; de ahí que su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el Juzgador al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación; más aún cuando se advierte son el emplazamiento reclamado fue realizado por un funcionario diverso. En esa circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente por lo que respecta al acto atribuido a la Tercer Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1.20.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los articulas 64, fracción 111,79 Y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." SEXTO. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Para estar en aptitud de dilucidar si procede o no conceder la protección federal solicitada, es necesario tener en consideración que, de las constancias allegadas por las autoridades responsables a los presentes autos, cuyo valor probatorio quedó asentado en el considerando cuarto de esta resolución, se deriva lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil doce, Alberto Zalazar Cruz demandó en la vía ordinaria civil al quejoso la cesación de la pensión alimenticia; la cual en acuerdo de veintinueve de ese mes se registró bajo el número de expediente 1226-3/2012, en el que además se giraron diversos oficios a fin de lograr conocer el domicilio de la codemandada María del Rosario Flores Morales. 2. El once de octubre de dos mil trece, se admitió a trámite en la vía propuesta y se ordenó emplazar, entre otros, al quejoso. 3. El catorce de noviembre de dos mil trece, la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, llevó a cabo el emplazamiento del peticionario de amparo, según se advierte del acta respectiva. 4. Con fecha siete de octubre de dos mil quince se dictó sentencia definitiva en la cual se decretó la cesación de pensión alimenticia establecida por convenio aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada en el expediente 937/2001-1 y se ordenó, una vez que dicha resolución causara ejecutoria, se girara oficio a la fuente de trabajo del tercero interesado para que se dejara sin efectos el descuento por concepto de pensión alimenticia; en acuerdo de doce de noviembre de esa anualidad se declaró firme el citado fallo y se decretó el cumplimiento a lo antes referido. Ahora bien, el peticionario de amparo, en sus motivos de disenso aduce transgresión en su perjuicio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sin haber sido llamado a juicio a deducir sus derechos se le privó mediante sentencia de aquél que tiene a recibir alimentos. Además, porque el emplazamiento se hizo en esta ciudad, cuando él radica desde hace cinco años en la ciudad de Cancún, circunstancia que es sabida por el quejoso. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, así como los conceptos de violación, se cita el siguiente marco normativo. En los artículos 148 y 169 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar; así, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar; es decir, para lo que interesa en el presente asunto, conforme a lo establecido en el primero de los numerales transcritos, todo gobernado goza de la garantía de audiencia frente a la actuación del poder público, por virtud del cual, el particular tiene derecho a ser oído antes de la realización del acto de privación, a la vez que tiene un derecho genérico a la defensa, que se manifiesta comúnmente en la promoción de recursos y juicio ordinarios e inclusive del juicio de amparo; es decir, para que una autoridad cumpla con la garantía de audiencia que consagra el citado numeral, se requiere que previamente a cualquier acto de privación aquélla observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede, y que se traduce en la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. Mientras que el artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que nadie puede ser molestado en sus propiedades sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, siendo éste un requisito esencial para que el acto de autoridad cumpla con las formalidades que para tal efecto señala la ley, con la finalidad de que el gobernado esté en aptitud de enterarse de la causa legal del procedimiento. En concatenación con lo anterior, se cita el contenido de los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero: "Artículo 146.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones se harán en forma personal, por cédula, por edictos, por correo, por telégrafo y por cualesquier otro medio idóneo diverso a los anteriores y que estime conveniente el juzgado. " "Artículo 147.- Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia." "Artículo 151.- Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: La primera resolución que se dicte en el procedimiento; El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; IIl. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y VII. Los demás casos en que la ley lo disponga." "Artículo 153.- Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. " "Artículo 154.- Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. "Artículo 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. " "Artículo 162.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." En los citados preceptos, se encuentran las formalidades que deben acatarse al realizarse el emplazamiento de la parte demandada, así como las notificaciones personales; en el numeral 151 señala cuáles son las notificaciones que deben realizarse de manera personal, entre otras, el emplazamiento. En tanto que, el diverso numeral 153 establece precisamente los lineamientos que se deben seguir en tratándose de las notificaciones personales, pues al respecto refiere que las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello, y que en caso de que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, la cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y, f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Por su parte, el precepto 155 expresamente autoriza al fedatario notificador para que, si durante la diligencia del emplazamiento no encontrare el demandado, le haga la notificación por cédula, misma que podrá entregar a los parientes, empleados o domésticos del interesado, a quien también se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, así como copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. En este punto, es importante destacar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al domicilio como: "1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos. 3. Casa en que alguien habita o se hospeda". De esa manera, es dable concluir que el lugar en donde una persona de manera fija y permanente habita o se hospeda y da cumplimiento a las obligaciones adquiridas legalmente, debe considerarse como su domicilio y, por ende, las notificaciones, emplazamientos o llamamientos legales a que tenga lugar en contra de esta persona deben, por necesidad, efectuarse en ese lugar. Asimismo, se destaca que el precepto 162 establece que las notificaciones deben estar firmadas por quien la practique, así como aquélla a quien se hace y si éste último se niega a firmarla o no saber firmar, entonces el fedatario debe asentar esa circunstancia de forma eficaz. En estrecha relación con lo anterior, debe señalarse que una notificación forma parte de los llamados "medios de comunicación procesal", los cuales tienen como finalidad informar por vía oral o escrita, las determinaciones del órgano a las partes de un proceso, a los demás participantes en el mismo, a los terceros, o a otras autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Cuando la comunicación se establece entre la autoridad judicial y las partes en conflicto, los terceros o los demás participantes en el proceso, se está en presencia de las figuras de la notificación, el emplazamiento, la citación y el requerimiento. A través de la notificación se le hará saber una resolución judicial a la parte que, se considera, está interesada en el conocimiento de su contenido. Una notificación es un acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de las partes, de los demás participantes o de los terceros, una resolución o alguna otra actuación judicial; muchas de estas notificaciones, por su trascendencia, deben hacerse de manera personal y cumpliendo con diversas formalidades, entre las cuales se encuentra, la obligación de que el notificador se cerciore del domicilio y de la identidad de la persona que debe ser notificada, por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia. Sin embargo, en la práctica, existe la posibilidad de que la persona que recibe la notificación no desee o no sepa firmar el acta correspondiente; por lo que, a fin de evitar que el proceso se prolongue indefinidamente, el código procesal del estado de Guerrero faculta a la persona que practica la diligencia, a desarrollarla y validarla con su firma en el caso de que la persona con la que se entienda no quiera o no sepa hacerlo. El sustento jurídico de dicha atribución del funcionario judicial encargado de practicar la notificación se encuentra en el principio de la fe pública; mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta. Las relaciones jurídicas de una sociedad son sumamente complejas, por lo que ha sido necesario establecer un sistema a través del cual sean aceptados como ciertos algunos hechos y actos, a pesar de no haberse presenciado su realización. Este sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función de autentificar a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario. La fe pública no puede concebirse sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos con la cual se dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento en el cual consta el hecho. Lo que se busca asegurar con la medida prevista en el precepto en comento, es que aún ante la falta de firma por parte de la persona con quien se entendió la diligencia, pueda existir otro elemento de convicción que permita presuntivamente tener como cierto el hecho de que la notificación sí fue efectivamente entregada, y de ello es de lo cual se debe dar fe. Lo anterior permite concluir que es la fe del actuario o notificador la que da certeza a los actos en los que éste interviene, pues la firma de dicho funcionario judicial hace plenamente válida la diligencia salvo prueba en contrario, teniendo como única condición que cumpla con los requisitos legales establecidos para ello. De ahí que, el emplazamiento es una notificación personal trascendente, pues su fin es dar a conocer al demandado en un proceso, la existencia de una demanda incoada en su contra así como las prestaciones que se le reclaman, por lo que, la falta de alguna de las formalidades previstas en la ley respecto al desarrollo de esta diligencia podría colocar al enjuiciado en estado de indefensión al no estar en condiciones de hacer las manifestaciones que a su interés convenga, así como por no poder aportar las pruebas procedentes para su defensa, de ahí que el artículo 162 del código procesal de la materia hace especial énfasis en que la notificación debe ser firmada por las personas a quienes se hace, y que en caso contrario el servidor público que practique la diligencia, debe asentar si ello ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo hacerlo. Sobre esa base, se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, al no transgredirse en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ya que de la diligencia de emplazamiento de la Secretaria Actuaria responsable cumple con lo dispuesto por los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que en el caso se traduce en lo siguiente: 1. Si se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó guarda identidad con el señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, es decir, si se motivó suficientemente con los medios de convicción necesarios para lograr la identificación de la casa 7-8, ubicada en Villas San Martha, de la Calle Del Futbol en la Colonia Libertadores en esta ciudad. 2. Si se cercioró de que la persona buscada no se encontraba presente en dicho lugar, de la identidad de la persona con la que se entendió la diligencia, así como de la relación que guardan ambas, y la manera en cómo arribó al convencimiento de tales aspectos. 3. Si la cédula de notificación colmó los requisitos a que se refiere el artículo 153 del código adjetivo civil, es decir, si contiene el nombre y apellido del promovente, el tribunal que mandó practicar la diligencia, la determinación que se mande a notificar, individualizada por su fecha, negocio y expediente en que se dictó, la fecha y hora en que se dejó; nombre y apellido de la persona a quien se entrega, así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. 4. Si se hizo constar la entrega de copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y de los demás documentos adjuntos. 5. Si la notificación fue firmada por la persona con la que se entendió la diligencia o en su defecto, si se asentó la imposibilidad de aquélla para hacerlo. Así las cosas, por lo que corresponde al primero de los puntos destacados, se estima que la Secretaria Actuaria responsable sí detalló en forma exhaustiva la manera en cómo arribó al convencimiento de que se había constituido en el lugar señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, pues en la razón que levantó para ese fin, asentó expresamente que "cerciorada previamente de ser el domicilio que busco, ya que así me lo indican letreros sobre placas de metal a un costado de la calle que recorro con el nombre de la Calle y Colonia, también me lo indica un rotulo adherido en la parte superior de la entrada principal con el nombre de las citadas villa, así como la nomenclatura del inmueble del inmueble en el que me encuentro constituida; aunado al dicho de dos vecinos del lugar quienes no me proporcionaban sus nombres para evitar problemas con el demandado, mismos que al preguntarles por el buscado me señalan la casa de dos niveles, con paredes pintadas de color rosa, cochera con portón de herrería de color blanco y en los dos niveles ventanas y puertas de herrería color negra". Lo anterior adquiere credibilidad para tener por demostrado el extremo de que se trata, pues además de los signos exteriores del inmueble buscado y el dicho de quien le confirmó a la actuaría de que se encontraba en el domicilio correcto y que ahí vivía la persona buscada, se logró identificar plenamente a la persona con la que la fedataria entendió la diligencia de quien anotó su media filiación que permite dar veracidad a la identidad y relación de parentesco que guarda Itzel Guadalupe Salazar Gómez con Yhanko Zalazar Flores, máxime que tal circunstancia no se puso en duda. Sobre el particular, la fedataria asentó: "a mi llamado responde una persona del sexo femenino que sale del interior del inmueble y dice llamarse ITZEL GUADALUPE SALAZAR GÓMEZ quien dice ser prima de la persona buscada y me manifiesta que ambos viven aquí, pero que por el momento su primo no se encuentra y que regresara más tarde, por lo que le solicito que se identifique manifestándome que por el momento no cuenta con credencial oficial a la mano por tal motivo procedo a describirla con su media filiación: Tez morena clara, complexión delgada, cabello lacio, negro y corto a los hombros, cara ovalada, nariz afilada y pequeña, labios delgados, ojos de color café obscuro, altura aproximada de un metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura, y de veintidós años de edad aproximadamente". De ahí que la motivación de la actuaria debe estimarse como verosímil y suficiente para crear convicción de quien resuelve en esta instancia constitucional de que se logró establecer la ubicación del inmueble señalado en autos del juicio origen para lograr el emplazamiento de la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia XX. J/41, integrada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 282, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LOS ACTUARIOS, AL LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVA, DEBERAN ASENTAR LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO EL. Si bien es cierto que los preceptos reguladores del emplazamiento no señalan expresamente que el funcionario encargado de realizar ese acto procesal deba cerciorarse de la identidad de la persona o que realice investigaciones para determinar el domicilio de las personas, también lo es, que el correcto cumplimiento de esa obligación se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad de este tipo de diligencias, supuesto que el emplazamiento, por su naturaleza y trascendencia debe ser tomado en cuenta por la Justicia Federal, porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, por tanto, estos funcionarios tienen que expresar en el acta respectiva los medios que utilizaron para llegar a la convicción de tal circunstancia, toda vez que no basta asentar en el acta de la diligencia que quien lo atendió fue personalmente la quejosa, y que ésta manifestó que se encontraba en su domicilio particular, en razón de que esto no cumple íntegramente lo ordenado por el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas." En este punto, conviene señalar que la parte quejosa no logró demostrar su afirmación en el sentido de que en la época en la cual se practicó el emplazamiento que obra en el juicio natural radicaba en la ciudad de Cancún y no en esta localidad, pues no aportó prueba alguna de la pudiera inferirse esa posibilidad, lo cual pone de manifiesto lo infundado del motivo de disenso contenido en el inciso c) que antecede. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, que literalmente dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciarlo en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Por otro lado, en torno al segundo de los extremos anotados, debe decirse que la fedataria hizo constar el señalamiento de la persona con la cual entendió la diligencia y quien le informó que en ese momento no se encontraba la persona buscada, en los siguientes términos: "a mi llamado responde una persona del sexo femenino que sale del interior del inmueble y dice llamarse ITZEL GUADALUPE SALAZAR GÓMEZ quien dice ser prima de la persona buscada y me manifiesta que ambos viven aquí, pero que por el momento su primo no se encuentra y que regresara más tarde". Con lo anterior quedó de relieve la motivación en torno a la identidad de la persona con la cual se entendió la diligencia, así como de la relación que guarda con la persona buscada. Luego, basta imponerse del contenido de la cédula de notificación relativa, para advertir que colmó los requisitos referidos en el artículo 153 del código adjetivo civil, ya que contiene el nombre del promovente (Alberto Zalazar Cruz), el tribunal que mandó practicar la diligencia (Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares), la determinación que se mandó a notificar, individualizada por su fecha (once de octubre de dos mil trece), negocio (juicio ordinario civil relativo a la cesación de pensión alimenticia) y expediente en que se dictó (1226-3/2012),la fecha y hora en que se dejó (trece horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil trece); nombre y apellido de la persona a quien se entrega (Itzel Guadalupe Salazar Gómez), así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practicó la notificación (María Carolina Nava Ramírez, Secretaría Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares). Asimismo, se hizo constar la entrega previo al emplazamiento de la copia simple de la demanda y documentos anexos; además de hacérsele saber el término que tiene para producir la contestación a la demanda, en la inteligencia que de no hacerlo así se tendría por contestada en sentido afirmativo; de igual forma lo previno para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo, las subsecuentes se harían por estrados. Así también, se asentó que "la persona con quien entiendo a diligencia y me recibe la cédula de notificación original, copias simples de la demanda y documentos anexos", con lo cual dio por "concluida la presente diligencia firmando al calce para constancia legal, con excepción de la persona con quien se entendió /a diligencia por considerarlo innecesario". De lo anterior se obtiene que se dio cumplimiento a los específicos requisitos legales que son aplicables a la diligencia de emplazamiento controvertida, puesto que la fedataria asentó la razón por la cual la persona no quiso firmar la cédula de notificación. Sobre esto último, si bien es un requisito formal la firma de la persona con quien se entiende la notificación, el cual debe satisfacerse en el acta que se elabore de dicha diligencia a fin de generar certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas en la actuación, con la sola manifestación de la fedataria del por qué la persona notificada no quiso firmar, da fe de la ausencia de tal firma en el acta, con lo cual se colma con ello la formalidad mencionada. Apoya lo expuesto los siguientes criterios: La Jurisprudencia número 1a.lJ. 39/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 24 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATlCAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por si mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les práctica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo". Así como la diversa Jurisprudencia número XII.20. J/9, consultable en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Materia Civil, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del título y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL (LEGISLACIÓN DE SINALOA). De la redacción del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual textualmente dice: "Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hagan. Si éstas no quisieren o no supieren firmar, lo hará el secretario o quien haga sus veces, haciendo constar esa circunstancia."; se desprende con meridiana claridad que, en primer lugar, existe el imperativo de que las notificaciones que se realicen de conformidad con dicho ordenamiento legal, deben ser firmadas tanto por quienes las realicen como por aquel o aquellos a los que se les hacen; Y en segundo término, que si alguno de ellos no quisiere o no supiere firmar, entonces lo hará el fedatario público que practique la diligencia, haciendo constar esa circunstancia, para lo cual es suficiente que el funcionario que practique la notificación, asiente en el acta correspondiente, la causa, motivo o razón por la cual no fue firmada la misma por la persona con quien se entendió la diligencia correspondiente, pudiéndose emplear válidamente cualquier fórmula gramatical que para esa finalidad se utilice, con la única condición de que sea bastante y eficaz para que quien se imponga de la actuación relativa tenga pleno conocimiento de por qué no firmó el interesado; por ello, si en el caso concreto el actuario al finalizar la diligencia en el acta respectiva asienta: "... Que firman para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, por ante el suscrito actuario que da fe ...", se estima válidamente y sin mayor forzamiento que si en la constancia de llamamiento a juicio no aparece la firma de la persona con quien se entendió la diligencia, es porque éste no quiso firmar, pues no se puede entender de otra manera, cuando en forma expresa, se asienta, que firmaron para constancia los que intervinieron y quisieron hacerlo". En ese contexto, resulta procedente estimar que el referido llamamiento a juicio que a su vez motiva los diversos actos de que se duele el peticionario de amparo, no puede ser violatorio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, siendo en ese sentido infundados los argumentos que sostienen tal aserto; por ello, al gozar de fe pública el funcionario judicial que llevó a cabo la citada diligencia de emplazamiento, resulta indiscutible que cada uno de los datos que se encuentran asentados de manera circunstanciada el acta levantada el catorce de noviembre de dos mil trece, deben considerarse ciertos y con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 Y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser localizable en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia IV.20. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 1,Mayo de 1995, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto de las diligencias de citación y emplazamiento realizadas en el juicio laboral citado. Negativa que se hace extensiva respecto de los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en el juicio de origen y la sentencia de siete de octubre de dos mil quince, en razón que no fueron reclamados de forma autónoma, por vicios propios, sino con motivo del emplazamiento a la parte demandada, aquí quejosa, que se adujo de ilegal. Sin que se soslaye el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 711, de la Novena Época, con rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUEL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.121/2005)"; en virtud de que en el caso, la parte quejosa no expresó conceptos de violación respecto de la sentencia de siete de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio ordinario civil relativo a la cesación de pensión alimenticia con número de expediente 1226-3/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, y por tanto, la negativa de amparo debe hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en dicho procedimiento y la sentencia definitiva dictada en éste, en vía de consecuencia, en términos de lo sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, en la ejecutoria de la jurisprudencia en cita, del tenor siguiente: ". Sobre este aspecto, se destacaron dos supuestos que se pueden presentar cuando se combate el emplazamiento realizado en un juicio; a) Que se combata la omisión o el emplazamiento a juicio de manera principal y, derivado de éste sus efectos, comprendiendo entre ellos el laudo. b) En adición a los vicios al emplazamiento, se reclame de manera autónoma el laudo. En ambos casos se reclama el laudo, puesto que es el acto que rige la situación jurídica de las partes en el juicio laboral. Sin embargo, en el primero, la causa de pedir reside en la falta o ilegal emplazamiento, sin aducir vicios propios en relación con el laudo, solicitándose su invalidez en vía de consecuencia, por la ilegalidad atribuida al emplazamiento. Este supuesto no presenta mayor problemática, dado que la litis en el juicio de amparo se centra en discernir sobre el legal emplazamiento al quejoso; por consiguiente, con independencia del sentido del fallo, esto es, la declaratoria de inconstitucionalidad o la negativa del amparo, en todo caso, dicha determinación se hace extensiva, en vía de consecuencia, a los restantes actos. En el segundo supuesto, en adición a los vicios atribuidos al emplazamiento, el quejoso también aduce diversos conceptos de violación relativos al procedimiento y/o al laudo o sentencia. A diferencia de la anterior hipótesis, el sentido de fondo en el amparo tiene consecuencias divergentes. .". Asimismo, se invoca por las razones que la conforman, la tesis aislada X.A.T.75 L (9ª), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, página 4380, de la Décima Época, con rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, Y COMO CONSECUENCIA EL LAUDO RESPECTIVO, SI EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL NO SE ESTÁ EN EL SUPUESTO DE COMPETENCIA ESCALONADA, POR LO QUE LA NEGATIVA DEL AMPARO DEBE HACERSE EXTENSIVA AL LAUDO Y NO DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE. El Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL, emitió la jurisprudencia P./J. 70/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005)."; de la que se advierte que el estudio de la garantía de audiencia es preferente, en atención a la prelación del análisis de los conceptos de violación cuando se trata de estudios consecuenciales o escalonados, por lo que cuando en amparo indirecto se impugna la ilegalidad o ausencia del emplazamiento en un juicio laboral y, una vez que el Juez de Distrito ha decidido sobre su constitucionalidad con la correspondiente negativa del amparo por cuanto a dicho acto se refiere, sigue el examen del laudo reclamado por vicios propios y, considerando que se trata de una resolución respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno susceptible de modificarlo, entonces, el Juez deberá declararse incompetente y remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que califique esa determinación, en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la ejecutoria que originó la referida jurisprudencia, también se advierte que cuando el laudo respectivo se reclame en vía de consecuencia, no se está en el supuesto de competencia escalonada, donde al señalarse aquél como acto destacado pueda escindirse la demanda de garantías en relación con algunos actos y autoridades; en consecuencia, la legalidad establecida respecto del emplazamiento y, por consiguiente, la negativa de conceder la protección constitucional debe hacerse extensiva al laudo, pues en ese supuesto el quejoso pudo hacer valer los medios de defensa procedentes contra las resoluciones que le causaron perjuicio." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 75, 77, 79, 217, Y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1198/2015, promovido por Yhanko Zalazar Flores, en contra de la autoridad y acto que precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Yhanko Zalazar Flores, contra las autoridades y actos precisados en el considerado tercero, por los motivos expresados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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