Yleana Margarita Marrufo Carrillo

Expediente 2127/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2127/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Yleana Margarita Marrufo Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, del aludido acuerdo general, notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recoger los documentos que en su caso exhibió en original en este asunto, los cuales se le devolverán previa copia certificada y recibo que se deje en este expediente. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por YLEANA MARGARITA MARRUFO CARRILLO, contra los actos que reclamó de las responsables, por el motivo señalado en la consideración cuarta de esta sentencia. ?????????? SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese

  3. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio con el que remite testimonio de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por ese tribunal en la queja ********************, relativa al recurso interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México, en contra del acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada en esos autos; testimonio del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expuso, declaró sin materia el aludido recurso. Acúsese recibo y hágase las anotaciones correspondientes el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 449/2022-VII-A, promovido por Diego Adán Chan Viana, apoderado del quejoso Juan José Muñoz Montero, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, así como de su Magistrado Presidente y actuario de su adscripción; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, compareció Juan José Muñoz Montero, por conducto de su apoderado Diego Adán Chan Viana, en contra de los actos que atribuye al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, así como de su Magistrado Presidente y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la que se registró con el número 449/2022-VII-A; se solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus informes justificados; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal. Asimismo, por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus informes justificados con relación a la misma, se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede: y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La omisión de acordar los memoriales de seis de septiembre y quince de octubre de dos mil veintiuno, presentados ante la responsable con fechas siete de septiembre y dieciocho de octubre de esa anualidad y la notificación de los acuerdos que le recaigan. Y en su escrito de ampliación de demanda, lo hizo consistir, en concreto, en: El acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, en el cual el Tribunal responsable a sabiendas de que para que pueda hacerse efectivo el pago de los laudos es necesario la intervención de diversas autoridades únicamente le ordena al cabildo del ayuntamiento de Kanasin, Yucatán, que celebre la sesión, pero de ninguna manera ordena vincular al Congreso del Estado de Yucatán, a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y Secretaria de Administración Finanzas, para que realicen los Lineamientos ya establecidos por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 39/2020 y 92/2020 lo que contraviene el artículo 217 de la Ley de Amparo que establece que las Autoridades estatales tienen la obligación de cumplir las Jurisprudencias que establezcan el Pleno o la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando lugar con dicho proceder a una dilación injustificada del procedimiento de Ejecución del Laudo, paralizando con ello la ejecución del Laudo. TERCERO. Inexistencia de actos. NO SON CIERTOS los actos reclamados de las autoridades responsables consistentes en la omisión de dar contestación a su escrito de seis de septiembre de dos mil veintiuno, presentado el siete de septiembre siguiente, y la notificación del acuerdo que le recaiga. En efecto, de lo informado por el Magistrado Presidente del Tribunal responsable en su informe de ley y de las constancias remitidas, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última, se desprende que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, antes de la data de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo por presentado con su aludido memorial de seis de septiembre de la misma anualidad, y se le dio respuesta a lo que solicitó, lo que se hizo del conocimiento del aludido quejoso el veinte de septiembre siguiente, mediante notificación por estrados. En consecuencia, se tiene que a la fecha en que el quejoso presentó su demanda, es decir, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, no existía el acto de omisión que ahora impugna, pues como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, la responsable ya había dado respuesta al memorial cuya omisión de proveer se reclama en el presente juicio, así como también se le había notificado dicha respuesta. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la misma. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción IV, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Así como la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." (Época: Novena Época, Registro: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: VII.1o.C.4 K, Página: 433). CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, consistentes en la omisión de proveer lo relativo a su memorial de quince de octubre de dos mil veintiuno, presentado el dieciocho siguiente, y la notificación del acuerdo que le recaiga, así como los señalados en su ampliación de demanda, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto consistente en la omisión de acordar el memorial de quince de octubre de dos mil veintiuno, presentado ante la responsable el dieciocho de ese propio mes y año, y la notificación del acuerdo que le recaiga, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán a su informe justificado, se advierte que por auto de diez de marzo de esta anualidad, se dio contestación a las solicitudes formuladas por el aquí quejoso en su memorial presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, lo que se hizo de su conocimiento el catorce de marzo siguiente. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P.CL/97, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en cuanto al acto atribuido al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, así como de su Magistrado Presidente y actuario de su adscripción, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Ahora bien, respecto del acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda, consistente en el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, en el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede a efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, motivo por el cual deberá de otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Sostiene el quejoso que el acto reclamado es violatorio del derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva, al no ordenar vincular al Congreso, a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, Gobernador Constitucional y Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado y con sede en esta ciudad, para que realicen los lineamientos establecidos por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 39/2020 y 92/2020, para poder cumplir con el pago de los laudos emitidos en contra de los Ayuntamientos. Pues le corresponde a los Ayuntamientos por conducto de su Cabildo, Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, así como al Congreso, Auditoría Superior, Gobernador y Secretaría de Administración y Finanzas, las acciones indispensables para poder realizar la inclusión de las cantidades laudadas en su presupuesto de egresos y el posterior pago de las mismas. Es fundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunque para ello se tenga que suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el dispositivo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 263, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, cuyos rubro y texto son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En efecto, tiene razón la parte quejosa al considerar vulnerado en su perjuicio lo dispuesto en los preceptos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos acorde con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia cuando así procede, atendiendo a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica. En relación, además, con el numeral 17 de la Ley Fundamental que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos previstos en las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Derechos fundamentales y principios básicos vulnerados por la autoridad laboral al no ordenar vincular al Congreso, Gobernador Constitucional y Secretaria de Administración y Finanzas, todos del Estado y con sede en esta ciudad, para que realicen las acciones indispensables para la inclusión de las cantidades condenadas en el laudo en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento y el posterior pago de las mismas. Lo anterior adecuando al caso, lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 92/2020, el que si bien no resulta obligatorio para la responsable, al estar dirigido a una diversa autoridad a la que sí le es vinculante por resolverse un aspecto en ejecución de una sentencia de amparo; también lo es que las razones contenidas en dicha resolución sí son orientadoras y sirven como sustento jurídico a la autoridad para acceder a lo solicitado, al no contravenir las disposiciones legales que rigen su actuar como garante del derecho laboral en juego; máxime que como se desprende de autos, desde la fecha de emisión del laudo a la actual, a pesar de las medidas adoptadas por el tribunal responsable no se ha logrado la ejecución del mismo. A fin de lograr clarificar lo anterior, se deben tener en cuenta las constancias que obran agregadas al sumario deducidas del juicio laboral 330/2010, que a continuación se sintetizan: 1. Laudo de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, dictado en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 345/2017, del que se advierte que se condenó al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, a pagar al actor, aquí quejoso, diversas cantidades en conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, salarios retenidos, indemnización constitucional y salarios caídos. 2. Acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se requirió el pago de lo laudado al demandado Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán. 3. Autos de veintinueve de enero y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en los que en virtud de no haberse cubierto el pago de lo laudado, a solicitud de la parte actora se requirió de pago de lo condenado al Cabildo de dicho Ayuntamiento, como su superior jerárquico. 4. Acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual, ante la falta de pago de lo laudado, se requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, como superior jerárquico de éste, para que dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de ese acuerdo señale fecha y hora para que celebre una sesión extraordinaria de Cabildo y provea el pago liso y llano al actor de la cantidad condenada. 5. Auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por presentado al apoderado legal del Ayuntamiento demandado informando que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve a las doce horas, se llevaría a cabo la sesión extraordinaria de Cabildo que se ordenó realizar. 6. Auto de quince de septiembre de dos mil veinte, por el que se ordenó requerir una vez más al Cabildo del Ayuntamiento demandado, para que en el término de diez días hábiles informara los trámites y gestiones realizados para obtener un crédito y/o financiamiento a corto, mediano o largo plazo ante la instituciones financieras con el fin de dar cumplimiento al laudo de quince de agosto de dos mil diecisiete. 7. Auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por el que en virtud de que la demandada no había pagado lo laudado, no obstante la aplicación de diversas medidas de apremio para que lo hiciera, se ordenó girar oficio a la Fiscalía General del Estado, para que obre en la carpeta de investigación número U1/318/2019, su conducta rebelde. 8. Acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se requirió una vez más al Cabildo del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, que señale una fecha para la celebración de una sesión extraordinaria y en ella prevea el pago liso y llano de la cantidad condenada. 9. Escrito de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que el actor, aquí quejoso, solicitó en congruencia con lo establecido en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 92/2020, se vinculara al cumplimiento del laudo al Congreso, Gobernador y Secretario de Administración y Finanzas del Estado. 10. Proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, por el que la autoridad responsable no accedió a vincular al Congreso, Gobernador y Secretario de Administración y Finanzas del Estado, al cumplimiento del laudo, por considerar que los efectos de la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución sentencia 92/2020, derivada de los juicios de amparo indirecto 680/2012 y 685/2015, ambos del índice de este juzgado, corresponden únicamente a los quejosos que promovieron el amparo, en aplicación del principio de relatividad de la sentencia. En efecto, la parte conducente del acuerdo que nos ocupa es, en lo conducente, del tenor siguiente: "Ahora bien, en cuanto a las solicitudes marcadas con los incisos . . . d), e) y f), derivadas en las manifestaciones para que este Tribunal tome en consideración la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 92/2020, este Tribunal no accede a lo solicitado, ya que la sentencia del incidente de referencia, se deriva, como señala la parte actora en su escrito, de los juicios de los amparos indirectos 680/2012 y 685/2015, ambos del índice del Juzgado Segundo de Distrito, por lo que se le hace de su conocimiento a la parte actora que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, los efectos corresponden únicamente al quejoso o los quejosos que promovieron dicho amparo, en aplicación al principio de relatividad de la sentencia, por lo tanto el beneficio de las sentencias dictadas en los amparos que hace mención la parte actora en su memorial de cuenta, corresponde sólo al quejoso o los quejosos que promovieron dichos amparos en sus respectivos expedientes laborales; lo anterior se le hace de su conocimiento, para los efectos legales que correspondan". Acuerdo que es el reclamado en esta instancia constitucional, mismo que no se comparte, en atención a las siguientes razones: Si bien es cierto que conforme al principio de relatividad de sentencias, las que se dicten en los juicios de amparo y que concedan la protección constitucional, sus efectos le corresponden únicamente al quejoso o quejosos que lo promueven. También lo es que las razones contenidas en las sentencias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como antes se dijo, sirven como sustento jurídico a la autoridad para acceder a lo que se le solicita, al no contravenir las disposiciones legales que rigen su actuar como garante del derecho laboral que se ventila, y por el contrario le dan pautas jurídicas importantes que bien pueden servir en su actuar para lograr la ejecución del laudo, ante la falta de efectividad de las adoptadas con antelación. En estas condiciones, es inconcuso que con su actuar la autoridad laboral responsable vulneró en perjuicio del hoy quejoso el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Congreso del Estado, Secretario de Administración y Finanzas y Gobernador Constitucional, todos del Estado de Yucatán, que le solicitó el apoderado de la parte actora en su escrito de quince de octubre de dos mil veintiuno, recibido el dieciocho siguiente. Esto es, para que auxilien al mencionado tribunal en la ejecución del laudo, ordenando al Ayuntamiento del Municipio de Kanasín, Yucatán, a fin de que este último obtenga, mediante los mecanismos eficaces que estimen pertinentes, los recursos necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural, ya sea mediante una ampliación presupuestal, o bien la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos. Lo anterior (tal como se señaló en la sentencia dictada en el incidente de inejecución 92/2020), porque del artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; numerales 166, 167, 168, y 169, de la Ley de Hacienda del Estado de Yucatán, y ordinal 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, entre otros relativos y aplicables, se obtiene que el Municipio como ente público, constituye un orden de gobierno investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la ley; además, goza de diversas facultades para allegarse de recursos, tales como: contratar obligaciones a corto plazo; contratar empréstitos; solicitar una ampliación presupuestal; o bien, la implementación o ampliación de una partida presupuestal para hacer frente al endeudamiento por virtud de los laudos emitidos por el Tribunal burocrático; lo cual cabe aclarar, no concluye con la administración saliente sino subsiste la obligación de hacer frente a dicha condena laboral. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación que se analiza, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la parte conducente del acuerdo reclamado de diez de marzo de dos mil veintidós. 2. Dicte un nuevo auto en el que ordene vincular al Congreso, Gobernador y Secretario de Administración y Finanzas del Estado, al cumplimiento del laudo de acuerdo a lo solicitado por el apoderado de la parte actora. Sin que resulte procedente vincular también a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, al cumplimiento del laudo, como también lo solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, en atención a lo resuelto en el incidente de inejecución de sentencia 39/2020, ya que no lo solicitó así en su escrito de quince de octubre de dos mil veintiuno, recepcionado el dieciocho siguiente, por lo que ello no formó parte de la Litis. Por lo que resulta algo novedoso que no fue solicitado ante la autoridad laboral responsable; y por tanto, no ha lugar a hacer pronunciamiento al respecto. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan José Muñoz Montero, por conducto de su apoderado Diego Adán Chan Viana, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, así como de su Magistrado Presidente y actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan José Muñoz Montero, por conducto de su apoderado Diego Adán Chan Viana, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, así como de su Magistrado Presidente y actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Juan José Muñoz Montero, por conducto de su apoderado Diego Adán Chan Viana, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, así como de su Magistrado Presidente, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la séptimo considerando de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

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