Yibram Gustavo Borges Solis
Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yibram Gustavo Borges Solis
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Como está ordenado en el cuaderno principal de donde deriva este incidente de suspensión, se da cuenta con la copia autorizada del auto dictado en esta propia fecha, en el cual, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declaró que el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el referido juicio, causó estado para todos los efectos legales correspondientes, ordenándose oportunamente su remisión al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En mérito de lo anterior, teniendo en cuenta que en los autos, la audiencia incidental se encuentra fijada para su celebración a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós; lo procedente es declarar sin materia este incidente de suspensión, dejándose sin efecto la fecha y hora antes indicadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECT. TI.Visto para resolver los autos del juicio de amparo 2463/2021-I-A, promovido por Miriam Cámara Jiménez, a nombre de los menores de edad de identidad reservada M.C.E. y J.L.C.E., contra el acto que reclama a la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Miriam Cámara Jiménez, a nombre de los menores de edad de identidad reservada M.C.E. y J.L.C.E., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama a la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento a las prevenciones efectuadas en proveídos de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno y seis de enero de dos mil veintidós, por auto de trece de enero siguiente, por los motivos expuestos en el mismo, se ordenó la separación de juicios y se admitió la demanda únicamente por cuanto hace al primer acto reclamado por la parte quejosa, misma que previamente quedó registrada con el número 2463/2021-I-A. De igual manera, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; se designó a los menores quejosos un representante especial, para lo cual, se solicitó a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Siendo que el diecinueve de enero de dos mil veintidós, se reconoció a Addy Patricia Sabido Baquedano, Asesora Jurídica Federal adscrita a la Delegación Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, como representante especial de los menores aquí quejosos. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Jueza responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar sobre la actualización del régimen de convivencia decretado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno en autos del juicio de divorcio incausado 196/2021 de su índice, a pesar de haber cambiado las circunstancias por las cuales se determinó un régimen de convivencia a distancia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba alguna en contrario. Máxime que de las constancias remitidas por la Jueza responsable como anexo a su informe de ley, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que aún no se encontraba en posibilidad de realizar la actuación procesal que le reclama la parte quejosa, en virtud de que no existía solicitud expresa de alguna de las partes -actora o demandada- relativa a la modificación de las medidas provisionales decretadas en acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno en autos del juicio de divorcio incausado 196/2021 de origen. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Pues resulta que a la fecha en que la parte quejosa presentó la demanda, es decir, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, no existía el acto de omisión que ahora reclama como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, ya que la Jueza responsable se encontraba imposibilitada procesalmente para decretar la modificación de las citadas medidas cautelares reclamadas, específicamente, el régimen de convivencia con los menores de edad aquí quejosos M.C.E. y J.L.C.E. Lo anterior, pues al no existir solicitud alguna realizada por las partes, la Jueza no podía dar trámite al incidente relativo a la revisión de las medidas provisionales, y por ende, menos puede estimarse que se encontraba en posibilidad de modificar las mismas, puesto que procesalmente primero tiene que existir la solicitud correspondiente por alguna de las partes del juicio de origen, para estar en aptitud de proveer lo relativo a su modificación. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Se concluye lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 162, 388, 390, 439, 441, 442 y 446 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, de los cuales se desprende que la modificación de las medidas cautelares puede ser realizada en cualquier momento mediante la vía incidental, atendiendo al interés superior del menor, así como que dicha solicitud debe de ser planteada por las partes en la audiencia principal; por lo que, al no existir solicitud previa de las partes para realizar la modificación planteada, la responsable se encontraba imposibilitada para decretar su modificación. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis aislada II.2o.C.341 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del rublo y texto siguiente: "MEDIDAS PROVISIONALES. PUEDEN MODIFICARSE EN SENTENCIA DEFINITIVA, LO CUAL NO RESULTA INCONGRUENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De acuerdo con lo previsto por el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva; de ello se sigue que si dentro de tales medidas se decreta la guarda y custodia de los menores a favor de su progenitor, y luego en la sentencia definitiva se resuelve que tal guarda y custodia corresponde a la madre, ello en forma alguna implica que el fallo reclamado incurriere en incongruencia, por cuanto debe estimarse que aquella fue una medida preliminar y provisional, de índole preventiva, y de ahí se justifica su modificación al resolver en definitiva, de acuerdo con las circunstancias procesales y de derecho finales que el juzgador tenga en cuenta." En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la misma. Por tanto, no obstante que de las constancias del juicio de origen se desprende que mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, el actor Carlos Fernando Cámara Patrón, solicitó la modificación del régimen de convivencia decretado por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno en autos del juicio de divorcio incausado de origen, por lo que, mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, la Jueza responsable admitió a trámite la revisión de las medidas provisionales únicamente por cuanto hace al régimen de convivencia decretado a favor de los menores de edad aquí quejosos M.C.E. y J.L.C.E.; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Se advierte que dichas circunstancias acontecieron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. De tal forma que lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción IV, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por los menores de edad de identidad reservada M.C.E. y J.L.C.E., en contra del acto que reclamó a la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1711/2021-II-A, promovido por********************, apoderado de la quejosa ********************.********************RESULTANDO********************PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo,********************, apoderado de la quejosa ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche.********************SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el cuaderno principal el tres de febrero de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos.********************Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede.********************CONSIDERANDO********************PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son:********************La falta e ilegal emplazamiento al juicio ********************del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche.****************************************SEGUNDA. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así lo manifestó en el correspondiente informe previo rendido vía telegráfica, el Juez Interino del Juzgado Primero Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche (registro de promoción 4966).********************TERCERA. Pronunciamiento respecto a la suspensión definitiva. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados; debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual es de actos consumados con efectos positivos; pues por una parte los mismos ya se emitieron, sin embargo, por la otra, respecto a los efectos y consecuencias de dichos actos, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita.********************Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: ********************"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo."****************************************Atendiendo a lo anterior, con fundamento en los artículos 128 interpretado a contrario sensu, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente:********************"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:********************I. Que la solicite el quejoso; y********************II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.********************La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado".****************************************Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén.********************Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. ********************Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ********************Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. ********************El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle.********************En el caso, no se reúne el primero de dichos requisitos, razón por la cual deberá negarse la suspensión definitiva que se solicita.********************Lo que se afirma en esos términos, ya que si bien, la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa, también lo es, que no demostró tener interés suspensional para ello, lo cual resulta ser un elemento inmerso en el primer requisito.********************Ello, toda vez que la parte peticionaria no exhibió prueba eficaz alguna que acredite, aunque sea de manera presuntiva o indiciaria, el interés que tiene para que se suspendan los actos reclamados.********************Pues aún y cuando el suscrito resolutor federal, atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad del peticionario de amparo, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos; sin embargo, debe constatar si la parte quejosa demuestra, aunque sea indiciariamente que tales actos efectivamente la agravian.********************Lo que en la especie no sucede, precisamente porque no acreditó su dicho con alguna prueba idónea, pues únicamente se limitó a manifestar que la quejosa recibió una llamada telefónica el catorce de septiembre de dos mil veintiuno en su domicilio, de una empresa de cobro extrajudicial, en la que le indicaron que tenía que pagar una cantidad de dinero derivada del juicio a que se refiere en el escrito de demanda; en el cual, ya había sido condenada.********************Así como un recibo-estado de cuenta del servicio telefónico de la empresa denominada Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, a nombre de la misma quejosa, a fin de acreditar el lugar de su residencia.********************Lo cual, por sí solo, sin otros datos con los que puedan adminicularse dichas aseveraciones, carece de valor probatorio. ********************Por tanto, al no acreditar la parte quejosa su interés indiciario que haga procedente la medida solicitada, en términos de la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada.********************Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis del rubro y tenor literal siguiente:********************"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman". (Novena Época, Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Mayo de 1995, Tesis: XX.2 A, Página: 07).****************************************Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se:********************RESUELVE: ********************ÚNICO. SE NIEGA a ********************, la suspensión definitiva que solicitó por conducto de su apoderado********************, en contra de los actos que reclama a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración tercera de esta interlocutoria.********************Notifíquese y cúmplase.
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