Yessy Cabral Corona

Expediente 446/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
446/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Yessy Cabral Corona
  • Juan Manuel Castro Medina y Otros.
  • Jose Mercedes Castro Castro Y Otros

Actuaciones

  1. Principal

    . Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 3911/2020, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el acuerdo de seis de noviembre del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de ese Tribunal, dentro del recurso de queja 89/2020, interpuesto por Vladimir Axayacatl Reyes Rangel, en cuanto defensor público de José Mercedes Castro Castro, Juan Manuel Castro Medina, Pablo Yovani Cotero Soto y Yessy Cabral Orona; por el que acusa recibo del comunicado 13472 por el que este órgano jurisdiccional rindió informe justificado y remitió copia certificada del juicio de amparo 446/2020 y el escrito de agravios relativo; y hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, tal como lo ordena el Tribunal Colegiado, se pone el expediente electrónico del amparo, disponible para que pueda vincularlo. Se ordena a la encargada del SISE para que otorgue los permisos correspondientes de inmediato. Notifíquese.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por Vladimir Axayacatl Reyes Rangel, en cuanto defensor público de José Mercedes Castro Castro, Juan Manuel Castro Medina, Pablo Yovani Cotero Soto y Yessy Cabral Orona, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, por medio electrónico que contendrá: el escrito de agravios en original, así como una copia del mismo, a fin de que de considerarlo necesario, el Tribunal de Alzada corra traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que, al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrito y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgador es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias señaladas por este órgano jurisdiccional, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto. ... Notifíquese.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Uruapan, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Vladimir Axayacatl Reyes Rangel, en cuanto defensor público de José Mercedes Castro Castro, Juan Manuel Castro Medina, Pablo Yovani Cotero Soto y Yessy Cabral Orona, contra actos que atribuye al Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco y Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "CPS", con sede Buenavista, Michoacán; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 446/2020. Del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante hace consistir los actos reclamados en: ...Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. ...Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ...Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. ... En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. ... Principio de definitividad que los quejosos debieron observar frente a los actos reclamados consistentes en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco y la falta de atención médica, psiquiátrica y dental que refieren, toda vez que éstos atienden a las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos en el lugar donde se encuentran recluidos, y contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 131,138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. ... Es así, puesto que contra el referido acto reclamado procede el recurso de apelación en términos de los artículos 131 y 132 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales establecen en lo que interesa: ...Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que haber agotado ante el Juez de ejecución el procedimiento de ejecución 863/2020 que refiere ya tenía en trámite, con la cual podía lograr que se modifique, revoque o anule el acto reclamado, tomando en cuenta que dicho acto reclamado, es legalmente recurrible, empero la parte promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley, por lo que esa circunstancia, por sí misma evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo que es el de: definitividad. En tales condiciones, toda vez que la ley ordinaria concede vía para inconformarse respecto del acto reclamado, en términos de los 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, sin que haya sido previamente agotado, lo conducente es DESECHAR LA DEMANDA de amparo que se provee. ...La misma suerte corre por lo que ve a los diversos actos que hacen consistir en la falta de atención médica, psiquiátrica y dental que refieren los quejosos, toda vez que éstos atienden a las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos en el lugar donde se encuentran recluidos. Lo anterior se estima así, pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida diga y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: ...De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como los agraviados) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos en el lugar donde se encuentran recluidos, ya sean urgentes o no; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si los quejosos acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde están internos, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en él, así como del diverso emitido por el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, en el que en esencia hizo del conocimiento de la parte quejosa que la omisión que reclama por parte de la autoridad penitenciaria, así como cualquier otro aspecto inherente a cuestiones de internamiento, debería hacerla ante el Juez de Ejecución competente, en términos de lo dispuesto por el numeral 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ende, es claro que resultan aplicables los medios de defensa establecidos en la normativa antes invocada. Entonces, es preciso concluir que los quejosos no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, si bien acudieron ante el juez de ejecución para plantear su petición dentro del procedimiento de ejecución 863/2020 que refieren; sin embargo, no agotaron los recursos que la ley ordinaria establece para inconformarse contra los actos que reclaman, lo que les permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y provoca desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Máxime que, de los conceptos de violación y antecedentes expuestos, se desprende que sus peticiones van encaminadas a que se les proporcione la atención médica que refieren cada uno de ellos y combatir las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos en el lugar donde se encuentran recluidos. ... No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Asimismo, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. Ahora bien, toda vez que el promovente señala domicilio fuera de la residencia de este Órgano Jurisdiccional, se ordena practicarle por lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracciones I -a contrario sensu- y III, inciso a). Por otro lado, en cuanto a su petición de que se le practiquen las notificaciones al correo electrónico vladimir.reyes.rangel@correo.cjf.gob.mx; dígase al ocursante que no ha lugar a tenerle por señalando ese correo electrónico para recibir notificaciones, pues ni en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ni en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativos al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se prevé que en los juicios de amparo, las partes puedan ser notificadas en correos electrónicos. Por ende, no es viable ese medio para hacerle las notificaciones que pretende; de hecho, el artículo 60 del acuerdo general 12/2020, aclara que las justiciables podrán notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales en un procedimiento jurisdiccional dentro del módulo para consultar notificaciones del Portal; como se ve, las notificaciones se hacen en el portal y no en correos electrónicos particulares. Ahora, es claro que las partes pueden solicitar el trámite del juicio en línea, pero para ello es necesario que cumplan con los siguientes requisitos: a) Tener usuario con firma electrónica autorizada en el Portal de Servicios en Línea; b) Solicitar el acceso al expediente electrónico; c) Solicitar recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ...En el caso, al ocursante, defensor de los quejosos, no le otorgaron la facultad expresa de solicitar el acceso al expediente electrónico ni la posibilidad de notificarse en línea en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como es indispensable de acuerdo con el artículo 35 antes citado, para que el autorizado en términos amplios o defensor lo pudiera solicitar. Por ende, si lo que desea el promovente es que tener acceso al expediente y ser notificado del juicio en línea, tiene las siguientes opciones: A) De acuerdo con los artículos 3 y 24, párrafo final, de la Ley de Amparo, puede el quejoso directamente o a través de representante legal (como un apoderado jurídico) solicitar en promoción por escrito con firma autógrafa o en forma electrónica usando su propio y personal usuario del Portal de Servicios en Línea, que cuente con firma electrónica autorizada, solicitar el acceso para ella y para el autorizado en términos amplios, a quien le puede permitir que use su firma electrónica, a cuyo efecto deberá de comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma. B) Conforme a los artículos 14, 16 y 35 del acuerdo general 12/2020, pueden presentar los quejosos directos una promoción en físico con firma autógrafa o en forma electrónica firmada con firel, en la cual señale que otorga a su defensor la facultad expresa para que éste solicite el acceso al expediente electrónico o si lo desea, además, que pueda solicitar ser notificado en línea en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Hecho lo anterior, quien decida la parte quejosa y nombre su autorizado en términos amplios con la mencionada facultad expresa, ahora sí podrá comparecer en una promoción ante este juzgado a solicitar el acceso al expediente electrónico, proporcionando su nombre de usuario, en cuya virtud, tendrá acceso a dicho expediente y a algunas de las herramientas y beneficios propios del sistema en línea, pero su juicio aún no se tramitará en línea pues para ello será necesario que, además, también solicite que se le hagan las notificaciones en línea en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con ese usuario; con esto último el juicio se llevaría completamente en línea, con todas las herramientas y beneficios del sistema. Con la finalidad de hacerle más asequible el uso del juicio en línea, en términos del artículo 17 Constitucional, envíese al correo electrónico que señala, una tarjeta sensible que cuenta con la liga al sistema de explicación de esta modalidad. No obstante lo anterior, se tiene al ocursante señalando el correo electrónico que proporciona única y exclusivamente para establecer contacto, en caso de ser necesario para comunicarle las claves a fin de llevar a cabo audiencias por videoconferencia, lo anterior con apoyo en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia derivada del virus COVID-19. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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