Yesenia Mendez Rodriguez
Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yesenia Mendez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio **** signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del diverso 15827 por el que se remitió el escrito de expresión de agravios relativo al recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en el presente juicio de amparo y, se advierte que admitió dicho recurso, registrándolo con el número **** del índice de ese órgano colegiado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la quejosa **** por propio derecho; atento a su contenido, se le tiene, por interpuesto el RECURSO DE QUEJA hecho valer en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos... se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento, por lo cual, de conformidad con el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como, en atención a los lineamientos establecidos en el artículo ... a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento oficio acompañado del escrito original de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán. En la inteligencia que una vez que el Tribunal Colegiado correspondiente comunique a este juzgado el número con que se registre la queja en comento, se pondrá a disposición el expediente electrónico del presente juicio de amparo 593/2023 y será vinculado por la encargada del SISE que otorgará los permisos correspondientes en dicho sistema. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en el que se manifieste a la Superioridad que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que este Juzgado Federal, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por la promovente. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrito y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este Órgano Jurisdiccional es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, gírese el oficio en comento, acompañado del escrito original de agravios, a fin de que la Superioridad que conocerá del asunto resuelva lo conducente. Apoya lo anterior, la tesis... Háganse las anotaciones en el Libro de control correspondiente (electrónico), así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón de que la parte quejosa YESENIA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veinticuatro de agosto del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintitrés de agosto del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda presentada por Yesenia Méndez Rodríguez, por propio derecho, contra actos que atribuye al Jefe del Departamento Contenciosos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Delegación en el Estado de Michoacán; fórmese y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 593/2023. De la demanda de amparo se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado, el siguiente:... DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone a la persona juzgadora la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esto es, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En el caso concreto, en atención al acto reclamado -desechamiento de la reclamación interpuesta contra lo resuelto en el recurso de inconformidad planteado por la negativa de pensión por viudez-, este juzgado advierte que no es un acto de autoridad para los efectos de procedencia del juicio de amparo, por tanto, actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los preceptos 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Dicho lo anterior es necesario examinar el tipo de relación que existe entre la parte quejosa frente a quien le atribuye el acto reclamado; es decir, si implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un órgano del Estado, porque sólo de esa manera podremos determinar, si a quien señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es para los efectos de procedencia del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares decidir, en un caso concreto, si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad. Para comprender de mejor manera el acto, debe atenderse, en primer orden, la relación que puede existir entre, la quejosa frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, concretamente con su departamento contenciosos del consejo consultivo delegacional, para ello, resultarán ilustrativas, las consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 129/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, uno de los puntos de contradicción, se concretó en, determinar si la resolución que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad, es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social vigente al dicado de su ejecutoria, disponían:... Advirtió que, del precepto 294 en cita, la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, fue precisa en señalar que la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio Instituto; pues, en relación con los primeros determinó que las controversias que existan entre ellos, serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Precisó que, esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es similar, cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. Lo cual le permitió afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Expresó que, la seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dirige, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, determinó que, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque, al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Por todo lo expuesto, el Alto Tribunal del País, en su segunda Sala, puso de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Por lo cual, afirmó, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión. En cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado Instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente, está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Incluso, mencionó que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia Ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ello, para la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significó que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque, la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. En conclusión se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Por lo que, consideró que, la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque: Si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra; Debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. En consecuencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos negativos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos, no son de autoridad para efectos del amparo. De lo anterior se evidencia que el acto reclamado, consistente en el acuerdo de fecha de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en que desechó de plano la reclamación intentada contra lo resuelto en el recurso de inconformidad planteado por la negativa de pensión por viudez, no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues versa acerca de prestaciones de seguridad social, en una relación jurídica en la cual ni el inconforme, por una parte, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, están investidos de imperio, ya que este último actúa como ente asegurador, derivado del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón, o con base en el convenio celebrado al efecto. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo conducente, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social. Es aplicable al caso, la jurisprudencia... Consecuentemente, atendiendo a la naturaleza del acto impugnado y a lo dispuesto por el artículo 295 de la Ley del Seguro Social vigente, las controversias suscitadas entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga el ordenamiento mencionado, deben tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, mientras que las surgidas entre ese Instituto y los patrones o demás sujetos obligados, se llevarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En tales condiciones, al no constituir lo reclamado, acto de autoridad para efectos del amparo, dado que su naturaleza y origen versa acerca de prestaciones previstas en la Ley del Seguro Social, derivadas del vínculo jurídico entablado con los asegurados o sus beneficiarios y, por tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, al tratarse de una relación de coordinación, es decir, entre particulares, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, constitucional, 1o., fracción I, 5o., fracción II de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley de la materia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo Luis Manuel Cabrera Casarez, Alejandro Pimentel Pineda y Jesús Eduardo Martínez Sierra, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que Juan Carlos Aguilar Bedolla y Luis Giovani Vital Meza, únicamente estarán autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario alpimal, conforme a los numerales 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; para cuyo efecto, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, respecto a la toma de fotografías del presente asunto, se autoriza a la parte quejosa, el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Transparencia y acceso a la información De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. ... Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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