Yessica Belen Cortés Cámara
Expediente 742/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yessica Belen Cortés Cámara
- YESSICA BELEN CORTÉS CÁMARA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se concedió a la parte quejosa. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las documentales que este juzgado le requirió y de las que anexó a su informe justificado, por las cuales se formaron los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a dicha autoridad, las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
"Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio 481/2018 signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa 742/2018, que contiene la resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el cuaderno auxiliar 387/2018, del índice de ese Juzgado; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes, y acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, notifíquese a las partes la resolución de mérito, para los efectos legales conducentes." "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 742/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, promovido por Yessica Belén Cortes Cámara y Benjamín Daniel Bizuet Campos, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Z.E.B.C y E.D.B.C., contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 11 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Yessica Belén Cortes Cámara y Benjamín Daniel Bizuet Campos, presentaron la demanda de amparo indirecto contra los actos y respecto de las autoridades que a continuación se precisan: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO ES: a) Juez primero de primera instancia del quinto distrito judicial en el estado de Morelos, María de Lourdes Betancourt Soria, con domicilio en Paseo Tlahuica 86, Rancho Nuevo, 62733 Yautepec de Zaragoza, Morelos. b) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, con domicilio conocido. c) H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. Con domicilio conocido. IV. LA NORMA GENERAL ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS SON: 1.- La inconstitucionalidad del artículo 60 fracción VI, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, aplicado en el auto de desechamiento que se describe en el siguiente número. 2.- El auto de desechamiento sin fundamento ni motivación del incidente de incompetencia de fecha 23 de abril de 2018. 3.- El auto de requerimiento de presentación de la menor ZOE ESTRELLA BIZUET CORTES para el día diez de julio de dos mil dieciocho a las doce horas con treinta minutos. La multa ordenada por 20 unidades de medida y actualización y apercibimiento de diversa multa por 30 unidades de medida de actualización dictado por la autoridad responsable el día ocho de mayo de dos mil dieciocho. 4.- El auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que ordena a costa de los suscritos previo pago de derechos la expedición de copias certificadas." Actos que consideró violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisó los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevención. En proveído de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 12 a 14 de autos), el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda, previno a las partes quejosas para el efecto de que manifestaran quién tiene la guarda y custodia legal de los menores Z.E.B.C y E.D.B.C., misma que se desahogó por escrito de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 32 a 33 ídem). TERCERO. Registro, Admisión, trámite y celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho (fojas 86 a 89 de autos), el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de garantías, la registró con el número 742/2018; admitió a trámite la misma; ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Esther Adelina Campos Osorio, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal; y en otras determinaciones señaló fecha y hora para la audiencia constitucional la cual se llevó acabo a las diez horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho (foja 132 de autos). CUARTO. Remisión de autos para el dictado de sentencia. Por oficio 128/2018 de siete de agosto de dos mil dieciocho, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (foja 2 del cuaderno auxiliar), se ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo indirecto 742/2018, al Centro Auxiliar de la Séptima Región, en términos de los Acuerdos Generales 54/2008, 67/2008, 27/2011 y 53/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar número 387/2018; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013 (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil quince); punto quinto, apartado 7, del Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, que derogó al diverso 17/2012, que a su vez derogó el 11/2011, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto Primero del diverso Acuerdo número 54/2008, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, modificado mediante los diversos acuerdos 27/2011 y 53/2011 del mismo órgano colegiado; punto primero del Acuerdo General 67/2008 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; oficio STCCNO/913/2015 de dieciocho de mayo de dos mil quince, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que comunica que este órgano jurisdiccional apoyará en el dictado de las sentencias al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; y la circular CAR 1/CCNO/2012, del trece de junio de dos mil doce, del índice de la indicada Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla los lineamientos correspondientes para el envío de los asuntos remitidos a este órgano jurisdiccional; en atención a que los actos reclamados fueron atribuidos a autoridades con domicilio dentro del ámbito de competencia del órgano de control de constitucionalidad, al que este juzgado auxiliar está apoyando en el dictado de la sentencia. SEGUNDO. Cuestión previa. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página 440, del texto siguiente: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a establecer los actos reclamados que se advierten del estudio íntegro de la demanda de garantías, así como de las constancias del presente juicio de derechos fundamentales. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 195745, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Es aplicable también, la Jurisprudencia 70, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, página 99, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado." De la misma forma, apoya lo anterior la tesis aislada número VI/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, sustentada por el Pleno del citado Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que los quejosos reclaman de las autoridades responsables lo siguiente: ? La inconstitucionalidad del artículo 60 fracción VI, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. ? El auto de desechamiento del incidente de incompetencia de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. ? El auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, donde señalan la presentación de la menor Zoé Estrella Bizuet Cortes, para el diez de julio de dos mil dieciocho. ? La multa ordenada por 20 y 30 unidades de medida de actualización, dictado en acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho. ? El auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que ordena el pago de derechos la expedición de copias certificadas. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión procede ahora a analizar el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, negaron los actos que se les reclaman consistentes en el auto de desechamiento del incidente de incompetencia de veintitrés de abril de dos mil dieciocho; el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, donde señalan la presentación de la menor Z.E.B.C., para el diez de julio de dos mil dieciocho; la multa ordenada por 20 y 30 unidades de medida de actualización, dictado en acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho y el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que ordena el pago de derechos la expedición de copias certificadas, tal y como se desprende de los informes justificados que rindieron (fojas 113 a 116 y 118 a 122 ídem). Por tanto, si la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con prueba alguna, habida cuenta que de las constancias que obran en autos, no se observa que alguna de las autoridades señaladas hubiesen participado en la emisión de los referidos actos en los términos que afirman los quejosos, por ello, debe tenerse como inexistente el acto que se les atribuye. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 310, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una anterior conformación, publicada en la página 209, tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Sexta Época, que dispone lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a la mencionada conclusión, la jurisprudencia número VI.2º. J/308. emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 77, tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO". En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable Ia existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la in constitucionalidad de los actos impugnados". En tales condiciones, al no existir el acto que reclaman las partes quejosas a las responsables en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo únicamente por lo que hace al acto reclamado que se les atribuye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, debe precisarse que las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, si aceptaron el acto que se les reclama consistentes en la promulgación, aprobación, expedición y publicación del artículo 60 fracción VI, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, por así desprenderse de sus informes justificados (fojas 113 a 116 y 118 a 122 ibíd). Asimismo, la autoridad responsable Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el auto de desechamiento del incidente de incompetencia de veintitrés de abril de dos mil dieciocho; el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, donde señalan la presentación de la menor Zoé Estrella Bizuet Cortes, para el diez de julio de dos mil dieciocho; la multa ordenada por 20 y 30 unidades de medida de actualización, dictado en acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho y el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que ordena el pago de derechos la expedición de copias certificadas, pues así se advierte en el informe justificado que rindió (fojas 124 a 126 de autos); y por así desprenderse de las constancias que en apoyo al mismo se remitió, relativo a las copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio de Controversia del Orden Familiar, sobre la Guarda, Custodia y Alimentos 353/2017-2, cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público, calidad que se demuestra por haber sido expedida por un funcionario facultado para ello. Como apoyo a las consideraciones precisadas, es adecuado citar el criterio Jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 231, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con registro 394182 del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia que se pudieran actualizar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, sustentada por una anterior conformación del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, número de registro 395571, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, este juzgador federal estima que en el caso que ocupa la atención, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado . El necesario análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesa" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así sobre tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada "Lecciones de Amparo", Editorial Porrúa, S.A., páginas 497 y 498, opina que de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga..."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente..."; concluye que "...únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada" El uso de la doctrina en la emisión de un fallo, resulta de aplicar la tesis número 2ª. LXIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001, página 448, con número de registro 189723, del rubro y texto siguientes: "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Corolario de lo expuesto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así las cosas, de las constancias remitidas en copias certificadas por el órgano auxiliado mediante oficio 33473/2018 recibido por este juzgado en acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 38 a 48 del cuaderno auxiliar), se advierte la actuación de tres de septiembre del referido año, dictada en los autos del índice de la autoridad responsable Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Yautepec de Zaragoza, en el expediente 353/17-2, en la que en lo que aquí interesa, contiene lo siguiente (foja 43 del cuaderno auxiliar): ". Ahora bien y atendiendo al desistimiento solicitado por la promovente en su escrito de cuenta número 5030 en donde se advierte que mediante comparecencia de fecha doce de julio del año en curso, la Ciudadana ESTHER ADELINA CAMPOS OSORIO, ratificó ante la presencia judicial el escrito de cuenta antes referido, mediante el cual se desiste de la demanda en contra de los demandados BENJAMÍN DANIEL BIZUET CAMPOS y YESSICA BELÉN CORTES CÁMARA, por así convenir a sus intereses; en esas condiciones, se tiene a la parte actora desistiéndose bajo su más estricta responsabilidad y a su más entero perjuicio de la demanda en contra de los demandados antes citados, ordenándose la devolución de los documentos anexados al presente juicio a cada una de las partes, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos, y una vez hecho lo anterior archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido ." Lo resaltado es propio. Tal y como se desprende de la documental pública aludida a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una actuación judicial que no fue contradicha su contenido, la actora en el juicio de origen y tercero interesada en el presente juicio constitucional ESTHER ADELINA CAMPOS OSORIO, se desistió de la demanda del orden familiar, guarda, custodia y alimentos que instauró en contra de los ahora quejosos BENJAMÍN DANIEL BIZUET CAMPOS y YESSICA BELÉN CORTES CÁMARA, desistimiento que mediante comparecencia ante la autoridad responsable ratificó el doce de julio de dos mil dieciocho, por así haber convenido a sus intereses. Por tanto, si la referida tercero interesada, se desistió lisa y llanamente de las prestaciones ejercitadas en el juicio de origen en contra de los demandados señalados, voluntad que -tal y como se destacó- ratificó ante la autoridad responsable; inconcuso es, que lo anterior nos permite tener por demostrada la causa de improcedencia advertida por este juzgador federal, ello en virtud de que lo reclamado en esta instancia por los solicitantes de garantías cesaron en sus efectos, porque el desistimiento que hizo la actora mencionada de las prestaciones que demandó de los ahora quejosos en el juicio de origen, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la demanda de amparo en estudio. Sirve de apoyo la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998. Página 210, con número de registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable a lo anterior, la tesis número P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La improcedencia invocada, impide que este Juzgado Federal analice los planteamientos de fondo que realiza la parte quejosa. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Como colofón, debe precisarse que todas las tesis y jurisprudencias mencionadas en el cuerpo de esta sentencia, resultan aplicables en el presente asunto, toda vez que si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, también lo es que contienen los mismos principios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; de allí que resulten aplicables, lo anterior además de conformidad con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "ARTICULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dígase a las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3°, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el numeral 7°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracciones IV y V, 74, y 217 y demás relativos de la ley de la materia, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Yessica Belén Cortes Cámara y Benjamín Daniel Bizuet Campos, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Z.E.B.C y E.D.B.C., en contra del acto y autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el cuarto y sexto considerandos de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando último de esta determinación. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, para que proceda en términos del inciso número 6 y siguientes del punto Quinto del Acuerdo General 54/2008, modificado por el diverso 53/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo quedar testimonio en el cuaderno auxiliar número 387/2018, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma el licenciado Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, ante el licenciado Carlos Antonio Robles Juárez, Secretario que autoriza, firma y da fe, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado.(Rubricas)"
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En diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta con el escrito registrado con el número de folio 22736.- Conste.Cuernavaca, Morelos, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho.Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, y remite copia certificada del auto de tres de septiembre de esta anualidad, mediante el cual se advierte que se tuvo a Esther Adelina Campos Osorio, por desistida a sus más entero perjuicio de la demanda instaurada en contra de los aquí quejosos Yessica Belén Cortes Cámara y Benjamín Daniel Bizuet Campos, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Zoé Estrella y Ethan Daniel, ambos de apellidos Bizuet Cortes; al respecto se provee lo siguiente: Toda vez el original del juicio de amparo 742/2018, se remitió al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco Guerrero, para que en auxilio de este Juzgado Federal, se dicte la sentencia correspondiente, el cual quedó registrado con el número 387/2018, de la estadística del Juzgado Auxiliar, remítase copia certificada del oficio de cuenta para los efectos legales procedentes.
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Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual hace del conocimiento que tuvo por desistida a la tercero interesada Esther Adelina Campos Osorio, de la demanda instaurada en contra de los aquí quejosos Yessica Belén Cortes Cámara y Benjamín Daniel Bizuet Campos, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Zoé Estrella y Ethan Daniel, ambos de apellidos Bizuet Cortes; al respecto se provee lo siguiente: Con fundamento en los artículos 75, de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, de cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada del auto por el cual se tuvo por desistida de la demanda 353/2017 promovida por Esther Adelina Campos Osorio, en contra de Yessica Belén Cortes Cámara y Benjamín Daniel Bizuet Campos, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Zoé Estrella y Ethan Daniel, ambos de apellidos Bizuet Cortes, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra pendiente del dictado de la sentencia respectiva. Por otra parte, toda vez el original del juicio de amparo 742/2018, se remitió al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco Guerrero, para que en auxilio de este Juzgado Federal, se dicte la sentencia correspondiente, el cual quedo registrado con el número 387/2018, de la estadística del Juzgado Auxiliar, remítase copia certificada del oficio de cuanta para los efectos legales procedentes.
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