Yessenia Reyes Arellano
Expediente 1796/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1796/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Felipe Paulin Noe
- Yessenia Reyes Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de julio de dos mil veintidós Agréguense a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma, autoridad responsable en el presente juicio. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en razón de que mediante auto de ocho de julio de la presente anualidad, se declaró firma la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de septiembre de dos mil veintiuno Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a al tercero interesada Yesenia Reyes Arellano, por las razones que señala en la misma; al respecto, hágase la precisión que contrario a lo que aduce el fedatario en su razón de cuenta, dígasele que dichas constancias se encuentran en el expediente electrónico, vinculadas en auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, las cuales fueron dadas de alta por el fedatario que firma la razón actuarial de cuenta, el catorce de junio de la presente anualidad. Por otro lado, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada ya mencionada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFCAR A LA TERCERO INTERESADA YESENIA REYES ARELLANO, POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Felipe Paulin Noe solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".el ilegal emplazamiento a juicio al suscrito (fechado los días 16 y 19 de junio, ambos del año 2017) y posteriores actuaciones, .". SEGUNDO. El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, esta autoridad, radicó el asunto con el consecutivo 1796/2019, Previo auto aclaratorio, donde la parte quejosa subsanó parcialmente la demanda para señalar como responsable al actuario adscrito a la responsable, el catorce de febrero de dos mil veinte, por tanto, tuvo por no presentada la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de queja, dándole tramite al día hábil siguiente. CUARTO. El dos de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad recibió el oficio 464, anexó ejecutoria dictada en el recurso de queja 45/2020, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, donde resolvió fundada la queja. QUINTO. El tres de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, admitió la demanda de la parte quejosa Felipe Paulin Noe, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio laboral 01/386/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio laboral 01/386/2017-IV, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso concreto, es importante destacar que de las constancias que acompañó la Junta responsable a su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. El diez de mayo de dos mil diecisiete, la Junta responsable dio trámite a la demanda de la actora Yessenia Reyes Arellano, quien promovió juicio ordinario laboral en contra de la persona física Felipe Paulin Noe, y otra moral, bajo el número de expediente 01/386/2017-IV; señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones; además, ordenó el emplazamiento de la persona física hoy quejoso y persona moral en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes número treinta y seis, colonia centro, municipio de Jiutepec, Morelos. 2. Previo citatorio de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 13 a 17 de autos), el diecinueve de junio siguiente, emplazó a la persona física quejosa. 4. Seguida la secuela procesal, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la junta responsable dictó laudo correspondiente en el procedimiento laboral de origen en el sentido de condenar a la persona física y persona moral, al cumplimiento de diversas prestaciones (fojas 5259 del anexo), que al no haber sido impugnada y al no cumplir voluntariamente con el laudo, el nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictó auto de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, en los conceptos de violación, la parte quejosa esencialmente alega que no fue debidamente emplazada al juicio laboral 01/386/2017-IV, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de acuerdo a los siguientes argumentos: No se advierte el nombre completo de la actuaria. Se debió señalar el dato exacto del lugar en que se encontraba la placa que describe la fedataria. La actora señaló de manera indistinta dos domicilios para llevar a cabo el emplazamiento y la actuaria no precisa en cuál de ellos se constituyó. La fedataria no asentó los elementos de convicción por los cuales se haya cerciorado del domicilio. No se precisa si en el lugar se encontraba el nombre de la clínica buscada y en su caso de qué material era este elemento. La actuaria no precisa si el domicilio correspondía a una calle, privada o avenida y cómo se cercioró de tal situación. Existe discrepancia entre el citatorio y posterior emplazamiento, con las diversas notificaciones llevadas a cabo en el juicio laboral de origen. Los argumentos expuestos, mismos que se atenderán en su conjunto por su estrecha vinculación devienen infundados. A fin de examinar el emplazamiento reclamado se estima pertinente indicar que el derecho fundamental de audiencia y seguridad jurídica se contempla en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del contenido literal siguiente: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." De conformidad con lo establecido en el precepto constitucional transcrito, cualquier acto privativo tiene que seguirse mediante un procedimiento ante los tribunales previamente constituidos para ello, en el que "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Respecto de las formalidades esenciales del procedimiento y su composición, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a página 133, cuyo contenido es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De lo anterior se concluye que las mencionadas formalidades tienen como finalidad otorgar al gobernado una oportuna y adecuada defensa. Dichas prerrogativas consisten en: 1. Emplazamiento (notificación conforme a la ley del inicio del procedimiento y sus consecuencias). 2. Oportunidad probatoria (ofrecer y desahogar pruebas con las que se finque la defensa del gobernado). 3. Oportunidad de alegar (formular manifestaciones que se estimen convenientes). 4. Resolución (pronunciar resolución que dirima la controversia planteada). Cuando se logran regular todas y cada una de estas etapas, se está en presencia del derecho fundamental de audiencia, que consagra el párrafo segundo del citado artículo 14 constitucional y de no respetarse, se dejaría de cumplir su finalidad, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento se advierte que la notificación de su inicio y sus consecuencias, resulta la que implica mayor importancia, dado que en ésta se sustenta el ejercicio del derecho respecto de las restantes, pues una persona que conoce sobre la existencia de un procedimiento y las consecuencias que le puede deparar, se encuentra en aptitud de comparecer ante la autoridad previamente a la emisión del acto privativo, de aportar las pruebas que estime pertinentes, de alegar a su favor y de ejercer, en su caso, los medios de defensa que prevean las leyes secundarias. De ahí que el análisis de constitucionalidad sobre el emplazamiento es uno de los que debe realizarse con mayor rigor, pues solo si se encuentran satisfechas todas las formalidades que señale la ley, podrá concluirse, con certidumbre, que el gobernado tuvo conocimiento del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, y que por lo tanto estuvo en aptitud de comparecer con anterioridad a la emisión del acto privativo. Por lo que es importante precisar que los ordinales 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo establecen los mecanismos que deben cumplir los actuarios para llevar a cabo la primera notificación personal en el juicio laboral, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;." "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De lo reproducido se evidencia el procedimiento que debe seguir el actuario para llevar a cabo el emplazamiento en el juicio de origen, esto es, debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en los autos del juicio laboral de origen para hacer la notificación. Asimismo, deberá requerir la presencia de la persona a notificar, por conducto de quien se encuentre en dicho lugar; y, en caso de que se trate de una persona moral, se debe asegurar de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal. En caso de no encontrarse presente quien se va a notificar o quien represente legalmente la persona moral, debe proceder a dejarle citatorio por conducto de quien lo atiende, para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local y si se encontrara cerrado deberá fijar una copia de la resolución en la puerta de entrada. El Actuario deberá asentar razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. En ese sentido, la obligación del fedatario tiene por objeto que exista plena certeza de que el domicilio en que se constituya es el señalado en autos del juicio laboral de origen para efectuar el emplazamiento, es decir, debe comprobar que en el lugar en que va a emplazar al enjuiciado, éste puede ser localizado, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia, cerciorándose de que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, de lo que se reitera levantará razón en autos señalando los elementos de convicción en que se apoye. En virtud de lo anterior, de las diligencias de emplazamiento de dieciséis y diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se advierte que la Actuaria responsable se constituyó por primera vez en el inmueble señalado en autos, para efectuar el emplazamiento respectivo, asentando lo siguiente: ". en Jiutepec, Morelos siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del día dieciséis del mes de junio del año dos mil diecisiete, el suscrito (a) actuario (a) adscrito (a) a esta Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que a efecto de dar formal y debido cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo (s) de fecha (s) diez de mayo y treinta y uno de mayo, ambos del dos mil diecisiete. Dictados por esta autoridad en el expediente al rubro citado, me constituyo en el domicilio señalado mismo que se ubica en Avenida Insurgentes número treinta y seis, colonia centro, Jiutepec, Morelos. En busca de Felipe Paulin Noe y/o, se dice y empresa y/o establecimiento identificado en el tráfico mercantil con el nombre comercial de "laboratorio de análisis clínico Insurgentes" a través de quien legalmente lo represente. Y cerciorado plenamente de encontrarme en el domicilio correcto por así indicármelo los signos exteriores que tengo a la vista tal y como son una placa de acrílico rosa rotulada en blanco en la que consta el nombre de la colonia y avenida que busco situada en la esquina próxima al lugar en el que actúo así como por tener a la vista un inmueble con fachada en color blanco, con detalle azul, con marquesina de lámina en la parte superior del acceso, así como el nombre de "Laboratorio de análisis Clínico, Insurgentes" rotulado en verde y rojo en la fachada del mismo, así como por el dicho propio de quien me atiende, quien refiere que es el domicilio que busca y en el cual actúo es el mismo y es correcto. Y cerciorado plenamente de que: las buscadas laboran y tienen su domicilio en el lugar en el que actúo; esto por los signos exteriores que se tienen a la vista como rótulos y anuncios con el nombre de la persona moral, así como por el dicho propio de quien me atiende quien bajo protesta de decir verdad refiere que el físico es su patrón y labora en el lugar en que se actúa. En el que procedo a introducirme y desde el interior del inmueble acude a mi llamado el (la) C. Soto Albarran Diana Quien refiere ser empleada del lugar y a quien en este acto le hago saber el motivo de mi visita haciendole de su conocimiento que soy actuario adscrito a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al mismo tiempo que me identifico con credencial expedida por el _Gobierno del Estado de Morelos en el cual aparece, mi nombre, fotografía y firma, la dependencia a la que pertenezco y puesto que me desempeño; solicitando se identifique y si lo hace con credencial de elector con folio 1017022109370 expedida por el IFE. Y en este acto le pregunto por la (s) persona (s) que busco (s) y me manifiesta que: el domicilio que buscas si es aquí, el señor Paulin es mi patrón pero ahora no esta y el laboratorio también es aquí, pero no esta mi patrón que es el dueño ni tampoco hay ningún representante legal que pueda atenderte, regresa después para localizarlo. Procedo a dejar citatorio dirigido a cada persona (s) buscada (s) a través de la persona que me atiende para efectos de que las persona (s) que busco se sirvan esperar al suscrito el día y hora que a continuación se señala lo anterior con fundamento en el artículo 743 fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Todos deberán esperar el día y hora señalado en el lugar en donde sea actúa, apercibidos en caso de no hacerlo se les notificara de conformidad en lo dispuesto en el artículo 743 fracción IV de la Ley federal del Trabajo. Por lo anterior doy por terminada la presente diligencia y el suscrito firmo al calce para constancia legal.- Doy fe.ACTUARIOGrecia Aminadab Campuzano Herrera.Firma ilegible. De lo expuesto, la fedataria realizó diversos citatorios, uno de ellos fue dirigido a la persona física demandada y aquí quejosa, en los siguientes términos: ". CITATORIO En Jiutepec Morelos del día dieciséis del mes de junio del año dos mil diecisiete. Felipe Paulin Noe. Con el fin de notificarle un acuerdo dictado por esta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el suscrito actuario adscrito a esta Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que dejo el presente citatorio en poder del C. Soto Albarran Diana. Quien manifiesta ser empleada del lugar a efecto de que sirva esperar al de la voz en el domicilio en que actúo, a las dieciséis horas con treinta minutos del día diecinueve mes de junio del año dos mil diecisiete, a efecto de llevar a cabo una notificación de carácter personal, con el apercibimiento de que de no encontrarse el día y hora antes citado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 743 fracciones IV y V de la Ley Federal del Trabajo, se les notificará con cualquier persona que se encuentre en el interior del inmueble en que se actúa y si el inmueble estuviere cerrado, o se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación; esta se fijara una copia de la resolución en la puerta de la entrada. La persona que me atiende recibe el presente citatorio y no firma al margen para constancia legal.- Doy fe.ACTUARIOGrecia Aminadab Campuzano Herrera.Firma ilegible. ". En Jiutepec Morelos siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día diecinueve del mes de junio del año dos mil diecisiete, el suscrito actuario adscrito a esta Junta Especial Número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que me constituyo nuevamente en el domicilio señalado en: Avenida Insurgentes número treinta y seis, colonia centro, Jiutepec, Morelos. En busca de Felipe Paulin Noe y/o, se dice y empresa y/o establecimiento identificado en el tráfico mercantil con el nombre comercial de "laboratorio de análisis clínico Insurgentes" a través de quien legalmente lo represente Misma (s) persona (s) que espero de las dieciséis horas con treinta minutos a las dieciséis horas con cuarenta minutos, persona (s) anteriormente citada (s) quien (es) al no encontrarse presente (s), en términos de lo dispuesto por el artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo; procedo a emplazar a juicio, corriéndole traslado al C. Soto Albarrán Diana. Quien refiere ser empleada del lugar quien si se identifica con credencial de elector con folio 1017022109378 expedida por el IFE. Con copia debidamente autorizada y cotejada de acuerdo (s) de fecha (s): diez de mayo, treinta y uno de mayo, ambos del dos mil diecisiete. Con copia de traslado para todos y cada uno de los buscados. Así como copia (s) debidamente autorizada (s) y cotejada (s) de escrito (s) inicial de demanda. Con copias de traslado para todos y cada uno de las personas buscadas, haciendo constar que se deja copia al carbón de la presente acta y la persona mencionada recibe el (los) documento (s) si firmando al margen de la presente acta y el suscrito al calce para constancia legal.- CONSTE. DOY FE.ACTUARIO.Grecia Aminadab Campuzano Herrera.Firma ilegible. Bajo ese tenor, la diligencia de emplazamiento cumple con las formalidades previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de la lectura de la primera visita se advierte que la fedataria judicial sí se cercioró de encontrarse en el domicilio señalado en autos del juicio laboral y de que Felipe Paulín Noé, tiene su domicilio en ese lugar, porque asentó haberse constituido en Avenida Insurgentes, número treinta y seis, colonia Centro, Jiutepec, Morelos, y cerciorarse plenamente de encontrarse en el domicilio correcto por indicárselo los signos exteriores que tenía a la vista, que son una placa de acrílico rosa rotulada en blanco en la que consta el nombre de la colonia y avenida buscada, situada en la esquina próxima al lugar en el que actuó, así como por tener a la vista un inmueble con fachada en color blanco, con detalle azul, con marquesina de lámina en la parte superior del acceso, así como el nombre de "Laboratorio de análisis Clínico, Insurgentes" rotulado en verde y rojo en la fachada del mismo, así como por el dicho propio de quien la tendió, quien refiere que es el domicilio que busca y en el cual actuó es el mismo y es correcto. Es decir, aunado a lo ya expuesto, la persona que la atendió de nombre Diana Soto Albarrán, quien dijo ser empleada del "Señor Paulin", y quien le manifestó que por el momento no se encuentra. De ese modo, la actuaria asentó los datos por los que se cercioró plenamente de encontrarse en el domicilio correcto, esto es, los datos objetivos que le permitieron asegurarse que la persona física buscada tenía en ese lugar su domicilio, como son la placa con el nombre de la calle, la descripción del bien inmueble, el rotulado con el nombre del laboratorio también demandado, los cuales se encuentran corroborados con el dicho de la persona que la atendió, máxime que fue precisa y clara en señalar: "el domicilio que buscas si es aquí, el señor Paulin es mi patrón pero ahora no esta y el laboratorio también es aquí, pero no esta mi patrón que es el dueño ni tampoco hay ningún representante legal que pueda atenderte, regresa después para localizarlo." Lo anterior, ya que, en materia laboral, cuando la notificación se hace a una persona distinta del interesado, no es necesario que el actuario se cerciore de circunstancias tales como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón por la cual esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pues existe la obligación de que el actuario antes de realizar la diligencia con una persona distinta del interesado se cerciore de que esa persona habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, lo cual así aconteció en el presente caso. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 4a./J. 26/94, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ÉSTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUÉLLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio." Establecido lo anterior, debe decirse que la jurisprudencia 2a./J. 9/99, no es aplicable en este caso, porque en dicha ejecutoria se resolvió respecto de los emplazamientos que se llevan a cabo cuando el actuario judicial, sin cerciorarse con elementos objetivos que se encuentran en el domicilio correcto, tiene por satisfecho que así acontece cuando la persona que lo atiende le dice que efectivamente es el domicilio señalado para realizar el emplazamiento y que la persona buscada "por el momento no se encuentra", circunstancia que, dijo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sí sola, no implica que efectivamente la persona interesada, habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, por no contar con otros elementos objetivos que lo lleven a tal convicción; por ello, determinó que el funcionario debía recabar otros datos que le permitieran asegurarse de que la persona buscada verdaderamente habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar; sin embargo, en este caso, la actuaria sí asentó los datos objetivos que le permitieron asegurarse de que la persona demandada buscada y aquí quejosa tenía en ese lugar su domicilio. De ahí que las actuaciones que se impugnan cumplen las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que la fedataria, con independencia del dicho de la persona que la atendió, se cercioró de que en el domicilio en el que se constituyó, efectivamente puede ser localizado el demandado Felipe Paulín Noé pues asentó con claridad los elementos de convicción en que se apoyó, esto es, recabó diversos datos a fin de obtener la certeza del lugar en el que llevó la diligencia, detallando la información proporcionada y, al tratarse de dos personas distintas (persona física y establecimiento comercial), describió tanto su fachada como el rótulo en el que constaba la leyenda con su denominación en el exterior del inmueble, elementos de convicción que ponen de manifiesto que era ese el domicilio de la empresa a emplazarse. Lo que sin duda conduce a tener el estado de certeza que exige el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de que Felipe Paulín Noé, estuvo informado sobre el inicio del procedimiento en el que figura como parte demandada.Por tanto, las actuaciones llevadas por la fedataria se realizaron de conformidad con la normatividad correspondiente, y no sólo por el hecho de que la funcionaria esté investida de fe pública en todo lo concerniente al desempeño de sus funciones, pues contrario a lo que se alega, cumplió con las exigencias de la ley, al asentar los datos objetivos que se insiste, dieron firmeza a sus actuaciones, por lo que resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos y lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, debe señalarse que tampoco le asiste la razón al sostener la ilegalidad del emplazamiento efectuado, puesto que es evidente que la fedataria se constituyó en el mismo lugar donde previamente había dejado el citatorio respectivo. Esto es así, tomando en consideración la jurisprudencia 2a./J. 107/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRIMERA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL JUICIO LABORAL. ES INNECESARIO QUE EL ACTUARIO HAGA CONSTAR EN EL ACTA RELATIVA LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE TOMÓ EN CUENTA PARA CERCIORARSE DEL DOMICILIO DONDE SE EFECTUÓ, CUANDO ELLO SE REALIZÓ EN EL CITATORIO PREVIO, AL CONFORMAR AMBAS DILIGENCIAS UNA UNIDAD JURÍDICA. El artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo establece las formalidades que deben observarse durante la práctica de la primera notificación personal en el juicio laboral, e inicialmente impone al actuario la obligación de cerciorarse de que la persona a notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; no obstante, esa exigencia no implica que para la validez de la diligencia deban asentarse en el acta relativa los elementos de convicción tomados en cuenta por el actuario para cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó para ese efecto, es el señalado en autos y que en él habita o trabaja la persona a notificar, cuando ello se realizó en el citatorio previo, en tanto ambos documentos conforman una unidad jurídica, habida cuenta que debe agregar copia del citatorio al expediente relativo para que pueda verificarse que la notificación se practicó en atención a las formalidades previstas en el numeral citado. Si bien el principio de seguridad jurídica impone la obligación de que tanto el acta de notificación como el citatorio contengan los elementos de convicción que el actuario tomó en cuenta para cerciorarse del domicilio, lo cierto es que ambas diligencias de notificación conforman una unidad jurídica; de ahí que el actuario no está obligado a cerciorarse del domicilio al constituirse nuevamente, pues basta con que el acta relativa remita expresamente a lo asentado en el citatorio." Finalmente, en nada modifica el sentido emitido, los argumentos aislados por parte del quejoso, a través de los cuales pretende argumentar que no es visible le nombre completo de la actuaria, ni la falta de precisión respecto a la ubicación de la placa o que existieran diferencias entre las notificaciones reclamadas con las efectuadas con posterioridad. Lo anterior se estima así, en razón de que son insuficientes para desvirtuar lo hasta aquí expuesto, en el sentido de que se analizó la constitucionalidad y legalidad del citatorio y posterior emplazamiento, de los cuales se concluyó que fue adecuado el accionar de la fedataria pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Felipe Paulin Noe, respecto de los actos y autoridades precisadas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Felipe Paulin Noe solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".el ilegal emplazamiento a juicio al suscrito (fechado los días 16 y 19 de junio, ambos del año 2017) y posteriores actuaciones, .". SEGUNDO. El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, esta autoridad, radicó el asunto con el consecutivo 1796/2019, Previo auto aclaratorio, donde la parte quejosa subsanó parcialmente la demanda para señalar como responsable al actuario adscrito a la responsable, el catorce de febrero de dos mil veinte, por tanto, tuvo por no presentada la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de queja, dándole tramite al día hábil siguiente. CUARTO. El dos de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad recibió el oficio 464, anexó ejecutoria dictada en el recurso de queja 45/2020, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, donde resolvió fundada la queja. QUINTO. El tres de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, admitió la demanda de la parte quejosa Felipe Paulin Noe, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio laboral 01/386/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio laboral 01/386/2017-IV, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso concreto, es importante destacar que de las constancias que acompañó la Junta responsable a su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. El diez de mayo de dos mil diecisiete, la Junta responsable dio trámite a la demanda de la actora Yessenia Reyes Arellano, quien promovió juicio ordinario laboral en contra de la persona física Felipe Paulin Noe, y otra moral, bajo el número de expediente 01/386/2017-IV; señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones; además, ordenó el emplazamiento de la persona física hoy quejoso y persona moral en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes número treinta y seis, colonia centro, municipio de Jiutepec, Morelos. 2. Previo citatorio de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 13 a 17 de autos), el diecinueve de junio siguiente, emplazó a la persona física quejosa. 4. Seguida la secuela procesal, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la junta responsable dictó laudo correspondiente en el procedimiento laboral de origen en el sentido de condenar a la persona física y persona moral, al cumplimiento de diversas prestaciones (fojas 5259 del anexo), que al no haber sido impugnada y al no cumplir voluntariamente con el laudo, el nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictó auto de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, en los conceptos de violación, la parte quejosa esencialmente alega que no fue debidamente emplazada al juicio laboral 01/386/2017-IV, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de acuerdo a los siguientes argumentos: No se advierte el nombre completo de la actuaria. Se debió señalar el dato exacto del lugar en que se encontraba la placa que describe la fedataria. La actora señaló de manera indistinta dos domicilios para llevar a cabo el emplazamiento y la actuaria no precisa en cuál de ellos se constituyó. La fedataria no asentó los elementos de convicción por los cuales se haya cerciorado del domicilio. No se precisa si en el lugar se encontraba el nombre de la clínica buscada y en su caso de qué material era este elemento. La actuaria no precisa si el domicilio correspondía a una calle, privada o avenida y cómo se cercioró de tal situación. Existe discrepancia entre el citatorio y posterior emplazamiento, con las diversas notificaciones llevadas a cabo en el juicio laboral de origen. Los argumentos expuestos, mismos que se atenderán en su conjunto por su estrecha vinculación devienen infundados. A fin de examinar el emplazamiento reclamado se estima pertinente indicar que el derecho fundamental de audiencia y seguridad jurídica se contempla en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del contenido literal siguiente: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." De conformidad con lo establecido en el precepto constitucional transcrito, cualquier acto privativo tiene que seguirse mediante un procedimiento ante los tribunales previamente constituidos para ello, en el que "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Respecto de las formalidades esenciales del procedimiento y su composición, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a página 133, cuyo contenido es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De lo anterior se concluye que las mencionadas formalidades tienen como finalidad otorgar al gobernado una oportuna y adecuada defensa. Dichas prerrogativas consisten en: 1. Emplazamiento (notificación conforme a la ley del inicio del procedimiento y sus consecuencias). 2. Oportunidad probatoria (ofrecer y desahogar pruebas con las que se finque la defensa del gobernado). 3. Oportunidad de alegar (formular manifestaciones que se estimen convenientes). 4. Resolución (pronunciar resolución que dirima la controversia planteada). Cuando se logran regular todas y cada una de estas etapas, se está en presencia del derecho fundamental de audiencia, que consagra el párrafo segundo del citado artículo 14 constitucional y de no respetarse, se dejaría de cumplir su finalidad, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento se advierte que la notificación de su inicio y sus consecuencias, resulta la que implica mayor importancia, dado que en ésta se sustenta el ejercicio del derecho respecto de las restantes, pues una persona que conoce sobre la existencia de un procedimiento y las consecuencias que le puede deparar, se encuentra en aptitud de comparecer ante la autoridad previamente a la emisión del acto privativo, de aportar las pruebas que estime pertinentes, de alegar a su favor y de ejercer, en su caso, los medios de defensa que prevean las leyes secundarias. De ahí que el análisis de constitucionalidad sobre el emplazamiento es uno de los que debe realizarse con mayor rigor, pues solo si se encuentran satisfechas todas las formalidades que señale la ley, podrá concluirse, con certidumbre, que el gobernado tuvo conocimiento del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, y que por lo tanto estuvo en aptitud de comparecer con anterioridad a la emisión del acto privativo. Por lo que es importante precisar que los ordinales 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo establecen los mecanismos que deben cumplir los actuarios para llevar a cabo la primera notificación personal en el juicio laboral, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;." "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De lo reproducido se evidencia el procedimiento que debe seguir el actuario para llevar a cabo el emplazamiento en el juicio de origen, esto es, debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en los autos del juicio laboral de origen para hacer la notificación. Asimismo, deberá requerir la presencia de la persona a notificar, por conducto de quien se encuentre en dicho lugar; y, en caso de que se trate de una persona moral, se debe asegurar de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal. En caso de no encontrarse presente quien se va a notificar o quien represente legalmente la persona moral, debe proceder a dejarle citatorio por conducto de quien lo atiende, para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local y si se encontrara cerrado deberá fijar una copia de la resolución en la puerta de entrada. El Actuario deberá asentar razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. En ese sentido, la obligación del fedatario tiene por objeto que exista plena certeza de que el domicilio en que se constituya es el señalado en autos del juicio laboral de origen para efectuar el emplazamiento, es decir, debe comprobar que en el lugar en que va a emplazar al enjuiciado, éste puede ser localizado, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia, cerciorándose de que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, de lo que se reitera levantará razón en autos señalando los elementos de convicción en que se apoye. En virtud de lo anterior, de las diligencias de emplazamiento de dieciséis y diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se advierte que la Actuaria responsable se constituyó por primera vez en el inmueble señalado en autos, para efectuar el emplazamiento respectivo, asentando lo siguiente: ". en Jiutepec, Morelos siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del día dieciséis del mes de junio del año dos mil diecisiete, el suscrito (a) actuario (a) adscrito (a) a esta Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que a efecto de dar formal y debido cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo (s) de fecha (s) diez de mayo y treinta y uno de mayo, ambos del dos mil diecisiete. Dictados por esta autoridad en el expediente al rubro citado, me constituyo en el domicilio señalado mismo que se ubica en Avenida Insurgentes número treinta y seis, colonia centro, Jiutepec, Morelos. En busca de Felipe Paulin Noe y/o, se dice y empresa y/o establecimiento identificado en el tráfico mercantil con el nombre comercial de "laboratorio de análisis clínico Insurgentes" a través de quien legalmente lo represente. Y cerciorado plenamente de encontrarme en el domicilio correcto por así indicármelo los signos exteriores que tengo a la vista tal y como son una placa de acrílico rosa rotulada en blanco en la que consta el nombre de la colonia y avenida que busco situada en la esquina próxima al lugar en el que actúo así como por tener a la vista un inmueble con fachada en color blanco, con detalle azul, con marquesina de lámina en la parte superior del acceso, así como el nombre de "Laboratorio de análisis Clínico, Insurgentes" rotulado en verde y rojo en la fachada del mismo, así como por el dicho propio de quien me atiende, quien refiere que es el domicilio que busca y en el cual actúo es el mismo y es correcto. Y cerciorado plenamente de que: las buscadas laboran y tienen su domicilio en el lugar en el que actúo; esto por los signos exteriores que se tienen a la vista como rótulos y anuncios con el nombre de la persona moral, así como por el dicho propio de quien me atiende quien bajo protesta de decir verdad refiere que el físico es su patrón y labora en el lugar en que se actúa. En el que procedo a introducirme y desde el interior del inmueble acude a mi llamado el (la) C. Soto Albarran Diana Quien refiere ser empleada del lugar y a quien en este acto le hago saber el motivo de mi visita haciendole de su conocimiento que soy actuario adscrito a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al mismo tiempo que me identifico con credencial expedida por el _Gobierno del Estado de Morelos en el cual aparece, mi nombre, fotografía y firma, la dependencia a la que pertenezco y puesto que me desempeño; solicitando se identifique y si lo hace con credencial de elector con folio 1017022109370 expedida por el IFE. Y en este acto le pregunto por la (s) persona (s) que busco (s) y me manifiesta que: el domicilio que buscas si es aquí, el señor Paulin es mi patrón pero ahora no esta y el laboratorio también es aquí, pero no esta mi patrón que es el dueño ni tampoco hay ningún representante legal que pueda atenderte, regresa después para localizarlo. Procedo a dejar citatorio dirigido a cada persona (s) buscada (s) a través de la persona que me atiende para efectos de que las persona (s) que busco se sirvan esperar al suscrito el día y hora que a continuación se señala lo anterior con fundamento en el artículo 743 fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Todos deberán esperar el día y hora señalado en el lugar en donde sea actúa, apercibidos en caso de no hacerlo se les notificara de conformidad en lo dispuesto en el artículo 743 fracción IV de la Ley federal del Trabajo. Por lo anterior doy por terminada la presente diligencia y el suscrito firmo al calce para constancia legal.- Doy fe. ACTUARIO Grecia Aminadab Campuzano Herrera. Firma ilegible. De lo expuesto, la fedataria realizó diversos citatorios, uno de ellos fue dirigido a la persona física demandada y aquí quejosa, en los siguientes términos: ". CITATORIO En Jiutepec Morelos del día dieciséis del mes de junio del año dos mil diecisiete. Felipe Paulin Noe. Con el fin de notificarle un acuerdo dictado por esta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el suscrito actuario adscrito a esta Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que dejo el presente citatorio en poder del C. Soto Albarran Diana. Quien manifiesta ser empleada del lugar a efecto de que sirva esperar al de la voz en el domicilio en que actúo, a las dieciséis horas con treinta minutos del día diecinueve mes de junio del año dos mil diecisiete, a efecto de llevar a cabo una notificación de carácter personal, con el apercibimiento de que de no encontrarse el día y hora antes citado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 743 fracciones IV y V de la Ley Federal del Trabajo, se les notificará con cualquier persona que se encuentre en el interior del inmueble en que se actúa y si el inmueble estuviere cerrado, o se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación; esta se fijara una copia de la resolución en la puerta de la entrada. La persona que me atiende recibe el presente citatorio y no firma al margen para constancia legal.- Doy fe. ACTUARIO Grecia Aminadab Campuzano Herrera. Firma ilegible. ". En Jiutepec Morelos siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día diecinueve del mes de junio del año dos mil diecisiete, el suscrito actuario adscrito a esta Junta Especial Número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que me constituyo nuevamente en el domicilio señalado en: Avenida Insurgentes número treinta y seis, colonia centro, Jiutepec, Morelos. En busca de Felipe Paulin Noe y/o, se dice y empresa y/o establecimiento identificado en el tráfico mercantil con el nombre comercial de "laboratorio de análisis clínico Insurgentes" a través de quien legalmente lo represente Misma (s) persona (s) que espero de las dieciséis horas con treinta minutos a las dieciséis horas con cuarenta minutos, persona (s) anteriormente citada (s) quien (es) al no encontrarse presente (s), en términos de lo dispuesto por el artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo; procedo a emplazar a juicio, corriéndole traslado al C. Soto Albarrán Diana. Quien refiere ser empleada del lugar quien si se identifica con credencial de elector con folio 1017022109378 expedida por el IFE. Con copia debidamente autorizada y cotejada de acuerdo (s) de fecha (s): diez de mayo, treinta y uno de mayo, ambos del dos mil diecisiete. Con copia de traslado para todos y cada uno de los buscados. Así como copia (s) debidamente autorizada (s) y cotejada (s) de escrito (s) inicial de demanda. Con copias de traslado para todos y cada uno de las personas buscadas, haciendo constar que se deja copia al carbón de la presente acta y la persona mencionada recibe el (los) documento (s) si firmando al margen de la presente acta y el suscrito al calce para constancia legal.- CONSTE. DOY FE. ACTUARIO. Grecia Aminadab Campuzano Herrera. Firma ilegible. Bajo ese tenor, la diligencia de emplazamiento cumple con las formalidades previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de la lectura de la primera visita se advierte que la fedataria judicial sí se cercioró de encontrarse en el domicilio señalado en autos del juicio laboral y de que Felipe Paulín Noé, tiene su domicilio en ese lugar, porque asentó haberse constituido en Avenida Insurgentes, número treinta y seis, colonia Centro, Jiutepec, Morelos, y cerciorarse plenamente de encontrarse en el domicilio correcto por indicárselo los signos exteriores que tenía a la vista, que son una placa de acrílico rosa rotulada en blanco en la que consta el nombre de la colonia y avenida buscada, situada en la esquina próxima al lugar en el que actuó, así como por tener a la vista un inmueble con fachada en color blanco, con detalle azul, con marquesina de lámina en la parte superior del acceso, así como el nombre de "Laboratorio de análisis Clínico, Insurgentes" rotulado en verde y rojo en la fachada del mismo, así como por el dicho propio de quien la tendió, quien refiere que es el domicilio que busca y en el cual actuó es el mismo y es correcto. Es decir, aunado a lo ya expuesto, la persona que la atendió de nombre Diana Soto Albarrán, quien dijo ser empleada del "Señor Paulin", y quien le manifestó que por el momento no se encuentra. De ese modo, la actuaria asentó los datos por los que se cercioró plenamente de encontrarse en el domicilio correcto, esto es, los datos objetivos que le permitieron asegurarse que la persona física buscada tenía en ese lugar su domicilio, como son la placa con el nombre de la calle, la descripción del bien inmueble, el rotulado con el nombre del laboratorio también demandado, los cuales se encuentran corroborados con el dicho de la persona que la atendió, máxime que fue precisa y clara en señalar: "el domicilio que buscas si es aquí, el señor Paulin es mi patrón pero ahora no esta y el laboratorio también es aquí, pero no esta mi patrón que es el dueño ni tampoco hay ningún representante legal que pueda atenderte, regresa después para localizarlo." Lo anterior, ya que, en materia laboral, cuando la notificación se hace a una persona distinta del interesado, no es necesario que el actuario se cerciore de circunstancias tales como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón por la cual esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pues existe la obligación de que el actuario antes de realizar la diligencia con una persona distinta del interesado se cerciore de que esa persona habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, lo cual así aconteció en el presente caso. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 4a./J. 26/94, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ÉSTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUÉLLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio." Establecido lo anterior, debe decirse que la jurisprudencia 2a./J. 9/99, no es aplicable en este caso, porque en dicha ejecutoria se resolvió respecto de los emplazamientos que se llevan a cabo cuando el actuario judicial, sin cerciorarse con elementos objetivos que se encuentran en el domicilio correcto, tiene por satisfecho que así acontece cuando la persona que lo atiende le dice que efectivamente es el domicilio señalado para realizar el emplazamiento y que la persona buscada "por el momento no se encuentra", circunstancia que, dijo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sí sola, no implica que efectivamente la persona interesada, habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, por no contar con otros elementos objetivos que lo lleven a tal convicción; por ello, determinó que el funcionario debía recabar otros datos que le permitieran asegurarse de que la persona buscada verdaderamente habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar; sin embargo, en este caso, la actuaria sí asentó los datos objetivos que le permitieron asegurarse de que la persona demandada buscada y aquí quejosa tenía en ese lugar su domicilio. De ahí que las actuaciones que se impugnan cumplen las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que la fedataria, con independencia del dicho de la persona que la atendió, se cercioró de que en el domicilio en el que se constituyó, efectivamente puede ser localizado el demandado Felipe Paulín Noé pues asentó con claridad los elementos de convicción en que se apoyó, esto es, recabó diversos datos a fin de obtener la certeza del lugar en el que llevó la diligencia, detallando la información proporcionada y, al tratarse de dos personas distintas (persona física y establecimiento comercial), describió tanto su fachada como el rótulo en el que constaba la leyenda con su denominación en el exterior del inmueble, elementos de convicción que ponen de manifiesto que era ese el domicilio de la empresa a emplazarse. Lo que sin duda conduce a tener el estado de certeza que exige el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de que Felipe Paulín Noé, estuvo informado sobre el inicio del procedimiento en el que figura como parte demandada. Por tanto, las actuaciones llevadas por la fedataria se realizaron de conformidad con la normatividad correspondiente, y no sólo por el hecho de que la funcionaria esté investida de fe pública en todo lo concerniente al desempeño de sus funciones, pues contrario a lo que se alega, cumplió con las exigencias de la ley, al asentar los datos objetivos que se insiste, dieron firmeza a sus actuaciones, por lo que resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos y lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, debe señalarse que tampoco le asiste la razón al sostener la ilegalidad del emplazamiento efectuado, puesto que es evidente que la fedataria se constituyó en el mismo lugar donde previamente había dejado el citatorio respectivo. Esto es así, tomando en consideración la jurisprudencia 2a./J. 107/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRIMERA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL JUICIO LABORAL. ES INNECESARIO QUE EL ACTUARIO HAGA CONSTAR EN EL ACTA RELATIVA LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE TOMÓ EN CUENTA PARA CERCIORARSE DEL DOMICILIO DONDE SE EFECTUÓ, CUANDO ELLO SE REALIZÓ EN EL CITATORIO PREVIO, AL CONFORMAR AMBAS DILIGENCIAS UNA UNIDAD JURÍDICA. El artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo establece las formalidades que deben observarse durante la práctica de la primera notificación personal en el juicio laboral, e inicialmente impone al actuario la obligación de cerciorarse de que la persona a notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; no obstante, esa exigencia no implica que para la validez de la diligencia deban asentarse en el acta relativa los elementos de convicción tomados en cuenta por el actuario para cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó para ese efecto, es el señalado en autos y que en él habita o trabaja la persona a notificar, cuando ello se realizó en el citatorio previo, en tanto ambos documentos conforman una unidad jurídica, habida cuenta que debe agregar copia del citatorio al expediente relativo para que pueda verificarse que la notificación se practicó en atención a las formalidades previstas en el numeral citado. Si bien el principio de seguridad jurídica impone la obligación de que tanto el acta de notificación como el citatorio contengan los elementos de convicción que el actuario tomó en cuenta para cerciorarse del domicilio, lo cierto es que ambas diligencias de notificación conforman una unidad jurídica; de ahí que el actuario no está obligado a cerciorarse del domicilio al constituirse nuevamente, pues basta con que el acta relativa remita expresamente a lo asentado en el citatorio." Finalmente, en nada modifica el sentido emitido, los argumentos aislados por parte del quejoso, a través de los cuales pretende argumentar que no es visible le nombre completo de la actuaria, ni la falta de precisión respecto a la ubicación de la placa o que existieran diferencias entre las notificaciones reclamadas con las efectuadas con posterioridad. Lo anterior se estima así, en razón de que son insuficientes para desvirtuar lo hasta aquí expuesto, en el sentido de que se analizó la constitucionalidad y legalidad del citatorio y posterior emplazamiento, de los cuales se concluyó que fue adecuado el accionar de la fedataria pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Felipe Paulin Noe, respecto de los actos y autoridades precisadas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a los que haya lugar, el escrito signado por Miguel Ángel Molina Salazar, quien aduce ser apoderado legal de la parte quejosa; atento a su contenido se provee lo siguiente. Ahora bien, por lo que hace al domicilio físico que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlo por señalado, en razón de que solicita que se le notifique de manera electrónica. Por lo que, tomando en consideración la situación de la contingencia sanitaria que prevalece en el país, se le hace de su conocimiento que las notificaciones que deban efectuarse de manera personal, se realizarán de manera electrónica como al respecto lo solicita, aunado de que, en el presente juicio no pueden subsistir dos términos diferentes; por lo que se considera necesario tener como único medio de notificación el electrónico que refiere en su escrito de cuenta. Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Se tiene por señalado el número telefónico y correo electrónico proporcionado, como auxiliar para mejor contacto con la parte quejosa, dada la pandemia que se vive en el país, sin que puedan llevarse a cabo notificaciones a través de los mismos, dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. Respecto a la autorización para la consulta del presente expediente vía internet por medio del usuario que refiere; de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones vía electrónica, únicamente respecto de las cuentas que se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se solicita a la parte promovente que señale de manera particular qué problemática relacionada con el expediente electrónico hace referencia, en razón de que de una consulta al mismo, se advierte que sí se encuentran los acuerdos y promociones. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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