Yesica Azucena Díaz Cruz
Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yesica Azucena Díaz Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo1 y regístrese con el número 333/2022. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción VIII, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De la porción normativa transcrita en segundo término, se colige que el legislador incluyó supuestos de procedencia del juicio de amparo que antes no se encontraban reconocidos expresamente en la ley, estableciendo que procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia. Así, dicha fracción alude específicamente a que el amparo indirecto será procedente en dos supuestos: a) Contra actos de autoridad que determinen inhibir la competencia o conocimiento de un asunto. b) Contra actos de autoridad que determinen declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Para mejor proveer, se estima necesario indicar qué se entiende por las figuras procesales de inhibitoria y declinatoria: Inhibitoria: Se intentará ante el juez a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo para que se inhiba y remita los autos. Declinatoria: Se propondrá ante el juez a quien se considera incompetente pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. A su vez, el artículo 34 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con ambas figuras jurídicas, dispone lo siguiente: "Artículo 34. Las contiendas de competencias podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. La inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y le remita los autos. La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que resuelva no conocer del negocio, y remita los autos al tenido por competente. La declinatoria se promoverá y substanciará en forma incidental. En ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia." Asimismo, es preciso señalar lo que prevé la Ley Federal del Trabajo en relación con las figuras jurídicas mencionadas, particularmente, en los artículos 701 a 705, que establecen: "Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta Ley. Artículo 702. No se considerará excepción de incompetencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo. Artículo 703. Las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden promoverse por declinatoria. La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el período de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde; en ese momento, la Junta después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto resolución. Artículo 704. Cuando una Junta Especial considere que el conflicto de que conoce, es de la competencia de otra de la misma Junta, con citación de las partes, se declarará incompetente y remitirá los autos a la Junta Especial que estime competente. Si ésta al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine cuál es la Junta Especial que debe continuar conociendo del conflicto. Artículo 705. Las competencias se decidirán: I. Por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las Juntas Especiales de la misma, entre sí; II. Por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de Juntas Especiales de la misma entidad federativa; y III. Por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, cuando se suscite entre: a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas Entidades Federativas. d) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional." (Énfasis añadido) De la lectura de lo anterior, es menester resaltar que en materia laboral las cuestiones de competencia solo pueden promoverse por declinatoria. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: "La determinación de incompetencia para conocer de mi demanda, sin fundamento legal, ni la debida motivación, dejándome fuera de la protección de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, ordenando la remisión de los autos originales con sus anexos a la competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca". Establecido lo anterior, es dable apuntar que la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, contiene la regla general, consistente en que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Empero, dicha porción normativa no puede ser analizada de manera literal o aislada, pues no es factible asumir que el mero pronunciamiento de una declinatoria hace procedente el amparo, sin atender a otra exigencia que emana de los principios que regulan la procedencia del juicio de amparo; en particular el atinente a que el acto reclamado debe ser definitivo. Efectivamente, la fracción VIII, del artículo 107, debe ser interpretada de manera sistemática con el contenido del artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo; y de un análisis al acto reclamado, se desprende que la determinación de la junta responsable en el sentido de carecer de competencia para seguir conociendo del juicio laboral de origen, no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, y más aún, no puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que esta última emita, o su consecuencia, la actuación que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. En efecto, la resolución en la cual una junta laboral declara su incompetencia para conocer de un negocio, no es definitiva para los efectos del juicio de amparo, a pesar de que la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, disponga que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, pues dicho precepto debe analizarse de manera conjunta con el diverso 701 de la Ley Federal del Trabajo, citado en líneas anteriores, el cual dispone que el Tribunal de oficio, deberá declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de juicio, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen; además, prevé que si la junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente al tribunal que estime competente; si éste al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia. Orienta lo considerado, la tesis VI.2o.T.8 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. LA SOLA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LA DECLINA ES INSUFICIENTE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, PUES ES NECESARIO, ADEMÁS, OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS VI.2o.T.1 K (10a.)]. En la ejecutoria de la que derivó la tesis VI.2o.T.1 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en su Gaceta Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 1940, de título y subtítulo: "COMPETENCIA. LA SOLA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LA DECLINA ES INSUFICIENTE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE VULNERE DERECHOS SUSTANTIVOS DEL QUEJOSO.", este tribunal sostuvo que de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el auto por el que una Junta declina su competencia, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, al no definirse aún cuál autoridad debe conocer de la demanda. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse parcialmente de ese criterio, para establecer que la fracción VIII del artículo 107 de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, no podría comprenderse a partir de las condiciones fijadas en la fracción V del mismo numeral, pues éstas se concretan a: 1) una afectación material a derechos de manera presente; y, 2) que esa afectación recaiga en derechos sustantivos; requisitos que no podrían tenerse por colmados frente a una determinación procesal emitida en el curso de un procedimiento, como es la que inicialmente declina la competencia, ya que no habría una afectación material a derechos de manera presente, ni se ocasionaría una a derechos sustantivos. No obstante, esa fracción VIII tampoco puede ser analizada de manera literal o aislada, sino de forma sistemática con uno de los principios que regulan la procedencia del juicio de amparo, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, del propio ordenamiento, esto es, el principio de definitividad, a partir del cual, el acto que se reclama debe revestir la cualidad de no poder ser impugnado a través de algún recurso o medio de defensa legal." Similar criterio sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la tesis XVIII.4o.11 K, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN DEFINITIVA CONCLUYE CUALQUIERA DE ESOS PROCEDIMIENTOS (ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "DETERMINEN" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la disposición citada, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Ahora bien, el juicio de amparo reviste un carácter excepcional y no debe sustituir a los procedimientos ordinarios, puesto que su propósito principal es proteger los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, es claro que, una cuestión de competencia, se suscita por el desacuerdo entre autoridades sobre quién debe conocer de cierto asunto, por lo que cada una de ellas bien puede emitir resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o su conocimiento; pero la amplitud del citado texto legal, en cuanto a los supuestos que establece, no puede llevar al absurdo de que, en una cuestión de competencia, puedan impugnarse en amparo indirecto cada una de las determinaciones que van emitiendo las autoridades involucradas pues, de ser así, una impugnación podría afectar a la otra y se desplazaría al sistema legal previsto en la ley respectiva, para dilucidar las cuestiones de competencia, lo cual no corresponde a la finalidad del juicio de derechos fundamentales. Por ende, la aplicación de la norma aludida no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que, en cada vía o tipo de juicio, habrá de analizarse cuál es el momento oportuno para que el asunto sea del conocimiento de los tribunales de amparo, armonizando los principios de la legislación que rija al acto reclamado, con los del referido juicio constitucional. En ese sentido, el vocablo "determinen" utilizado en la fracción en comento, debe entenderse referido a aquella resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto; esto es, tanto la inhibitoria como la declinatoria se componen de dos decisiones judiciales, la que inicia y la que concluye. Así, el amparo indirecto sólo procede contra la que concluye cualquiera de esos dos tipos de procedimientos competenciales, salvo cuando la decisión concluyente sea en sentido negativo pues, en ese caso, se generaría el conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial." En esa medida, si el citado artículo 705 de la Ley Federal del Trabajo, establece que la competencia (en caso de que la autoridad respecto de la que se declinó no la acepte) deberá decidirse ya sea por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las Juntas Especiales de la misma, entre sí; por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de Juntas Especiales de la misma entidad federativa; y por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, cuando se suscite entre los entes mencionados en los incisos a que alude el invocado numeral 705 de la legislación laboral, ello evidencia que no será sino hasta que alguno de estos órganos resuelva lo relativo a la autoridad que deba ser considerada como competente para conocer del asunto, que la parte que se inconforme con dicha determinación pueda promover el juicio de amparo indirecto en contra de dicha determinación, toda vez que hasta ese momento dicho acto podrá ser considerado como definitivo ya que hasta entonces quedará resuelto el conflicto competencial. En otras palabras, no se colman los dos supuestos del principio de definitividad descritos en párrafos precedentes, pues existen medios de defensa legal, susceptibles de enderezarse en el caso de un conflicto competencial, y también, puede asegurarse que el procedimiento que inicia con la declinación de la competencia, aún no ha culminado, pues pueden sobrevenir diversas eventualidades, según se acepte o se rechace la declinatoria, lo que hace improcedente el juicio de amparo. Apoya lo determinado, la jurisprudencia P./J.17/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Sustenta lo expuesto, la tesis VII.2o.T.6 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que refiere: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso." En la ejecutoria de la cual derivó el criterio citado con antelación, el pleno del Máximo Tribunal de la Nación dilucidó el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos de autoridad en los que se determina declinar o inhibir la competencia, estableciendo que deben entenderse referidos a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. Es decir, bajo el nuevo marco normativo constitucional y legal, la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII de la ley de la materia, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece sólo cuando el acto es definitivo. Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, del ordenamiento legal invocado, procede desechar la demanda de plano promovida por Yesica Azucena Díaz Cruz por las razones expuestas con anterioridad. Domicilio y autorizados de la quejosa. Se tiene a la promovente de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en los mismos términos a las personas que señala en su escrito de cuenta por así solicitarlo. Señalamiento de correo electrónico. Téngase a la impetrante de amparo proporcionando un correo electrónico y un número telefónico, los cuales -de ser necesario- se utilizarán para para mantener contacto entre dicha parte procesal con este órgano jurisdiccional, en relación al presente asunto, no así como un medio para practicar notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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