Yersson Fábian Díaz Dávila
Expediente 684/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yersson Fábian Díaz Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 684/2021, promovido por Cecilia Ruiz Sánchez, a favor de *** en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES De los datos proporcionados por la parte quejosa y la autoridad responsable, se desprende que el directo agraviado ***de nacionalidad colombiana, fue detenido el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por elementos de la Policía Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, por alterar el orden público y al solicitar su documentación los elementos policiales se percataron que es de nacionalidad colombiana. En ese sentido, se hizo del conocimiento lo anterior al Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y en esa misma fecha se puso a su disposición el directo agraviado a efecto de determinar su situación migratoria, iniciando la citada autoridad el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/829/2021. Posteriormente, mediante resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno y tomando en consideración que el quejoso Yersson Fabián Díaz Dávila, exhibió ante la autoridad migratoria pasaporte expedido a su favor por el Gobierno de la República de Colombia y tarjeta de residente permanente 12332053 expedida por el Instituto Nacional de Migración por la representación local de Oaxaca, la cual le fue otorgada por tener una hija de nacionalidad mexicana, se concedió la salida de la Estación Migratoria al demostrar tener una estancia legal en el país notificándole dicha resolución al quejoso a las doce horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, la parte quejosa se duele de diversos actos cometidos por la autoridad responsable por la detención ilegal de Yersson Fabián Díaz Dávila, por ello, estima que ese ente público viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, a las trece horas con treinta y un minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno. El justiciable señaló como autoridad responsable al titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Oaxaca; como actos reclamados los siguientes: La detención ilegal de la libertad de Yersson Fabián Díaz Dávila por parte de los oficiales de la Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, sin que exista de por medio orden o mandamiento escrito, emitido por alguna autoridad competente. La privación de cualquier tipo de comunicación con su defensora particular y con sus seres queridos. La negativa de permitirle sea asistido por su abogada particular, impidiéndole el derecho a una defensa adecuada. La omisión de respetar los derechos humanos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de Yersson Fabián Díaz Dávila, lo que ha generado su detención ilegal y la imposibilidad que tienen de ejercer sus derechos humanos a plenitud. La omisión de respetar el derecho a la vida, a o no ser víctima de tratos degradantes, crueles e inhumanos. El mandamiento de extraditarlo a su país de origen sin que existan motivos para ello. El mandamiento de estarlo trasladarlo constantemente de ubicación para que sea imposible su localización. La demanda fue remitida en la fecha de su presentación a este órgano jurisdiccional, se registró con el consecutivo 684/2021; mediante auto de esa misma data, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados. Previa a ratificación de demanda de Yersson Fabián Díaz Dávila, promovida a su favor por Cecilia Ruiz Sánchez, fue admitida el veintitrés de junio siguiente; asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido íntegro de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama del titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Oaxaca, lo siguiente: La detención ilegal de la que fue objeto en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. La incomunicación de la que fue objeto en dicho lugar, al no permitírsele tener contacto con familiares o su abogado. La orden de extraditarlo del país. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, ya que no ha emitido orden para deportar al quejoso del país o que se apliquen en su persona alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, indicó que Yersson Fabián Díaz Dávila sí estuvo a disposición de la autoridad migratoria, pues así se aprecia del acta de inicio emitida a las diecinueve horas del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a efecto de resolver su situación migratoria. Empero, también precisó que el nombrado fue puesto en libertad a las doce horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, con motivo de la resolución dictada en el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/829/2021, ya que demostró tener una estancia legal en el país, como residente permanente al amparo de la tarjeta número 12332053. Para sustentar su informe, la autoridad responsable remitió copias certificadas del aludido expediente, documentales que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Ahora bien, es necesario tener presente el contenido de los ordinales 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el ordinal 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se refiere a la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión. Es decir, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Ahora bien, en el caso concreto, debe precisarse que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, a las trece horas con treinta y un minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, según se aprecia de la papeleta y del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el directo agraviado ya había sido puesto en libertad, pues como se precisó anteriormente se le concedió la salida de la Estación Migratoria a las doce horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado, a la fecha de la presentación de la demanda, era inexistente. Entonces, como ya se dijo, si la autoridad responsable no emitió orden de deportación alguna o que se ejecutaran en perjuicio del quejoso alguno de los actos prohibidos por el 22 Constitucional, aunado a que si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto reclamado consistente en su detención ilegal era inexistente, es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. La decisión adoptada tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, debe decirse que el inconforme no desvirtuó la negativa que la autoridad responsable sostuvo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." VI. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados al titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Oaxaca, en términos de lo expuesto en el apartado V, de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, y ténganse por recibidas las documentales que en copia certificada exhibe como prueba; dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte que mediante diligencia de veintidós de junio del año en curso, el directo agraviado ********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ********************; en consecuencia, se dicta el pronunciamiento siguiente: Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada a favor de ********************, en contra de los actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con esas actuaciones. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al Actuario(a) de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada al correo electrónico oficial de esas autoridades, el cual deberá ser corroborado por el (la) fedatario(a) vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el citado Acuerdo General 21/2020, en su artículo 6, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es, que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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