Yesenia Gamero Mendoza
Expediente 798/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Yesenia Gamero Mendoza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto dictado el veintidós de junio de dos mil veintidós, dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 81, fracción I inciso d) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el acuerdo por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías en que se actúa Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio a través del cual remite el informe justificado la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Del contenido del referido informe, se advierte que la autoridad oficiante manifiesta que el día dos de mayo del año en curso, dictó laudo dentro del expediente 791/2016 de su índice, circunstancia de lo cual queda enterado este juzgado. Ahora, del contenido del escrito de demanda y del informe justificado que rindió la responsable, así como de las constancias que anteceden, se advierte que la parte quejosa *****, señaló como autoridad responsable, al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo; y como acto reclamado, la dilación de la responsable a emitir laudo dentro del expediente 791/2016 de su índice. Por otra parte, la citada autoridad, refirió que el día dos de mayo del año en curso, dictó laudo dentro del expediente 791/2016 de su índice y remite copia certificada para acreditar su dicho, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de una documental pública, expedida por funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 226, publicada en el tomo VI, página 153, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Esto es, los efectos del acto que se reclamó en el presente juicio de amparo fueron destruidos en forma total en virtud de que el día dos de mayo del año en curso, dictó laudo dentro del expediente 791/2016 de su índice, la cual notificó a las partes como se advierte de las constancias remitidas, pues ahora su esfera jurídica se encuentra en una circunstancia idéntica en la que estaba antes de la dilación de la responsable a emitir laudo dentro del expediente 791/2016 de su índice, lo cual imposibilita a quien ahora resuelve para examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado y pronunciarse sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues el mismo ya no afecta la esfera jurídica del quejoso en comento. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, es procedente sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, promovido por la parte quejosa ******, pues a nada práctico conduce celebrar la audiencia constitucional respectiva, si llegado el momento de resolver sobre el fondo del asunto, la causal de improcedencia que se actualiza no cambia y, en su caso, no puede ser desvirtuada. Cobra aplicación en la especie, el criterio sostenido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia número 103, visible en las páginas 81 y 82, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, tiene aplicación en la especie la jurisprudencia número 544, publicada en la página 362, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que se debe sobreseer en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable al caso concreto la tesis XIV.1º.13 K, visible en la página 1235, tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Finalmente, toda vez que la autoridad responsable no adjuntó las constancias de notificación a las partes del laudo dictado el dos de mayo del año en curso, en el expediente 791/2016 de su índice, a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes adjúntese a la notificación de la presente determinación el laudo de referencia, para su conocimiento. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho contra actos que reclama del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 798/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y X Constitucionales, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, relacionándolo con el oficio al que da contestación, y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia certificada debidamente legible de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, hágasele saber que de no rendir su informe, o bien, de no remitir las constancias en los términos que se le solicitan, este Juzgado de Distrito se encuentra facultado por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia, para imponerle una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días unidad de medida y Actualización conforme a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis). Por ello, se apercibe a la autoridad responsable aludida que dicha multa les será aplicada en caso de no rendir el informe solicitado precisamente dentro del plazo que le fue concedido, pues al hacerlo en forma extemporánea retardarían indebidamente la celebración de la audiencia constitucional, cuya fecha fue fijada considerando la anticipación con que el informe debe ser conocido por la parte quejosa. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informen sus determinaciones mediante esta vía. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado. FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo Vigente, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo Vigente, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Hágase saber a la parte quejosa, así como a las autoridades responsables, que acorde con lo previsto por el artículo 64 de la Ley de la Materia Vigente, están obligadas a manifestar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trecientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero e dos mil dieciséis), según las circunstancias del caso. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo Vigente, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo Vigente); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley y con copia de la demanda de garantías, dese al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le corresponde. TERCERO INTERESADO Por otra parte, gírese oficio al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Atotonilco el Grande, Hidalgo, al cual deberá anexarse copia de traslado de la demanda de garantías que al efecto se acompaña, con el objeto de que si lo estima conveniente se apersone al presente juicio y haga valer sus derechos como corresponda, y le requiera para que señale domicilio en esta ciudad; haciendo de su conocimiento el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional. FOTOGRAFIAS Finalmente, como lo solicita en el ocurso de cuenta, se le autoriza a las personas que señala en los términos solicitados la utilización de aparatos electrónicos para la toma de fotografías de los autos que obran en el juicio de garantías en que se actúa, circunstancia que deberá realizar en cada ocasión, en el local del juzgado y ante la presencia de cualquiera de los fedatarios de este órgano jurisdiccional, debiendo firmar la constancia respectiva. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a Tania Patricia Ventura Ayaquica, en virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. se le autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "Ayaquica" en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. De igual manera, téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico que se tiene como forma especial y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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