Yeni Maria Eugenia Lazcano Teja

Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
793/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Yeni Maria Eugenia Lazcano Teja

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, contra actos que reclama del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 793/2022-5, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste: Sin embargo, de los antecedentes del mencionado escrito de demanda, precisamente en el apartado "7" del "CAPÍTULO DE HECHOS", precisó: Expuesto lo anterior, se acota que el artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe con justificación y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". En ese contexto, se precisa que el acto que las quejosas reclaman consiste en: La omisión de la responsable en emitir el acuerdo correspondiente a la promoción que le presentó el diecisietes de mayo de dos mil veintidós, mediante el que se le solicitó señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la reinstalación. Precisado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo antes inserto se advierte que el amparo será improcedente cuando -además de las veintidós causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de la ley de la materia- la Constitución o la propia Ley de Amparo, dispongan la improcedencia de la acción constitucional, de ahí que se concluye que las causas de inejercitabilidad de la acción de amparo, son enunciativas, no limitativas. Ahora, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Al efecto, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 24/92, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, interpretó y precisó el alcance de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, mismos que en la Ley de Amparo vigente se encuentra en el 107 fracción V, de la ley de la materia, y señaló que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales. La tesis de jurisprudencia que se cita es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Luego, como se señaló, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la dilación procesal ocasionada en el juicio laboral de origen, derivada de la omisión de la responsable en emitir el acuerdo correspondiente a la promoción que le presentó el diecisietes de mayo de dos mil veintidós, mediante el que se le solicitó señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la reinstalación. En ese contexto, la omisión que se reclama, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal, no genera contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución que sea de imposible reparación. Bajo ese óptica, para la procedencia del juicio de amparo, se exige como requisito primordial que los actos que motiven el ejercicio de esa vía, afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Al efecto, conviene precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en ejecutoria de nueve de enero de dos mil diecinueve,2 estableció: ".a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador [.]". De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), registro 2019400 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.". Así, el acto reclamado no colma el atributo indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, en los términos que se impugna no constituye una violación de carácter irreparable, dado que a la data de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de mayo de dos mil veintidós), no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a los tres días con los que cuenta el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para proveer respecto a la promoción que el quejoso presentó el diecisietes de mayo de dos mil veintidós, en el que solicitó señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la reinstalación. Se precisa, que si bien para efecto de la ejecución del laudo, en el caso, audiencia de reinstalación, no se advierte la temporalidad para proveer, pues el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, en relación con el diverso numeral 142 del mismo cuerpo de normas, sólo establecen que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará toda las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. En ese contexto, se remite al plazo genérico de tres días hábiles previsto en el artículo 735 de la Ley Federal del trabajo. De ahí que, el plazo de cuarenta y cinco días naturales, a fin de considerar que se incurre en una paralización del procedimiento y por ende, en un acto de ejecución irreparable, se encuentra transcurriendo, pues desde el diecisietes de mayo de dos mil veintidós, en que se presentó la aludida promoción, la responsable tenía tres días para emitir el acuerdo correspondiente respecto a ese ocurso, el cual comienza a correr desde el día siguiente, es decir, el diecinueve del presente mes de mayo y concluyó el veintitrés del mismo mes de mayo del presente año, sin contar los días veintiuno y veintidós por ser inhábiles. Por lo que, si el plazo para acordar la multicitada promoción concluyó el veintitrés de mayo del año en curso y en esa misma presentó la demanda, aún no transcurría el plazo de cuarenta y cinco días naturales, para considerar que existe una abierta dilación por parte del Tribunal responsable por no acordar la promoción en el que solicitó señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la reinstalación. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Constitucional, Común) que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA de derechos, promovida por Yeni María Eugenia Lazcano Teja y Concepción Hernández López, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DELA LEY DE AMPARO." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que refiere en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS Se tiene como como autorizado en términos del artículo 12 de la misma Ley al licenciado Francisco Javier Espinoza Escamilla, y en términos restringidos a las demás personas que refiere toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. CONSULTA ELECTRÓNICA Se autoriza la consulta electrónica, a través del usuario "AntonioEP21", lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 28, fracción XVI y XVII, 48 y, 77 a 93 del Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, y los diversos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley primeramente mencionada, en atención a su contenido dígasele a la parte quejosa, que la sentencia definitiva y las demás resoluciones que se dicten en el presente asunto, no estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información y que serán excluidos de la consulta o publicación, en términos de lo previsto por los artículos 13 y 14 de la nombrada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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