Yazmín Guadarrama Benítez

Expediente 462/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
462/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Yazmín Guadarrama Benítez
  • Yazmín Guadarrama Benítez y Otros.
  • Guillermo Manuel Aponte Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Devolución de tomos de prueba. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas relativo a la copia certificada de la totalidad de las constancias de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202119505, que remitió el Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán; se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Informa gestiones de cumplimiento a la suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y su anexo, remitido vía correo electrónico, signado por el Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con sede en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor de la quejosa Yazmín Guadarrama Benítez, lo que acredita con las constancias que exhibe, de las que se desprende que el estado actual de la quejosa es físicamente íntegra, sin lesiones físico corporales de reciente producción, al momento de la valoración médica y sin datos clínicos y/o sintomáticos relacionados con SARS-COV-2(COVID-19); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, dichas documentales adquieren pleno valor. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 462/2021. RESULTANDO PRIMERO. El veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, Guillermo Manuel Aponte Figueroa a nombre de Yazmín Guadarrama Benítez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad, los que estimó violatorios de los artículos 16, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Este Juzgado de avocó al conocimiento del asunto; y, por acuerdo de veintitrés de mayo se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y previa ratificación de la demanda de amparo el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; asimismo, el siete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo ampliando la demanda, por lo que se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la quejosa reclama actos que atribuye a autoridades ubicadas en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados; los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y ampliación, de las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que consisten en lo siguiente: Del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán; él o la Titular del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán; y, Agente del Ministerio Público en turno adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en su denominación correcta; Privación ilegal de la libertad. Tortura física, psicológica y moral, además de la violencia de género. Del Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con sede en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán: Omisión de brindar atención médica urgente TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. En relación a los actos consistentes en la tortura física, psicológica y moral, además de la violencia de género, así como la omisión de brindar atención médica urgente, las autoridades responsables al rendir el informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados. Ahora, respecto al acto consistente en la tortura es necesario realizar la siguiente precisión: Tratándose de actos de tortura y al ser una prohibición absoluta lo procedente es que esta juzgadora se allegara de diversos elementos probatorios como exámenes médicos, así como de la totalidad de los autos para estar en condiciones de hacer una valoración integral, a efecto de concluir sobre la existencia o no de los actos reclamados por los peticionarios de amparo; es decir, se debe tener un mayor grado de diligencia para estar en aptitud de valorar la negativa de la autoridad en cualquier supuesto previsto en el artículo 22 constitucional, incluida la tortura. Lo anterior encuentra sustento en el amparo en revisión 256/2015 fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de tres de octubre de dos mil dieciocho, de la que textualmente se desprende en lo que interesa lo siguiente: "Esta Sala considera que cuando un juez tiene ante sí la tortura como acto reclamado en amparo es insuficiente que la autoridad responsable a quien se imputa dicha violación niegue los hechos para tenerlos por no acreditados. Al ser una prohibición absoluta y estando señaladas como responsables autoridades gubernamentales, el juez constitucional debe no sólo pedir los informes justificados pertinentes, sino, además, allegarse de otros elementos como las bitácoras sobre el proceder de las autoridades responsables, o de exámenes médicos que cumplan con el Protocolo de Estambul, entre otros, así como de la totalidad de los autos para estar en condiciones de hacer una valoración integral. En síntesis, el juez constitucional debe tener un mayor grado de diligencia para estar en aptitud de valorar una negativa de la autoridad en cualquier supuesto previsto en el artículo 22 constitucional, incluida la tortura. "Aunado a lo anterior, el juez debe tener especial cuidado cuando una persona que se encuentra a disposición o custodia de agentes estatales -como policías o agentes ministeriales- alega tortura. Para esta Primera Sala, ese solo hecho -el haber estado en custodia del Estado- hace necesario que la autoridad responsable dé una explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona durante la detención. Tal como lo establece la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades son responsables de las personas que se encuentren en su custodia y tienen la obligación reforzada de explicar lo que sucede con aquéllas durante la misma." Establecido lo anterior, de las constancias consistentes en la carpeta de investigación 1003202119505, se advierte que no existen los actos de tortura que alega la peticionaria de amparo. Ello es así, porque de las constancias aparece que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, derivado de una inspección, la quejosa fue detenida a las trece horas con treinta minutos, dando lectura a sus derechos a las trece horas con treinta y un minutos. y en esta misma data fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, señalando como el lugar de su detención la carretera Morelia-Toluca aproximadamente en la localidad, San Felipe y cerca Curungeo perteneciente al municipio de Zitácuaro, Michoacán, siendo trasladada posteriormente a la ciudad de Morelia, Michoacán. Incluso se advierte que en la misma fecha a las dieciocho horas, se decretó la retención de la quejosa siendo notificada de tal situación a las dieciocho horas con quince minutos, realizando su llamada telefónica a las dieciocho horas con treinta minutos, efectuando nombramiento de defensor a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, lo cual es acorde a los postulados establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, se decretó su libertad al no actualizarse alguno de los supuestos que amerite solicitar prisión preventiva oficiosa, es decir el hecho investigado no se encontraba en condiciones de sostener o justificar ante el Juez de Control, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Sin embargo, con esa misma fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con diez minutos, fue requerida con motivo de una orden de aprehensión emitida en su contra por el delito de secuestro agravado, dentro de la causa penal 65/2021, girada por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, quedando a disposición de ese juzgado a las veinte horas con treinta minutos internada en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán. Lo anterior quiere decir, que la quejosa no fue retenida un tiempo excesivo por sus captores previamente a estar frente a la autoridad ministerial y con posterioridad a disposición del Juez de Control, lo cual denota un signo de que no fue torturada. A la par de lo anterior, obran en autos de la carpeta de investigación el dictamen de médico de integridad corporal y toxicomanía, que le fue practicado a la quejosa, del cual se desprende las siguientes lesiones: "1. Escoriación con costra hemática seca que mide por uno centímetros, localizada en región de párpado superior de ojo izquierdo. 2. Dos escoriaciones lineales con costra hemática seca donde la mayor mide cuatro y la menor tres punto cinco centímetros de longitud, localizada en la región de la mejilla izquierda." En concordancia, con lo anterior obra la actuación judicial de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por la que el Actuario adscrito a este Juzgado señaló que "se presenta hinchazón del lado izquierdo a la altura de la mandíbula..", sin embargo, no se desprende que dicha lesión haya sido provocada o causada como resultado de tortura a la quejosa, dado que del certificado de lesiones se advierte que tal alteración a su salud se encontraba en la quejosa al momento de presentarla ante el médico legista, por lo que se insiste para efectos del presente juicio de amparo no advierte golpes o marcas que revelen actos de tortura practicados contra la quejosa. Lo anterior pone en evidencia que la quejosa de modo alguno fue torturada o sometida al grado de sentirse intimidada para efecto de continuar su proceso. Además, de la razón actuarial de veintisiete de mayo pasado se desprende que al ser localizada la quejosa manifestó que los puñetazos fueron proporcionados entre las trece y catorce horas del veintiuno de mayo en Zitácuaro, Michoacán, y que un comandante de la ministerial de Morelia, fue quien la golpeó, lo que evidencia sendas contradicciones respecto al lugar y momento en que refiere fue golpeada. Empero tales señalamientos en todo caso corroboran la inexistencia de dichos actos en cuanto no son atribuidos a las autoridades aquí responsables Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán; El o la Titular del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán o Agente del Ministerio Público en turno adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en su denominación correcta. Lo anterior aunado a la circunstancia de que la quejosa, así como su asesor jurídico, fueron omisos en hacer manifestación alguna en relación al requerimiento formulado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se les dio vista para efecto de que manifestaran si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto de los agentes de la policía de investigación que intervinieron en la detención de la quejosa Yazmín Guadarrama Benitez, específicamente respecto de los actos de tortura y violencia de género que refiere haber sufrido; de lo que se concluye que no existió interés alguno de la quejosa de hacer extensivo su reclamo en esta instancia constitucional a quienes supuestamente pudieron llevar a cabo o materializaron el acto que reclama. Así, se tiene que una vez valoradas las constancias que fueron remitidas por el Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán o Agente del Ministerio Público en turno adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en su denominación correcta, relativas a la carpeta de investigación 1003202119505, instruida en contra de la quejosa, es dable concluir que no se acredita que haya sido objeto de tortura por alguna de las autoridades señaladas como responsables. Ahora, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de asistencia médica, no se acredita la existencia del mismo, dado que de las constancias remitidas por el Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con sede en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, se observa que desde que fue puesta a disposición de dicha autoridad se le han venido proporcionando los tratamientos que ha requerido la amparista. Esto es, desde que fue internada en dicho Centro Penitenciario se le ha brindado de manera puntual atención médica, la que se ha efectuado de manera periódica como se puede advertir de los comunicados recibidos en proveídos de cuatro, catorce, dieciocho y veinticuatro de junio; uno, ocho y quince de julio; tres, seis, trece, veintitrés y veintisiete de agosto; tres, diez, y veinte de septiembre; uno, siete, catorce, veintidós y veintiocho de octubre; y, cinco de noviembre, todos del dos mil veintiuno. Comunicados de los cuales se desprende que la quejosa ha sido valorada de su estado de salud a las fechas en que fue revisada, así como de sus signos vitales, emitiendo para ello un diagnóstico y en su caso tratamiento, sí así lo ha requerido. De ahí que deba prevalecer la negativa de los actos reclamados consistentes en la tortura física, psicológica y moral, además de la violencia de género, así como la omisión de brindar atención médica urgente, al no haberse desvirtuado con medio de convicción que obre en autos y por ende debe sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad a lo previsto en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Vista al Agente del Ministerio Público en relación a las manifestaciones de tortura que hace la quejosa. Ahora, no debe perderse de vista que de las constancias que obran en autos se desprende que la quejosa presentó lesiones al haber sido valorada por el respectivo médico legista, al haber sido puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador, así como el hecho de que manifestó que las mismas fueron producto de los puñetazos que le fueron proporcionados por un comandante de la ministerial de Morelia, que fue quien la golpeó. En tales condiciones, sin prejuzgar sobre el origen de esas lesiones, se reitera y se ordena dar vista al Representación de la Federación adscrita, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Al caso, se cita la tesis de jurisprudencia del rubro y texto que dicen: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito". QUINTO. Existencia del acto reclamado. En relación al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa del contenido de las constancias que obran en autos de las que se desprende que la quejosa fue privada de su libertad el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de un hecho presuntamente delictivo, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda -quince horas con cincuenta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno-. Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202119505, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, la suscrita juzgadora estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XVI, del artículo 61, del citado ordenamiento legal, que en la parte que interesa, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;." La improcedencia del juicio contenida en el precepto y fracción en cita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto o actos que se reclaman se han realizado en forma total, en todos sus efectos; lo que hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. Cabe acotar que el artículo 77 de la ley de la materia, contiene el principio de "restitución" que deben tener las sentencias que concedan el amparo y protección de la justicia de la Unión; de donde puede extraerse que toda sentencia concesoria que se emita necesariamente habrá de restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental que tenía sin transgredir, hasta antes de la violación denunciada en amparo. En esa medida, interpretada en sentido contrario la causa de improcedencia invocada, permite afirmar que el juicio de amparo no procede, entre otros casos, cuando el fallo que eventualmente concediera el amparo no pueda tener el efecto de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos) o bien, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que ésta exija (actos negativos); pero en ambos casos deben volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación de derechos del peticionario. En ese sentido, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, jurídica o materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; pues aun cuando la sentencia resultara favorable a la parte quejosa, no podría retrotraerse en sus efectos. Resulta ilustrativo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Asimismo, la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de texto y rubro: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." Ciertamente de las constancias que obran en autos se desprende que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, derivado de una inspección, la quejosa fue detenida a las trece horas con treinta minutos, dando lectura a sus derechos a las trece horas con treinta y un minutos, y en esta misma data fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, señalando como el lugar de su detención la carretera Morelia-Toluca aproximadamente en la localidad, San Felipe y cerca Curungeo perteneciente al municipio de Zitácuaro, Michoacán, siendo trasladada posteriormente a la ciudad de Morelia, Michoacán. Incluso se advierte que en la misma fecha a las dieciocho horas, se decretó la retención de la quejosa siendo notificada de tal situación a las dieciocho horas con quince minutos, realizando su llamada telefónica a las dieciocho horas con treinta minutos, efectuando nombramiento de defensor a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, lo cual es acorde a los postulados establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, se decretó su libertad al no actualizarse alguno de los supuestos que amerite solicitar prisión preventiva oficiosa, es decir el hecho investigado no se encontraba en condiciones de sostener o justificar ante el Juez de Control, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Sin embargo, con esa misma fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con diez minutos, fue requerida con motivo de una orden de aprehensión emitida en su contra por el delito de secuestro agravado, dentro de la causa penal 65/2021, girada por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, quedando a disposición de ese juzgado a las veinte horas con treinta minutos internada en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán. Así, se tiene que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, al encontrarse interna en el referido centro de reclusión ratificó su demanda de amparo. Como se ve, en el particular se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque es indudable que el agravio o perjuicio ocasionado con motivo de la privación ilegal de la libertad que pudo haberse ejecutado en contra de la quejosa se realizó en forma total, en todos sus efectos, al haber sido privada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, lo que quiere decir que a la fecha se ha consumado de un modo irreparable el acto reclamado, pues al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidas las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. Lo que pone de manifiesto que sobre el aludido acto reclamado sobrevino la hipótesis de improcedencia en estudio, y que de resolverse el fondo del juicio de garantías y en su caso, que se concediera la protección constitucional a favor de la quejosa, resultaría estéril, en virtud de que como se dijo anteriormente, la privación de la libertad se materializó, consumando con ello el motivo para el que fue instado el presente juicio de amparo; pues aun cuando la quejosa la reclama, no se puede dar lugar a una eventual reparación y restitución de derechos humanos transgredidos, porque ya no se encuentra surtiendo sus efectos al encontrarse interna en el centro de reclusión a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro. Más aún, porque si bien es cierto la ejecución de la privación de la libertad pudo dejar huella o causar lesión en su esfera jurídica, ya que existe la probabilidad que esta se haya llevado a cabo de manera ilegal; también lo es que, sobre ello, no existe mayor pronunciamiento que hacer; porque esa circunstancia ya no puede restituirse, pues es claro que son actos que se encuentran consumados de manera irreparable, dado que esta se encuentra a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro interna en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán. De ahí que a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad de ese acto, pues no puede soslayarse que ya no existe la posibilidad de que ante una eventual concesión puedan restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la posible violación en concreto, pues quedaron consumados de modo irreparable al encontrarse a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, interna en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán, por haberse cumplimentado la orden de aprehensión emitida en su contra por el delito de secuestro agravado, dentro de la causa penal 65/2021. En tales condiciones, al estar probado de modo fehaciente la causal de improcedencia a que alude la fracción la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia respecto de la privación ilegal de la libertad reclamada. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por último, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en el presente fallo; ello desde luego, con entera independencia de que resulte innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria". SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOVENO. Notificación por Videoconferencia. Por tanto, se ordena comisionar a uno de los actuarios de la adscripción para que con fundamento en el artículo 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante contingencia por el virus COVID-19, notifique el presente proveído de forma personal a la quejosa Yazmín Guadarrama Benítez, a través del uso de "videoconferencia", que se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con sede en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, levantando el acta correspondiente. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yazmín Guadarrama Benitez, contra las autoridades, actos y razones precisados en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. Dese vista al Representante de la Federación adscrito, para su conocimiento y efectos legales conducentes en cumplimiento a lo ordenado en el considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante videoconferencia a la parte quejosa y las demás partes mediante lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Informa gestiones de cumplimiento a la suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y su anexo, remitido vía correo electrónico, signado por el Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con sede en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor de la quejosa Yazmín Guadarrama Benítez, lo que acredita con la constancia que exhibe; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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