Yareli Celina Martínez Osoyo
Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yareli Celina Martínez Osoyo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desecchó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 4. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda promovida por Alberto Jorge Cardona Marroquín, apoderado jurídico de Yareli Celina Martínez Osoyo -carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de la documental que anexa a su escrito de demanda-, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 98/2023. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama la conducta de la responsable al ser omisa en ejecutar e impulsar de oficio la ejecución del laudo por ella dictado, puesto que no emite las medidas necesarias, en la forma y términos conducentes para la inmediata ejecución de dicho acto. 1.3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el numeral 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En este contexto, resulta necesario reiterar que el acto reclamado consiste, en esencia, en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de cumplimentar el laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 711/2015, lo que se traduce en la omisión genérica de ejecutar dicho laudo, porque la parte quejosa, ahora recurrente, no precisó el acto o actos concretos que el Tribunal responsable excluyó realizar. Esto, pues en el capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo, la promovente únicamente precisa lo siguiente: ".la conducta de la responsable al ser omisa en ejecutar e impulsar de oficio la ejecución del laudo por ella dictado, puesto que no emite las medidas necesarias, en la forma y términos conducentes para la inmediata ejecución de dicho acto." Mientras, en su apartado de antecedentes únicamente manifestó: ".Una vez desahogadas las pruebas ofertadas por las partes, con fecha 30 de noviembre del año 2020, se emitió laudo, el cual fue impugnado por esta parte, y seguido que fue el procedimiento por sus cauces legales, a la fecha existe un laudo en cumplimiento ejecutoria firme de data 25 de octubre del año 2021, encontrándose tal procedimiento en etapa de ejecución, sin que a la fecha, la responsable haya impulsado de oficio la misma, así como tampoco ha emitido las medidas necesarias en la forma y términos conducentes para dicho fin." En este orden de ideas, para que una omisión se considere concreta es necesaria la existencia de: a) Una causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia. b) Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora; y c) La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad. En este sentido, debe decirse que el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que establece que la obligación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y dictar las medidas procedentes, deberá ser con la previa petición del ejecutante. Por tanto, como en el caso se reclama la omisión genérica encaminada a la ejecución del laudo, el juicio de amparo es improcedente, conforme a las jurisprudencias que enseguida se citan y transcriben. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cuando se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo deviene improcedente, porque el acto reclamado resulta jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Resulta aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecuciónforzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Por esas razones no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. Apoya de lo anterior, la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Asimismo, en términos de la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro 2010025: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial en el que la misma Sala, considera factible el análisis de una causal de improcedencia desde el auto inicial de demanda, ante hechos notorios y manifiestos que den lugar a su desechamiento, como ocurre en el caso. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." En tales condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Félix Jair Gasca González, Carlos Mendoza Lucatero y Claudia Ivone Cardona Marroquín, toda vez que así lo solicitó de manera expresa la parte quejosa. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA YARELI CELINA MARTINEZ OSOYO, LA DETERMINACIÓN DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda promovida por Alberto Jorge Cardona Marroquín, apoderado jurídico de Yareli Celina Martínez Osoyo -carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de la documental que anexa a su escrito de demanda-, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 98/2023. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama la conducta de la responsable al ser omisa en ejecutar e impulsar de oficio la ejecución del laudo por ella dictado, puesto que no emite las medidas necesarias, en la forma y términos conducentes para la inmediata ejecución de dicho acto. 1.3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el numeral 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En este contexto, resulta necesario reiterar que el acto reclamado consiste, en esencia, en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de cumplimentar el laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 711/2015, lo que se traduce en la omisión genérica de ejecutar dicho laudo, porque la parte quejosa, ahora recurrente, no precisó el acto o actos concretos que el Tribunal responsable excluyó realizar. Esto, pues en el capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo, la promovente únicamente precisa lo siguiente: ".la conducta de la responsable al ser omisa en ejecutar e impulsar de oficio la ejecución del laudo por ella dictado, puesto que no emite las medidas necesarias, en la forma y términos conducentes para la inmediata ejecución de dicho acto." Mientras, en su apartado de antecedentes únicamente manifestó: ".Una vez desahogadas las pruebas ofertadas por las partes, con fecha 30 de noviembre del año 2020, se emitió laudo, el cual fue impugnado por esta parte, y seguido que fue el procedimiento por sus cauces legales, a la fecha existe un laudo en cumplimiento ejecutoria firme de data 25 de octubre del año 2021, encontrándose tal procedimiento en etapa de ejecución, sin que a la fecha, la responsable haya impulsado de oficio la misma, así como tampoco ha emitido las medidas necesarias en la forma y términos conducentes para dicho fin." En este orden de ideas, para que una omisión se considere concreta es necesaria la existencia de: a) Una causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia. b) Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora; y c) La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad. En este sentido, debe decirse que el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que establece que la obligación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y dictar las medidas procedentes, deberá ser con la previa petición del ejecutante. Por tanto, como en el caso se reclama la omisión genérica encaminada a la ejecución del laudo, el juicio de amparo es improcedente, conforme a las jurisprudencias que enseguida se citan y transcriben. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cuando se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo deviene improcedente, porque el acto reclamado resulta jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Resulta aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecuciónforzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Por esas razones no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. Apoya de lo anterior, la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Asimismo, en términos de la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro 2010025: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial en el que la misma Sala, considera factible el análisis de una causal de improcedencia desde el auto inicial de demanda, ante hechos notorios y manifiestos que den lugar a su desechamiento, como ocurre en el caso. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." En tales condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Félix Jair Gasca González, Carlos Mendoza Lucatero y Claudia Ivone Cardona Marroquín, toda vez que así lo solicitó de manera expresa la parte quejosa. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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