Yazmin Guadalupe Aguilar Gonzalez
Expediente 2335/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yazmin Guadalupe Aguilar Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA DE CONORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 7148, con el que devuelve estos autos y remite testimonio de la resolución dictada en el toca 31/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizada del quejoso ********************, contra la sentencia firmada en estos autos el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; ejecutoria en la que se resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA el fallo impugnado. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ********************, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, así como para los efectos establecidos en la propia resolución." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento a las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, glósense a estos autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, a fin de que la Sala responsable se encuentre en aptitud de dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos, devuélvansele los anexos consistentes en el toca original ********************de su índice, así como el expediente original de primera instancia ********************del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, y un disco versátil digital (DVD), solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
NOT ELECT VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 544/2022-VII-A, promovido por Nicolás Olayo Cortaza; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veinticuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, Nicolás Olayo Cortaza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Junta Especial en turno de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas en el Estado de Quintana Roo con sede en Cancún, y actuario adscrito a esa Junta Especial. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 544/2022; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35, 37, de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa fundamentalmente, en: La omisión de notificar y emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 224/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado, además de que su existencia se corrobora con las documentales que adjuntó. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto indican: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Junta Especial en turno de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y actuario adscrito a esa Junta Especial, omitieron rendir sus informes justificados a pesar de estar debidamente notificadas para que así lo hicieran, tal como se advierte de la constancia relativa que obra agregado a estos autos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen como ciertos los actos que se le reclaman, con las consecuencias legales que dicha omisión implica. Cobra aplicación la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de 1991, octava época, publicada en la página 165, con número de registro 223,406, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTA FACULTADO PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A QUE LO RINDAN. Si la autoridad responsable, no obstante encontrarse debidamente notificada de la solicitud de su correspondiente informe justificado, omite rendirlo, ello sólo da lugar a que se presuman ciertos los actos que se le atribuyen, y en su caso, a que se le imponga una sanción pecuniaria en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, mas no a obligar a la autoridad omisa a que lo rinda, porque el precepto legal invocado no lo autoriza ni su interpretación jurídica permite entenderlo así, pues carecería de toda lógica que si en el tercer párrafo del numeral citado se establecen sanciones para los responsables que no rinden sus correspondientes informes justificados, las que habrán de imponerse en la sentencia respectiva, deba paralelamente interpretarse que el juez de Distrito antes de resolver el juicio tenga que obligar a todas las autoridades a que rindan sus informes, pues entonces nunca se actualizaría la hipótesis indicada, de imponer multa a las autoridades cuando omitan rendir su informe justificado". Asimismo, la tesis aislada número II.1o.P.35 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de Marzo de 2002, Materia Común, publicada en la página 1363, con número de registro 187512, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, aunque suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal que insta. Ciertamente, cabe reiterar que en el presente caso la parte quejosa reclama que las Juntas responsables transgreden en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dejaron de observar lo señalado en los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, en virtud de que no cumplieron con los términos y plazos ahí señalados, puesto que al abstenerse de emplazar a los demandados en el juicio laboral 224/2017, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, transgredieron con ello los principios de prontitud y expeditez que prevé dicho precepto constitucional. Le asiste razón al peticionario de amparo y a efecto de evidenciar lo anterior, se estima necesario transcribir el artículo 17, de la Constitución Federal, que en lo conducente dispone: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De la interpretación de los artículos 685, 758, 759 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende, por una parte, que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Disponen que la Junta se encuentra obligada a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Asimismo señalan que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares, bajo su más estricta responsabilidad, vigilaran que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Que los exhortos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo. Por último señalan que cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte, a la autoridad exhortada; si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado. Ahora bien, de la demanda de amparo y del contenido del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a los que le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley; y del análisis del mismo se concluye que las autoridades vulneraron en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental consagrado en el párrafo segundo, del artículo 17 de la Constitución Federal. El cual garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, y que la misma sea pronta y expedita, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover la actividad jurisdiccional, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Estimación que se hace en virtud de que desde el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, acordó el envío de la comunicación oficial en la que solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, el auxilio a fin de emplazar a los demandados, y a más de seis meses de ello, no hay constancia de que dicha diligencia haya sido realizada. Además de que tampoco se advierte que la responsable con residencia en esta ciudad, hubiese librado recordatorio alguno en relación con la diligencia cuyo auxilio solicitó. Por tanto, es claro que era obligación de los Presidentes de las Juntas responsables, dentro del ámbito de sus facultades, vigilar que el exhorto remitido fuese debidamente cumplimentado. En esa tesitura, si el artículo 17 constitucional, en la parte conducente, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, sea porque no desarrolla el procedimiento dentro de los tiempos establecidos para ese fin o porque omite proveer lo conducente para su buena marcha y desenvolvimiento y si una de las característica esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, es evidente que en el presente caso la autoridad laboral no ha cumplido con dichas premisas ocasionando un perjuicio al quejoso. Razón por la cual y en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, realice todos los actos necesarios para lograr que el exhorto que remitió para emplazar a los demandados en el juicio de origen, sea diligenciado y devuelto a la brevedad, para lo cual deberá observar lo dispuesto en el artículo 759 de la Ley Federal del Trabajo, pues sólo de esa manera, podrá respetar y cumplir lo que el derecho fundamental en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa. Y por lo que se refiere a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Junta Especial en turno de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas en el Estado de Quintana Roo con sede en Cancún, dicten todos los actos necesarios para que el exhorto que recibieron sea diligenciado a la brevedad, por el actuario responsable, y devuelto de inmediato a la Junta exhortante. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Nicolás Olayo Cortaza, en contra de los actos reclamados de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Junta Especial en turno de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas en el Estado de Quintana Roo con sede en Cancún, y actuario adscrito a esa Junta Especial, en términos del considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo e este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Incidental
ELECT Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el oficio remitido vía electrónica mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por ********************, parte quejosa en el presente juicio, contra el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en autos del toca 465/2022 de su índice, mismo que fue registrado con el número 25/2022. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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