Yasumi Roseli Gongora Moo
Expediente 2168/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2168/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yasumi Roseli Gongora Moo
- Jose Guadalupe Nuñez Noh
Actuaciones
- Principal
NOT ELECT Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a estos autos los tres escritos remitidos vía electrónica por José Antonio Ortiz Quevedo, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que sea el caso pronunciarse en relación a su contenido, en virtud de que el original del juicio de amparo de donde deriva este expedientillo, se encuentra con audiencia levantada desde el trece de septiembre del presente año. Finalmente, una vez dictada la sentencia respectiva, agréguese este cuaderno de antecedentes al original del juicio principal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Ello, aunado a que este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera de recibir por correo certificado el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en representación del Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, Director General de Catastro y Asistencia Técnica, y Director General de Operación y Sistemas, todos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que acompaña, consistente en el testimonio de la resolución dictada por dicho Tribunal en sesión de veinticuatro de agosto del año en curso, en el toca 230/2022; formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo dictado por este Juzgado el nueve de junio de la anualidad, por medio del cual, se desechó de plano la demanda en este asunto. Resolución cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se Declara Fundado el recurso de queja interpuesto por José Arturo Ruiz Poot, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos J.E.R.C y C.L.R.C. SEGUNDO, Se REVOCA el auto recurrido. TERCERO. Se ORDENA al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, proveer sobre la admisión de la demanda en los términos precisados en la presente ejecutoria." Acúsese recibo y con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. ADMISIÓN DE DEMANDA Ahora bien, en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal de Alzada, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 112 a 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda promovida por JOSÉ ARTURO RUIZ POOT, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de identidad reservada J.E.R.C. y C.L.R.C., contra el acto y autoridad que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, como una facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: Del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán: La resolución de seis de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación interpuesto, que confirmó el desechamiento del incidente de nulidad de notificación, interpuesto en el Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales 37/2021. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia autorizada del presente proveído y copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, fórmese por duplicado el cuaderno relativo al incidente de suspensión. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, en términos del precepto 5, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022 en relación al periodo de vigencia; se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General, durante la vigencia del mismo. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresará las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibidas que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando el informe correspondiente ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como la Circular CAP/3/2020; de tal manera que de hacerlo de manera distinta se tendrá por no rendido. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Por otra parte, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia autorizada del auto de prevención y del presente acuerdo y copia simple de la demanda y su escrito aclaratorio. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA De conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercera interesada a Miriam Georgina Canul Burgos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, tercer párrafo del artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la referida Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva comisionar a uno de los actuarios de su adscripción, para emplazar al presente juicio a la tercera interesada, en el predio número 515 "A", de la calle 67 INT por 60 y 17 de la colonia Santa Isabel, de la ciudad de Kanasín, Yucatán. Para tal efecto, se le deberá hacer entrega de copia autorizada del presente auto y del dictado el uno de abril del año en curso, así como copia simple de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. Además, prevéngasele para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Apercibida que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. De igual forma, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria la notificación personal que en el caso se ordena. A fin de no retardar la encomienda en el presente despacho, se faculta al actuario correspondiente para que, en caso de que al constituirse al domicilio señalado, éste no sea correcto y fuere informado de algún domicilio diverso, practique en éste la diligencia ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Asimismo, se otorga plenitud de jurisdicción al referido juez para el cumplimiento de lo solicitado y para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su total desahogo. Hecho lo anterior, y una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este juzgado el despacho de mérito. PREVENCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Apercibidas que, en caso de incumplimiento, a la omisa, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional). PRUEBAS Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. En cuanto a la diversa prueba ofrecida consistente en el registro de audio y vedo de la audiencia preliminar de seis de junio de dos mil veintidós, habrá de remitirla la autoridad responsable como anexo a su informe de ley. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE ESPECIAL Por otra parte, de conformidad con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos. Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que entre el quejoso José Arturo Ruíz Poot y la tercera interesada Miriam Georgina Canul Burgos, progenitores de los menores de edad aquí quejosos, existe un conflicto de intereses entre sí. En consecuencia, a efecto de que los derechos de los menores se encuentren legalmente representados, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley, de conformidad con el artículo 2º de la misma, para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, proponga a un asesor jurídico federal a su digno cargo, que pueda fungir como representante especial en este juicio de los menores de edad de identidad reservada J.E.R.C. y C.L.R.C., a efecto de que se les designe, haciéndole saber su nombramiento y de esa forma intervenga en el presente juicio de amparo. Asimismo, dígase a la citada titular, que podrá dar cumplimiento a lo solicitado mediante oficio que al efecto remita, o bien, a través del correo institucional de este Juzgado Federal, siendo este: 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Lo antes determinado es acorde a lo señalado en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil doce, que establece las principales características de la infancia y sus implicaciones en un proceso jurídico, que precisa que, el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, ha sido interpretado como el principio "rector-guía" de dicha Convención, lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquélla. De esta forma, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar primordialmente atender el interés superior de los menores de edad (Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Lo anterior, buscando en todo momento que el niño, niña o adolescente comprenda los acontecimientos que se desarrollen antes, durante y al término de un procedimiento administrativo o judicial, sin ser afectados en su integridad y derechos. Ello, aunado a que de acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas este principio incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, injusticia o descuido, incluidos el abuso físico, psicológico, mental y emocional; y por otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente grato y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.3o.P.5 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se localiza en la página 2450, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, con número de registro 2007385, bajo el rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." Así como la tesis aislada III.1o.P.50 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que se localiza en la página 1324, del Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, con número de registro 186220, bajo el rubro siguiente: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." INNECESARIO LIBRAR OFICIOS PARA NOTIFICAR DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia en caso de diferimiento, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veintitrés de agosto de este año, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto a la autoridad que señaló como: Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho. En tal virtud, se acuerda: se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto en comento y no se tiene como autoridad responsable a la antes indicada, por lo que se suspende toda comunicación con ella. Notifíquese y cúmplase.
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