Yazmin García Muñoz
Expediente 69/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/04/2016
Partes del expediente
- Yazmin García Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la razón asentada por la Actuaria de este Juzgado, de la que se advierte que no pudo notificar al tercero interesado Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección Uno, a través de quien legalmente lo represente, el auto de quince de abril de dos mil dieciséis, toda vez que hasta la fecha no han señalado domicilio en San Andrés Cholula, Puebla, o en Puebla, Puebla, para tal efecto. En consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista, así como las subsecuentes aun las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el oficio 818/2016/AI que recibió de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, autoridad responsable en el presente juicio. Por otra parte, en diverso oficio la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, informa el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, y para tal efecto, remite copia certificada del laudo de once de abril de este año dentro del juicio laboral 1053/2013 JTA 33, así como, las constancias de notificación respectivas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, con el cumplimiento de la ejecutoria para que manifiesten lo que a su derecho convenga; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este tribunal de amparo resolverá de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el oficio 818/2016/AI que recibió de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, autoridad responsable en el presente juicio. Por otra parte, en diverso oficio la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, informa el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, y para tal efecto, remite copia certificada del laudo de once de abril de este año dentro del juicio laboral 1053/2013 JTA 33, así como, las constancias de notificación respectivas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, con el cumplimiento de la ejecutoria para que manifiesten lo que a su derecho convenga; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este tribunal de amparo resolverá de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la nueva Ley de Amparo y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativuyua en turno con residencia en esta ciudad para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones.
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