YASLEMI ROSALES CASADO y Otros.

Expediente 883/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
883/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • YASLEMI ROSALES CASADO y Otros.
  • Yaslemi Rosales Casado

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Magistrado José Gabriel Clemente Rodríguez a dicho Tribunal, en sustitución de la Magistrada Ma. Elisa Tejada Hernández, a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes

  2. Principal

    1 ORDEN DE TRAMITAR INCIDENTE Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 419/2019, promovido por quejoso, contra actos del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legales de la Fiscalía del Estado de Puebla y otras autoridades. 2PETICIÓN DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracciones II y III y 142, ambos de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción I, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la unidad de medida y actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 3 AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. 4 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legales de la Fiscalía del Estado de Puebla, en el expedientillo 03/2019/DGJCYAL, por el que determina que la hoy quejosa ha causado baja en el cargo de Agente del Ministerio Público, por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza. Del mismo modo, se advierte que solicita la presente medida para los siguientes efectos "a) No se me destituya del puesto de Agente del Ministerio Publico que me encuentro desempeñando. b) Se me continúe prestando los servicios médicos a que tengo derecho por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) No se realice la inscripción en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública de la resolución de NO apto. d) Se me continúe realizando el pago de mi salario como Agente del Ministerio Público." Establecido lo anterior, respecto a los efectos precisados en los incisos a) y d), el suscrito estima procedente negar la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo De la fracción transcrita, se desprende que no procede la suspensión del acto reclamado si con dicha medida se ocasiona perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. En ese sentido, conviene señalar que la sociedad está interesada en que el servicio público se desempeñe óptimamente por quienes se reconocen aptos para tal efecto, pues éste responde a intereses superiores de carácter colectivo, de ahí que el Estado deba vigilar su desempeño, a fin de salvaguardar los intereses de la colectividad. Por consiguiente, la separación del cargo de servidor público, como en el presente caso, es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública, pues la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, tratándose de servidores públicos como lo es un Agente del Ministerio Público, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si la separación de la quejosa de su cargo como Agente del Ministerio Público, presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional. Por lo tanto, los efectos de esta suspensión provisional no podrían consistir en que la peticionaria continuara desempeñando sus funciones como servidora pública como Agente del Ministerio Público, al no cumplirse la exigencia legal contenida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues su permanencia en el servicio pudiera afectar a la comunidad en general y al orden público, por lo que, como se adelantó, procede negar la suspensión provisional solicitada. Por otra parte, respecto a los efectos precisados en el inciso b), con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se prive a la quejosa y a sus derecho habientes del servicio de salud que se le brindaba como prestación del cargo que desempeñaba como Agente del Ministerio Público. De conformidad con el criterio sustentado en la tesis de mérito, es dable conceder la suspensión para los efectos precisados, pues ello no vulnera el interés social ni contravienen disposiciones de orden público, ya que la medida así otorgada no se relaciona con el cumplimiento eficaz en el ejercicio de las funciones que el servidor público tenía encomendadas. Y, si bien el servicio médico es una consecuencia directa de la permanencia o no del servidor público en su función, lo cierto es que en tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo, el derecho de salud debe seguir siendo proporcionado, al ser un derecho fundamental consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal, aun cuando la quejosa ya no esté en funciones, porque de lo contrario se causarían daños de difícil reparación que de ninguna forma pueden ser restituidos con la probable concesión del amparo. De ahí que resulte procedente conceder la medida cautelar solicitada para que no se prive a la quejosa y a sus derechohabientes de los servicios de salud que se le brindaban como prestación del cargo que desempeñaba como Agente del Ministerio Público. En diverso aspecto, respecto a los efectos precisados en el inciso c), con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por ********************, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ordenar a quien corresponda el registro del acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legales de la Fiscalía del Estado de Puebla, por el que se determina que la hoy quejosa ha causado baja en el cargo de Agente del Ministerio Público, por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza, hasta en tanto las autoridades responsables tengan notificación de la resolución que se emita de manera definitiva en este incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que dicho registro puede ocasionar daños de imposible reparación a la inconforme, que inciden en su imagen en el ámbito personal y profesional, lo que tiene valor preponderante al interés de registrar para efectos administrativos la sanción impuesta a la peticionaria de garantías. Sin que haya lugar a fijar garantía para que surta efectos la presente suspensión, pues en el caso no existe alguna persona a la que deba garantizarse algún daño o perjuicio con motivo de su otorgamiento. Finalmente, cabe precisar que la presente suspensión surte efectos desde el momento mismo en el que se concede, por lo que se hace del conocimiento de las autoridades responsables que los actos cuya suspensión se ordenó y hayan sido ejecutados antes de la notificación de este auto, deben ser revocados para retrotraerlos al momento del otorgamiento de la suspensión, siempre que la naturaleza del acto lo permita, pues la eficacia de esta medida cautelar, cuya finalidad es detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo, no puede estar supeditada al acto formal de la notificación. 5 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 6 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 7 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 8 EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA En diverso aspecto, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente y una copia simple de la misma. En cuanto a su solicitud para que se le expida copia certificada de la suspensión definitiva, dígasele que una vez que se dicte la misma, deberá realizar la petición respectiva.

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