Yasnay Palacios Ramón
Expediente 95/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yasnay Palacios Ramón
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se advierte que el veintiuno de febrero de la presente anualidad, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de cuatro de febrero de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte promovente YASNAY PALACIOS RAMÓN,el acuerdo de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, mismo que dice: "... Vista la demanda de amparo presentada por YASNAY PALACIOS RAMÓN, contra actos de la empresa Petróleos Mexicanos; con la misma, fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el juicio de amparo indirecto número 85/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama de la empresa Petróleos Mexicanos el siguiente acto: "La omisión o dilación de cumplir con lo ordenado en el oficio 8460/2021 dictado dentro del juicio número 1951/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz a favor de mis menores hijos de identidad reservada bajo las siglas D.V.P. y D.V.P." En ese contexto, quien aquí resuelve advierte que respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" En el citado artículo y fracción, se establece que el juicio de amparo procede sólo en el caso de que se trate de impugnar actos de autoridad. Asimismo, se dispone que son autoridades responsables en el juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, las que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Finalmente, también se orienta que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad y sus funciones estén determinadas por una norma general. Sobre estas bases jurídicas, en el caso tenemos que Petróleos Mexicanos, señalado como autoridad responsable, es en realidad un particular que actúa como auxiliar de la administración pública, pues la actuación que se le atribuye como acto de autoridad, se limita a una dilación en la mera entrega del numerario que fue embargado por el Juez Octavo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, a uno de sus trabajadores por conceptos de pensión provisional de alimentos. En efecto, la autoridad jurisdiccional determinó requerir a Petróleos Mexicanos, como fuente de trabajo del deudor de alimentos demandado en el juicio ordinario civil 1951/2021 de su índice, el dinero que como pensión provisional de alimentos se acordó como medida cautelar y que le corresponden a la parte acreedora. Tal decisión judicial fue comunicada a Pemex Exploración y Producción, siendo la dilación en el cumplimiento a tal determinación, el que se señala como acto reclamado. Como se puede apreciar, la supuesta ejecución que se le atribuye, en su caso, solo conlleva una actuación propia de su relación privada que se genera con los particulares, en virtud de la contratación del demandado por la quejosa en el mencionado juicio civil. La participación que tiene Petróleos Mexicanos con motivo de los requerimientos hechos por el juez de familia, no se realiza en el ámbito de sus atribuciones como empresa productiva del Estado, obligada al cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, ni las propias Disposiciones Administrativas de Contratación, sus lineamientos Generales ni sus Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento. Bajo este contexto, un particular puede ser llamado a juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, solo si: 1) El acto que se le atribuya sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2) Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En este entendido, si bien es cierto es una empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, también lo es que en tratándose de la entrega del dinero embargado a uno de sus trabajadores, su actuación se deriva de su relación en el ámbito de derecho privado y auxilio de la administración de justicia. De esta manera, no puede ser considerado como autoridad responsable, en razón de que la actuación que despliega al entregar el numerario que le es requerido, no es unilateral ni obligatoria, sino que obedece a su relación de trabajo con el demandado, pero no al cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan su competencia como empresa productiva del Estado. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." En tales términos, sobre el acto de ejecución reclamado a Pemex, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación a la fracción II, del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. AUTORIZADOS Téngase a Perla Crisol Aguilar Guízar como autorizada en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que sí acredita tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene a las restantes personas como autorizadas en términos del segundo párrafo del invocado artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no acreditaron el extremo anterior, es decir, no se encontró cédula profesional registrada a su nombre en el mencionado Sistema Computarizado. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar su código QR, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley..."
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