Yasmín Gómez Bello
Expediente 597/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yasmín Gómez Bello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Con esta fecha, se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: "RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el siete de julio de dos mil veintitrés y turnado a este juzgado el diez de julio siguiente, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-32). SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de julio siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, emplazar al presente juicio a los terceros interesados Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, Ana Isabel Martínez Torres y Celso Erick Garrido del Castillo (33-40). El doce de julio siguiente, se emplazó al presente juicio por oficio al fiscal (41) y personalmente a los terceros interesados (foja 42-43). Posteriormente, dado que de las constancias recibidas se advirtió que en el asunto de mérito intervino el Fiscal Auxiliar Sexto del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, teniéndose por legalmente emplazado en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés (foja 56). Se recibieron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 46 y 49). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 60-62). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama una resolución de segunda instancia emitida en un proceso penal del nuevo sistema penal acusatorio, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho de la libertad personal de los quejosos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Así, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: a). La resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 132/2022, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que confirmó el AUTO DE NO VINCULACIÓN de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en los autos del proceso penal 314/2020 a favor de Celso Erick Garrido del Castillo y Ana Isabel Martínez Torres, por el delito de fraude específico, cometido en agravio de Yasmín Gómez Bello en su carácter de víctima y representación de la menor de iniciales L.M.C.G.G. (notificando a la ahí parte ofendida el veintitrés de junio de dos mi veintitrés, al número telefónico que proporcionó para recibir notificaciones, según consta a foja 202 vuelta y 203 del tomo único de pruebas). b). La ejecución de dicha resolución atribuida al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E" de Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la 1. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y al 2. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Lo anterior, en razón que al rendir su informe justificado el primero reconoció la existencia del acto reclamado (49). Cabe hacer la precisión que en relación a la segunda autoridad, el Juez de Enjuiciamiento, Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Titular de la Sala E, comisionado para atender casos urgentes e inaplazables, mediante oficio 14702, signado por el Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, informó que efectivamente el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII distrito Judicial, en fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictó auto de no vinculación a favor de los ciudadanos Celso Erick Garrido del Castillo y Ana Isabel Martínez Torres, en el proceso 314/2020 (fojas 46). Lo que se corrobora, puesto que la Sala responsable remitió el expediente original donde obra agregada la determinación reclamada (fojas 175-196 del tomo único de pruebas) documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Causal de Improcedencia infundada. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden público, éstas deben de analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Los integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, sostienen que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción IX en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porqué el acto reclamado ha sido materia de una ejecutoria en un juicio de amparo diverso. MARCO NORMATIVO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; Del precepto legal transcrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente: a) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. b) Contra resoluciones dictadas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Siendo indispensable, para la actualización de éste último supuesto de improcedencia, que en la ejecutoria a cumplir no se haya dejado libertad jurisdiccional alguna a la autoridad responsable, y que por tanto, ésta haya emitido la nueva resolución, exclusivamente en la forma y términos a los que se le haya constreñido en la misma, pues sólo así se entiende que la nueva sentencia sólo es el reflejo de la ejecutoria de amparo. SUBSUNCIÓN Sin embargo, dicha causal es infundada, en virtud de que si bien el acto reclamado en el presente juicio de garantías fue emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio biinstancial 421/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, en donde Celso Erick Garrido del Castillo y Ana Isabel Martínez Torres, reclamaron una diversa resolución atribuida a la misma autoridad responsable, consistente en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dentro del toca penal 132/2022; que determinó revocar el auto de no vinculación a proceso emitido por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, en el proceso penal 314/2020; y en consecuencia, a dicho amparo concedido dictó AUTO DE NO VINCULACIÓN a proceso en favor de Celso Erick Garrido del Castillo y Ana Isabel Martínez Torres. Siendo esta última resolución, la que constituye el acto reclamado en el presente asunto, sin embargo, en el mismo la protección constitucional otorgada a los aquí terceros interesados fue para el efecto de que la Sala de segundo grado responsable, dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el fallo, dictara una nueva en la que fundara y motivara suficientemente, si con los datos de prueba reseñados por la fiscalía, se lograba conocer o no, que con la conducta ilícita atribuida a los imputados se causó un perjuicio a la menor ofendida. Ahora bien, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Lo que en el caso no acontece, puesto que como ya se indicó en la resolución amparado emitida en el juicio de amparo 421/2022, del índice de Juzgado de Distrito, se ordenó a la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y con base en sus propias atribuciones emitiera otra, sin estar obligada resolver en determinado sentido. Por identidad de razón resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia con registro digital 2025645, undécima época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el viernes nueve de diciembre de dos mil veintidós, con rubro: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA EN EL PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUEDÓ VINCULADA PARCIALMENTE A DEJAR INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y A EMITIR OTRO CON BASE EN SUS PROPIAS ATRIBUCIONES, SIN ESTAR OBLIGADA A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA). Cabe apuntar, lo resuelto en el amparo indirecto 421/2022 a que se ha hecho referencia en la relatoría de antecedentes previa, se tiene a la vista pues corresponde al índice de este órgano jurisdiccional; y por ende, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que la sentencia que ahí fue emitida es consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así, aunque tal sistema no sustituye a las constancias físicas de los expedientes, sí genera el conocimiento fidedigno y auténtico de la información, tanto de los autos como de las sentencias ahí contenidas, máxime que, conforme a la normativa interna aplicable, los archivos electrónicos deben coincidir fielmente con las actuaciones originales del expediente. En tales condiciones, la información almacenada en dicha herramienta tecnológica pueda ser utilizada al resolver asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, como es el caso, en aras de preservar el principio de economía procesal, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio y es posible su verificación en el mismo; motivos por los cuales resulta innecesario obtener copias certificadas de lo ahí resuelto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, registro digital 2017123, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Luego, al no existir diversas causas de improcedencia propuestas por las partes o el suscrito advertirlas de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. La parte quejosa reclama la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca 132/2022 del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que confirmó el auto de no vinculación emitido en el proceso penal 314/2020 a favor de Ana Isabel Martínez Torres y Celso Erick Garrido del Castillo respecto del delito de fraude específico. En la especie, se califican de ineficaces los conceptos de violación de la parte quejosa. Lo anterior impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán de respaldo para dar solución al asunto, se esboza lo siguiente. Fundamentación y motivación El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De allí, que existe falta de fundamentación y motivación cuando la autoridad omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que consideró para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis que prevé la norma jurídica. Por otra parte, existe indebida fundamentación cuando el acto de autoridad invoca preceptos legales, pero los mismos no aplican al asunto en concreto por las características específicas de éste; y, existe incorrecta motivación, en el supuesto en que la autoridad sí indica las razones que tomó en consideración para emitir el acto, pero dichas razones no concuerden con la norma legal que aplicó en el caso. Así, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de la cita de normas en que se apoya una resolución o acto y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero los mismos no son aplicables al caso en concreto, y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no concuerdan con el caso específico, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos que invoca la autoridad y las normas que aplicó. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.3º.C. J/47 que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." Por su parte, la motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; e 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión de la autoridad no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. Ilustra a lo anterior la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO." Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado: 1). El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, dictó auto de no vinculación en el proceso penal 314/2020 de su índice, a favor de Ana Isabel Martínez Torres y Celso Erick Garrido del Castillo, respecto del ilícito de fraude (fojas 5-8 del tomo único de pruebas) 2). Inconformes con dicha decisión, la fiscalía y la parte ofendida hicieron valer recurso de apelación, por lo que en ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca 132/2022, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, la revocó y, en su lugar, decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en su contra, respecto del hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, previsto y sancionado en los numerales 216, fracción IV y 217, fracción V, del Código Penal de Veracruz vigente, en agravio de Yasmín Gómez Bello en representación de su menor hija de identidad reservada LMCGG (fojas 105-129 del tomo único de pruebas) -acto reclamado en el juicio de amparo 421/2022. 3) En tres de marzo de dos mil veintitrés, la Primera Sala recibió el oficio 4604, signado por la secretaria de este juzgado en el que se le informó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto en revisión 334/2022, confirmó la sentencia amparadora emitida en el juicio de amparo 421/2022, promovido por los quejosos Ana Isabel Martínez Torres y Celso Erick Garrido del Castillo, por lo que dejó insubsistente la resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y turnó los autos para que se emitiera la correspondiente resolución (foja 133 del tomo de pruebas). 4) En resolución de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 132/2022, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 421/2022 del índice de este juzgado dejó insubsistente la resolución pronunciada por esa sala el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, revocó la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de Ana Isabel Martínez Torres y Celso Erick Garrido del Castillo, respecto del hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, previsto y sancionado en los numerales 216, fracción IV y 217, fracción V, del Código Penal de Veracruz vigente, en agravio de Yasmín Gómez Bello en representación de su menor hija de identidad reservada LMCGG (fojas 135-158 del tomo único de pruebas). 5) En auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, se agregó el oficio 16321 del índice de este juzgado, en el que este juzgado le indicó no tener por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 421/2022, por lo que ordenó turnar el asunto al Magistrado Ponente para que pronunciara la resolución ordenada (foja 173). 6). El trece de junio de dos mil veintitrés, en el toca 132/2022, los integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dejaron insubsistente la resolución pronunciada el siete de marzo de dos mil veintitrés, y subsanando las irregularidades marcadas en la ejecutoria de mérito procedieron a resolver de nueva cuenta el recurso de apelación, confirmaron el AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciado por el referido juez de control. (fojas 175-196 del tomo único de pruebas) -acto reclamado en el presente juicio de amparo-. Las consideraciones del tribunal de segundo grado para resolver como lo hizo son las siguientes: En el caso, del acto reclamado se advierte que la Sala responsable confirmó el auto de no vinculación dictado en el proceso penal 132/2022, conforme a lo siguiente: Que la resolución emitida por el juez de control en la audiencia inicial, no trastoca el derecho fundamental de debido proceso, de tutela judicial efectiva, de reparación del daño, ni de interés superior del menor, toda vez que Celso Erick Garrido del Castillo, en la época de los hechos no se encontraba impedido para realizar la compraventa del inmueble en disputa, pues los datos de prueba expuestos por la fiscalía en la cláusula séptima del convenio de divorcio éste se comprometió a destinar una de sus propiedades a nombre de su menor hija, para garantizar su manutención en caso de fallecimiento o contrajera nuevas nupcias, siendo que sólo existe la obligación por parte del progenitor de la menor de destinar uno de sus bienes, lo que podría facultar al imputado a decidir a voluntad, cuál de ellos destinaría para cumplir con la obligación de garantizar los alimentos a su menor hija, pues en el convenio de divorcio no se acordó que el padre de la menor comprometió el inmueble en controversia, por lo que no se puede considerar entonces que se causó un perjuicio a ésta con la realización de la compraventa de dicho predio, en la medida que aún no pertenece a su propiedad, ya que lo único que existe es la obligación de su padre de destinar uno de sus bienes para garantizar sus alimentos. Que el juez al tomar en cuenta todos y cada uno de los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía lo llevaron a concluir que no se realizó la simulación de un acto jurídico, toda vez que al momento de la celebración de la compraventa el imputado Celso Erick Garrido del Castillo no encontraba impedimento para realizar la compra del inmueble en disputa, precisando que la fiscalía no fue contundente en acreditar cuál fue el daño que causó a la menor con la realización de la compraventa de dicho previo, en la medida que aún no le pertenecía a su propiedad, ya que lo único que existía era la obligación del padre de destinar uno de los bienes para garantizar los alimentos, como se estableció en la cláusula séptima del convenio de divorcio, en caso de fallecimiento o contrajera nuevas nupcias, lo que podría facultar al imputado a decidir a voluntad cuál de los bienes destinará para cumplir con la obligación de garantizar los alimentos de su menor hija. Para llegar a esa conclusión se tomó en cuenta que el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, Celso Erick Garrido del Castillo y Yasmín Gómez Bello celebraron convenio de divorcio por mutuo consentimiento ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, donde se radicó el expediente 972/2017, el cual se aprobó el treinta y uno de agosto de ese mismo año, convenio que en la cláusula séptima se estableció que el citado Celso Erick Garrido del Castillo se comprometía a destinar una de sus propiedades para garantizar los alimentos de su menor hija en su caso de su fallecimiento o que contrajera nuevas nupcias. Se conoció que los imputados contrajeron matrimonio por la vía civil el trece de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se actualizó una de las condiciones establecidas en la cláusula séptima del convenio de divorcio aprobado judicialmente. Luego, Yasmín Gómez Bello madre de la menor, en representación de ésta, el quince de octubre de dos mil dieciocho promovió incidente de ejecución del convenio de divorcio aprobado judicialmente, donde requirió de Celso Erick Garrido del Castillo la firma del bien tipo casa número 153, lote 249, del fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz, para posteriormente solicitar dicha promovente el cuatro de noviembre del mismo año, la medida cautelar de aseguramiento de ese predio. No obstante, el juez civil fue omiso en realizar las acciones pertinentes para que el Registro Público de la Propiedad procediera a su inmovilización a fin de que no se enajenara mientras duraba el juicio. El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la omisión del juez civil, la madre de la menor promovió el juicio de amparo 812/2019 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, en el que el veinticinco de septiembre siguiente, en el cuaderno incidental, se concedió a la quejosa la suspensión definitiva señalándose en la misma la omisión del juez civil responsable de no realizar las acciones pertinentes para que el Registro Público de la Propiedad inmovilizara el bien propiedad del imputado tipo casa número 153, lote 249, del fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz. Posteriormente, se conoció que los imputados acudieron a la Notaría Pública número catorce, en Veracruz, Veracruz, para formalizar la compraventa del bien inmueble de que se trata, en la que Celso Erick Garrido del Castillo figuró como vendedor y Ana Isabel Martínez Torres como compradora, manifestando los participantes en dicho acto jurídico ante el fedatario público que eran solteros, cuando en realidad habían contraído matrimonio civil el trece de diciembre de dos mil dieciocho. La Sala responsable consideró que no está acreditado que de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable haya expuesto las razones suficientes para estimar que en el caso sometido a su consideración, los datos de prueba expuestos por la fiscalía indican que el bien inmueble propiedad del imputado tipo casa número 153, lote 249, del fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz y que fue objeto de la compraventa que a su juicio simularon los imputados, sea en específico aquél que el imputado Celso Erick Garrido del Castillo comprometió en el convenio de divorcio aprobado judicialmente para garantizar los alimentos de su menor hija; pues al efecto, según expuso la propia Sala, en el aludido convenio no se especificó en particular que dicho predio sería uno de los incluidos en la garantía ofrecida por el quejoso, sino que sólo se generalizó que se comprometía a destinar para tal efecto una de sus propiedades. Tampoco se puede estimar que con dicha conducta los imputados hayan causado un perjuicio a la menor, dado que no se expuso por la autoridad responsable con qué datos de prueba se advertía que el referido predio se encontraba inmovilizado en el juicio civil donde se aprobó dicho convenio, previo a que los imputados realizaran la compraventa del mismo, lo que les impedía llevar a cabo dicha operación. Al mismo tiempo, tampoco se dieron las razones suficientes para estimar que el inmueble tipo casa número 153, lote 249, del fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz, se encontraba inmovilizado en el juicio civil donde se aprobó dicho convenio, previo a que se realizara la supuesta simulación del acto jurídico atribuido a los imputados Hasta aquí las consideraciones que la autoridad responsable vertió en el acto reclamado. SUBSUNCIÓN Como se observa, la Sala responsable, sobre la base de las consideraciones antes plasmadas, estableció que con los datos de prueba aportados por la fiscalía no es posible acreditar que los imputados cometieron o participaron en la comisión el hecho establecido en la ley con apariencia de delito de fraude específico, previsto y sancionado en los numerales 216, fracción IV y 217, fracción V, del Código Penal de Veracruz vigente. Dado que refiere que del análisis de las consideraciones vertidas por la Sala responsable en la resolución reclamada se observa que si bien es cierto que para el dictado de vinculación a proceso de conformidad con el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales el estándar probatorio es mínimo, es decir que los antecedentes de la investigación existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, en el asunto no acontece, puesto que dichos requisitos tanto constitucionales como legales no fueron acreditados por la fiscalía pues la conducta ilícita que se atribuye a los imputados requiere para su actualización que la simulación del acto jurídico sea en perjuicio de la menor En la especie, se estima que la conclusión de la Sala responsable se encuentra ajustada a derecho, al haberse emitido de manera fundada y motivada, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa en su demanda de amparo. Lo que se sostiene tomando en cuenta que, los datos de pruebas aportados por la fiscalía son insuficientes para demostrar que el inmueble que fue objeto de compraventa es el que el imputado Celso Erick Garrido del Castillo comprometió en la cláusula séptima del convenio de divorcio, o en su caso, que ese predio se encontraba inmovilizado en el juicio civil donde se aprobó dicho convenio, previo a que los imputados llevaran a cabo la compraventa del mismo. En efecto, se coincide con la Sala responsable cuando consideró que no está acreditado que de la resolución reclamada no se advierte que la autoridad responsable haya expuesto las razones suficientes para estimar que en el caso sometido a su consideración, los datos de prueba expuestos por la fiscalía indican que el bien inmueble propiedad del imputado tipo casa número 153, lote 249, del fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz, sea en específico aquél que el imputado Celso Erick Garrido del Castillo comprometió en el convenio de divorcio aprobado judicialmente para garantizar los alimentos de su menor hija; pues al efecto, según expuso la propia Sala, en el aludido convenio no se especificó en particular que dicho predio sería uno de los incluidos en la garantía ofrecida por el quejoso, sino que sólo se generalizó que se comprometía a destinar para tal efecto una de sus propiedades. Tampoco se puede estimar que con dicha conducta los imputados hayan causado un perjuicio a la menor, dado que no se expuso por la autoridad responsable con qué datos de prueba se advertía que el referido predio se encontraba inmovilizado en el juicio civil donde se aprobó dicho convenio, previo a que los imputados realizaran la compraventa del mismo, lo que les impedía llevar a cabo dicha operación. Lo que también es importante, pues si el aludido inmueble no se encontraba inmovilizado por parte de la autoridad civil en el juicio de origen para garantizar el cumplimiento del convenio aprobado judicialmente, entonces no existía aún la obligación del imputado Celso Erick Garrido del Castillo para no realizar la venta del mismo y mantenerlo en su haber patrimonial, hasta en tanto la autoridad determinara lo conducente. En efecto, inexistía impedimento legal para otorgarlo en venta, pues no se advierte que la autoridad civil lo haya ordenado de esa manera, es decir, que la autoridad civil, en la época de los hechos impusiera la obligación al padre de la menor de no vender el predio de su propiedad de que se trata. De esta manera, el juez familiar puede requerir en principio que se cumpla con la voluntad de las partes, esto es requerir al padre de la menor para que a su elección, decida cuál de los bienes destinará para cumplir con la obligación de garantizar los alimentos de su menor hija, pues así se pactó en el multicitado convenio y sólo en el caso de que el obligado no cumpla con lo anterior, la autoridad estará en aptitud de acordad lo conducente para asegurar el cumplimiento de lo convenido por las partes. De ahí que, sea importante destacar que la figura genérica del hecho establecido en la ley con la apariencia del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los numerales 216, fracción IV y 217, fracción V, del Código Penal de Veracruz vigente, tiene la descripción típica siguiente: "Artículo 216. A quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que se halle, obtenga para sí o para otro alguna cosa total o parcialmente ajena con ánimo de dominio, lucro o uso, o cause a otro un perjuicio patrimonial, se le sancionará con: (.) IV. Prisión de cinco a doce años y multa hasta de setecientos días de salario, si el valor de lo defraudado excede de setecientos cincuenta días de salario." "Artículo 217. Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán a quien: (.) V. Simule un acto jurídico, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio económico indebido; (.)" Los elementos que componen la aludida conducta ilícita son: a). Que alguien realice la simulación de un acto jurídico. b). Esa conducta se realice en perjuicio de un tercero o, que con ella se obtenga un beneficio económico indebido. Siendo que la conducta ilícita que se analiza y que se atribuye a los imputados aquí terceros interesados, requiere para su actualización en el mundo fáctico que la simulación del acto jurídico se lleve a cabo en perjuicio de un tercero. En el caso concreto se sostiene que, como aduce la Sala responsable, no se demuestra con los datos de prueba que la acción de compraventa del inmueble en disputa atribuida a los imputados se haya realizado con ánimo de causarle un perjuicio a la menor; en cambio, lo que sí demuestran es que, aun cuando la quejosa (denunciante) adujo y demostró haber celebrado un convenio con el padre de su menor hija el aquí tercero interesado Celso Erick Garrido del Castillo en el que en la cláusula séptima éste se compromete a destinar una de sus propiedades cuando se presentara su fallecimiento o contrajera nuevas nupcias, o en su caso, sin embargo en ésta cláusula no se especificó algún inmueble, porque en los términos en que se redactó, según el relato efectuado por la fiscalía al solicitar la vinculación a proceso, sólo existe la obligación del progenitor de la menor de destinar uno de sus bienes para garantizar sus alimentos, en caso de fallecimiento o contraer nuevas nupcias, lo que podría facultar al imputado a decidir a voluntad, cuál de los bienes destinará para cumplir con la obligación de garantizar los alimentos de su menor hija. Así, contrario a lo que alega la parte quejosa, los datos de prueba existentes que fueron valorados correctamente por la Sala responsable, de acuerdo con la exposición concreta de las circunstancias especiales del caso, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión de su fallo, no son aptos para demostrar que la acción de simular un acto jurídico, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio económico indebido atribuida a los imputados se haya realizado con el ánimo causarle un perjuicio a la menor en cuestión; de ahí, que acertadamente se haya confirmado la determinación del juez de control apelada, en la que se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los imputados. Por tanto, las consideraciones vertidas en párrafos precedentes resultan suficientes para sostener la legalidad de la resolución reclamada y, por ende, la ineficacia de los conceptos de violación. Lo que además se estima acorde con los principios de presunción de inocencia y mínima intervención, bases fundamentales del sistema de justicia, contenidos en el Apartado B, fracción I, del precepto 20, primer párrafo del diverso 18, y segundo parágrafo del 19 todos de la Carta Magna; se desprende que el nuevo proceso penal busca afectar lo menos posible la libertad de las personas. Por tanto, como se vio, la resolución reclamada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable expuso las causas generales y razones particulares que le sirvieron para concluir como lo hizo; decisión que este órgano jurisdiccional comparte de manera respetuosa, a pesar del interés contrario de la parte quejosa en sus pretensiones. Ello se estima así, dado que conforme a los lineamientos de la citada ejecutoria de amparo, la Sala responsable determinó que con los datos de prueba aportados por el fiscal, no era posible acreditar que se cometió el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 216, fracción IV y 217 fracción V, y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, dado que la conducta ilícita analizada y que se les atribuye a los aquí terceros interesados requiere para su actualización en el mundo fáctico que la simulación del acto jurídico se lleve a cabo en perjuicio de un tercero. Siendo que en la cláusula séptima del convenio de divorcio que origina la controversia, el referido Celso Erick Garrido del Castillo, se comprometió a destinar una de sus propiedades a nombre de su menor hija, para garantizar su manutención en caso de fallecimiento o contrajera nuevas nupcias, siendo que en dicha cláusula no se especificó algún inmueble, ello es así, porque en los términos en que se redactó la aludida cláusula, sólo existe la obligación del progenitor de la menor a destinar uno de los bienes para garantizar sus alimentos, en caso de fallecimiento o contraer nuevas nupcias, lo que faculta a dicha persona a decidir a voluntad, cuál de sus bienes destinará para cumplir con la obligación de garantizar los alimentos de su menor hija. CONCLUSIÓN Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio y al ser ineficaces los motivos de disenso de la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, al no haber sido combatidos por vicios propios. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Yasmín Gómez Bello por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada L.M.C.G.G, contra el acto reclamado y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley."
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Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele informando que mediante acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso dictado en el toca 418/2023 de su estadística, desechó de plano el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el presente asunto. En esas condiciones, estese en espera de que la Superioridad informe a este órgano jurisdiccional una vez que cause estado el acuerdo de mérito y devuelva los autos originales, para proveer lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos de la 1. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 31775 por el cual se le notificó el contenido de la sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés dictada en el presente asunto. Ahora, en relación a su solicitud de devolución de los autos originales del toca ********************, dígase que no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que mediante proveído de siete de noviembre del presente año, se tuvo a la quejosa ******************** por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada ********************., interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, ordenándose remitir los autos del juicio en que se provee, así como el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió dicha Sala (autos originales del toca ********************) como prueba de su parte, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del aludido recurso de revisión. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los telegramas remitidos por el Fiscal Auxiliar Sexto del Fiscal General del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz; atento a sus contenidos, téngasele acusando recibo de los oficios 31778 y 32270, por medio de los cuales se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto, así como la interposición del recurso de revisión interpuesta en su contra. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se ordena remitir el presente juicio, un tomo de pruebas, así como una copia fotostática simple del escrito de agravios, en el que no obra una firma autógrafa, y tampoco evidencia criptográfica de una firma electrónica; a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que turne estos autos al Tribunal que corresponda, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.
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