Yariel Castillo Requejo

Expediente 636/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
636/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Yariel Castillo Requejo
  • Marlys Prado Hernández
  • Yariel Castillo Requejo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta de mayo de este año, se libró el exhorto número 225/2022 (orden 295/2022), al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, con sede en Villahermosa, Tabasco, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara personalmente a la parte quejosa el auto de veintiocho de ese mismo mes y año. Resultando innecesario el envío de dicha comunicación oficial, toda vez que por acuerdo de treinta y uno de mayo siguiente, se tuvo a la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, informando que el veintisiete de mayo del año en curso, se libró oficio de salida del país a favor de las quejosas directas ..., dada su petición expresa de retornar a su lugar de origen, motivo por el cual, se tuvo por no presentada la demanda de garantías y se ordenó el archivo de asunto concluido. 1.1 Acuerdo. En consecuencia, se ordena la cancelación del envío de la comunicación en comento y dese de baja en el libro respectivo, para los efectos estadísticos a que haya lugar.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. 1.1 Acuerdo. En cuanto a su contenido, téngase a dicha autoridad migratoria Informando que las quejosas directas ..., el veintisiete de mayo del año en curso, se libró el oficio de salida del país a favor de las citadas, dado su petición expresa de retornar a su lugar de origen, anexando para tal efecto dichos comunicados, los cuales contienen la firma de las mismas al calce de su nombre; lo que evidentemente impide lograr su notificación respecto del auto de veintiocho de mayo del año en curso, mediante el cual se concedió la suspensión de plano y se ordenó la ratificación de la demanda. 2. No presentada. En consecuencia, al quedar evidenciada en el párrafo anterior la falta de interés de la parte quejosa directa para continuar con la tramitación de este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este juicio de amparo. 3. Causa estado. En ese contexto, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el diverso precepto 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 6. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 7. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  3. Principal

    1. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de veintiocho de mayo de este año, de la que se advierte la imposibilidad de la actuaria judicial adscrita para localizar a las quejosas directas M*** y ******, al haber sido informada por la autoridad señalada como responsable que las mismas fueron trasladadas a la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco. 1.1 Exhorto. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, con sede en Villahermosa, Tabasco, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente a las quejosas directas **** y ****, el proveído de veintiocho de mayo del año que transcurre, cumpliendo con la encomienda ahí establecida, para lo cual se anexa copia digitalizada de la demanda de amparo y del auto referido. En la inteligencia de que las quejosas directas se encuentran alojadas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Villa Hermosa, Tabasco, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad migratoria de esta ciudad. Asimismo, deberá hacerles del conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo a las citadas quejosas para los efectos legales a que haya lugar. 1.2 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en este asunto, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento.

  4. Principal

    . Demanda. Visto el escrito de demanda vía electrónica, promovido por Yariel Castillo Requejo en favor de ****, contra actos del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 636/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene únicamente como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 3.1 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades Director de la Subdelegación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que la parte quejosa señala como responsables, este órgano de justicia considera ocioso incorporarlas con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, porque el llamamiento a juicio de tales autoridades retardara el acceso del quejoso a una sentencia definitiva, en virtud de que las restantes responsables designadas con domicilio en esta ciudad, de acuerdo a la labor propia de este juzgado, se puede advertir que son inexistentes. Con excepción de la que se tiene como autoridad responsable en el punto que antecede. De ahí que este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular al resto de las indicadas autoridades para efectos del trámite de este juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor del quejoso en su calidad de migrante, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física de las agraviadas, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención de las quejosas fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestas en libertad o a disposición de éste último; o, Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sean puestas inmediatamente en libertad. 4.3 Si los quejosas se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenidas en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestas en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se le atribuye no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de las quejosas o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestas en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que las quejosas queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que las quejosas no sean detenidas, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devueltas a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. Cuando las quejosas ya se encuentren materialmente detenidas por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputadas en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando las quejosas estén siendo procesadas o hayan sido sentenciadas previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o las tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a las quejosas, desde que fueron detenidas hasta que fueran puestas a disposición del representante social. 4.6 No sean exhibidas en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga a las quejosas en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad de la misma. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éstas sean sometidas. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a las detenidas; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetas, pues tampoco pueden ser contactadas en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidas a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. La parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación, expulsión o repatriación que las autoridades responsables pretenden ejecutar en contra de las quejosas directas Marilín Hernández Correa y Marlys Prado Hernández. Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de las quejosas directas Marilín Hernández Correa y Marlys Prado Hernández, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de la misma, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se le obligue a abandonar el país a los quejosos. Es decir, se abstengan las autoridades responsables de deportar a su lugar de origen a las quejosas, debiendo quedar en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de las aquí quejosas, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 6. Orden de salida de la estación migratoria. Respecto a la solicitud de suspensión contra la omisión de emitir la orden de salida de directas Marilín Hernández Correa y Marlys Prado Hernández, no se tienen elementos suficientes en este momento procesal para determinar si es procedente o no la medida cautelar. 7. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización de las quejosas directas Marilín Hernández Correa y Marlys Prado Hernández; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 8. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de localizar los hoy quejosos; una vez localizadas, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración lo siguiente: 8.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de una menor de edad o que se ubique en estado de vulnerabilidad. 8.2 Dé fe del estado físico de las quejosas directas al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlas sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 8.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 8.4 Requiera a las quejosas para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 8.5 Requerimiento a promovente y autorizados. Se hace del conocimiento del promovente Yariel Castillo Requejo y a los autorizados Ollinkoatzin Mesino Acosta y Aldo Javier Hernández García, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que Marilín Hernández Correa y Marlys Prado Hernández, no sean encontradas por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentran retenidos, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éstas fueron puestas en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 9. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a los impetrantes, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlo para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellos, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 10. Consulta y notificaciones vía electrónica. A su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, así como la práctica de notificaciones subsecuentes, al solicitante con nombre de usuario "Ollinkoatzin". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que los usuarios proporcionados correspondan efectivamente a los profesionistas mencionados en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 10.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 10.2 Autorizados para oír y recibir notificaciones. Se tiene por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ollinkoatzin Mesino Acosta y Aldo Javier Hernández García, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. Se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a Saira Ivette Lara Saldaña, Alan Fernando Calvillo Vázquez y Miguel Ángel Mesino Flores, por así haberlo solicitado el promovente. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 13. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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