Yaquelin Esther Oliveros Lombardia
Expediente 1444/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Yaquelin Esther Oliveros Lombardia
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ********************en favor de ********************, contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. ********************2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1444/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4. Acto reclamado. En el caso a estudio, la aquí parte quejosa reclama medularmente del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, los actos consistentes en la privación de libertad y/o detención con fines de deportación a su lugar de origen e incomunicación. 5. Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, porque respecto del acto reclamado, de acuerdo a lo expresado por el promovente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII , de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación; por lo que precluyó su derecho de acudir nuevamente en sede constitucional a reclamar, en esencia, los mismos actos controvertidos en un juicio de amparo previo. Del contenido del numeral antes citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa reclame actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el consentimiento expreso o la manifestación de voluntad que entrañe el mismo, se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, como se asentó en la certificación de cuenta, debe destacarse que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que ante este juzgado de Distrito se encuentran radicados los juicios de amparo ********************y********************, promovidos en favor de ********************, respecto de los mismos actos y autoridades. Así entonces, debe ponerse de manifiesto que en el juicio de amparo ********************, en la constancia de notificación de siete de diciembre del dos mil veintidós, se advierte que la quejosa ratificó el escrito en el que se desiste de la demanda de garantías promovida a su favor, por así convenir a sus intereses. Como consecuencia, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el auto de ocho de diciembre del dos mil veintidós, en la referida instancia constitucional, y en esa misma fecha causó estado, ordenándose al archivo definitivo. Las constancias antes relacionadas permiten constatar que la quejosa directa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, intentó otro, reclamando los mismos actos aquí combatidos, en el que manifestó su voluntad de desistirse de dicha demanda de garantías. En esos términos, queda evidenciado un consentimiento expreso por la parte quejosa de los actos aquí reclamados, pues desde el momento en el que decidió voluntariamente desistirse de la demanda en el primer juicio de amparo, demostró su intención de dar por terminada la acción de amparo en su perjuicio, lo que conlleva la aceptación de las consecuencias jurídicas que generaron los actos reclamados, que son los mismos de los que aquí se duele. Ante esa circunstancia, es claro que tal decisión repercute no solamente en el primer juicio promovido, sino también en el segundo o ulteriores que haya promovido o promueva para combatir los mismos actos reclamados, toda vez que la acción de amparo fue concluida por su voluntad y en su perjuicio, aceptando las consecuencias de los actos reclamados. Por lo tanto, se estima que el desistimiento de la quejosa en el juicio de amparo citado en párrafos que anteceden, demuestra en este asunto un consentimiento expreso de los actos reclamados, que son los mismos que combate en esta instancia constitucional. De ahí que la preclusión impida que se reestablezca su derecho y que puedan impugnar a través de este juicio de amparo nuevamente las trasgresiones a sus prerrogativas alegadas previamente en sede constitucional, si la parte quejosa cuando resintió la afectación y acudió a promover juicio de amparo se desistió del mismo por así convenir a sus intereses; por lo que, ni aun bajo el entorno constitucional y la óptica de los derechos humanos, puede hacer que sus planteamientos se vuelvan analizables en esta sede, es decir, que los actos que consintió sean sujeto a estudio. Se invocan en este asunto como hecho notorio las actuaciones del juicio de amparo ********************, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2° de esta última, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado. 5.1 Criterio legal. Resulta aplicable la tesis P./J. 3/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Se desecha demanda. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es inconcuso que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 7. Domicilio y autorizado para notificaciones. En virtud de que el promovente no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Se tiene como autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a ********************, hasta en tanto acrediten que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 10. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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