Yareli Amaris Suarez Bojórquez
Expediente 437/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Yareli Amaris Suarez Bojórquez
- Alma Patricia Valenzuela Ruiz
- Alma Patricia Valenzuela Ruiz y Otros.
- Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora
- Gloria Karina Flores Lugo y Otros.
- Leticia López Bejarano y Otros.
- Aldo Israel Valenzuela García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el treinta de julio de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del presente asunto, y a la fecha, obra en el juzgado el legajo de pruebas exhibido por la autoridad responsable al rendir el informe justificado; en consecuencia, remítase mediante oficio el legajo de constancias exhibido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado, de esta ciudad, por resultar innecesarias en el presente juicio. Notifíquese; y por oficio al juez señalado como responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, SE ORDENÓ EL ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE.
- Incidental
SE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE Y SE VALORA SU DESTINO.
- Principal
Juicio de amparo 437/2020 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y siete minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. El juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para todos los efectos legales correspondientes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que ofreció la autoridad responsable ordenadora, las cuales obran agregadas en un legajo formado por separado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho para expresarlos de las partes; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 437/2020; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, al día siguiente, Yareli Amaris Suárez Bojórquez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el citado juez recibió la citada demanda de amparo, la registró bajo el número 1580/2019 y la admitió; solicitó a las autoridades responsables informe justificado; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, el referido juez ordenó el returno del citado juicio de amparo, a favor de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional no aceptó el returno. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, el juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, formula consulta. Por oficio SECNO/453/2020, la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el asunto correspondía conocer a este juzgado federal. Mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, el juez Decimo Tercero de Distrito en el Estado, recibió el citado oficio y ordenó remitir el expediente a este órgano jurisdiccional. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, este juzgado tuvo por recibido el expediente de mérito, aceptó el returno y planteó impedimento. Mediante resolución de diez de marzo de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, calificó de legal el impedimento formulado por este juzgador y ordenó remitir los autos al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora. Por auto de doce de marzo de dos mil veinte, el juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, recibió los autos del juicio de amparo y señaló hora y fecha para la audiencia constitucional. Mediante proveído de diecisiete de marzo siguiente, el referido juez ordenó la separación de autos. Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, este juzgado aceptó la competencia para conocer del presente juicio, únicamente por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se reconoció como tercero interesado a Alberto Alfonso Moreno Ávalos, agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, mismo que fue emplazado el veinticinco de noviembre siguiente. Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se hizo constar que de acuerdo a lo establecido en la Circular CAP/3/2020, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del citado Consejo, a fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, también se determinó que los asuntos tramitados bajo el esquema de juicio en línea o aquellos catalogados como urgentes, se continuaría con su tramitación. Mediante proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, atendiendo las directrices previstas en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se suspendió el procedimiento hasta en tanto existiera disposición en contrario. Por auto de veintiséis de enero siguiente, al haber transcurrido el plazo de suspensión establecido por la circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se reconoció como terceros interesados a José Valenzuela Vivian, Gloria Karina Flores Lugo, Ángel Rogelio Quijada Leal, Aldo Israel Valenzuela García, María Luisa Lugo Lam, Alba Ramona Urquijo Moreno, Jesús Eduardo Miranda Aguilar, Manuel Francisco Palacios Álvarez, Patricia Bujanda Peraza, Jorge Arturo Magallanes Maytorena, Selene Guadalupe Arreola López, Osmar Urquidez Gámez, Gerardo Alonso Quiroz Barrendez, Alma Patricia Valenzuela Ruiz, Leticia López Bejarano, Rosa María Guevara Moreno, Guadalupe Gálvez Poqui, Adrián Rivera Salcido, María Zulema Burgos Matrecitos, Geovanni Andrés Solís Avilés, Juan Carlos Marín Barnett, Luis Jesús León Celaya, Ricardo Cruz Munguía, Elsa María Olmos Navarro, Martha Margarita Zarracin Romero, Ma. de los Ángeles Valenzuela Bojórquez, Gladys Araceli Villegas Domínguez y Carmen Elizabeth Villegas Domínguez; quienes quedaron emplazados el cuatro de marzo, veinte y veintitrés de abril, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo y cuatro de junio del dos mil veintiuno. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 3027/2019, instruida en contra de Yareli Suárez Bojórquez y otros por la posible ejecución de los hechos que la ley señala como delito de fraude continuado, previsto y sancionado en el artículo 318, en relación con el artículo 5, fracción III, y 71 del Código Penal para el Estado de Sonora, y asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 142 del mismo ordenamiento legal antes invocado. Existencia de los actos combatidos Son ciertos los actos que se reclama del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno y del comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, ambos con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura del informe con justificación que rendieron. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 3027/2019, que la responsable ordenadora allegó con su informe con justificación; documentales a las que, dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Estudio de fondo. De oficio este juzgador no advierte la actualización de causa de improcedencia, ni aparece que las partes hayan hecho valer; por tanto, se procederá al estudio de la cuestión constitucional planteada. En principio, se debe decir que para el estudio del presente asunto serán examinados los conceptos de violación inmersos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Precisado lo anterior, se establece que los conceptos de violación que hace valer la quejosa resultan infundados, sin que del análisis de la resolución en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lleve a diversa consideración, como se expondrá enseguida. De inicio, es oportuno destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, por cuanto hace al sistema procesal penal previsto en la modificación a tales preceptos, su entrada en vigor se encuentra condicionada a que los Estados, en el ámbito de sus competencias, expidan y pongan en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios, de conformidad con el primer párrafo del artículo transitorio segundo establecido para dicha reforma, el cual en su parte conducente, dice: "Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales .". En el Estado de Sonora, mediante decreto número 5, el quince de octubre de dos mil quince, se declaró lo siguiente: "QUE DECLARA QUE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SE INCORPORA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTADO DE SONORA. ARTÍCULO ÚNICO. Para los efectos señalados en el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de marzo de 2014, se declara que el Código Nacional de Procedimientos Penales se incorpora al régimen jurídico del Estado de Sonora, ordenando su entrada en vigor de manera gradual, de acuerdo con las siguientes prevenciones: El 15 de diciembre del 2015 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Hermosillo, que comprende las siguientes Municipalidades: Hermosillo, con las Comisarías de El Poblado Miguel Alemán y San José de Gracia; La Colorada, con las Comisarías de San José de Pimas, Moradillas, Tecoripa y Estación Serdán; San Javier; Suaqui Grande; Mazatán; San Miguel de Horcasitas, con las Comisarías de Los Ángeles y Pesqueira; Carbó; Onavas y Soyopa, con las Comisarías de Tónichi, San Antonio de la Huerta, Llano Colorado y Rebeico; las Comisarías de Félix Gómez y Puerto Libertad del Municipio de Pitiquito; la Comisaría de Querobabi del Municipio de Opodepe. Cabecera: Hermosillo; En el distrito judicial de Sahuaripa, que comprende las siguientes Municipalidades: Sahuaripa, con las Comisarías de Güisamopa, La Mesita del Cuajari, Santo Tomás, Sehuadéhuachi, Mulatos, Trigo de Corodepe, La Iglesia y Valle de Tacupeto; Arivechi, con las Comisarías de Bámori y Tarachi; Bacanora, con las Comisarías de Mina México, Santa Teresa, Milpillas y Encinal; y Yécora, con las Comisarías de Guadalupe, Santa Ana, Santa Rosa, Tepoca, La Trinidad y Maycoba. Cabecera: Sahuaripa; y En el distrito judicial de Ures, que comprende las siguientes Municipalidades: Ures, con las Comisarías de Guadalupe, La Palma, Pueblo de Álamos, Santa Rosalía y Rancho de San Pedro; Aconchi, con la Comisaría de La Estancia; Banámichi; Baviácora, con las Comisarías de Suaqui, La Capilla, San José de Baviácora; Huépac, con la Comisaría de Ranchito de Huépac; Opodepe, con las Comisarías de Meresichi y Tuape; Rayón; San Felipe; San Pedro De La Cueva y Villa Pesqueira, con la Comisaría de Nácori Grande. Cabecera: Ures. Distritos Judiciales en que se decreta entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a todos los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Sonora, con exclusión de los enunciados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de delitos del fuero común. El 30 de marzo de 2016 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Navojoa, que comprende las siguientes Municipalidades: Navojoa, con las Comisarías de Rosales, Tesia, Camoa, San Ignacio, Bacabachi, Fundición y Masiaca; y Quiriego, con la Comisaría de Batacosa. Cabecera: Navojoa; En el distrito judicial de Álamos, que comprende la Municipalidad de Álamos, con las Comisarías de Tapizuelas, Basiroa, Gerocoa, Minas Nuevas, Los Tanques, Macoyahui, San Bernardo, Los Camotes, Maquipo, Potrero de Reuter, Potrero de Alcántar, El Limón, El Cupis, La Laborcita, Conicárit, Los Muertos, Cochibampo, El Chinal, Palos Chinos, Guirocoba y El Tabelo. Cabecera: Álamos; En el distrito judicial de Huatabampo, que comprende las siguientes Municipalidades: Huatabampo, con las Comisarías de Citaváro, La Galera, Júpare, Etchoropo, Yavaros, Moroncárit y Agiabampo; Etchojoa, con las Comisarías La Villa, Basconcobe, Bacobampo, Chucarit y San Pedro; y Benito Juárez. Cabecera: Huatabampo; En el distrito judicial de Cananea, que comprende las siguientes Municipalidades: Cananea; Arizpe, con las Comisarías de Chinapa, Bacanuchi y Sinoquipe; Bacoachi Y Naco. Cabecera: Cananea; En el distrito judicial de Agua Prieta, que comprende las siguientes Municipalidades: Agua Prieta, con las Comisarías de Colonia Morelos y el Pozo Morelos; Fronteras, con las Comisarías de Cuquiarachi y Esqueda; Bavispe, con la Comisaría de San Miguel de Bavispe; Bacerac y Huachinera. Cabecera: Agua Prieta; En el distrito judicial de Moctezuma, que comprende las siguientes Municipalidades: Moctezuma, con la Comisaría de Terapa; Nacozari De García, con las Comisarías de Pilares de Nacozari, El Tigre y Casa de Teras; Bacadéhuachi; Cumpas, con la Comisaría de Jécori, Teonadepa, Ojo de Agua, Los Hoyos y Colonia Álvaro Obregón; Divisaderos; Granados; Huásabas; Nácori Chico; Villa Hidalgo y Tepache. Cabecera: Cumpas; En el distrito judicial de San Luis Río Colorado, que comprende la Municipalidad de San Luis Rio Colorado, con la Comisaría de Luis B. Sánchez. Cabecera: San Luis Rio Colorado; En el distrito judicial de Altar, que comprende las siguientes Municipalidades: Altar, con la Comisaría de El Plomo; Caborca; Atil; Oquitoa; Sáric, con la Comisaría de Sásabe; Trincheras, con la Comisaría de El Puerto de Camou; Pitiquito, con la Comisaría de La Ciénega; y Tubutama, con las Comisarías de La Reforma y La Sangre. Cabecera: Caborca; y En el distrito judicial de Puerto Peñasco, que comprende las siguientes Municipalidades: Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles. Cabecera: Puerto Peñasco. Distritos Judiciales en que se decreta entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a todos los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Sonora, con exclusión de los enunciados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de delitos del fuero común. El 30 de mayo de 2016 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Cajeme, que comprende las siguientes Municipalidades: Cajeme, con las Comisarías de Cócorit, Esperanza, Providencia y Pueblo Yaqui; Bacum, San Ignacio Río Muerto y Rosario, con las Comisarías de Cedros, Nuri, La Dura y Movas, las Comisarías de Vícam, Pótam y Tórim de la Municipalidad de Guaymas. Cabecera: Ciudad Obregón; En el distrito judicial de Guaymas, que comprende las siguientes Municipalidades: Guaymas, con las Comisarías de La Misa, Ortiz, San Carlos Nuevo Guaymas y Francisco Márquez; y Empalme, con la Comisaría de Maytorena. Cabecera: Guaymas; En el distrito judicial de Nogales, que comprende las siguientes Municipalidades: Nogales y Santa Cruz. Cabecera: Nogales; y En el distrito judicial de Magdalena, que comprende las siguientes Municipalidades: Magdalena, con las Comisarías de San Ignacio y San Lorenzo; Cucurpe; Ímuris, con la Comisaría de Terrenate; Santa Ana, con las Comisarías de Estación Llano, Coyotillo y Santa Martha; Benjamín Hill. Cabecera: Magdalena. Distritos Judiciales en que se decreta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a todos los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Sonora y leyes especiales. El 30 de mayo de 2016 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Hermosillo que comprende las siguientes Municipalidades: Hermosillo, con las Comisarías de El Poblado Miguel Alemán y San José de Gracia; La Colorada, con las Comisarías de San José de Pimas, Moradillas, Tecoripa y Estación Serdán; San Javier; Suaqui Grande; Mazatán; San Miguel de Horcasitas, con las Comisarías de Los Ángeles y Pesqueira; Carbó; Onavas y Soyopa, con las Comisarías de Tónichi, San Antonio de la Huerta, Llano Colorado y Rebeico; las Comisarías de Félix Gómez y Puerto Libertad del Municipio de Pitiquito; la Comisaría de Querobabi del Municipio de Opodepe. Cabecera: Hermosillo; En el distrito judicial de Sahuaripa, que comprende las siguientes Municipalidades: Sahuaripa, con las Comisarías de Güisamopa, La Mesita del Cuajari, Santo Tomás, Sehuadéhuachi, Mulatos, Trigo de Corodepe, La Iglesia y Valle de Tacupeto; Arivechi, con las Comisarías de Bámori y Tarachi; Bacanora, con las Comisarías de Mina México, Santa Teresa, Milpillas y Encinal; y Yécora, con las Comisarías de Guadalupe, Santa Ana, Santa Rosa, Tepoca, La Trinidad y Maycoba. Cabecera: Sahuaripa; En el distrito judicial de Ures, que comprende las siguientes Municipalidades: Ures, con las Comisarías de Guadalupe, La Palma, Pueblo de Álamos, Santa Rosalía y Rancho de San Pedro; Aconchi, con la Comisaría de La Estancia; Banámichi; Baviácora, con las Comisarías de Suaqui, La Capilla, San José de Baviácora; Huépac, con la Comisaría de Ranchito de Huépac; Opodepe, con las Comisarías de Meresichi y Tuape; Rayón; San Felipe; San Pedro De La Cueva y Villa Pesqueira, con la Comisaría de Nácori Grande. Cabecera: Ures; En el distrito judicial de Navojoa, que comprende las siguientes Municipalidades: Navojoa, con las Comisarías de Rosales, Tesia, Camoa, San Ignacio, Bacabachi, Fundición y Masiaca; y Quiriego, con la Comisaría de Batacosa. Cabecera: Navojoa; En el distrito judicial de Álamos, que comprende la Municipalidad de Álamos, con las Comisarías de Tapizuelas, Basiroa, Gerocoa, Minas Nuevas, Los Tanques, Macoyahui, San Bernardo, Los Camotes, Maquipo, Potrero de Reuter, Potrero de Alcántar, El Limón, El Cupis, La Laborcita, Conicárit, Los Muertos, Cochibampo, El Chinal, Palos Chinos, Guirocoba y El Tabelo. Cabecera: Álamos; En el distrito judicial de Huatabampo, que comprende las siguientes Municipalidades: Huatabampo, con las Comisarías de Citaváro, La Galera, Júpare, Etchoropo, Yavaros, Moroncárit y Agiabampo; Etchojoa, con las Comisarías La Villa, Basconcobe, Bacobampo, Chucarit y San Pedro; y Benito Juárez. Cabecera: Huatabampo; En el distrito judicial de Cananea, que comprende las siguientes Municipalidades: Cananea; Arizpe, con las Comisarías de Chinapa, Bacanuchi y Sinoquipe; Bacoachi y Naco. Cabecera: Cananea; En el distrito judicial de Agua Prieta, que comprende las siguientes Municipalidades: Agua Prieta, con las Comisarías de Colonia Morelos y el Pozo Morelos; Fronteras, con las Comisarías de Cuquiarachi y Esqueda; Bavispe, con la Comisaría de San Miguel de Bavispe; Bacerac y Huachinera. Cabecera: Agua Prieta; En el distrito judicial de Moctezuma, que comprende las siguientes Municipalidades: Moctezuma, con la Comisaría de Terapa; Nacozari De García, con las Comisarías de Pilares de Nacozari, El Tigre y Casa de Teras; Bacadéhuachi; Cumpas, con la Comisaría de Jécori, Teonadepa, Ojo de Agua, Los Hoyos y Colonia Álvaro Obregón; Divisaderos; Granados; Huásabas; Nácori Chico; Villa Hidalgo y Tepache. Cabecera: Cumpas; En el distrito judicial de San Luis Río Colorado, que comprende la Municipalidad de San Luis Rio Colorado, con la Comisaría de Luis B. Sánchez. Cabecera: San Luis Rio Colorado; En el distrito judicial de Altar, que comprende las siguientes Municipalidades: Altar, con la Comisaría de El Plomo; Caborca; Atil; Oquitoa; Sáric, con la Comisaría de Sásabe; Trincheras, con la Comisaría de El Puerto de Camou; Pitiquito, con la Comisaría de La Ciénega; y Tubutama, con las Comisarías de La Reforma y La Sangre. Cabecera: Caborca; y En el distrito judicial de Puerto Peñasco, que comprende las siguientes Municipalidades: Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles. Cabecera: Puerto Peñasco. Distritos Judiciales en que se decreta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a los delitos referidos en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de delitos del fuero común. TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Los procedimientos y juicios penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro Estado, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." De lo expuesto se advierte que resulta aplicable al caso concreto el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la carpeta de investigación se inició el uno de mayo de dos mil diecinueve, en el Distrito Judicial Uno de Hermosillo, Sonora, siendo que la codificación aludida entró en vigor el quince de diciembre de dos mil quince, tratándose de uno de los delitos enunciados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversos delitos del fuero común, respecto de los cuales entró en vigor dicha codificación hasta el treinta de mayo de dos mil dieciséis. De ahí que resulta aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se procede al análisis de la resolución en la que se decretó la orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa, emitida el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 3027/2019, por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de una recta, sistemática e integral interpretación del artículo 16 constitucional, se desprende que para la emisión de una orden de aprehensión se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea dictada por autoridad judicial; 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; 3. Que dicho delito sea sancionado con pena privativa de libertad; y 4. Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En la especie se cuenta con las copias certificadas de la causa penal 3027/2019, que exhibió con su informe justificado el juez responsable, mismas que merecen valor de prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que se encuentran cumplidos cada uno de los elementos contenidos en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. En efecto dicha orden fue librada por una autoridad judicial competente jurisdiccional y territorialmente, como lo es el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, fracción I, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ya que los hechos por los cuales se le integró una carpeta de investigación a Yareli Suárez Bojórquez, se refieren a unos hechos relativos a la probable comisión de un delito de los previstos por el Código Penal para el Estado de Sonora y se dice, sucedieron dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción el citado juez. De igual forma, y dentro de tal indagatoria, obra en el sumario la denuncia de hechos presentada por José Valenzuela Vivian, Gloria Karina Flores Lugo, Ángel Rogelio Quijada Leal, Aldo Israel Valenzuela García, María Luisa Lugo Lam, Alba Ramona Urquijo Moreno, Jesús Eduardo Miranda Aguilar, Manuel Francisco Palacios Álvarez, Patricia Bujanda Peraza, Jorge Arturo Magallanes Maytorena, Selene Guadalupe Arreola López, Osmar Urquidez Gámez, Gerardo Alonso Quiroz Barrendez, Alma Patricia Valenzuela Ruiz, Leticia López Bejarano, Rosa María Guevara Moreno, Guadalupe Gálvez Poqui, Adrián Rivera Salcido, María Zulema Burgos Matrecitos, Geovanni Andrés Solís Avilés, Juan Carlos Marín Barnett, Luis Jesús León Celaya, Ricardo Cruz Munguía, Elsa María Olmos Navarro, Martha Margarita Zarracin Romero, Ma. de los Ángeles Valenzuela Bojórquez, Gladys Araceli Villegas Domínguez y Carmen Elizabeth Villegas Domínguez, el uno de mayo de dos mil diecinueve, con lo cual se acredita el segundo de tales elementos. El tercero de estos, se colma a virtud de que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos previstos y sancionados por los artículos 318 y 142, en relación con el 70, párrafo primero, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, que prevé como sanción para el delito que merece pena mayor, la pena privativa de libertad de tres a ocho años de prisión. Ahora bien, para el análisis del último de esos elementos, se debe puntualizar que de los datos de prueba mencionados por el agente del Ministerio Público que integran la carpeta de investigación aparecen, como lo sostuvo el juez responsable, datos aptos y suficientes que establezcan el hecho considerado como los delitos en cuestión y hacen probable la responsabilidad de la impetrante de garantías en su comisión. En efecto, el juzgador priminstancial para dictar la citada orden de aprehensión tomó en cuenta, entre otros, los siguientes datos de prueba: 1. Denuncia de hechos presentada por José Valenzuela Vivian, Gloria Karina Flores Lugo, Ángel Rogelio Quijada Leal, Aldo Israel Valenzuela García, María Luisa Lugo Lam, Alba Ramona Urquijo Moreno, Jesús Eduardo Miranda Aguilar, Manuel Francisco Palacios Álvarez, Patricia Bujanda Peraza, Jorge Arturo Magallanes Maytorena, Selene Guadalupe Arreola López, Osmar Urquidez Gámez, Gerardo Alonso Quiroz Barrendez, Alma Patricia Valenzuela Ruiz, Leticia López Bejarano, Rosa María Guevara Moreno, Guadalupe Gálvez Poqui, Adrián Rivera Salcido, María Zulema Burgos Matrecitos, Geovanni Andrés Solís Avilés, Juan Carlos Marín Barnett, Luis Jesús León Celaya, Ricardo Cruz Munguía, Elsa María Olmos Navarro, Martha Margarita Zarracin Romero, Ma. de los Ángeles Valenzuela Bojórquez, Gladys Araceli Villegas Domínguez y Carmen Elizabeth Villegas Domínguez. 2. Testimoniales o entrevistas. 3. Avance de orden de investigación. 4. Oficio a cargo del titular de la oficina jurisdiccional de servicios registrales y de comercio. 5. Oficio por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. 6. Oficio del encargado del despacho de la Dirección General de la Unidad de Análisis de Información. 7. Oficio de la Secretaría de Economía. 8. Oficio a cargo del Departamento de dasctiloscopía e identificación criminal. 9. Inspección ocular y fotografía de diversos domicilios. Datos de prueba que el juez responsable, al valorarlas en lo individual y en su conjunto, les otorgó acertadamente valor probatorio, de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para estimar que las mismas resultan suficientes para tener por establecido el hecho considerado como delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Previo a corroborar que los anteriores requisitos constitucionales quedaron acreditados, es preciso señalar que el derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal tutela a favor de los gobernados que todo acto de autoridad del Estado debe estar fundado y motivado. De ahí que las razones que ofrezca la responsable deben ser tan amplias como para comprender en que precepto o preceptos normativos se basa para emitir la resolución, lo que constituye la motivación del acto reclamado. En efecto, la exigencia de motivación se traducirá en la expresión de las razones por las cuales se considere que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y se adecuan a una disposición legal. En suma, los presupuestos de la fundamentación y motivación deben coexistir y se suponen en forma mutua, aunque el primero se infiera del segundo, al menos en el ámbito jurisdiccional. Por lo demás, esta correlación supone la demostración de la causa legal del procedimiento. Todo lo anterior con un solo fin, darle a conocer al gobernado la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea claro y esté en aptitud de cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Precisado lo anterior, del acto reclamado se advierte que el último de los requisitos constitucionales para el dictado de la orden de aprehensión, quedó demostrado en forma completa. Ello, porque de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que el Ministerio Público realizó la petición en relación con los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. En cuanto a los aspectos de la solicitud planteada por el Ministerio Público en relación a la orden de aprehensión, conforme a lo previsto en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable al determinar al respecto estableció que desde el mes de septiembre de dos mil dieciocho a finales de enero de dos mil diecinueve, la empresa denominada "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", probablemente engañaron a las víctimas quienes señalan que después de haber observado en las redes sociales y haber llamado a diversos números telefónicos, visitaron el domicilio ubicado en bulevar Vildósola número 91 de la colonia Villa de Seris en esta ciudad, domicilio que pertenece al negocio denominado "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", en donde fueron atendidos por empleados de dicho lugar, y a donde acudieron para solicitar una compra venta de un inmueble, debido a que dicha negociación se publicaba en los grupos de venta de las redes sociales como lo es faceboock, en donde se invitaba a las personas para que llevaran a cabo la compra de inmuebles hipotecados que se encontraban en remate y en proceso de adjudicación, para lo cual solicitaban un anticipo de entre el veinte o el treinta por ciento del valor del total del inmueble en el supuesto remate, por lo que las personas se ponían en contacto, ya sea mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, o la aplicación whatsapp o faceboock, con diversos empleados de la negociación inmobiliaria con el fin de que proporcionaran datos sobre los inmuebles a rematar que estaban ofertando, para después de eso, llevar a cabo un contrato de prestación de servicios con la empresa señalada, esto con el fin de llevar a cabo la compra venta de inmuebles a rematar, pidiéndoles como requisito que pagaran el anticipo del veinte o treinta por ciento del costo del inmueble, y que el resto lo podían someter a un financiamiento de treinta y seis a sesenta meses o bien tres pagos, que se cubrirían de la forma siguiente, un primer pago correspondiente al anticipo del veinte o treinta por ciento, un segundo pago, correspondiente a cubrir hasta el cincuenta por ciento del valor del inmueble al momento de la firma de las escrituras correspondientes ante Notario Público, y un tercer pago, se cubriría el resto una vez que se entregara el inmueble, mismo que se iba a entregar en un plazo no mayor a noventa días después de la fecha de contratación, y en caso de no hacer dicha entrega, les sería reembolsado el diez por ciento del valor total del inmueble de referencia, por lo que en vista de ello, la imputada como empleada de la citada empresa probablemente se hizo de un lucro indebido, como son los anticipos que las víctimas hicieron para tratar de comprar un inmueble, lo cual nunca aconteció, porque además dicha empresa ni la imputada están registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía, y que además no existe evidencia de que se haya entregado algún inmueble con motivo de dicha negociación, hasta este momento procesal. Situación por la cual los referidos hechos a la postre se consideraron constitutivos de los delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142 y 318, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Lo anterior, tomando en consideración los demás datos de prueba aportados por el Ministerio Público, consistentes en las denuncias y querellas presentadas por las víctimas José Valenzuela Vivian, Gloria Karina Flores Lugo, Ángel Rogelio Quijada Leal, Aldo Israel Valenzuela García, María Luisa Lugo Lam, Alba Ramona Urquijo Moreno, Jesús Eduardo Miranda Aguilar, Manuel Francisco Palacios Álvarez, Patricia Bujanda Peraza, Jorge Arturo Magallanes, Selene Guadalupe Arreola López, Osmar Urquides Gámez, Gerardo Alonso Quiroz Barrendez, Alma Patricia Valenzuela Ruiz, Leticia López Bejarano, Rosa María Guevara Moreno o María del Rosario Guevara Moreno, Guadalupe Galaviz Foqui, Adrián Rivera Salcedo, María Zulema Burgos Matrecitos, Jeovany Andrés Solis Avilés, Juan Carlos Marín Barnet, Luis Jesús León Celaya, Ricardo Cruz Munguía, Elsa María Olmos Navarro, Martha Margarita Sarrasin Romero, María de los Ángeles Valenzuela Bórquez, Gladis Araceli Villegas Domínguez y Carmen Elizabeth Villegas Domínguez, quienes son contestes al señalar que después de haber observado en las redes sociales y haber llamado a diversos números telefónicos, visitaron el domicilio ubicado en bulevar Vildósola número 91 de la colonia Villa de Seris en esta ciudad, domicilio que pertenece al negocio denominado "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", en donde fueron atendidos por empleados de dicho lugar, y a donde acudieron para solicitar una compra venta de un inmueble, debido a que dicha negociación se publicaba en los grupos de venta de las redes sociales como lo es faceboock, en donde se invitaba a las personas para que llevaran a cabo la compra de inmuebles hipotecados que se encontraban en remate y en proceso de adjudicación, para lo cual solicitaban un anticipo de entre el veinte o el treinta por ciento del valor del total del inmueble en el supuesto remate, por lo que las personas se ponían en contacto, ya sea mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, o la aplicación whatsapp o faceboock, con diversos empleados de la negociación inmobiliaria con el fin de que proporcionaran datos sobre los inmuebles a rematar que estaban ofertando, para después de eso, llevar a cabo un contrato de prestación de servicios con la empresa señalada, esto con el fin de llevar a cabo la compra venta de inmuebles a rematar, pidiéndoles como requisito que pagaran el anticipo del veinte o treinta por ciento del costo del inmueble, y que el resto lo podían someter a un financiamiento de treinta y seis a sesenta meses o bien tres pagos, que se cubrirían de la forma siguiente, un primer pago correspondiente al anticipo del veinte o treinta por ciento, un segundo pago, correspondiente a cubrir hasta el cincuenta por ciento del valor del inmueble al momento de la firma de las escrituras correspondientes ante Notario Público, y un tercer pago, se cubriría el resto una vez que se entregara el inmueble, mismo que se iba a entregar en un plazo no mayor a noventa días después de la fecha de contratación, y en caso de no hacer dicha entrega, les sería reembolsado el diez por ciento del valor total del inmueble de referencia. Que posteriormente las víctimas tuvieron referencia por medio de redes sociales de personas que aludían que la empresa no tenía registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor ni en la Secretaría de Economía, además de que dejaban en entredicho la honorabilidad de la empresa, por lo que al comenzar a dudar al respecto comparecían de nuevo ante la citada empresa, en donde los calmaban diciéndoles que se trataba de clientes que voluntariamente dieron por terminada la relación contractual y que querían el cien por ciento del dinero que proporcionaron, lo cual les dijeron que no era posible porque había una penalización al respecto, por haber dado por terminada la relación contractual de manera voluntaria, y de esa manera las víctimas seguían creyendo en el procedimiento al que habían instado para poder hacerse de una casa habitación. Dichas denuncias y querellas se encuentran corroboradas con los contratos que adjuntaron a las mismas en donde se advierte que más que un contrato de servicios, eran prácticamente de la compra venta del inmueble, en donde se mencionaban los términos y condiciones de la misma. Información obtenida del registrador titular de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Registrales y de Comercio, Carlos Armando Rivera Martínez, quien señaló que la empresa inmobiliaria "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", no cuenta con ningún bien registrado ante dicha dependencia. El ingeniero Fausto E. Vázquez Castelo de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que la empresa inmobiliaria "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", no se encuentra registrada ante dicha institución. Informe de la licenciada María Guadalupe Gaona Ávila, directora general jurídica de la Secretaría de Economía, en donde se señala que las empresas referidas como Grupo Inmobiliario Atenas, ni la imputada ni copartícipes, cuentan con registro ante dicha dependencia en donde aparezcan dichas persona moral o física señaladas, de donde se advierte que no cuenta con licencia para vender inmuebles. Información del ingeniero Pedro Alegría Ramírez, perito encargado del departamento de dactiloscopía de la agencia ministerial de investigación criminal, de donde deriva que la imputada solicitó una constancia de no antecedentes penales. En consecuencia, atendiendo a la existencia de dichos datos de prueba, el juez responsable llegó a la conclusión de determinar que con los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprenden datos de prueba que son idóneos y pertinentes para establecer su existencia, actualizándose lo que la ley señala como delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. En el caso existe la probabilidad que la imputada Yareli Amaris Suárez Bojórquez cometió esos hechos que la ley señala como delitos, tal y como el juez responsable lo determinó, tomando en cuenta los mismos datos de prueba que han quedado precisados con anterioridad y que aquí se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, por lo que estimó que esos datos de prueba son suficientes, idóneos y pertinentes para establecer que probablemente la aquí quejosa es la persona que cometió esos hechos con apariencia delictiva de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Además, determinó que de los datos de prueba se establece de una forma razonable, que esos hechos se cometieron de una manera permanente y continua y de una forma dolosa en términos de lo que establecen los artículos 5, fracciones II y III, y 6, fracción I, y del Código Penal para el Estado de Sonora; y en cuanto a la forma de intervención delictiva fue de forma conjunta, en términos de lo previsto en el artículo 11, fracción II, del referido ordenamiento legal invocado. También es correcta la determinación del juez responsable en el sentido de que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Con lo anterior, el juez responsable llegó a la conclusión de que son suficientes para acreditar los hechos que la ley señala como delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Cabe agregar, que no es necesario contar con mayores elementos o datos de prueba que permitan confirmar la probable participación de la quejosa en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, pues conforme con los principios que rigen el sistema acusatorio adversarial, al ubicarse el acto reclamado en la etapa inicial, el juez sólo debe tomar conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia, y escuchar directamente los argumentos de las partes para concluir, conforme al grado de responsabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), si se justifica o no el extremo apuntado. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de dictar orden de aprehensión en contra de la imputada Yareli Amaris Suárez Bojórquez, pues existen datos que establecen que se cometieron los hechos señalados por la ley como delitos, y que existe la probabilidad de que ella los cometió. De ahí que, la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, así como de legalidad y de seguridad jurídica, por lo que adverso a lo afirmado por la quejosa en los conceptos de violación, no se vulneran los derechos humanos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por lo cual y debido a todo ello, debe decirse que en autos se acreditaron el hecho considerado como el delito en estudio y la probable responsabilidad de la hoy quejosa en su comisión; máxime si se considera que para el dictado de una orden de aprehensión, la ley sólo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable y no la plena responsabilidad del inculpado, en la comisión del injusto que se le atribuye. Norma el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2133, del Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que previene: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL. PARA DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, PÁRRAFO CUARTO, IN FINE, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONTRA EL IMPUTADO DECLARADO SUSTRAÍDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ES INNECESARIO HACER UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA PROBABLE INTERVENCIÓN DE AQUÉL EN SU COMISIÓN. Cuando el imputado es declarado sustraído de la acción de la justicia por evadir una citación judicial, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 141, fracción III, párrafo cuarto, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia.-El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido.-El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.", que permite girar orden de aprehensión contra la persona que fue declarada sustraída de la acción de la justicia, siendo suficiente para ello, que el agente del Ministerio Público justifique que existe la necesidad de cautela, sin que se requiera realizar un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención del imputado en su comisión; nivel de exigencia que es acorde con los efectos que genera dicha resolución, habida cuenta que la orden de aprehensión es una medida cautelar y provisional que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que la persona es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, el auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada; de ahí que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre por el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; es por ello que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, sólo constituye un acto mediante el cual se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de, en su caso, pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso; máxime que cuando se le atribuye un delito que no exige prisión oficiosa, en su caso, podrá dictársele una diversa medida cautelar." Por último, en cuanto a la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva, la misma correctamente el juez responsable la estimó así, dado que se reunieron los requisitos que establecen los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la comparecencia de la imputada pudiera demorar o dificultar, dado que los hechos considerados por la ley como delitos señalan penas que van desde los tres a ocho años, así como de tres meses a ocho años, que podrían ampliarse derivado de las penas máximas que pudiera llegar a imponérsele por los hechos que se investigan, existiendo peligro de sustracción de la justicia, además de las diversas declaraciones existentes se advierte que la imputada se fue de las oficinas que ocupaba el grupo inmobiliario con motivo del cual se cometieron los hechos ilícitos, lo que se considera suficiente para estimar que existe el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J.20/2020, emitida por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, visible en la página 2553, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." No representa obstáculo legal alguno para arribar a la anterior conclusión, lo que alega la quejosa en sus conceptos de violación en cuanto a que no ha cometido ningún delito y que la resolución de orden de aprehensión no se encuentra fundada ni motivada, puesto que como ha quedado precisado con antelación, en la especie se acreditaron tanto el hecho considerado como los delitos de fraude continuado y asociación delictuosa, así como la probable responsabilidad de la aquí quejosa en su comisión. Resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 64/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 993, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." Decisión. Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de impugnación y al no existir violación de garantías alguna en perjuicio de Yareli Amaris Suárez Bojórquez, ni queja deficiente que suplir, lo procedente en el caso es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva, a los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora, toda vez que la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, no es violatoria de garantías ni fue reclamada por vicios propios. En apoyo a la presente consideración se invoca la tesis de jurisprudencia, consultable a página 267, tomo I, correspondiente a junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, dada a conocer en los siguientes términos: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propias". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yareli Amaris Suárez Bojórquez, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el apartado IV, por los motivos expuestos en el apartado V de la presente resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO
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