Yanira Precidilia Escobar Monterroso

Expediente 1001/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1001/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Yanira Precidilia Escobar Monterroso

Actuaciones

  1. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFIA POR LISTA A LA PARTEQUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 29/JULIO/2022, QUE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Informe sobre suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe rendido por la encargada de despacho de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se pronuncia en relación con el requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario; de lo anterior, dese vista a las partes con el contenido del mismo, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Información de contacto y domicilio. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la autoridad responsable de mérito proporcionando para cuestiones no procesales los correos electrónicos institucionales y número telefónico que refiere en su informe; asimismo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio que se atiende. Demanda por no presentada. Por su parte, vista la notificación personal efectuada el veintidós de julio del presente año, por el actuario judicial adscrito, del cual se advierte que Yanira Precidilia Escobar Monterroso, manifestó, que "no desea ratificar la demanda"; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes; en consecuencia, notifíquese a las autoridades señaladas como responsables para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese el presente proveído a la promovente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que haya impugnado tal acuerdo dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Archivo y valoración de expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Informe sobre suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe rendido por la encargada de despacho de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se pronuncia en relación con el requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario; de lo anterior, dese vista a las partes con el contenido del mismo, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Información de contacto y domicilio. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la autoridad responsable de mérito proporcionando para cuestiones no procesales los correos electrónicos institucionales y número telefónico que refiere en su informe; asimismo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio que se atiende. Demanda por no presentada. Por su parte, vista la notificación personal efectuada el veintidós de julio del presente año, por el actuario judicial adscrito, del cual se advierte que Yanira Precidilia Escobar Monterroso, manifestó, que "no desea ratificar la demanda"; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes; en consecuencia, notifíquese a las autoridades señaladas como responsables para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese el presente proveído a la promovente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de julio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Promovente. Visto el escrito de cuenta presentado por Rubén Nehemías Castro Aguilar, quien promueve juicio de amparo en favor de Yanira Precidilia Escobar Monterroso, en contra de actos del encargado de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente hace consistir los actos en incomunicación, detención, aseguramiento, retención (que afectan la libertad de la quejosa), así como la inminente emisión y ejecución de una orden de deportación, retorno asistido y traslado a diversa estación migratoria, de los que según dice es objeto, por parte de las autoridades señaladas como responsables; actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tal virtud, se provee lo siguiente: 3. Suspensión de plano. En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese cualquier acto de incomunicación, detención, aseguramiento, retención, así como la emisión y ejecución de una orden de deportación, retorno asistido y traslado a diversa estación migratoria, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, y toda vez que la directa quejosa se encuentra en riesgo de ser devuelta a su país de origen, se otorga la suspensión de plano, para efecto de que la agraviada no sea objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, ni de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pudieran poner en peligro la vida; además, para que se le permita el acceso de manera prudente a sus familiares y abogados en horas hábiles, ésto, sin alterar el debido orden, medidas de sanidad y seguridad establecidas; procurando en todo caso la protección de los derechos humanos de la impetrante de amparo; debiendo informar las autoridades responsables dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Además, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para efecto de que, bajo los términos antes señalados, comunique a la parte directamente quejosa, el derecho que tiene al contacto y asistencia consular, pues es obligación de las autoridades informar al extranjero sobre la existencia del derecho fundamental, a la asistencia y contacto consular. Apercibida que de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ser consignado ante el agente del Ministerio Público de la Federación por el delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Por otra parte, dada la trascendencia y el perjuicio que pudiera llegar a causarse a la agraviada con la ejecución del acto reclamado, este juzgador procede a decretar de plano la medida cautelar solicitada en los siguientes términos: Respecto al acto reclamado consistente en la orden de traslado de la estación migratoria en que actualmente se encuentra a una diversa, acto que afecta su libertad personal de manera indirecta; por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y en caso de no haberse llevado a cabo, no se ejecute la inminente orden de traslado. 4. Se requiere la agraviada para que ratifique la demanda. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin que se constituya en las oficinas donde se localiza el Instituto Nacional de Migración a través de la Oficina de Representación en Sonora, con residencia en esta ciudad, y solicite al encargado de ese lugar poner a la referida agraviada ante su presencia para dar fe de su integridad física y requerirla para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por Rubén Nehemías Castro Aguilar; además, en el supuesto de que el encargado del resguardo de la directa agraviada se niegue a ponerla ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en ese lugar, deberá apercibirlo que de persistir en su conducta se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad de funcionario respectivo. Lo anterior, en el entendido de que si la agraviada no hablara el idioma español, la responsable deberá fijar fecha, en el plazo de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para que el fedatario adscrito, acompañado del traductor oficial que hasta el momento le ha servido para comunicarse, le haga de su conocimiento esta resolución. En el caso de no contar con intérprete, deberá informar a este juzgador, lo siguiente: a) Qué idioma habla la quejosa; b) De qué manera se ha comunicado con ella; y, c) Si dio vista al consulado del país del cual proviene. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se autoriza al fedatario público para que de ser posible, haga uso de algún instrumento de cualquier índole que le permita comunicarse con la agraviada, cuyas circunstancias deberán quedar asentadas en la diligencia en comento. 5. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese; personalmente a la directa agraviada y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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