Yara Mariela Quiñonez Salazar
Expediente 1393/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1393/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yara Mariela Quiñonez Salazar
- Junta Especial Numero dos de la Local de Coinciliacion Y Arbitraje del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de septiembre del presente año, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese y cúmplase.
- Principal
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día siguiente a este Juzgado, compareció Yara Mariela Quiñonez Salazar, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y del Presidente de dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó el emplazamiento a juicio de la autoridad tercero interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La negativa de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 500/2018. TERCERA. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, pues aun y cuando manifestaron al rendir sus respectivos informes, la primera por conducto de su Presidente, que sí era cierto, a continuación hicieron manifestaciones con las que se desvirtúa la certeza informada. Se afirma lo anterior, puesto que, de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por la Junta responsable. A las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (nueve de agosto de dos mil veintiuno), no se había acordado lo relativo a la formulación de los alegatos por las partes ni el cierre de instrucción, motivo por el cual la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Ordenamiento legal que impone a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate de que al concluir el desahogo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción; y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, la autoridad responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. Pues por acuerdo de veintisiete de agosto de este año, concedió a las partes del juicio laboral de origen, el término legal de dos días para que formulen sus alegatos por escrito; seguidamente, por acuerdo de uno de septiembre actual, declaró por perdidos los derechos de las partes para presentar dichos alegatos y turnó los autos para continuar con la secuela procesal prevista en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. De lo narrado, se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, las partes no habían formulado sus alegatos correspondientes en autos del juicio laboral de origen, ni se había decretado el cierre de la instrucción. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha existía la negativa imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tendrían que haber presentado sus respectivos alegatos y declarar cerrada la instrucción, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el juicio laboral. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTA. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Yara Mariela Quiñonez Salazar, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y del Presidente de dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad, por el motivo señalado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial número 659/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y su Presidente, ambos con sede en esta ciudad, como se aprecia en proveído de tres de septiembre del año en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas fecha y hora para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Yanise Méndez García599/2019
- Yanisle Guadalupe Canto Brito1264/2023
- Yaqqueline Sofía Vargas Itza569/2020
- Yara Gabriela Pacheco Sanchez148/2023
- Yara Lizbeth Arjona Ceballos54/2022
- Yara Mariela Quiñonez Salazar760/2022
- Yarely Ansue Can Chin838/2020
- Yaremi Ysabel Guerra Uvalle379/2022
- Yarisleidy Fernández Abrahante1586/2023
- Yaritza Carolina Cachón Avilés49/2018
- Yasiel Valdés Monteagudo500/2021
- Yasmin Berenice Garcia Santos2286/2021