Yara Gabriela Pacheco Sanchez
Expediente 148/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yara Gabriela Pacheco Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto: se ordena agregar a este expediente el sobre referente al oficio 23377/2023, devuelto por la oficina de servicio de mensajería privada denominado Estafeta junto con un anexo, así como el sobre y tarjeta de acuse de correspondencia relativo al oficio 22594/2023 regresado por la oficina de Correos de México, en esta ciudad, por la razón que aparece al reverso del mismo, esto es "no hay quien reciba". Ahora bien, atento el contenido de dichas misivas, se advierte que se trata de los oficios, el primero, por medio del cual se reenvió al Fiscal de Litigación adscrito al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso (tercero interesado en este juicio), la misiva en la que se le dio conocimiento del sentido del fallo constitucional dictado en este juicio; y el segundo, corresponde al auto por el que se declaró que quedó firme dicha resolución. Por tanto, atendiendo a que las misivas que derivan de este asunto, en diversas ocasiones han sido devueltas no obstante haberse realizado en cada uno de los envíos las correcciones que le fueron indicadas a las oficinas responsables de la entrega de dichos oficios por la persona que recibe la correspondencia dirigida a la autoridad nombrada con antelación. En tal virtud, mediante oficio que se libre al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (en su calidad de superior jerárquico), reenvíense por su conducto al Fiscal de Litigación adscrito al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en esta capital, los oficios citados en párrafos que anteceden, para que dicho Fiscal tenga debido conocimiento de lo determinado en este asunto. Notifíquese, debiéndose reenviar a la autoridad tercera interesada por conducto del Fiscal General del Estado los oficios de mérito y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto: se ordena agregar a este expediente, el sobre y tarjeta de acuse de correspondencia, relativo al oficio 20658/2023, que fue devuelto por la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, por la razón que aparece al reverso del mismo, esto es "no hay autoridad quien reciba". Ahora bien, atento el contenido de dicha misiva, se advierte que se trata del oficio por medio del cual se comunicó al Fiscal de Litigación adscrito al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, el sentido del fallo constitucional dictado en este juicio, firmado del veintiuno de agosto último. En consecuencia, mediante oficio, se ordena reenviar a través del servicio de mensajería privada, a la autoridad tercera interesada antes nombrada a su domicilio correcto, el oficio de referencia, para los efectos legales conducentes. Notifíquese, debiéndose reenviar el oficio de mérito a la autoridad tercera interesada antes nombrada a su domicilio correcto, a través del servicio de mensajería privada.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dicha autoridad, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento.". En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de conservación, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo general relativo. Por otra parte, no existiendo motivo alguno para que continúen en la secretaría de este Juzgado los discos compactos en formato DVD, que remitiera en su oportunidad la autoridad responsable; por tanto, devuélvanse los mismos, para los efectos legales del caso. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 148/2023-II-B, promovido por YAR****Z, en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Progreso; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (a través del buzón judicial), y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, compareció YARA GABRIELA PACHECO SÁNCHEZ, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Progreso. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 148/2023-II-B; le dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. Informa responsable sobre sentencia con motivo del procedimiento abreviado. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en funciones de Juez Tercero de Control de ese mismo Distrito, residente en Progreso, Yucatán, el oficio 1536/2023, por medio del cual hizo del conocimiento de este juzgado de Distrito que en audiencia de siete de agosto del año en curso, celebrada en la carpeta administrativa correspondiente a la causa penal 1/2023, se aprobó el procedimiento abreviado y se dictó sentencia condenatoria en contra de YARA GABRIELA PACHECO SÁENZ -aquí quejosa-, por el delito de lesiones calificadas, imponiéndosele la pena privativa de libertad, de dos años, dos meses y sesenta y tres días multa. Por tal motivo se le requirieron las constancias conducentes, las cuales se tuvieron por recibidas en auto de fecha dieciocho de agosto del presente año. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta administrativa 1/2023, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por consentimiento expreso del acto reclamado por parte de la quejosa. Al respecto, dicho numeral establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." En efecto, en la especie se surte el motivo de inejercibilidad, por virtud del consentimiento del acto reclamado por la parte quejosa, pues de las constancias que integran este sumario constitucional, se aprecia lo siguiente: 1.- Que en fecha tres de enero de dos mil veintitrés, el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán, formuló imputación en contra de la aquí quejosa Yara Gabriela Pacheco Sánchez, por los hechos constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por el artículo 368, en relación con los numerales 378. 380, fracción IV, y 384, relacionados con los diversos 17 y 84, todos del Código Penal del Estado. 2. Que dentro del término constitucional ampliado, la Juez de Control responsable en audiencia de fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, verificada dentro de la carpeta administrativa 1/2023, dictó auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. 3. Por oficio recibido en acuerdo de fecha nueve de agosto del año en curso, la Juez de Control responsable -posterior a la audiencia constitucional celebrada- hizo del conocimiento de este juzgado que en la carpeta administrativa correspondiente a la causa penal 1/2023, resultó procedente el procedimiento abreviado solicitado por la agente del Ministerio Público de su adscripción que interviene en el proceso penal de origen, emitió sentencia condenatoria en contra de YARA GABRIELA PACHECO SÁENZ -aquí quejosa-, al haber reclasificado el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el ilícito de lesiones calificadas, imponiéndosele la pena privativa de libertad, de dos años, dos meses y sesenta y tres días multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como el otorgamiento del beneficio ahí establecido. Ahora bien, del examen de los artículos 183, primer párrafo, 185 y 201, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es factible colegir que la adopción del procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada de un proceso penal importa que la parte sujeta a proceso acepte la responsabilidad en el delito materia de imputación, así como ser sentenciado con los datos de prueba que en su caso exponga la fiscalía, en aras de obtener un beneficio concreto, como puede ser una reducción de la pena cuya imposición proceda. Así, es relevante traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, que cuando la parte imputada se somete a ciertas formas de terminación anticipada del procedimiento, ello acontece desde el consentimiento libre y voluntario del imputado de adoptar tal esquema de resolución, así como al afán de la persecución de un beneficio concreto. Al caso se cita, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2014495, que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por ello, se considera que si la quejosa optó por someter la controversia a un mecanismo de terminación anticipada del proceso que importa la aceptación de su responsabilidad en los hechos materia de imputación, ello implica consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso que en su caso se hubiese dictado, en el contexto de la búsqueda de una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal. Más aún, porque las transgresiones aludidas contra la determinación de nueve de enero de este año, en la que la responsable dictó vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa, quedaron superadas por la renuncia expresa al juicio oral y consintiera la aplicación del procedimiento abreviado, como lo hizo constar la autoridad responsable al emitir la sentencia definitiva de siete de agosto de este año. Por tanto, es evidente que en el caso se encuentra demostrado el consentimiento expresado por la imputada, aquí quejosa, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra al acogerse al procedimiento abreviado que derivó en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente en el proceso penal primigenio, que efectivamente resultó condenatoria. Bajo esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 1279, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2000902, que menciona: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por YARA GABRIELA PACHECO SÁNCHEZ, en contra del acto que reclamó de la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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