Yaqueline Rangel Garza

Expediente 360/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
360/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Yaqueline Rangel Garza
  • Registrador Público de la Propiedad del Estado de Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dos de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas; en atención a su contenido, se le tiene informando que en proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el amparo directo número 574/2016 de su índice, se desechó la demanda promovida por **********************, por extemporánea. Notifíquese. (2)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual, comunica que aceptó la competencia planteada por este juzgado, en los autos del juicio de amparo 360/2016-2, de la estadística de este órgano jurisdiccional, promovido por Yaqueline Rangel Garza, radicándolo en aquél tribunal con el número 574/2016; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto es destruible, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3°, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese con el número 360/2016-2, que es el que cronológicamente le corresponde. Incidente de suspensión Tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Agente del Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; y de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo que antecede. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tienen con el carácter de terceros interesados a Jorge Rangel Garza, Blanca Nery Rangel Garza, Dora Nery Rangel Garza, Leticia Rangel Garza, Edelio Rangel Garza y Xochitl Rangel Garza, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Maria Julia Rangel Garza; asimismo se tiene con tal carácter a Mario González Mendoza, Notario Público Número noventa y siete, con ejercicio en el tercer distrito judicial del Estado de Tamaulipas, y al Registrador Público de la Propiedad del Estado de Tamaulipas, todos con residencia en esta ciudad, por lo tanto, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda que se acuerda, a efecto de practicar el emplazamiento a dichos terceros. De igual manera se tiene como tal al Director de Asuntos Notariales del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo, y del presente proveído, a quien deberá emplazarse vía exhorto. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional se reserva el tener con el carácter de tercero interesado a alguna otra persona, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado, en los que se advierta que el acto reclamado le pudiera causar un perjuicio en su esfera jurídica. Hágase del conocimiento de los primeros seis terceros interesados, que de conformidad con el precepto 13 de la Ley de Amparo, podrán hacer uso de la prerrogativa de nombrar un representante común. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida como prueba la documental que anexa la parte quejosa a la demanda de amparo, sin perjuicio de proveer al respecto en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizado Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Fernando Escamilla Miranda y a Marcelino Porras Díaz; únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica la quejosa en su escrito de demanda, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; y como domicilio para los efectos que refiere, el señalado en el mismo. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Exhorto Por cuanto al diverso tercero interesado Director de Asuntos Notariales del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda emplace a la tercero interesada antes citada, a través de quien legalmente la represente, en el domicilio ubicado en la avenida Ampliación Praxedis Balboa, esquina con Libramiento Naciones Unidas, Centro Gubernamental de Oficinas del Parque Bicentenario, Cuarto Piso, Ciudad Victoria, Tamaulipas, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo; además, deberá requerirla para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista en términos del artículo 29, de la ley de la materia. Capítulo de pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente ofreciendo como prueba de su intención la documental que acompaña a su demanda de amparo, para ser tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Transparencia Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que en se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y emplácese a los terceros interesados.

  4. Principal

    Se notifica por este medio a la quejosa, el acuerdo de veinticuatro de octubre del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el aviso de fecha veinticinco de octubre del presente año. Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Yaqueline Rangel Garza, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la que hace consistir el acto reclamado en: "La resolución de fecha 10 diez de octubre del año en curso en donde resuelve la aclaración promovida por JORGE RANGEL GARZA, la cual modifica y complementa el acuerdo de fecha 31 treinta y uno de octubre del año en curso, dentro del expediente número 706/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la suscrita en contra de C. JORGE RANGEL GARZA y otros, señalando asimismo como acto reclamado, todas la consecuencias meditas e inmediatas del mismo." En relación con lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la aquí quejosa promovió Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Testamento en contra de Jorge Rangel Garza, Blanca Nery Rangel Garza, Dora Nery Rangel Garza, Leticia Rangel Garza, Edelio Rangel Garza, y otros, radicándose bajo el expediente 706/2015 ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad; autoridad que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, decretó la caducidad de la instancia; asimismo, mediante proveído de diez de octubre del año en curso, el juez responsable modificó y complementó la resolución en la que se determinó la caducidad de la instancia, condenando a la quejosa al pago de costas judiciales. En ese entendido, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución que declara la caducidad de la instancia natural por inactividad procesal, es decir, se trata de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal. Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y." A efecto de analizar la competencia de este juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón del grado consisten en la naturaleza del acto que se impugne, ya sea que se promueva la demanda correspondiente como amparo directo o uniinstancial ante un Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, ante un Juzgado de Distrito como amparo indirecto o biinstancial. Consecuentemente, el acto que la quejosa reclama en su demanda queda comprendido dentro de los supuestos contemplados en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, puso fin al juicio natural, razón por la cual este órgano jurisdiccional considera que su estudio es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos del artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 236, registro 185437, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 6/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, el presente asunto no se encuentra dentro de la esfera competencial de éste órgano jurisdiccional, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo 360/2016-2, y se ordena remitir el expediente original, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para lo que a bien tenga determinar lo que en derecho proceda; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Remisión que se ordena efectuar por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente a los Tribunales Colegiados de este Circuito, residente en Reynosa, Tamaulipas, previa la formación del cuadernillo de antecedentes. Domicilio y autorizado Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Fernando Escamilla Miranda y a Marcelino Porras Díaz; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José C. Loredo Quiroz, Alberto Escarzaga de la Garza y Cristina Álvarez Valdes, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, ni acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.

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