Yael Alejandro Alcantara Diaz

Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
210/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Yael Alejandro Alcantara Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    causa ejecutoria la sentencia dictada en autos, se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    En el juicio de amparo número 210/2022-2, promovido por Yael Alejandro Alcántara Diaz, con esta fecha se dictó la siguiente: "SENTENCIA VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 210/2022, promovido por Yael Alejandro Alcántara Díaz, por propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Nuevo Laredo, Yael Alejandro Alcántara Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. A.C. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO. B. C. SUBADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO. C.C. VERIFICADOR DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. Los actos que se enlistan a continuación se los reclamo a todas las responsables mencionadas en el apartado anterior. 1. El aseguramiento ilegal de mi camioneta tipo Grand Caravan, marca Dodge, modelo 2013, con placas de Illinios número CL 16275, realizado por parte de las autoridades responsables. 2. El decomiso ilegal de mi camioneta tipo Grand Caravan, marca Dodge, modelo 2013, con placas de Illinios número CL 16275, realizado por parte de las autoridades responsables. 3. El embargo ilegal de mi camioneta tipo Grand Caravan, marca Dodge, modelo 2013, con placas de Illinios número CL 16275, realizado por parte de las autoridades responsables. 4. La omisión de respetar todas las formalidades del procedimiento administrativo en materia aduanera por parte de las responsables." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en esta ciudad; mediante proveído de once de octubre de dos mil veintiuno la registró con el número 330/2021-III y se previno al quejoso para que dentro de la temporalidad concedida, manifestara: "1. El estado actual en el que se encuentra el procedimiento administrativo en materia aduanera AVM240211070, iniciado con motivo del embargo que reclama de su vehículo tipo Grand Caravan, marca Dodge, modelo 2013, con placas de Illinois número CL 16275. 2. Mencione si interpuso algún medio de defensa en contra del citado acto reclamado, esto es, en contra del embargo -que también llama como aseguramiento y decomiso- realizado por las autoridades aduaneras responsables, toda vez de la demanda y su anexo se advierte que el referido procedimiento administrativo se instauró en su contra en el mes de septiembre del presente año (con carácter de conductor, tenedor y/o poseedor del vehículo de origen y procedencia extranjera)." Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante Acuerdo General 11/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acordó la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, con efectos del veintidós de junio de dos mil veintidós; por lo que, en auto de uno de julio de esta anualidad, se hizo del conocimiento de las partes que a partir de la data mencionada en primer término, este órgano jurisdiccional queda como juzgado de distrito único en esta residencia. Asimismo, se registró el juicio de amparo 330/2021, con el número 210/2022-2 en la estadística de este órgano jurisdiccional. Continuando con el procedimiento, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior porque las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, a los informes justificados de las autoridades responsables y demás constancias de autos, se precisa que el quejoso reclama: Del Administrador, del Subadministrador y del Verificador, todos de la Aduana de Nuevo Laredo: ? El embargo precautorio del vehículo marca Dodge, línea Grand Caravan, modelo dos mil trece, color arena, placas de circulación CL16275 del Estado de Illinois, estados Unidos de América, con número de serie 2C4RDGBG2DR572021, e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número AVM240211070, de diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados del Administrador, del Subadministrador y del Verificador, todos de la Aduana de Nuevo Laredo, pues al rendir su respectivo informe justificado así lo manifestaron. Es aplicable en la especie, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI-Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con las constancias que remitieron con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, de rubro y texto: 4 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, no obstante la certeza de los actos reclamados de las responsables Administrador, Subadministrador y Verificador, todos de la Aduana, consistentes en el embargo precautorio del vehículo marca Dodge, línea Grand Caravan, modelo dos mil trece, color arena, placas de circulación CL16275 del Estado de Illinois, estados Unidos de América, con número de serie 2C4RDGBG2DR572021, e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número AVM240211070, de diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que, como lo indican las autoridades responsables, el quejoso no acreditó su interés jurídico, por lo siguiente. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos que se establecen en el artículo 5º de la propia ley. Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" Del citado precepto se observa, en lo que interesa, que quejoso es la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, en lo que al caso atañe, es pertinente destacar que el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo, por ende, debe ser el titular de tal derecho. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170500, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." En ese sentido, el interés jurídico no es otra cosa que el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Con lo hasta aquí expuesto, se concluye que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en su favor, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, lo que no aconteció en el caso concreto. En el presente caso, el quejoso se duele del embargo precautorio del vehículo marca Dodge, línea Grand Caravan, con número de serie 2C4RDGBG2DR572021, decretado el diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento administrativo en materia aduanera AVM240211070, que aduce es de su propiedad; por ende, es claro que para acreditar su interés jurídico debe demostrar que, al momento en que se llevó a cabo el acto de autoridad, era titular del derecho de propiedad respecto del mencionado bien. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 53/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 177, Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de Noviembre de 1996, Novena Época, registro 200504, que señala: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS. El interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías en los términos de lo que establecen los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Como derecho jurídicamente protegido, es incontrovertible que para promover un juicio de garantías, debe de estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Por tanto, si los actos reclamados se hacen consistir en desposeimiento, secuestro o decomiso de vehículos de procedencia extranjera, entre otros actos de la misma naturaleza, que implican afectación o menoscabo del derecho de propiedad o posesión, resulta lógico que para comprobar el interés jurídico, sólo deben demostrarse tales derechos de propiedad o posesión respecto de los mismos, de manera fehaciente, con datos inequívocos, bien con la copia certificada de la tarjeta de circulación, de la que se desprenda que la propietaria del vehículo fronterizo es precisamente la quejosa; o bien con la factura en la que conste la adquisición del vehículo por la peticionaria de garantías; o con cualquier otra prueba idónea y fehaciente que demuestre esos extremos, así como la existencia de los actos reclamados consistentes en el desposeimiento, secuestro o decomiso del vehículo de procedencia extranjera. Ciertamente, porque quien es propietario o poseedor de un vehículo respecto del cual penden actos de autoridad tales como secuestro, desposeimiento o decomiso, el interés jurídico se demuestra con las documentales que acrediten que la quejosa es la propietaria o poseedora del mismo, puesto que su esfera de derecho de propiedad o posesión se vio afectada por el acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone. Lo anterior se desprende del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, según los cuales el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado y tal perjuicio inmediato y directo, da el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías, sin que sea necesario para acudir a la instancia constitucional, el que también se demuestre la legal estancia en el país del multicitado vehículo de procedencia extranjera, pues los actos reclamados sólo afectan la propiedad o posesión que respecto del mismo tiene la quejosa, y no su derecho de importación, por lo que la legal o ilegal estancia en el país del multicitado automotor, será materia del procedimiento administrativo que, en su caso, se siga contra la formulante del amparo." Sin embargo, para acreditar la titularidad de ese derecho, el promovente no ofreció prueba alguna, sino que con su demanda de amparo sólo exhibió una copia simple de unas hojas que dicen "HACIENDA", "SAT" y al parecer forman parte del "Acta de Inicio y Notificación del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera"; copia simple sin valor probatorio alguno, con el cual no acredita el derecho de propiedad que aduce tener sobre el bien embargado. Sin que pueda considerarse que el quejoso acredita su interés jurídico con el solo hecho de ser parte en el procedimiento de origen, por ser quien conducía el vehículo previo a la realización del reconocimiento aduanero que dio origen al procedimiento administrativo en materia aduanera. Ello es así, en principio, porque dicha posesión al no estar justificada en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la legislación secundaria, debe considerarse una simple tenencia material del vehículo sujeto al procedimiento, que no es susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. En segundo término, porque en la presente instancia constitucional la litis se circunscribe al acto que ocasiona una afectación de imposible reparación, esto es, el embargo precautorio, no así al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera por sí mismo y, por ende, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 53/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada, el interés jurídico para reclamar el acto de desposesión de un vehículo sólo se demuestra con el acreditamiento de los derechos de propiedad o posesión, según sea el caso. Entonces, al no haberse probado la existencia del derecho de propiedad que aduce el quejoso respecto del vehículo sujeto a embargo, es claro que no demostró su interés jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en este considerando. Sirve de apoyo a estas consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 15, febrero de 2002, tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." QUINTO. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley de la materia. SEXTO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Federal, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yael Alejandro Alcántara Díaz, por los actos, autoridades y consideraciones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy cinco de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe." -2

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio procedente del Subdirector de la Aduana de Nuevo Laredo, mediante el cual y en cumplimiento a lo solicitado en los oficios números 6299/2022, 6300/2022 y 6301/2022, de fecha dieciséis de junios de dos mil veintidós, emitidos por el entonces juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que acompaña las documentales que le fueron solicitadas, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Por último y a fin de continuar con el procedimiento se señalan las nueve horas con dos minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de Adolfo Arreygue y Arreygue, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, se advierte que mediante el Acuerdo General 11/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acordó la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos del veintidós de junio de dos mil veintidós; por lo que, a partir del veintitrés de junio del año que transcurre, este órgano jurisdiccional queda como juzgado de distrito único en esta residencia. En ese sentido, regístrese el juicio de amparo 330/2021, promovido por ********************, proveniente del juzgado que concluye funciones, con el número 210/2022-7, en la estadística de este órgano jurisdiccional. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51 de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Notifíquese personalmente a las partes; por oficio a las autoridades responsables.

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