Yanira Al López

Expediente 241/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Yanira Al López
  • Yanira Álvarez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y 18, fracción I, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedió tanto la medida provisional como la definitiva, en el entendido de que deberán conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, ********* solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de siete siguiente, este Juzgado Octavo, admitió la demanda, mandó emplazar a las autoridades responsables y dio la intervención legal que compete al fiscal de la adscripción. TERCERO. En sendos autos de veintiuno de septiembre y veintitrés de octubre de dos mil veinte, se mandó emplazar a las diversas autoridades responsables, director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en Ciudad de México y al gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. CUARTO. En auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se previno a la quejosa para que, de ser su deseo, ampliara la demanda en contra de los notificadores adscritos a la Gerencia de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. En diverso proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto enunciado anteriormente y se ordenó continuar el juicio sin tenerlas como responsables. QUINTO. Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados tuvieron ejecución en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. Ello es así, pues, como se verá en el siguiente considerando, la parte quejosa reclama la orden de embargo o congelamiento, entre otras, de sus cuentas bancarias, estas fueron aperturadas en Uriangato, Guanajuato, tal y como se advierte de la siguiente imagen: De ahí que, se surte la competencia en favor de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 74/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa el acto reclamado. La quejosa reclama expresamente: "la orden verbal o escrita para bloquear o embargar, congelar, cancelar, suspender o revocar las cuentas bancarias de esta quejosa.", bajo dos antecedentes, a saber: que ya existe impedimento para disponer de dos cuentas bancarias, es decir, que ya fue ejecutada; y que esto ocurrió sin que la quejosa conozca de procedimiento alguno o acto o procedimiento por el que esto ocurrió. Lo anterior permite evidenciar que se ostenta tercera extraña a un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se le privó de la disposición de dos cuentas bancarias cuya titularidad ostenta. De ahí que se tienen como acto reclamado: La falta o ilegal llamamiento al procedimiento del que deriva la orden de aseguramiento de las cuentas y, en consecuencia, todo lo actuado incluido el mismo aseguramiento. Conductas que se entienden atribuidas al gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Aguascalientes, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, como ordenador; y, como ejecutoras, el gerente de la sucursal Moroleón, de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER, sociedad anónima, así como el director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Comisión. TERCERO. Inexistencia de actos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto del director contencioso adjunto a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C", negó la existencia de los actos que se atribuyen al órgano colegiado, sin que en autos obre constancia de su participación en el procedimiento. De esa guisa, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en lo que a dicha autoridad concierne. CUARTO. Existencia de actos. El gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado; la apoderada de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, sociedad anónima de capital variable y el director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se corrobora con las constancias de autos. Por ende, se tienen como tal para resolver el presente juicio. QUINTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, se desprenden como antecedentes: El gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en ejercicio de sus facultades de comprobación, fincó a la quejosa doce créditos con motivo del incumplimiento de diversas obligaciones patronales. Los créditos fueron identificados con los números: ***** ********** ********* ******* *************** Con motivo de ello, generó sendos requerimientos, que fueron notificados a través de los notificadores adscritos a la gerencia de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (estos no fueron llamados como responsables). Ante el incumplimiento de lo requerido, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, el gerente en cita giró el oficio ******* a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que inmovilizara las cuentas bancarias de la quejosa. El director General Adjunto de Atención a Autoridades "A", la "retransmitió a las instituciones financieras mediante los oficios ******* al ********. A su vez, la institución de crédito, ejecutó el mandato y "bloqueó" las cuentas bancarias ****** y ****** cuya titular es la quejosa. SEXTO. Improcedencia. No obstante la certeza de los actos, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con la falta de llamamiento a las autoridades que participaron en las conductas tildadas de inconstitucionales. Se explica: Recordemos que la hoy quejosa acude a esta instancia como tercero extraña por equiparación al procedimiento administrativo de ejecución, pues afirma que "no le han notificado mandamiento escrito de autoridad competente emitido por cualquiera de las autoridades señaladas como responsables, en el que se informe motivo, causa o razón particular por la cual fueron embargadas, congeladas, bloqueadas, canceladas, suspendidas o revocadas la totalidad de los fondos que se encuentran en las cuentas bancarias de la quejosa (..) dejándola en completo estado de indefensión, violando con ello los derechos fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrado en los artículos 1,14, 16, 17 y 22 de la Constitución." Ante ello, es necesario destacar que la primera notificación con la que inicia un procedimiento administrativo de ejecución es el requerimiento que se hace a una persona (física o jurídica), para que comparezca ante la autoridad fiscal, dentro del término que se le designe, con el objeto de defenderse de lo que se le reclama. En ese orden de ideas, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conceptualizado al emplazamiento como un acto procesal de suma importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado, en este caso al deudor fiscal, la existencia de un crédito instaurado en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su defensa. Por lo anterior, es inconcuso que el emplazamiento permite el respeto al derecho de audiencia, reconocido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho de audiencia, reconocido en el precepto transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento, y que de no cumplirse con ellas, se infringe el referido derecho de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Formalidades que deben tener los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El criterio citado se encuentra plasmado en la jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Desde esa óptica, la ausencia de llamamiento o el que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo, resultan violatorios del derecho de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia". Ahora bien, cabe señalar que como quedó precisado en el proemio del presente considerando, la hoy quejosa acude a esta instancia constitucional, como tercera extraña por equiparación, pues refiere que no fue notificada debidamente del crédito fiscal, que se le impuso. Por tanto, por cuestión de técnica, este órgano de control constitucional, debería emprender el análisis de las notificaciones del crédito fiscal, pues de resultar estas ilegales, traerá como consecuencia, que todo lo actuado con posterioridad esté viciado. Para tal efecto, resultaba necesario que las autoridades que efectuaron tales conductas, fueran llamadas al presente juicio. No obstante, como se advierte de constancias de autos y de lo narrado en este fallo, no fueron señaladas como responsables, lo que, como se dijo torna improcedente el presente juicio de amparo. Se explica: El artículo 61, fracción XXIII, del cuerpo legal en cita, establece la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que ésta resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el numeral 108 ordena que la demanda de amparo deberá formularse bajo ciertos requisitos, en la que deben expresarse, en lo que interesa, en su fracción III: " La autoridad o autoridades responsables" Asimismo, el artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento define a la autoridad responsable como aquella que "independientemente de su naturaleza formal, dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En esa línea de pensamiento, quedan comprendidos los funcionarios que materialmente ejecuten los actos, por las siguientes razones: a) El dictaminador sólo ordena que se notifiquen los créditos y, en su caso, los notificadores son los ejecutores de dicha orden; b) En el acto de ejecución, corresponde al fedatario observar los lineamientos que lo regulan, en consecuencia; c) Es al funcionario que practicó la notificación quien, en su caso, compete defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia. En razón de lo anterior, se puede concluir que las actuaciones que realizan los ejecutores de la notificación son exclusivamente su responsabilidad, al ser los encargados de observar los lineamientos legales que regulan tales actos, de tal manera que es imprescindible que sean oídos en el procedimiento constitucional. Por tanto, en el caso a estudio, la quejosa en su demanda de amparo o durante la secuela del procedimiento debió señalarlos, porque la protección constitucional sólo puede concederse en función de ese acto y por cuanto a tales autoridades. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." De la misma forma, sirve de apoyo por analogía, la tesis: "ACTUARIO, CUANDO DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El actuario es una autoridad y con motivo de su función puede violar garantías individuales y cuando esto sucede deberá señalársele como responsable, por ser él quien debe ser oído a efecto de justificar sus actos, con independencia, de que también pudieran tener tal carácter la junta o su presidente." Luego, si los actos que se deben destacar como tercera extraña por equiparación, son las notificaciones de los créditos fiscales y, el resto, entre los que se encuentra el aseguramiento son únicamente a manera de consecuencia; entonces, estuvo obligada a señalar como responsables a los funcionarios que practicaron sendas diligencias, sin que lo hubiese hecho no obstante que se le previno para tal efecto, según se advierte de lo narrado en los resultandos del presente fallo, de ahí que este tribunal esté impedido para analizar la constitucionalidad del acto reclamado. En esa medida, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que se hace extensivo al resto de las conductas. Es aplicable la tesis, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *********, en contra del acto atribuido a La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto del director contencioso adjunto a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C", por las razones apuntadas en el considerando tercero. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ***********, en contra de los actos atribuidos al gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado; la apoderada de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, sociedad anónima de capital variable y el director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por los motivos expuestos en el último considerando.

  3. Principal

    Efectivo apercibimiento. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que se concedió a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de marzo pasado, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo para efecto de señalar como autoridades responsables a los notificadores adscritos a la gerencia de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que practicaron sendas diligencias de notificación de los créditos fiscales: *****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****, Sin que haya hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se continúa el juicio únicamente por los actos y autoridades señaladas en su demanda de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de diecinueve de marzo del presente año. Por tanto, la audiencia constitucional programada para hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las trece horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para su celebración.

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