Yando Vences Rodríguez

Expediente 754/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
754/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2019

Partes del expediente

  • Yando Vences Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juiciode amparo promovido por ********* , no fue recurrido dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Asimismo, en atención al sentido del proveído mencionado en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por tanto dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se sobreseyó fuera de audiencia. Toda vez que obra documento original que la parte quejosa allegó a su escrito inicial de demanda, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo; apercibida que de no hacerlo éste podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *********, no fue recurrido dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Asimismo, en atención al sentido del proveído mencionado en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por tanto dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se sobreseyó fuera de audiencia. Toda vez que obra documento original que la parte quejosa allegó a su escrito inicial de demanda, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo; apercibida que de no hacerlo éste podrá ser destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    Por recibido el oficio que signa el director general del Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato (JUMAPAA), a través del cual rinde su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo dese visita a las partes. De conformidad con lo contemplado en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las documentales que anexa, las cuales se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza. De igual forma, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del oficiante, el usuario ***"; para lo cual deberán habilitarse los permisos correspondientes en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que la citada autoridad responsable opte por designar un domicilio físico diverso para dicho fin, podrá gestionar lo conducente, pero se revocará el electrónico. Aunado a lo anterior, se tienen como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que cita. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo expuesto por la responsable en el informe de cuenta, se desprende que dio respuesta a las solicitudes ingresadas por el aquí quejoso el veintitrés de julio y el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante el oficio ****de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el cual fue notificado al accionante del amparo en la misma data; al efecto anexa las constancias relativas. En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en la omisión por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato (JUMAPAA), de emitir la respuesta a las solicitudes del quejoso de reinstalación del servicio de agua potable, presentada los días veintitrés de julio y el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Ahora, de las manifestaciones hechas valer por la autoridad responsable en su informe justificado, así como de las constancias que exhibió anexas a éste, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El veintitrés de julio de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó la solicitud de reinstalación o restitución del servicio de agua potable; El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó nuevamente la solicitud de reinstalación o restitución del servicio de agua potable; El diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato (JUMAPAA), emitió el oficio ***, por el que da respuesta a las solicitudes; y, El diez de septiembre de dos mil diecinueve, ese documento fue notificado y entregado a la parte interesada. Lo que pone de manifiesto que la responsable emitió la respuesta a las solicitudes formuladas por la parte quejosa, y le fue notificada al accionante del amparo; por tanto, con ello se restituyó su derecho de petición y cesaron los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dictar el acuerdo correspondiente; Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver las solicitudes presentadas por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a las peticiones del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por **********. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.

  4. Principal

    Por este medio notificó a la parte quejosa, el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Por recibido el oficio que signa el director general del Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato (JUMAPAA), a través del cual rinde su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo dese visita a las partes. De conformidad con lo contemplado en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las documentales que anexa, las cuales se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza. De igual forma, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del oficiante, el usuario ***"; para lo cual deberán habilitarse los permisos correspondientes en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que la citada autoridad responsable opte por designar un domicilio físico diverso para dicho fin, podrá gestionar lo conducente, pero se revocará el electrónico. Aunado a lo anterior, se tienen como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que cita. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo expuesto por la responsable en el informe de cuenta, se desprende que dio respuesta a las solicitudes ingresadas por el aquí quejoso el veintitrés de julio y el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante el oficio ****de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el cual fue notificado al accionante del amparo en la misma data; al efecto anexa las constancias relativas. En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en la omisión por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato (JUMAPAA), de emitir la respuesta a las solicitudes del quejoso de reinstalación del servicio de agua potable, presentada los días veintitrés de julio y el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Ahora, de las manifestaciones hechas valer por la autoridad responsable en su informe justificado, así como de las constancias que exhibió anexas a éste, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El veintitrés de julio de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó la solicitud de reinstalación o restitución del servicio de agua potable; El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó nuevamente la solicitud de reinstalación o restitución del servicio de agua potable; El diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato (JUMAPAA), emitió el oficio ***, por el que da respuesta a las solicitudes; y, El diez de septiembre de dos mil diecinueve, ese documento fue notificado y entregado a la parte interesada. Lo que pone de manifiesto que la responsable emitió la respuesta a las solicitudes formuladas por la parte quejosa, y le fue notificada al accionante del amparo; por tanto, con ello se restituyó su derecho de petición y cesaron los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dictar el acuerdo correspondiente; Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver las solicitudes presentadas por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a las peticiones del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por **********. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.

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