Yaniheidy Madan Sabalo

Expediente 1288/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1288/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Yaniheidy Madan Sabalo

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por YANIHEIDY MADAN SABALO; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de seis de agosto de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1288/2022-4, promovido por **********, a través de ********* contra actos del Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el seis de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual contiene evidencia criptográfica, Yaniheidy Madan Sabalo, a través de Edgar José Moreno Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La incomunicación, dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. 2 La deportación. 3 La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y por ende la inminente detención fuera de todo procedimiento, que tenga por objeto regresarlo a su país de origen. 4 El aseguramiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. 5 Tortura. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco, con residencia en Villahermosa. 2 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco, con residencia en Villahermosa. 3 Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa. 4 Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa. SEGUNDO. RADICACIÓN, SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN DE RATIFICACIÓN DEDEMANDA. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el expediente 1288/2022-4 y concedió la suspensión de plano al quejoso, previniéndosele para que ratificara la misma, lo cual hizo ante el actuario judicial de este órgano jurisdiccional en la diligencia de esa misma fecha. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de siete de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la aludida demanda; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La incomunicación, dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. La deportación. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y por ende la inminente detención fuera de todo procedimiento, que tenga por objeto regresarlo a su país de origen. El aseguramiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Tortura. Hacinamiento. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONCERNIENTES A LA INCOMUNICACIÓN, TORTURA y HACINAMIENTO. En efecto, son inexistentes los actos reclamados consistente en la incomunicación porque, de la diligencia de seis de agosto de dos mil veintidós, realizada por el fedatario judicial de este órgano jurisdiccional, se obtiene que no manifestó que se encontrara aislado o incomunicado. En cambio, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el cinco y siete de agosto de dos mil veintidós, la impetrante de amparo realizó llamadas telefónicas, por lo que, contrario a lo que aduce, se encontraba comunicada. De igual manera, en la aludida diligencia, el actuario de este juzgado dio fe de la integridad física de la quejosa, haciendo constar que "físicamente se encuentra bien y ella así lo manifiesta"; y que no ha sido objeto de malos tratos o tortura física o psicológica por parte de la responsable; por ende, se considera inexistente el acto reclamado relativo a la tortura que refiere. De igual modo, respecto del hacinamiento que reclama, también es inexistente por haberlo negado la autoridad responsable, aunado a que de las constancias remitidas no se observa dicha situación, aunado a que la parte quejosa no ofreció prueba en contrario. Constancia que, en términos del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al ordinal 2 de la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio, al haber sido realizada por una persona con fe pública, en ejercicio de sus funciones. Al respecto, sirve de apoyo la tesis formulada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 181-186, Sexta Parte, página 16, con número de registro 249049, del siguiente rubro y texto: "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". En ese tenor, la suscrita considera que no hay base razonable para tener por acreditado el dicho de la quejosa, por lo que resultan inexistentes los aludidos actos reclamados, pues de la referida diligencia no se desprende que haya reiterado que estaba siendo objeto de tortura o maltrato; tampoco que le indicara huellas de ello o le señalara los actos que las autoridades responsables estaban desplegando para afectarla emocional o psicológicamente, ni que estuviera enferma o padeciera algún malestar. Es aplicable la tesis IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noven Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, con número de registro 180736, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". En las relatadas circunstancias, se consideran inexistentes los aludidos actos reclamados; con motivo de ello, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS RESTANTES ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los demás actos reclamados, por así desprenderse de las copias certificadas del expediente administrativo migratorio de la quejosa Yaniheidy Madan Sabalo, que adjuntó al informe justificado la Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, en representación de las autoridades señaladas como responsables. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que jurídicamente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos precisados en el considerando que antecede; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, decretó la salida de Yaniheidy Madan Sabalo, aquí quejosa, de la Estación Migratoria en cuestión. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -seis de agosto de dos mil veintidós-, indudablemente existían los actos reclamados de mérito. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de seis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *********, a través de **********, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en proveído de veintiuno de julio del año en curso, mediante oficios 24850/2022 y 24851/2022, se requirió a las autoridades responsables, para que dentro de los tres días posteriores al en que quedaran notificadas del citado acuerdo, cumplieran con el fallo protector concedido a la parte quejosa en el presente juicio, término que transcurrió del veintiocho de julio al uno de agosto del presente año, sin que a la presente fecha hayan realizado lo peticionado, a pesar de haberse notificado el veintisiete de julio pasado, tal y como se desprende de la constancia de notificación relativa. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, y sus reformas, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsable a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, se requiere a la autoridad responsable Sala Regional Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se concedió para los siguientes efectos: [.] De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, para que la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realicé lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente número 134/19-26-01-3; en la que declaró inadmisible el incidente innominado de liquidación de sentencia promovido por la aquí quejosa y, b) En su lugar, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, emita una nueva determinación en la que estime que sí procede el incidente planteado y se pronuncie sobre su admisión continuando con el trámite procesal respectivo." [.] APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo; es decir, se sancionarán con multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23, fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que en proveído de veinticinco de julio del año en curso, dictado en el expediente principal del cual deriva el presente incidente, se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable y sus actos como inexistentes al Titular de la Comandancia de la Guardia Nacional y sus elementos, con sede en la Ciudad de México, por lo que se ordenó suspender toda comunicación oficial con dicha autoridad. En virtud de lo anterior, de la misma manera en el presente cuaderno incidental se deja de tener con el carácter de responsable a la autoridad citada con antelación y sus actos como inexistentes, por lo que, también se ordena suspender toda comunicación oficial con ella. Por otra parte, agréguese a los presentes autos sin mayor proveer el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada de la factura de cinco de abril del presente año, de la que se desprende que se registró el oficio 8294/2022, dirigido al Titular de la Comandancia de la Guardia Nacional y sus elementos, con sede en la Ciudad de México, así como el resultado de la búsqueda realizada en el portal de internet del Servicio Postal Mexicano de dicha pieza postal; lo anterior, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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